Ser un profesional autónomo no es fácil. La carga tributaria y las dificultades de financiación son mayores que en las empresas y las desgravaciones y deducciones son pocas. Eso sin mencionar que responde ante las deudas con su patrimonio personal. ¿Ha pensado alguna vez en pasar de ser autónomo a constituir una Sociedad Limitada? ¿Tiene claro cuándo debe hacerlo? ¿Sabe cuáles son los trámites a seguir?

Momento.

El momento de cambio no es susceptible de cálculos matemáticos, pueden ser todos o ninguno, depende de cada situación.

Es cierto que el inicio de una actividad emprendedora es más fácil bajo la forma jurídica del autónomo, la simplicidad de los trámites avalan esta afirmación. Sin embargo, de manera general los expertos insisten en que, a medio, largo plazo son cinco las causas que le conducirán a la adopción de una figura societaria. Más concretamente a la de la sociedad de responsabilidad limitada.

– Ingresos anuales superiores a 40.000 €. (Para reducir el porcentaje de gravamen fiscal, tributando a un tipo fijo por el Impuesto de Sociedades, en lugar de un porcentaje creciente por IRPF)

– Protección del patrimonio personal.

– Facilidad para trabajar con grandes empresas

– Agilidad en la obtención de créditos bancarios.

– Formalización de relación con colaboradores habituales.

Estos son solo las cinco razones más frecuentes por las que un autónomo se convierte en Sociedad Limitada, pero hay más y en general suelen ir de la mano con el crecimiento del negocio.

El Paso.

Para pasar de ser autónomo a crear una sociedad limitada, debe seguir exactamente los mismos trámites que si fuera a crear una sociedad desde cero, con una primera gestión añadida que no es otra que la de solicitar la baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

ATENCIÓN: La baja se hace efectiva desde el primer día del mes siguiente al que se solicita y este trámite se puede ejecutar online con certificado digital o en persona.

Tenga en cuenta además, que aunque siempre podrá encargar la creación de su Sociedad Limitada a un Punto de Atención al Emprendedor (PAE) acreditado por el Ministerio de Economía e Industria, si decide hacerlo usted mismo, tendrá que llevar a cabo las siguientes gestiones:

Solicitar el nombre de la Sociedad.

Deberá acudir al Registro Mercantil Central y pedir el certificado negativo de denominación social, que acredite que el nombre que ha elegido para su empresa no está siendo usado por otra. Si lo prefiere, puede hacerlo también de forma online. https://www.rmc.es/privado/CertificacionesDenominaciones.aspx

La solicitud debe contener una terna de posibles nombres. Expedida la certificación de que no figura registrada la denominación solicitada, ésta quedará registrada a su nombre durante el plazo de SEIS MESES, contados desde la fecha de expedición.

La certificación negativa tendrá una vigencia de TRES MESES a efectos de otorgamiento de escritura, contados desde la fecha de su expedición por el Registrador Mercantil Central. Caducada la certificación el interesado podrá solicitar su renovación con la misma denominación. A la solicitud deberá acompañar la certificación caducada.

Transcurridos los SEIS MESES de reserva de denominación sin haberse realizado la inscripción en el Registro Mercantil Provincial correspondiente, la denominación causará baja en la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central, por lo que debe solicitarse una nueva.

Abrir una cuenta bancaria a nombre de la SL.

A continuación debe ir a una entidad financiera, y abrir una cuenta bancaria a nombre de la Sociedad Limitada. En ella tiene que ingresar el capital mínimo inicial, esto es, 3.000 euros. En la propia entidad le facilitarán un certificado de dicho ingreso, para que posteriormente lo entregue en la notaría.

Redactar los estatutos sociales.

Las normas que regirán su Sociedad se denominan estatutos sociales, y van incorporados a la escritura pública de constitución que será firmada posteriormente.

Los estatutos deben redactarse por los propios socios de la empresa, pero también se puede delegar esta tarea en un asesor o en el propio notario.

Entre otros, los aspectos clave que deben recoger los estatutos son los siguientes:

– La denominación de la sociedad.

– La actividad a la que se va a dedicar la empresa.

– El capital social.

– La domiciliación social.

– El número de participaciones en la que se divide y el valor nominal de cada una

– El sistema de administración de la sociedad.

Firmar la escritura pública de constitución.

