Los sueldos pactados hasta abril aumentan un 2,4% de media, aunque en la industria, la energía, la construcción y el comercio superan el 3%.

Las direcciones de los sindicatos y las organizaciones empresariales rompieron la pasada semana las negociaciones para elaborar conjuntamente las directrices con las que aconsejar a los negociadores de los convenios cómo y cuánto subir los salarios este año y los dos siguientes. Por ello, las cúpulas de las patronales CEOE-Cepyme hicieron ayer público su propio documento de recomendaciones en materia salarial para la negociación colectiva de este año, sin mencionar los ejercicios siguientes. Así, los representantes de las empresas aconsejaron a los negociadores de los convenios en las compañías que “eviten” vincular las subidas salariales a “conceptos tan volátiles como la inflación” y si no tienen más remedio que pongan topes y, en ningún caso sean retroactivas”.

En lugar de esta vinculación a los precios, las organizaciones empresariales propusieron “sustituir conceptos retributivos obsoletos por otros vinculados a la productividad y los resultados” y “avanzar hacia las retribuciones variables”. En concreto pidieron ligar las retribuciones a indicadores “cuantificables” como “la productividad, el empleo, el comportamiento del PIB, el Indicador de garantía de competitividad”, para los sectores. Y, en el caso de las empresas, “a resultados o ebitda”.

Así, a última hora la dirección de CEOE-Cepyme renunció a mencionar cifras concretas de incrementos como las propuestas en la mesa de negociación con los sindicatos (3,5% para 2022; 2,5%, en 2023; y 2% en 2024), aunque estos porcentajes siguen siendo orientativos para los negociadores patronales dado que fueron parte de las conversaciones para el acuerdo salarial.

Dicho esto, admitieron que “es imprescindible tener en cuenta las circunstancias específicas de cada ámbito de negociación modulándolos, en cada sector o empresa, considerando la productividad y el empleo, de forma tal que la cifra resultante permita mantener una posición competitiva”. Pero, en cualquier caso, “dado el contexto global y la incertidumbre respecto del alcance de la recuperación económica, resulta preciso realizar un esfuerzo de moderación salarial para preservar la viabilidad y la competitividad de las empresas y conservar el empleo”. Junto a esta moderación, la cúpula patronal dio algunos consejos para aminorar el impacto de unos eventuales mayores costes salariales: hacer planes colectivos de pensiones para los trabajadores o fijar límites a las cláusulas de garantía salarial si son inevitables. Además consideraron también “imprescindible” que ninguna vinculación al IPC sea retroactiva. Esto es precisamente, lo que exigían los sindicatos –la recuperación a posteriori del poder de compra que se pierda este año– y rechazaban de plano los empresarios, por lo que se rompieron las negociaciones.

Pero si aun así la empresa no puede afrontar subidas de sueldos, las cúpulas patronales recordaron a las compañías “la existencia de mecanismos de inaplicación de las condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, según el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Mensaje al Gobierno.

En este llamamiento a la moderación salarial, los empresarios incluyeron un mensaje al Gobierno, al que sugirieron que suspenda la sobrecotización prevista para enero de 2023 para financiar las pensiones.

Con todo lo anunciado ayer, la guerra con los sindicatos está servida. El líder sindical de CC OO, Unai Sordo, se apresuró a calificar las recetas empresariales como “suicidio económico para el país”. Y añadió que los sindicalistas “no van a consentir que toda la carga del alza de los precios de la energía recaiga sobre los trabajadores” y, por ello anunció: “no pensamos parar el conflicto sino que lo vamos a canalizar hacia los miles de convenios colectivos”.

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Fuente: Cinco Días

«¿Tengo que cotizar a la Seguridad Social?», esa es la pregunta que se realizan muchas personas. Esta duda nace cuando el trabajador realiza una actividad que puede ser susceptible de no pagar impuestos por el poco dinero que se genera o por el tiempo que se dedica.

Sin embargo, a pesar de que es una pregunta muy frecuente, la respuesta es realmente sencilla. Toda persona que realice una actividad laboral debe cotizar a la Seguridad Social.

El caso de los trabajadores por cuenta ajena, asalariados, es bastante más sencillo. Todos tienen que cotizar al Régimen General de la Seguridad Social. No obstante, el caso de los trabajadores por cuenta propia, autónomos, suscita más dudas.

¿Cuándo tengo que darme de alta como autónomo?

