Tan sólo el 13% de las empresas concursadas tendría alguna posibilidad de atender sus deudas en 10 años o menos. Con la finalización de la etapa de excepcionalidad iniciada para hacer frente al impacto del COVID-19, se recuperó el deber de solicitar el concurso por el deudor insolvente y volvieron a admitirse a trámite las solicitudes de concurso necesario provocando, en consecuencia, un incremento significativo.

En número de sociedades concursadas se elevó en 2022 un 27,3%, siendo por iniciativa del deudor más del 97% de los casos, mientras que los pasivos afectados por procedimientos concursales aumentaron significativamente superando los 10.500 millones de euros, según se desprende del Anuario Concursal elaborado por el Colegio de Registradores.

Los Registradores han explicado que en 2022, con la finalización de la etapa de excepcionalidad iniciada por el Real Decreto Ley 8/2020 para hacer frente al impacto del COVID-19, se recuperó el deber de solicitar el concurso por el deudor insolvente y volvieron a admitirse a trámite las solicitudes de concurso necesario provocando, en consecuencia, un incremento significativo en el número de concursos de sociedades.

De acuerdo con el informe, la ya deteriorada situación financiero patrimonial en la que se encuentran las sociedades que inician el procedimiento (voluntario en el 97% de los casos) empeoró incluso en 2022: casi un 70% tuvo pérdidas netas (resultado del ejercicio negativo) y ni tan siquiera se podía plantear la devolución de la deuda por su falta de recursos generados, y, por primera vez, más del 50% presentó fondos propios negativos, es decir, carece de patrimonio alguno.

Así, sólo un 13% hubiese tenido capacidad financiera suficiente como para cumplir un convenio aprobado dentro de los límites habituales de la Ley concursal, en 10 años o menos.

Por sectores, en 2022 la proporción de concursos de sociedades del ciclo de la construcción continuó estable alrededor del 20% (21,1%), lejos del 27,2% de 2017 o el todavía más lejano 48,3% de 2008. Del total de concursadas, pertenecen al sector de servicios no inmobiliarios el 65,8% de las sociedades.

REASIGNACIÓN DE RECURSOS Y RECUPERACIÓN DEL CRÉDITO

En 2022, de las 1.790 fases sucesivas iniciadas (convenio o liquidación), un 87,9% fueron liquidaciones directas, y un 6,6% liquidaciones procedentes de intentos fallidos de reestructuración.

En más de 2.800 casos se produce la apertura y conclusión del concurso simultáneamente, por insuficiencia de recursos del deudor para sufragar el procedimiento concursal.

En relación con las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios (y siempre bajo el supuesto de cumplimiento íntegro de los pagos), la mediana de la expectativa de cobro de las deudas en 2022 fue del 47,7%, muy similar a los dos años precedentes (47,5% en 2021 y 47,6% en 2020), siendo un 65% para las propuestas anticipadas de convenio, esto es, sin necesidad de celebración de junta de acreedores (aunque debemos tener en cuenta que se trata de tan sólo 7 observaciones). En un 25% de los casos esta expectativa de cobro es superior al 67% de las deudas, y más del 96% solamente se devolvería en el 5% de los convenios aprobados.

DURACIÓN DEL CONCURSO

Diferenciando por tipo de tramitación, en los concursos abreviados la fase sucesiva (liquidación o convenio) se inicia en menos de un año en el 65,7% de los casos (61% en 2021, y 66,4% en 2020), mientras que en los ordinarios ese plazo solo lo cumplen el 46,9% (48 en 2021 y 46,6 en 2020). Sea cual sea la tramitación, el procedimiento es típicamente más rápido en aquellos concursos solicitados por el deudor, es decir, voluntarios.

En 2022 se ha estimado que el concurso típico abreviado (liquidatorio) tarda 99 días en concluir, 1.484 días (1.601 en 2021) si excluimos aquellos con conclusión de concurso simultánea a la declaración (concursos exprés); mientras que los ordinarios requieren de 2.877 días (2.716 en 2021, 2.512 en 2020 y 2.077 en 2019). La mayor parte de este tiempo se consume en la fase de liquidación, siendo ajeno por tanto a cuestiones procesales.

Fuente: IIILA LEY. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.