Hechos los trámites anteriores, tiene que acudir a una Notaría para la firma de la escritura pública de constitución. El precio de este trámite, normalmente es un porcentaje del capital escriturado. Para ello, hay que aportar los siguientes documentos:

  • Los estatutos sociales.
  • El DNI original de cada uno de los socios.
  • El original de la certificación negativa del Registro Mercantil Central.
  • La certificación del banco de la aportación al capital social.
  • La declaración de inversiones exteriores, si algún socio es extranjero.

Acudir a la Agencia Tributaria.

Lo siguiente que debe hacer es cumplir con unas gestiones en Hacienda:

a) Solicitar el Número de Identificación Fiscal (NIF) provisional de su SL, además de las etiquetas y tarjetas definitivas, presentando:

  • Una fotocopia de tu DNI.
  • Una fotocopia de la escritura de constitución.
  • El modelo 036 cumplimentado solicitando.

b) Pedir el alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.

Todo ello, previo al inicio de la actividad y antes de la emisión o recepción de cualquier factura o encargo a nombre de la sociedad.

c) Darse de alta en el IAE

El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) es un tributo local que grava la actividad de las empresas, los profesionales y los artistas. Hacen falta tantas altas como actividades se vayan a realizar. Para darse de alta en el IAE, hacer una modificación o causar baja, deberá presentar:

  • El NIF provisional de la sociedad
  • El modelo 840

ATENCIÓN: No tendrán que pagar este gravamen aquellos cuya cifra de negocio sea inferior a 1 millón de euros anuales. A estos sujetos solo se les exigirá que aporten el modelo 036, especificando aquellos epígrafes IAE a los que se quieran acoger.

d) Realizar la declaración censal (IVA)

En la declaración censal se refleja el comienzo en la actividad, pero también la modificación o el cese en la misma, en su caso. Deben presentarla los empresarios, profesionales, artistas y todas las personas que tengan obligaciones tributarias. A la hora de solicitarla, hay que aportar estos documentos:

  • El NIF provisional de tu SL.
  • El modelo 036.
  • El documento que recoge el alta en el IAE.

Inscribir la SL en el Registro Mercantil.

Debe inscribir su sociedad en el Registro Mercantil de la provincia donde tenga su domicilio social. Tiene un plazo de dos meses desde la firma de la escritura de constitución. Los documentos que debe entregar al Registro son los siguientes:

  • Una copia auténtica de la escritura de constitución.
  • Una copia del NIF Provisional.
  • La certificación negativa de denominación social.

Acudir a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para:

a) Dar de alta en la Seguridad Social de todos los administradores y socios de la S.L. de forma que coticen y puedan realizar sus tareas conforme a la ley. El periodo para realizar estas altas es de 30 días naturales desde que la empresa inicia su actividad

b) Pedir el número de patronal para, en su caso, proceder a la contratación de trabajadores

Recabar en el Ayuntamiento la licencia de apertura del local (en su caso)

Solicitar el NIF definitivo.

En último lugar tendrá que volver a la Agencia Tributaria, y canjear la tarjeta provisional de NIF por la definitiva.

Contabilidad.

Las obligaciones contables que ha tenido como autónomo son infinitamente menores que las que le van a corresponder como Sociedad Limitada.

Como autónomo estaba obligado a llevar tres libros-registro. El de facturas emitidas, el de facturas recibidas y el de bienes de inversión.

Como Sociedad Limitada tendrá que llevar una contabilidad ordenada, ajustada al Código de Comercio y basada en el Plan General Contable. Será de obligatoria cumplimentación el libro de inventario y cuentas anuales y el libro diario.

EL TRASPASO.

De activos.

El traspaso de los activos con los que cuenta como empresario individual se puede realizar de varias formas:

– Mediante su arrendamiento: Seguir siendo propietario de los bienes y alquilárselos a la nueva empresa.

– Previa venta a la nueva empresa, pero con la obligación de pagar los impuestos generados por esta operación: IAJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) y ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) e IVA (Impuesto sobre el valor añadido)

– Por medio de una aportación no dineraria: La más habitual y recomendada por los especialistas. Transmitir sus activos a la sociedad mediante aportaciones no dinerarias. Es decir, en lugar de aportar dinero en efectivo, entregue los activos que usted tenía afectos a la actividad desarrollaba de forma individual.

ATENCIÓN:

– es aconsejable, aunque no obligatorio en Sociedades Limitadas, adoptar precauciones en la valoración de los activos aportados (Informe de Expertos independientes)

– Tanto la constitución como ampliación de capital están exentas del pago de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

De empleados:

El traspaso de los empleados contratados como profesionales autónomos se lleva a cabo a través de una subrogación empresarial, de esa forma se garantizan los derechos adquiridos y las obligaciones de los trabajadores. (Art. 44 ET).