Profesores particulares, trabajadores del hogar, expertos que imparten charlas, entre muchos otros profesionales eventuales, cuyas remuneraciones no son especialmente altas tienen la duda de si deben darse de alta como autónomos.

De nuevo, la respuesta vuelve a ser muy sencilla. Todo aquel que genere ingresos por su actividad debe darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), no importa cuánto dinero facturen.

Sin embargo, sí que hay una excepción y no está ligada a los ingresos del trabajador por cuenta propia, si no a la cantidad de tiempo que le dedican a la actividad y a la periodicidad con la que la realizan.

Aquí entra en juego un término muy utilizado en los debates sobre este tema: habitualidad. Es decir, ¿la actividad se realiza de forma habitual? Este es el verdadero factor que importa a la hora de saber si un trabajador debe darse de alta como autónomo.

No obstante, vuelve a aparecer otro problema. No existe ninguna norma que especifique cuántas horas de trabajo convierten una actividad en habitual, las leyes solo dicen que cualquier trabajador que realice una actividad por cuenta propia «de forma habitual» debe darse de alta en el RETA.

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Fuente: El Economista

El 20 y el 21 de abril, el diario económico Expansión publicó dos artículos relativos al ranking de las firmas de auditoría.

A continuación, el presidente del REA Auditores, Emilio Álvarez Pérez-Bedia, extrae las principales conclusiones expuestas y declaraciones al respecto:

Se destaca un crecimiento de un 11,1% de las auditoras medianas alcanzando los 868 millones de ingresos. Si se incluyen las cuatro grandes empresas, el sector de auditoría ha facturado 3.527 millones de euros, un 5,79% más.

Los efectos de la pandemia han sido y continúan siendo muy graves, lo son en todo lo relacionado con la salud y la sanidad y, también, a nivel económico. Los datos que se acompañan siguen estando afectados por esta crisis, provocando variaciones en las cifras de negocio y de informes de auditoría que no son homogéneos respecto a ejercicios anteriores y, por ello, deben tenerse en cuenta en cuanto a las conclusiones.

Considera que los grandes héroes de la pandemia han sido los profesionales del sector sanitario y de las fuerzas de seguridad del Estado, pide también poner en valor el esfuerzo de los auditores de cuentas y economistas. La auditoría de cuentas es una actividad basada en el trabajo en equipo y de un día para el siguiente sufrió el confinamiento de sus empleados, sin tiempo de preparación y con los medios tecnológicos existentes. Una vez más, hemos sido un referente en la economía ayudando a las empresas en un entorno adverso y con numerosos cambios normativos día tras día. Nuestra preocupación, que no es nuestro objetivo, era prevenir fraudes y trasmitir confianza a los mercados en cuanto a la gestión continuada de las empresas.

Es necesario atraer y retener el talento en nuestros despachos. No es un problema de nuestra actividad, existe en otros sectores profesionales y debemos adaptarnos a la realidad social y la demanda de los auditores más jóvenes. La auditoría de cuentas es una actividad muy atractiva profesionalmente, podemos decir que no hay paro y las pequeñas y medianas firmas de auditorías son las que pueden dar cumplidas en mayor parte sus expectativas, en cuanto a formación, planes de carrera y compatibilizar su vida personal con la profesional.

De cara al futuro de la profesión, incide en la importancia de estrechar los lazos con el mundo universitario y el regulador. En la última convocatoria del examen del ROAC de 2021, se presentaron 575 aspirantes y solo aprobaron 168. A la vista de estas cifras no parece sostenible un sector en el que cada dos años-que es cuando se realiza el examen de acceso al ROAC- acceden al mismo menos de 200 personas.

La tecnología supone un desafío que, a su vez, aporta muchas oportunidades de creación de valor en los despachos y clientes, mejora la eficiencia de los despachos y por todo ello, no la debemos de dejar de lado.

La adecuada gestión de los recursos humanos es fundamental y muy relevante en esta actividad. Es importante y primordial organizar nuestro principal recurso, que es, por otra parte, el motor de crecimiento y de generación de valor. El equipo humano que forma nuestros despachos debe ser objeto de constante atención, debemos invertir en su formación, incorporar nuevos perfiles, como los tecnológicos y establecer políticas adecuadas de retención del talento a través del mantenimiento de una relación estrecha y proactiva.

La necesidad de ajustar los honorarios a este esfuerzo es una obligación de todos los auditores de cuentas y, además, los agentes económicos deben desconfiar de honorarios de auditoría anormalmente bajos frente a otras propuestas recibidas, ya que en esos casos la reducción del gasto puede perjudicar gravemente a la credibilidad de la imagen fiel de las empresas.

