La presión tributaria es un 12,8% superior a la de la UE.
La recuperación económica nacional es lastrada por las altas tasas impositivas sobre el sector empresarial. En este año, España ha caído hasta la posición número 30 de los 37 países analizados por el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) que elabora la Tax Foundation en Estados Unidos y que ha sido difundido este lunes a nivel nacional por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Su caída se debe principalmente a la alta presión fiscal que ejerce el impuesto patrimonial y de sociedades, cuya puntuación en el indicador fue de 3,6 y 4,6 sobre 10 respectivamente, es decir, reprobaron. En un año, el país ha descendido dramáticamente en la clasificación, pues en 2020 ocupaba la posición 26. Lo más preocupante, según el IEE, es que la situación «seguirá empeorando si se continúa, como parece, con continuadas subidas de impuestos».
España tiene una presión fiscal en el impuesto sobre sociedades un 27,2% más elevada que la media de la Unión Europea y un 21,2% superior al del promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En el caso de la imposición patrimonial la situación es aún peor: es un 40,8% menos competitiva que la del bloque y un 38% peor que la del organismo internacional. Esto lo posiciona como el tercer país con el resultado más deficiente en el Indicador de presión fiscal normativa, solo por detrás de Italia y Suiza. En un análisis global, la presión tributaria normativa para el país es un 12,8% más elevada que la media de la Unión Europea. Ante estos resultados, el IEE estima que no hay cabida para más subidas impositivas, por el contrario, exige una disminución paulatina y en el caso del impuesto sobre el patrimonio incluso exige su eliminación.
Las recomendaciones del think tank se dan en plena negociación presupuestaria, en la que el Gobierno contempla incorporar a la Ley del Impuesto sobre Sociedades un nuevo artículo que establece una tributación mínima del 15% para aquellas empresas con un ingreso igual o superior a 20 millones de euros o que tributen en el régimen de consolidación fiscal, sin importar el importe. La medida contempla a las compañías que se dedican al alquiler de viviendas, por lo que incluyen una reducción de la bonificación de las rentas, que pasa del 85% al 40%.
Fuente: Cinco Días
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