La subrogación es el cambio del empleador del trabajador, es decir, el cambio del empresario o empresa que tiene contratado al trabajador. Esta situación puede ser debida a la compra o absorción de una empresa por otra, o simplemente porque la empresa decide cambiar de denominación.

De créditos, préstamos y pólizas.

Debe comunicar la situación a la entidad financiera para realizar una subrogación. Recuerde que aunque Ud. va a seguir teniendo la obligación de pago, ya no será a título personal si no bajo la forma jurídica de la Sociedad creada.

De local alquilado.

Una vez obtenido el visto bueno del arrendador, puede formalizar una subrogación del contrato o solicitar una cancelación y apertura de uno nuevo.

Si el contrato lo permite, el traspaso o cesión puede llevarse a cabo aún en contra de la voluntad del dueño del local, pero es muy habitual que en el contrato se pacte lo contrario. El titular deberá ser notificado de la cesión obligatoriamente y podrá aumentar la renta hasta un 20%.

 

 

Fuente: CISS Contable Mercantil (Ainoa Iriarte Ibargüen)

Es un requisito indispensable para cobrar prestaciones por desempleo.
Las sanciones dependen de la reincidencia de la persona infractora.

Todas las personas que reciben una prestación por desempleo o las que se han quedado recientemente sin trabajo tienen en mente la necesidad de inscribirse como demandante de empleo y de mantener esa inscripción hasta encontrar un nuevo puesto de trabajo para no tener problemas vinculados al pago del paro o de los subsidios.

No es un asunto baladí: todas las prestaciones por desempleo (el paro, los subsidios, la Renta Activa de Inserción…) obligan al ciudadano a inscribirse como demandante de empleo y a mantener esa inscripción durante todo el tiempo de cobro de las prestaciones. Es lo que se conoce como ‘sellar el paro’, algo que se hace de forma trimestral después de que durante la etapa más dura de la pandemia de coronavirus se realizase de forma automática por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

No renovar la demanda de empleo, por lo tanto, puede tener consecuencias muy negativas para el ciudadano que esté sin trabajo. El SEPE es muy claro al respecto en su página web y afirma que «suspenderá el abono de las prestaciones durante los periodos en los que las personas beneficiarias no figuren inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo y lo reanudará a partir de la fecha en que acrediten la nueva inscripción».

El SEPE también informa en su página web de que «no cumplir, salvo causa justificada, el requisito de mantener la inscripción como demandante de empleo, exigido para continuar percibiendo la prestación» supone una infracción leve recogida en el artículo 17 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que se puede consultar en este enlace del Boletín Oficial del Estado.

Las sanciones por no renovar la demanda de empleo.

Pero, ¿qué pasa si esta no inscripción se mantiene con el paso del tiempo? El SEPE tipifica infracciones de diferente grado que conllevan sanciones como la pérdida del derecho a la prestación. La duración de estas pérdidas depende de la reincidencia del beneficiario de la prestación:

  • Con una infracción se pierde un mes de prestación.
  • Con dos infracciones se pierden tres meses de prestación.
  • Con tres infracciones se pierden seis meses de prestación
  • Con cuatro o más infracciones se pierde definitivamente la prestación.

En este sentido, hay que contar las infracciones dentro de un año natural a contar desde la primera. O lo que es lo mismo: si pasado más de un año desde una infracción, la siguiente que el ciudadano pueda cometer contará como la primera a efectos de imposición de sanciones.

Cómo conseguir la demanda de empleo.

Por lo tanto, para evitarse problemas los ciudadanos deben estar atentos para inscribirse como demandantes de empleo antes de pedir una prestación por desempleo y para renovarla cada tres meses durante el cobro de cualquiera de esas prestaciones.

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Fuente: El Economista

El 69% de los trabajadores por cuenta propia abonará en 2023 cuotas de entre 230 y 291 euros al mes frente a los 294 euros en los que está fijada la cuota mínima en 2022.

El Pleno extraordinario que celebrará hoy el Congreso de los Diputados no será solo para dar el visto bueno al decreto de ahorro energético, antes incluso de pasar a ese punto del orden del día, los diputados votarán la convalización de otra norma de importante calado. Se trata del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora su protección por cese de actividad.