Por último, hace una llamada de atención para poner en valor el papel de los auditores en los debates económicos del país, dado su profundo conocimiento de la información corporativa de las empresas. Como, por ejemplo, el caso de los fondos “Next Generation”, donde los auditores podrían colaborar con la Intervención General del Estado (IGAE) y con las distintas administraciones territoriales.

Expansión. Ranking de Auditorías.

Expansión. Los Auditores crean empleo.

 

 

Fuentes: Consejo General de Economistas. REA Auditores. Expansión.

 

La enseñanza práctica y de corta duración que ofrece la Formación Profesional se adapta a los tiempos que corren y resulta una opción cada vez más apreciada por el mercado actual.

La nueva economía necesita nuevas cualificaciones profesionales adaptadas a la revolución digital. Es por ello que la Formación Profesional o FP, ha pasado de ser considerada una opción inferior en el plano de la educación a valorarse como una capacitación más dinámica y práctica para cubrir las necesidades de profesionales que se requieren hoy en día.

Esta tendencia también responde a la necesidad de una formación continua, adaptada al constante cambio que vive la sociedad actual. La posibilidad de obtener las habilidades y una profesión práctica en solo dos años, reducirá también el elevado abandono escolar que existe en España, así como los altos índices de desempleo juvenil, opinan algunos de los expertos y expertas consultadas.

MARÍA JESÚS RETANA MAQUEDA
Directora Centro de Estudios Profesionales de la Universidad Camilo José Cela (UCJC)

En la actualidad, nos encontramos en un momento decisivo para el sistema educativo español, necesitado de transformaciones que lo hagan más competitivo y adaptado a las necesidades de un mercado cambiante.

En concreto, la Formación Profesional está siendo uno de sus grandes protagonistas y, en ella y en la propia sociedad, se están logrando avances significativos. Y porque se encuentra en un momento de inevitable modernización y adaptación a las necesidades actuales, educadores, centros de formación y empresas debemos ser capaces de aunar esfuerzos hacia un objetivo común.

La Formación Profesional está dejando de ser el patito feo. Y es que, es el camino para miles de jóvenes, y no tan jóvenes, que desean especializarse en un área de conocimiento y tener acceso al mercado laboral en tan solo dos años. Pero también es el puente hacia la universidad para muchos de ellos que deciden continuar formándose cuando finalizan su ciclo formativo.

Debe ser sinónimo de realidad, profesionalidad, resiliencia, oportunidad, emprendimiento, vocación, futuro… Apostemos por ella, pues nos permitirá formar profesionales que demanda el tejido empresarial y que ayudan a un país a ser más fuerte.

AGUSTÍN CAMINERO HERRÁEZ
Coordinador del título de CFGS de FP en Adm. de Sistemas Informáticos en Red (ASIR) en la UNED

La Formación Profesional (FP) disfruta a día de hoy de un interés que empieza a corresponderse con su valor real para nuestra sociedad. Tradicionalmente denostada, la FP sirve para formar a profesionales de forma rápida y práctica. Un/Una estudiante puede conseguir en tan solo dos cursos académicos un título oficial de Técnico Superior de FP que es valorado tanto en nuestro país como en el extranjero. En cuanto a las salidas profesionales, existen titulaciones de FP para quienes deseen desarrollar su actividad profesional en el área de informática y comunicaciones, sanidad, o artes gráficas, entre otras muchas familias. Además, la FP a distancia permite que estudiantes con compromisos personales o profesionales puedan formarse, además de que permite continuar la formación en circunstancias de pandemia como las actuales. Por todo esto, la FP en general, y la FP a distancia en particular, debe convertirse en una herramienta formativa más para cualquier persona sin importar su situación personal o profesional. La UNED en su compromiso con la sociedad, impulsa y apoya las iniciativas de FP a distancia estableciendo convenios con instituciones lideres en el sector.

EMILIO CABANES
Director Proyectos TICs y Economía Digital en EOI Escuela de Organización Industrial

La FP se ha convertido en una oportunidad para la economía, las empresas, la formación y el empleo. Con un 36% de desempleo juvenil, sólo el 17% de los jóvenes desempleados son titulados en FP, lo que quiere decir que hay un claro desajuste entre la oferta de empleo de cualificación intermedia y la demanda.