Este nuevo sistema es fruto de unas largas negociaciones entre el Gobierno, capitaneado por el equipo del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y los agentes sociales y asociaciones más representativas de los trabajadores autónomos (ATA, UPTA y Uatae). Tras meses de intercambio de papeles, cálculos y simulaciones de datos acordaron un importante cambio del modelo de cotización: desde el próximo 1 de enero de 2023 los autónomos dejarán de poder escoger su base de cotización, esto es lo que aportan a la Seguridad Social, y su cuota se fijará en función de su declaración de rendimientos netos. Así pagarán en función de lo que ganen, como ya hacen los asalariados. Para ello se ha acordado un sistema con 15 tramos de ganancias declaradas que se corresponderán con una determinada cuota. Las cuotas en 2023 irán desde los 230 euros hasta los 500 euros y variarán hasta 2025, en función de los rendimientos netos declarados de los trabajadores por cuenta propia.

Según los últimos rendimientos declarados por estos profesionales se puede ubicar cuántos de ellos estarán en un tramo u otro y por tanto, qué cuota pagarán. Según la tabla manejada en las negociaciones para el cambio de modelo, en 2023, aproximadamente el 69% de estos profesionales pasarán a pagar una cuota inferior a la mínima actual (fijada en 294 euros mensuales en 2022). En concreto aquellos que ganen menos de 670 euros netos pagarán 230 euros mensuales; los que ganen entre 670 y 1.125,9 euros al mes abonarán una cuota de entre 260 y 275 euros y los que lleguen a 1.300 euros, pagarán 291 euros. A estos grupos le seguirá otro 7% de autónomos (unos 236.388 trabajadores) que seguirán pagando una cuota similar a la actual: serán aquellos con rendimientos netos de entre 1.300y 1.700 euros al mes, cuya tarifa será de 294 euros al mes. Sumando estos dos grupos, los autónomos que pagarán lo mismo o menos el próximo año suman el 76%, o lo que es lo mismo tres de cada cuatro. Entre ellos se contabilizan unos 400.000 autónomos societarios que cobran menos del salario mínimo interprofesional.

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Fuente: Cinco Días

Si la empresa que los contrató les adeuda salarios o indemnizaciones, es responsable la empresa principal. La conserjería de una comunidad de propietarios encaja en la propia actividad de la comunidad, que puede hacer esos servicios por ella misma, a través de los propietarios, o externalizar los servicios.

Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sentencia 486/2022, 27 May. Rec. 3307/2020.

La cuestión suscitada en este asunto se centra en determinar si una comunidad de propietarios debe responder solidariamente, como empresa principal, de las deudas que la empresa contratada por aquella tiene con su conserje.

En principio, estamos en un supuesto de subcontratación de servicios por parte de la comunidad, pero el TSJ entendió que la comunidad no era responsable porque al contratar el servicio de conserjería por una empresa externa, no llevaba a cabo ninguna actividad productiva ni estaba atendiendo fines mercantiles. Es decir, para el TSJ, la comunidad no es una empresa.

Sin embargo, la doctrina del Supremo en relación al alcance del art. 42 del ET (que trata la subcontratación) y pese a que la casuística puede llegar a ser muy variada, parte unas bases comunes sobre las que declarar la responsabilidad solidaria de las subcontratas.

De un lado aplica la teoría del ciclo productivo, conforme a la cual, el círculo de la propia actividad de una empresa queda delimitado por las operaciones o labores que son inherentes a la producción de los bienes o servicios específicos que se propone prestar al público o colocar en el mercado; y de otro, la teoría de las actividades indispensables, que alcanza a todas las labores, específicas o inespecíficas, que una determinada organización productiva debe desarrollar para desempeñar adecuadamente sus funciones.

Pues bien, aplicando ambas, cuando una comunidad de propietarios contrata los servicios de empresas para atender la actividad de conserjería, se llega a la conclusión de que la comunidad sí debe responder solidariamente con la subcontratista empleadora de las deudas salariales que ésta tenga con sus trabajadores.

La comunidad de vecinos participa de la condición de agente económico, con una actividad de esta naturaleza mediante la cual, con los medios materiales y humanos (bien por medio de directa contratación o por medio de terceros), participa en la producción de servicios, y aunque externalice una actividad, en este caso la de conserjería, la actividad que ha externalizado se identifica como “propia actividad”.

De esta forma, la contratación de servicios se integra en el ciclo productivo de la asociación para poder ofrecer los servicios necesarios a los propietarios que la integran pues corresponde a la comunidad adoptar las medidas necesarias para el mejor servicio común.

En definitiva, el fin de cualquier asociación vecinal es mejorar los servicios comunes de la finca y eso lo pueden hacer los propios comuneros, o externalizar los servicios como en este caso se ha hecho. Y al haberse subcontratado la conserjería, la empresa principal debe responder, junto con la empleadora de las diferencias salariales que el conserje reclama.

 

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

Cepyme denuncia que muchas compañías reestructuran sus planes de producción con cierres temporales parciales o totales y ajustan stocks y horarios.

La dirección de una papelera de Barcelona, que cuenta con un centenar de empleados, ha decidido que no podía seguir manteniendo su ritmo de producción, y no solo por el incremento de los precios de la energía sino también por los de los suministros que utiliza. Sencillamente, sus responsables llegaron a la conclusión de que producir ya no les era rentable y la solución pasó por llevar a cabo un plan de ajuste que convirtiera su actividad en rentable otra vez, aminorando daños al máximo. Esto es, diseñaron un plan de contingencia que los ha llevado a cerrar temporalmente hasta sacar todo el stock que tenían. Esa fue su respuesta para garantizar su viabilidad.

Este es uno de los numerosos casos que han llegado estos días a la sede de la principal organización patronal de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), socia de la gran patronal CEOE, han alertado de que “el incremento de los costes totales, especialmente los suministros y la energía, es más rápido que el de las ventas”. Concretamente, en el primer trimestre de 2022 los costes totales subieron un 23%, mientras que las ventas aumentaban un 19,8%. “Esta situación, que se está agravando conforme avanza el ejercicio, empeora los resultados de muchas compañías y deriva en un deterioro de la liquidez y de la competitividad de las empresas”, añaden.

La espiral inflacionista que vive la economía desde el último cuatrimestre de 2021 ha provocado que, al menos, ocho de cada diez empresas en España hayan experimentado un incremento adicional en sus costes de producción debido al encarecimiento de sus consumos intermedios, fundamentalmente los relacionados con la energía y algunos suministros. Así lo refleja la Encuesta a las empresas españolas sobre la evolución de su actividad del segundo trimestre de este año elaborada por el Banco de España que, sin embargo, también asegura que apenas el 40% de estas compañías han trasladado este encarecimiento a los precios finales de sus bienes y productos.

Tras constatar lo extendido de esta situación los responsables de Cepyme han llevado a cabo una ronda de consultas entre varias patronales más representativas de la economía española para conocer cómo están afrontando la situación, y han detectado numerosas compañías que ya están poniendo en marcha planes de contingencia o de ajustes de diversos tipos. Así, “están reestructurando sus planes de producción, incluso con cierres temporales parciales o totales de parte de sus cadenas, y ajustando stocks y horarios”.

Esto está ocurriendo, sobre todo, en los sectores más afectados por el incremento de los costes, que son los de uso intensivos de gas y electricidad, como la industria papelera, la metalurgia o la siderurgia, que interrumpen más habitualmente su producción para adaptarla al aumento de costes. Aunque estos responsables patronales aseguran que se han encontrado también estos planes en numerosas empresas de menor dimensión de la hostelería, la industria manufacturera y agroalimentaria, así como la agricultura y la ganadería.

Menos turnos.

Otro ejemplo de estos planes es el adoptado por un matadero que contaba con turnos de mañana y tarde y ha suprimido este último temporalmente, “para acumular lo menos posible en las cámaras, cuya utilización dispara la factura de la luz”. Así, persigue sacar a la venta todo lo que fabrica, para evitar su costoso almacenaje.

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Fuente: Cinco Días

La edad legal de retiro se encuentra actualmente en los 66 años y dos meses, pero irá avanzando de manera progresiva hasta situarse en los 67 en 2027.
Aún queda por acordarse el segundo paquete de la reforma de las pensiones que podría introducir cambios en el periodo de cómputo.

La edad de jubilación sigue aumentando de forma escalonada desde que, en la reforma de las pensiones que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pactó con los agentes sociales, se estableciera que la edad legal pasaría de 65 años a 67. Este cambio comenzó a hacerse de manera gradual desde 2013 y se prevé que finalice en 2027. Actualmente, en 2022, la edad legal de retiro está fijada en los 66 años y dos meses. El ejercicio que viene se le sumarán otros dos meses y al siguiente otros dos, así sucesivamente hasta llegar al objetivo de los 67 años.

Además, también desde 2013 y de forma anual, se ha ido agregando un año al periodo de cómputo de la pensión, hasta que se llegó a los 25 años este 2022 (antes de la reforma estaba en 15 años). Esto quiere decir que para el cálculo de la pensión se tienen en cuenta los últimos 25 años cotizados del trabajador.