Se requiere cualificación intermedia en las pymes y en las grandes empresas porque son el verdadero músculo de las organizaciones, por lo que debemos tender a una estructura formativa con menos personas en la franja de alta cualificación y las menos posibles en la franja de poca cualificación, y con mayor número de personas con formación intermedia. Sólo así podremos ajustar la oferta y demanda de empleo.

Pero además, la nueva economía necesita nuevas cualificaciones profesionales, nuevos currículos adaptados a esta revolución digital, innovación, investigación aplicada, colaboración público privada y un sistema de formación que permita la actualización permanente. La FP permite a las personas formarse y después debe permitirles continuar acreditándose en unas competencias profesionales que son dinámicas y cambiantes. La formación a lo largo de la vida es una necesidad, y debe hacerse de forma que sea acreditable y acumulable.

A todo esto contribuyen los Centros de Referencia Nacional, que realizan acciones de innovación y experimentación en materia de formación profesional, especializados en los diferentes sectores productivos. Su trabajo se centra en contribuir a la actualización y recualificación profesional que, tanto trabajadores ocupados, como desempleados o empresarios necesitan en cada uno de los sectores productivos en los que son referente nacional, potenciando así la mejora de la empleabilidad y de la competitividad de las empresas españolas.

Asimismo, son referente de actualización y perfeccionamiento técnico del profesorado y formadores de formación profesional, como garantía de calidad de las enseñanzas ofertadas en el sistema de formación profesional, que están vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP).

En definitiva, potencian la actualización, modernización y calidad de la oferta de formación profesional y el desarrollo de los ecosistemas de emprendimiento y contribuyen al objetivo común de crear una auténtica formación profesional por y para los trabajadores.

PASCUAL PARADA
Director Académico y de Innovación en IEBS

La tendencia ya iniciada hace años y que consolida el nuevo entorno educativo es hacia un sistema basado en competencias en el que el conocimiento no es el fin sino el camino para el saber hacer. Y es que, para el desarrollo de competencias es preciso un conocimiento profundo, pero no necesariamente amplio, sobre un tema, y es en este punto donde la Formación Profesional adquiere un papel protagonista.

Además, en el contexto actual donde la velocidad de cambio es tan alta, la Formación Profesional permite mayor agilidad gracias a la corta duración de sus programas. Los grados universitarios son de 4 años, más otro par de años previos en ser aprobados, por lo tanto, han pasado 6 años desde que se detecta la necesidad hasta que salen los primeros alumnos formados. Toda una eternidad para el mundo de hoy.

La Formación Profesional acorta los plazos entre necesidad y preparación, y se centra en conocimientos profundos sobre un tema en particular permitiendo el desarrollo de competencias concretas. Todo un acierto para un país con una de las mayores tasas de abandono escolar en Europa.

ELISA LUCAS
Profesora de la UDIMA

La FP presenta una oportunidad inigualable para contribuir al logro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, estipulados en la Agenda 2030, y para afrontar las vicisitudes del mercado laboral.

Tal como se contempla en el Proyecto de Ley de la FP, el nuevo modelo económico, caracterizado por la digitalización y la transición ecológica, demanda puestos de trabajo que “necesitarán ser cubiertos con personas competentes y cualificadas profesionalmente”. Por ello, la FP podría facilitar la inserción laboral de desempleados de larga duración en puestos que demandan profesionales cualificados.

Una formación que promueva el aprendizaje a lo largo de la vida, favoreciendo la adquisición y actualización constante de competencias profesionales, permite el ajuste imprescindible entre las necesidades de la economía actual y la formación de profesionales cualificados.

En consecuencia, una adecuada formación pedagógica y didáctica para la docencia en FP permite obtener una visión holística del proceso de enseñanza-aprendizaje que favorezca el logro de las demandas formativas del siglo XXI.

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Fuente: Emprendedores

Contribuyentes que en 2021 fueron perceptores de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por haber estado inmersos en procedimientos de regulación temporal de empleo (ERTE).

Reintegros al SEPE.

Reintegros sobre prestaciones ERTE satisfechas por el SEPE en 2021, ¿qué implicaciones tiene en la declaración de la Renta 2021?

En el caso de que el SEPE haya realizado en 2021 un abono por ERTE superior al que corresponde, a efectos de declaración en la Campaña de Renta, será diferente en función de si el SEPE ha iniciado/completado ya el expediente de reintegro de ese exceso en el momento en que el contribuyente presente su declaración, o si todavía el expediente de reintegro no se ha iniciado.