En el primer paquete de la reforma de las pensiones acordado entre el Ejecutivo y los agentes sociales, el cual fue aprobado en verano del año pasado, la edad legal de retiro y el periodo de cómputo no se tocó. Sin embargo, en el segundo paquete de la reforma de las pensiones que el Gobierno negocia con patronal y sindicatos (una negociación que se está tornando muy complicada), sí que parece que puede haber cambios en este sentido, ya que Bruselas ha pedido a España que modifique el número de años que se toman para calcular la pensión.

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Fuente: Cinco Días

La ley del Parkinson de la trivialidad sirve para explicar los motivos por los que muchas empresas fracasan debido a que los emprendedores pierden el tiempo en tonterías.

Aprender a distinguir entre lo que es importante y urgente y lo que no es una de las claves para triunfar en los negocios. Sin embargo, también es una de las habilidades que más cuesta conseguir a los emprendedores, algo que afecta a la mayoría de personas y que puede definirse utilizando la ley del Parkinson de la trivialidad.

Aparecida por primera vez en 1957, esta ley debe su nombre al autor Cyril Northcote Parkinson, que acuñó esta expresión para referirse a los emprendedores y trabajadores que fracasan por perder el tiempo en tonterías. Desde entonces, su teoría es una de las más seguidas en el ámbito de la productividad, y conocerla podría darte las claves para mejorar tus habilidades en los negocios.

En esencia, la teoría del Parkinson de la trivialidad afirma que todas las personas tenemos una tendencia casi innata a perder el tiempo en tonterías. En el ámbito de los emprendedores, se trata de un factor que puede determinar el éxito o el fracaso de un negocio, y tiene sus pruebas más evidentes en las reuniones de trabajo o las negociaciones interminables.

El ejemplo que explica cómo afecta a los emprendedores la ley de la trivialidad.

En su obra, Northcote Parkinson explica la ley de la trivialidad con un ejemplo práctico aplicado al ámbito de los emprendedores y el mundo de la empresa. El autor comienza describiendo la reunión de un comité reunido para tratar tres puntos: la construcción de un reactor para una central nuclear; la creación de una habitación para que los trabajadores puedan dejar sus bicicletas al llegar a la oficina; y decidir el presupuesto anual que la empresa destina a comprar café para sus empleados.

En la hipotética reunión que plantea el autor, el tema central de la misma, la construcción del reactor, queda en un segundo plano después de que alguno de los presentes se centre en lanzar un largo discurso sobre las posibilidades de crear una habitación para las bicicletas o sobre la necesidad de mejorar la calidad del café de la oficina.

Se trata de una historia que podría parecer inverosímil para muchos, pero que ilustra a la perfección la realidad de muchos emprendedores. Tal y como concluye el autor en su ley de la trivialidad, las personas solemos dedicar una cantidad de tiempo a un tema de manera inversamente proporcional a su complejidad. Este fenómeno toma mayor importancia cuando se trata en grupo, provocando un efecto de bola de nieve que es un gran lastre para la productividad.

El silencio y la gestión del tiempo, claves para eliminar la ley de la trivialidad.

Conocer la ley de la trivialidad es el primer paso para todos los emprendedores que quieran mejorar su productividad y dejar de centrar su tiempo en tonterías. A partir de aquí, las técnicas para mejorar son variadas. A continuación, te presentamos algunas de las más interesantes.

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Fuente: Emprendedores

Nuevo sistema de cotización por rendimientos netos para los trabajadores autónomos. Tabla comparativa de las modificaciones introducidas por el Real Decreto 504/2022, de 27 de junio.

 

 

Fuente: CISS Contable Mercantil

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España cierra el acuerdo con los distintas asociaciones que representan a los trabajadores autónomos por el que se establece un nuevo régimen de cotización hasta el año 2025. Sube también la tarifa plana.

“Ha costado, pero ahora sí! Hemos alcanzado esta madrugada un preacuerdo con @inclusiongob sobre nuevo sistema de cotización de los autónomos y sus prestaciones”, celebraba ayer en su cuenta de Twitter Lorenzo Amor, presidente de ATA, el cierre de las negociaciones con el Ministerio de José Luis Escrivá, en lo que a las cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) se refiere.

Poco después fue la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) la organización que suscribió el acuerdo por el que se establecen distintas cotizaciones por tramos conforme a los ingresos de los trabajadores autónomos. El presidente de UPTA, Eduardo Abad, calificaba el respaldo del acuerdo por parte de las tres asociaciones como un “día histórico” para los más de 3 millones de autónomos del país.

Hasta 15 tramos de ingresos

Con la reforma del RETA que se lleva negociando nueve meses, los trabajadores por cuenta propia pasarán a cotizar en función de lo que ganan, de la misma manera que se aplica a quienes trabajan por cuenta ajena, y no lo que elijan. Esto permitirá que casi nueve de cada diez pague lo mínimo posible.

Conforme al acuerdo alcanzado y que entrará en vigor el próximo año, se establecen 15 tramos de ingresos con cuotas de entre 200 euros y 590 euros al mes a partir de 2025. En la tabla de ATA que se añade más abajo pueden verse las modificaciones progresivas de las cotizaciones a la Seguridad Social de 2023 a 2025 conforme a los tramos, pero en líneas generales, conforme avance la aplicación de las nuevas cotizaciones, la diferencia de la cuota entre los que cobran más y los que cobran menos será mayor.

En principio, los cambios en la redacción mantienen intactas las tablas de cotización propuestas por el Gobierno, que comienzan con una cuota de 230 euros en 2023 para los autónomos con rendimientos netos inferiores a 670 euros. En 2024, la cuota bajará a 225 euros y se reducirá a 200 euros en 2025.

No obstante, y pese a esa calificación de “día histórico” según los cálculos preliminares de la Seguridad Social, dos de cada tres autónomos pagarán menos o lo mismo que con la actual cuota mínima. También ATA entiende que entre el 70% y el 75% de los autónomos seguirán cotizando lo mismo “o un poco menos”.

Tabla de cotización.

De acuerdo con la información emitida por Radio Televisión Española (RTVE), las tablas de cotización propuestas por el Gobierno comienzan con una cuota de 230 euros en 2023 para los autónomos con rendimientos netos inferiores a 670 euros. En 2024, la cuota bajará a 225 euros y se reducirá a 200 euros en 2025.

El segundo tramo incluirá a los trabajadores por cuenta propia con rendimientos netos superiores a 670 euros e inferiores o iguales a 900 euros. En este caso, la cuota será de 260 euros en 2023, de 250 euros en 2024 y de 240 en 2025.

Para los autónomos con rendimientos netos mensuales por encima de 900 euros e inferiores a 1.166,70, la cuota del año que viene será de 275 euros. En 2024, pasará a 267 euros y en 2025, a 260 euros.

El cuarto tramo se aplicará a aquellos que ingresen a partir de 1.166,70 euros y menos de 1.300 euros. Para ellos, la cuota se mantendrá en 291 euros en los próximos tres años.

Los dos tramos siguientes son para los autónomos con rendimientos netos superiores a 1.300 euros e inferiores o iguales a 1.500 euros y por encima de 1.500 euros e inferiores o iguales a 1.700. En los dos casos, y durante los próximos tres años, la cuota será de 294 euros.

Aquellos autónomos con ingresos netos por encima de los 1.700 euros e inferiores o iguales a 1.850 euros se encontrarán en el séptimo tramo. Para ellos, la cuota inicial será de 310 euros, subirá a 320 en 2024 y ascenderá a 350 euros en 2025.

Del octavo al undécimo tramo. Los trabajadores por cuenta propia con rendimientos por encima de los 1.850 euros e inferiores o iguales a 2.030 euros, octavo tramo, pagarán una cuota de 315 euros en 2023, de 325 euros en 2024 y de 370 euros en 2025.

En el noveno tramo, los autónomos con ingresos netos mensuales superiores a los 2.030 euros e iguales o inferiores a 2.330 euros tendrán una cuota de 320 euros el próximo año, de 330 euros en 2024 y de 390 euros en 2025.

Para aquellos con rendimientos netos de entre 2.330 euros y menos o igual a 2.760 euros al mes, la cuota será de 330 euros en 2023, 340 en 2024 y 415 en 2025. En el tramo siguiente, aplicable a los autónomos que ingresen más de 2.760 euros pero menos 3.190 euros, la cuota será de 350 euros en 2023, 360 euros en 2024 y 440 euros en 2025.

Subidas para los que más ganan.

Entre los rendimientos más altos, las cuotas también son más elevadas. Así, los trabajadores por cuenta propia que ingresen más de 3.190 euros netos al mes pero menos o igual a 3.620 euros, abonarán una cuota de 370 euros en 2023, de 380 euros en 2024 y 465 euros en 2025.