Existen dos supuestos básicos:

A) Que el reintegro de lo pagado en exceso por el SEPE ya se haya producido en 2021. En tal caso, a la Agencia Tributaria ya le constará la cantidad correcta, ese importe correcto aparecerá reflejado en los datos fiscales y el contribuyente presentará su declaración normalmente a partir de esos datos, sin tener que solicitar rectificaciones posteriores.

B) Que el reintegro de lo pagado en exceso por el SEPE no se haya producido en 2021. En este caso el contribuyente deberá revisar los datos fiscales. Si el contribuyente está de acuerdo con las cuantías a reintegrar al SEPE, podrá trasladar esa información a Renta WEB y presentar su declaración normalmente, sin tener que solicitar rectificaciones posteriores. En todo caso, el contenido de la casilla es modificable por el contribuyente si no está de acuerdo con el importe.
Reintegros sobre prestaciones ERTE satisfechas por el SEPE en 2020, ¿qué implicaciones tiene en la declaración de la Renta 2020?

Se informará de estos importes en los datos fiscales correspondientes a Renta 2021, en el apartado «Información sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, con ejercicio de devengo anterior al 2021».

Existen dos supuestos básicos:

1. Si ya declaró en Renta 2020 los importes correctos correspondientes a la prestación satisfecha por el SEPE, aquella declaración presentada no tendrá que modificarse.

2. Si los importes que incorporó a Renta 2020 no son correctos, a través de Renta WEB podrá presentar una solicitud de rectificación o una declaración complementaria, minorando o aumentando, respectivamente, el importe que declaró en Renta 2020, en función de la cuantía del reintegro efectuado al SEPE.

Ejemplo 1 que implica solicitud de rectificación: Contribuyente que en Renta 2020 declaró 1.000 euros por ERTE, pero que tuvo que reintegrar al SEPE 200 euros. Es decir, el importe que finalmente percibió fue de 800 euros.

En este caso, a través de Renta WEB podrá presentar una solicitud de rectificación de Renta 2020, minorando el importe declarado en 200 euros.

Ejemplo 2 que implica declaración complementaria: Contribuyente que percibió del SEPE 1.000 euros y en Renta 2020 declaró 500 euros por ERTE, pero solo tuvo que reintegrar al SEPE 200 euros. Es decir, el importe que finalmente percibió fue de 800 euros.

En este caso, a través de Renta WEB podrá presentar una declaración complementaria de Renta 2020, aumentando el importe declarado en 300 euros.

Obligación de declarar.

En 2021 he percibido prestaciones por ERTE, ¿qué implicaciones tiene en la declaración de la renta?

• Las prestaciones percibidas en concepto de ERTE se califican como rendimiento de trabajo sujetas a IRPF. No están en ningún caso exentas.
• Si en 2021 sólo has percibido ingresos procedentes de prestaciones por ERTE, no tendrás obligación de declarar si la cantidad percibida no supera los 22.000 euros.
• Si la percepción de estas prestaciones ha supuesto que se hayan obtenido rendimientos de trabajo de dos o más pagadores distintos:

– Si el importe percibido del segundo y restantes pagadores (por orden de cuantía) no supera los 1.500 euros, no tendrás obligación de declarar por IRPF si la suma total de rendimientos del trabajo no supera los 22.000 euros.

– Si el importe percibido del segundo y restantes pagadores (por orden de cuantía) supera los 1.500 euros, no tendrás obligación de declarar por IRPF si la suma total de rendimientos del trabajo percibidos en el ejercicio no supera los 14.000 euros.

Fuente: CISS Fiscal (AEAT 8-4-2022)

El organismo vincula los años trabajados y las bases de cotización.
Existen cuantías mínimas y máximas entre las que se mueven.

Si hay una pregunta que se hace el grueso de los trabajadores a lo largo de su vida es con qué pensión de jubilación se quedarán cuando decidan retirarse definitivamente y aparcar su carrera profesional.

Para responder a esta pregunta en 2022 hay que acudir a la Seguridad Social. El organismo explica en su página web cuál es el método vigente este año para calcular las pensiones, que ha ido cambiando desde 2013 a raíz de la reforma de las pensiones aprobada en 2011 pero que, en la práctica, tiene en cuenta dos variables: la base reguladora del trabajador y los años cotizados a lo largo de su carrera.

El primer paso es calcular la base reguladora que corresponde al trabajador. Para ello hay que sumar las bases de cotización por contingencias comunes de los 25 años previos a la solicitud de la pensión de jubilación (antes de la reforma solo se tenían en cuenta 15), es decir, los de los últimos 300 meses, y dividirlos entre 350.

En el caso de que el trabajador tuviese periodos sin cotizar en ese tiempo podrá beneficiarse de la integración de lagunas por la cual se rellenan esos periodos con bases ficticias de cotización: durante los primeros 48 meses será con la base mínima vigente en cada momento y a partir de ese momento con el 50% de esa base mínima vigente. Se trata de un mecanismo que no es aplicable a trabajadores autónomos o empleados del hogar.

Calculada la base reguladora hay que pasar al siguiente paso. En función de los años cotizados por el trabajador, este tendrá derecho a un porcentaje determinado de la base reguladora, el cual será el importe de la pensión de jubilación. El mínimo es de 15 años, requisito indispensable que da derecho al 50% de la base reguladora o, en su defecto, a la pensión mínima.

A partir de ese momento, por cada uno de los siguientes 106 meses cotizados el trabajador sumará un 0,21% de la base reguladora y durante los 146 meses siguientes conseguirá un 0,19% de la base reguladora por cada uno de ellos. Con estos porcentajes el trabajador podrá jubilarse con el 100% de la base reguladora, lo que se conoce como jubilarse con el 100% de la pensión, tras 36 años de carrera.

Esta cantidad, sin embargo, aumentará con el paso de los años. La reforma de las pensiones de 2011 estableció un calendario progresivo que, al contrario de lo que sucede con la base reguladora, todavía no se ha aplicado por completo. La normativa establece que será en 2027 cuando se llegue al final de los cambios, fecha en la que se necesitarán 37 años cotizados para tener acceso al 100% de la pensión.

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Fuente: El Economista

La pandemia ha hecho crecer los casos de trabajadores quemados en las empresas, un problema que puede derivar en bajas laborales y renuncias masivas.

La pandemia ha desencadenado el crecimiento de los problemas de salud derivados del estrés de los trabajadores. Así, el ‘Síndrome del Trabajador Quemado’ comienza a tomar un importante peso en las empresas, con un aumento de las bajas médicas e, incluso, la renuncia de miles de trabajadores.

Este síndrome, que ya ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, es una consecuencia del agotamiento emocional de los trabajadores de muchas empresas tras dos años sometidos a situaciones de gran estrés. Entre sus síntomas, destacan la falta de concentración, la disminución de la productividad, el desgaste físico o la negatividad constante.

Aunque el ‘Síndrome del Trabajador Quemado’ todavía no se incluye en la lista de enfermedades profesionales, algunas sentencias judiciales ya han calificado a esta enfermedad que afecta a las empresas como accidente de trabajo. Como causas, la jurisprudencia española identifica un exceso de responsabilidades en el puesto de trabajo o un aumento de la carga laboral, lo que provoca en los empleados afectados un aumento de la presión y el estrés.

Una de las claves de la Gran Renuncia que afecta a miles de empresas.

El ‘Síndrome del Trabajador Quemado’ es una de las principales causas de la masiva renuncia de trabajadores en las empresas que lastra el mercado laboral en las grandes economías del mundo, como la de Estados Unidos y la de Europa. Sobre todo, en algunos sectores donde las condiciones de trabajo no han mejorado a pesar de que las exigencias entre la plantilla sí han crecido.

Así, varios millones de trabajadores en Estados Unidos han decidido abandonar sus empresas en los últimos meses sin otra alternativa laboral. Solo el pasado mes de noviembre, la cifra alcanzó los 4,5 millones de empleados, sobre todo en sectores como la hostelería o el comercio, donde los trabajadores prefieren quedarse en paro y buscar una alternativa con mejores condiciones sin someterse al estrés y la presión de sus puestos.

En Europa, la situación no es distinta. Miles de empresas están alertando sobre la crisis de talento que les dificulta encontrar trabajadores cualificados para puestos en sectores de actividad tan diferentes como la tecnología, el transporte, la salud… En este contexto, algunos países ya están tomando medidas para solucionar una situación que compromete el tejido productivo en su conjunto.

La lucha por atraer talento extranjero.

Así, una parte importante de la agenda de las empresas en 2022 está marcada por la atracción de trabajadores extranjeros que solucionen la falta de demanda en algunos sectores. la atracción de talento se antoja fundamental para la supervivencia de las grandes economías, que ya están tomando medidas para solucionar una crisis que podría ser más grave durante los próximos meses.