A este tramo, le sigue el de los rendimientos netos mensuales de entre 3.620 euros e iguales o inferiores a 4.050 euros. En este caso, las cuotas aumentarán en 100 euros en tres años e irán de los 390 euros en 2023, a los 400 euros en 2024 y los 490 euros de 2025.

El penúltimo tramo, el decimocuarto, se aplicará a los autónomos con rendimientos netos mensuales de más de 4.050 euros pero iguales o inferiores a 6.000 euros. Sus cuotas serán de 420 euros el próximo año, 450 euros en 2024 y 530 euros en 2025.

El último tramo será para aquellos que ganen más de 6.000 euros. En este caso, las cuotas partirán de los 500 euros en 2023, para subir a los 530 euros en 2024 y terminar en 590 euros en 2025.

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Fuente: Emprendedores

Poca capacidad de adaptación, escasos conocimientos digitales o la exigencia de salarios más altos de lo habitual son algunos de los tópicos que frenan la contratación de profesionales seniors en las empresas.

Es habitual pensar que los seniors no tienen capacidad de adaptación, que sus conocimientos están obsoletos, que sus competencias digitales son escasas, que cobran sueldos muy elevados o que su salud es peor que la de los trabajadores más jóvenes.

Todos estos tópicos hacen que las personas mayores de 50 años se conviertan en uno de los colectivos más afectados por el desempleo. Según la última Encuesta de Población Activa, 963.800 personas mayores de 50 años se encontraban en situación de desempleo entre los meses de enero y marzo de 2022. De este modo, los seniors representan ya el 30,35% del paro total registrado en España, es decir, casi 1 de cada 3 desempleados.

En palabras de Antonio Mera, responsable del proyecto Generación Savia de la Fundación Endesa, los datos “desmontan los estereotipos y prejuicios que existen en torno a los trabajadores mayores de 50 años y ponen de manifiesto la necesidad de un cambio de mentalidad sobre el talento senior en España”. En este sentido, recuerda que los seniors “acumulan años de experiencia, un gran conocimiento y sabiduría que son clave para las empresas”.

Los tópicos más frecuentes analizados por Generación SAVIA son los siguientes:

1.- “Los trabajadores mayores de 50 años tienen escasas competencias digitales”.

El estudio “Los profesionales senior ante el reto del teletrabajo”, revela que el 95% de los seniors niega que la tecnología sea un impedimento para la adaptación al teletrabajo.

El 56,2% de los participantes afirmó que las tecnologías son un gran aliado y que no podrían prescindir de su uso en la búsqueda de empleo. Tan sólo uno de cada diez seniors piensa que la brecha digital es real.

2.- “Los conocimientos de los trabajadores senior están obsoletos”.

Los trabajadores senior son mucho más conscientes de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida, la actualización permanente o el reciclaje profesional. Más del 70% de los seniors consultados afirmaron que, durante los peores meses de la pandemia, habían apostado por prepararse, formarse y mantener la mente ocupada. Seis de cada diez establecieron rutinas, entre las que destacan los hábitos formativos que pueden resultar aplicables a la búsqueda de empleo.

3.- “Poca capacidad de adaptación a los nuevos modelos de trabajo”.

El informe “Human Smart Working” elaborado por Fundación máshumano, Sagardoy Business&Law School y Zityhub, concluye que el trabajo en remoto ha sido mejor asumido por el colectivo senior que por las llamadas generaciones millennial. En este contexto, los trabajadores mayores de 50 años han desarrollado más capacidad de resiliencia, una mayor adaptación y se han sentido más cómodos trabajando desde sus casas, sin el estrés añadido de desplazamientos u horarios estrictos.

El estudio destaca el importante papel del talento senior ante circunstancias difíciles, como las de la pandemia, por su valor diferencial, su experiencia, la serenidad que proporciona la edad, así como su importante labor como asesores y consultores.

4.- “Los seniors cobran salarios muy elevados”.

Según la última Encuesta de Población Activa, el salario bruto mensual en España es de 2.199,40 euros para un trabajador de 45 a 55 años y de 2.361,19 euros para una persona mayor de 55 años; frente a los 1.723,71 euros que perciben los jóvenes de 25 a 34 años. Una diferencia que puede resultar todavía más escasa si se tiene en cuenta el talento, la enorme experiencia y la sabiduría acumulada que los trabajadores senior pueden aportar a las empresas.

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Fuente: Emprendedores