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Fuente: Emprendedores

La Seguridad Social incrementará sus ingresos en más de 220 millones de euros por la subida de las bases de cotización asociada al aumento del SMI.

El incremento del salario mínimo interprofesional para el año 2022, hasta llegar a la cuantía de 1.000 euros al mes (en 14 pagas), conlleva un alza de las bases mínimas de cotización del Régimen General: concretamente, la base mínima, sobre la que se aplica el porcentaje de las diversas cuotas sociales, asciente hasta 1.167 euros al mes (la cuantía anterior era de 1.050 euros). Debe tenerse en cuenta, asimismo, que la medida tiene efectos retroactivos al 1 de enero, lo que implica que las empresas deberán efectuar un abono extraordinario a la Seguridad Social de las cuotas no abonadas durante el pasado mes de enero.

El aumento del salario mínimo interprofesional, según denuncian las principales organizaciones empresariales, acarrea diversos inconvenientes, como el incremento de los costes por empleado (según cálculos de la CEOE estaría en torno a 1.500 euros). Conforme a estas fuentes, el incremento de casi el 35% desde 2019 está expulsando a los más débiles del mercado laboral y, en muchos casos, los condenando a la economía sumergida. Pero también es clara una consecuencia: se logra un incremento de los ingresos de la Seguridad Social, debido a la subida de las bases de cotización asociada al aumento del salario mínimo interprofesional. Solo en concepto de gasto de cotizaciones al SEPE, por ejemplo, se recaudarán 110,5 millones de euros adicionales.

En este sentido, cada punto en que aumenten las bases mínimas de cotización en el Régimen General (sin contar los sistemas especiales) procurará una recaudación adicional, si bien ha de valorarse que el incremento de las cotizaciones ha de ser costeado por las empresas en caso de trabajadores por cuenta ajena.

Así, la memoria que acompañaba al proyecto de real decreto ahora aprobado proyecta el impacto de los incrementos de la base de cotización en las cuotas de la Seguridad en un punto en cada uno de los regímenes: en el Régimen General, se estima un aumento de ingresos por cada punto en 33,06 millones de euros, lo que multiplicado por 3,6 (el incremento es del 3,6%), conduce a 119 millones. Se suman: 11,9 millones del sistema agrario; 10,9 millones de las personas empleadas de hogar; 63,1 millones de perceptores de prestaciones de desempleo y 15,4 millones de los convenios especiales. En definitiva, se calcula una recaudación adicional en concepto de ingresos por cotizaciones sociales de 220.400.00 euros.

Por otro lado, al incrementarse las bases de cotización de los trabajadores, aumentará considerablemente el gasto en pensiones de jubilación, así como los importes del resto de prestaciones y pensiones (como la incapacidad permanente) derivadas de la acción protectora de la Seguridad Social. En el supuesto específico de las de jubilación, para el cálculo de la base reguladora hay que partir de las bases de cotización a la Seguridad Social en los años previos a dejar la actividad laboral, sumándose las bases de cotización y dividiendo por 350 durante los 300 meses anteriores al hecho causante.

Además, tendremos en cuenta otros efectos positivos en las arcas públicas: de un lado, la repercusión en los subsidios para desempleados del SEPE (a modo de ejemplo, los subsidios para mayores de 45 años con cargas familiares y para mayores de 52 años, o el subsidio extraordinario por desempleo, tienen como requisito, para el posible beneficiario, de la carencia de rentas superiores al 75% del salario mínimo, por lo que una subida implicaría abrir el abanico a más personas para acceder a los mismos); de otro, los ingresos de la Agencia Tributaria por retenciones del trabajo a cuenta del IRPF también se verán favorecidos. La base general es mayor y, además, en muchos casos aumentará el tipo a aplicar (porcentaje del sueldo a detraer), pasando al siguiente tramo de cotización.

Por el lado de los gastos, la repercusión de la subida del SMI en el gasto en prestaciones económicas diferirá según se causen subsidios o pensiones, puesto que la base cotización interviene de manera muy diferente en las distintas prestaciones de la Seguridad Social, con una repercusión más directa en el caso de prestaciones por incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor (maternidad, paternidad), riesgo durante el embarazo y lactancia natural, en función o no de que estas personas trabajadoras causen la prestación.

Por último, los defensores de la subida del salario mínimo argumentan que repercutirá con otras ventajas:

  • El incremento del poder adquisitivo de las personas trabajadoras (pues crece su renta nominal).
  • El aumento de la demanda agregada por el consumo interno (hay un mayor poder adquisitivo).
  • La recuperación del empleo y de la producción.
  • Refuerzo de la posición de las personas trabajadoras, minorándose las dificultades para que puedan negociar sus salarios (instrumento de lucha contra la explotación laboral).
  • Restricción de la temporalidad: los empresarios suelen preferir el mantenimiento a largo plazo de personas trabajadoras en las que han invertido más capital (y tienen un salario más alto).
  • Redistribución de los ingresos de las empresas, sin mayor esfuerzo fiscal. Los recursos para cubrir el incremento de los salarios provendrían de los beneficios empresariales.

 

Fuente: CISS Contable Mercantil

Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Por RDL 2/2002 se establece la prórroga automática, hasta 31-3-2022, de los ERTE de limitación e impedimento y los ERTE ETOP COVID vigentes a 28-2-2022 y se establece que las exenciones en la cotización a la Seguridad Social, durante el mes de marzo, serán las siguientes:

En materia de desempleo, a las personas trabajadoras afectadas por la prórroga de los ERTE les siguen siendo de aplicación las medidas establecidas hasta ahora. Así, se extiende hasta el 31-3-2022 la prestación de desempleo sin exigencia de período de carencia y en cuantía equivalente al 70% de la base reguladora.

Asimismo, hasta 31-3-2022, se mantiene la reposición de la prestación por desempleo (contador a cero) y se prorroga la prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos.

 

Fuente: BOE

Se modifican las deducciones: hasta 7% para personas físicas y 3% societarios.
Discrepancia entre los agentes sociales ante la última propuesta enviada.

El Gobierno continúa ajustando su propuesta para el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos. En la última propuesta enviada a los agentes sociales se reduce la cuota mínima para los trabajadores con rendimientos por debajo de 700 euros, que pagarán 204 euros de cuota, a la vez que se recupera uno de los dos tramos más altos -incluidos en las primeras versiones de la medida, y que en el último borrador desaparecieron- para quienes obtengan rendimientos netos por encima de 3.620 euros, que pagaría una cuota de 1.123 euros al mes.

Además, la nueva propuesta avanza en el plano de las reducciones de cuota a la Seguridad Social para el colectivo. Además de la modificación en los tramos, la Seguridad Social ha propuesto una reducción del 7% de los rendimientos netos por gastos corrientes para los autónomos personas físicas y de un 3% para los societarios.

Entre las modificaciones introducidas el tramo más bajo comienza con los rendimientos netos de 700 euros, para los que se establece una cuota de 204 euros, que supondría un ahorro de 90 euros mensuales y 1.080 euros al mes. A ese le seguiría el tramo correspondiente a los rendimientos netos de entre 700 a 900 euros, con una cuota de 244 euros, que supondría un ahorro anual de hasta 600 euros.

El tercer tramo, para los autónomos con rendimientos de entre 800 y 1.125 euros, fija cuotas de 264 euros e incluye a los autónomos colaboradores y a los autónomos societarios cuyos rendimientos no superen los primeros tramos de ingresos. Para los que generen rendimientos de entre 1.125 euros y 1.300 euros, el cuarto tramo, la cuota será de 290 euros al mes, con un ahorro de 48 euros anuales, mientras que en el quinto tramo, para los rendimientos de entre 1.300 y 1.500 euros, la cuota queda en 382 euros.

El Gobierno mantiene los tramos del sexto al undécimo e introduce un último tramo para aquellos que tengan rendimientos de 3.620 euros en adelante, con una cuota de 1.123 euros.

Discrepancia sobre la propuesta.

La nueva propuesta del Gobierno ha encontrado una acogida dividida entre los distintos agentes sociales de la mesa. La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae), CC.OO. y UGT valoran positivamente el sistema de 12 tramos, mientras que la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) rechazan el planteamiento, como han señalado fuentes sindicales.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, apunta que la propuesta del Gobierno «es un retroceso de las negociaciones» y ha apuntado a que llevará «al suicidio de cotización a muchos autónomos». «Son más de un millones de autónomos los que van a recibir un hachazo. Van a tener que pagar más cotización de la que tienen que pagar hoy, más de la mitad tendrían que pagar igual o mucho más de lo que hoy cotizan», expresó.

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Fuente: El Economista