Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil (B.O.E. de 28 de julio de 2022)

La inminente reforma de la Ley concursal plantea algunos ajustes en las competencias de los Juzgados de lo Mercantil. La Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, vuelve a residenciar en ellos el conocimiento de los concursos de acreedores de las personas naturales que no sean sujetos mercantiles y atribuye a los Juzgados de Primera Instancia la competencia para conocer de las acciones colectivas sobre condiciones generales de la contratación y sobre defensa de los consumidores y usuarios, así como de las pretensiones ejercitadas por los pasajeros del transporte terrestre, marítimo y aéreo.

La reforma del texto refundido de la Ley Concursal para la incorporación a la legislación española de la Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, pendiente de aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados, plantea determinados ajustes en el reparto competencial atribuido a los Juzgados de lo Mercantil a fin de conseguir la celeridad y eficiencia procesal requerida por la norma europea.

Ello implica un ajuste en el reparto de materias que actualmente se atribuyen a los Juzgados de lo Mercantil y a las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales, lo que requiere de la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Juzgados de Primera Instancia: condiciones generales de la contratación; consumidores y usuarios; reclamaciones de viajeros.

El nuevo texto prevé que sean los Juzgados de Primera Instancia los competentes para conocer de las acciones colectivas previstas en la legislación sobre condiciones generales de la contratación y en la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios; y, estableciendo que, por excepción a la competencia que tienen reconocida los Juzgados de lo Mercantil en materia de transporte terrestre, marítimo y aéreo, no sean estos competentes para conocer de las cuestiones a que se refieren el Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999; el Reglamento (CE) n.o 261/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91; el Reglamento (CE) n.o 1371/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril; el Reglamento (UE) n.o 181/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar, y por el que se modifica el Reglamento (CE) N.o 2006/2004; y el Reglamento (UE) número 1177/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables, y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004. En cuanto contratantes y usuarios de esos servicios de transporte, los pasajeros podrán ejercitar ante los Juzgados de Primera Instancia todas aquellas pretensiones que consideren legítimas con base en esos reglamentos de la Unión Europea.

Asimismo se descarga a las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales, mediante la reconducción a las secciones de lo civil del conocimiento de las materias relativas a las condiciones generales de la contratación: no sólo de los recursos contra las sentencias estimatorias o desestimatorias de las acciones individuales que se hubieran ejercitado ante los Juzgados de Primera Instancia, competencia adicionada, sino también de las acciones colectivas previstas en la legislación sobre condiciones generales de la contratación y en la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios, que era una competencia originaria. No obstante, se permite que el Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, pueda acordar que una o varias Secciones civiles de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Primera Instancia sobre estas materias o sobre cualesquiera otras.

Juzgados de lo Mercantil: concursos de personas naturales que no sean sujetos mercantiles.

También se dispone que en aquellas capitales de provincias en que existan más de cinco Juzgados de lo Mercantil, dos o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas materias de entre las que sean competencia de estos juzgados y en las que exista más de un Juzgado de lo Mercantil y menos de cinco, las solicitudes de declaración de concurso de acreedores de persona natural se repartirán a uno solo de ellos. En segunda instancia, si las Secciones de una misma Audiencia Provincial especializadas en lo mercantil fueran más de una, el CGPJ deberá distribuir las materias competencia de los Juzgados de lo Mercantil entre esas Secciones.

Se vuelve a residenciar en los Juzgados de lo Mercantil el conocimiento de los concursos de acreedores de las personas naturales que no sean sujetos mercantiles, por cuanto el legislador entiende que la condición civil del deudor no constituye argumento consistente para continuar atribuyendo a jueces no especializados la competencia para conocer de estos concursos.

Además, la nueva concepción de la exoneración del pasivo insatisfecho de la que parte la Directiva 2019/1023, de 20 de junio de 2019, que de ser un beneficio ha pasado a ser un derecho cuando concurran determinadas condiciones, aconseja que sean especialistas los que conozcan de estas solicitudes.

Además, en aquellas provincias en las que exista más de un Juzgado de lo Mercantil, los concursos de deudores personas naturales deberán repartirse a uno solo y, si fueran más de cinco, a dos o más igualmente determinados.

Otras modificaciones.

Entre las actualizaciones que la nueva ley orgánica lleva a cabo puede mencionarse la referencia a los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el reconocimiento expreso en la LOPJ de que los Juzgados de lo Mercantil son competentes para conocer de las reclamaciones de daños por infracción del Derecho de la competencia.

Se establece asimismo en el artículo 86 LOPJ un número fijo de habitantes para que el Gobierno, a propuesta del CGPJ y, en su caso, con informe de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, pueda establecer en un municipio distinto de la capital un Juzgado de lo Mercantil con jurisdicción en ese municipio y en aquellos otros limítrofes que se considere oportuno; y para extender a una provincia la jurisdicción del Juzgado de lo Mercantil de otra limítrofe perteneciente a la misma comunidad autónoma.

También se incorpora a la LOPJ la extensión de la jurisdicción del juez del concurso para conocer de las acciones sociales que tengan por objeto la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que, conforme a la legislación laboral y a lo establecido en la legislación concursal, tengan carácter colectivo, así como de las que versen sobre la suspensión o extinción de contratos de alta dirección.

Asimismo, se incorpora a la LOPJ la extensión de la jurisdicción del juez del concurso para conocer de las cuestiones prejudiciales civiles, sin más excepciones que las establecidas en la legislación concursal, las administrativas y las sociales directamente relacionadas con el concurso de que se trate o cuya resolución sea necesaria para la adecuada tramitación del procedimiento concursal.

La reforma también incluye la atribución a las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales de los recursos que se planteen contra las resoluciones que agoten la vía administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de propiedad industrial.

Asimismo, para atender a la posibilidad contemplada en la disposición transitoria décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de permanencia como Encargados, para algunos de los magistrados que actualmente sirven en Registros Civiles Exclusivos y en el Registro Civil Central, y que cuentan con una mayor experiencia en el cargo, se ha incorporado una nueva disposición transitoria a la LOPJ que regula su destino, sustituyendo la situación actual de excedencia voluntaria por la de servicios especiales.

Se modifica también la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en concordancia con la competencia que se traslada a los Juzgados de lo Mercantil, y se regula la acumulación de acciones, la acumulación de procesos y la reconvención, con el fin de introducir un forum conexitatis a favor de los Juzgados de lo Mercantil para conocer de determinados litigios ajenos a su competencia pero que presentan conexión con el concurso, a fin de evitar resoluciones contradictorias.

Modificaciones legislativas.

— Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: se modifican los artículos 74.1 i); 82.2 y 3 (nuevo, renumerándose el anterior ap. 3 como ap. 4); 82 bis (nuevo); 85.6 (se suprime); 86; 86 bis; 86 ter; 86 quáter y 86 quinquies (nuevos) y 98 y la disposición transitoria 43ª (nueva).
— Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: se modifican los artículos 45; 52.1.13º; 52.1.13º bis (nuevo); 73.1.1º (nuevos párrafos segundo y tercero); 77.2 (nuevo párrafo segundo); 249.1.4º; 250.3 (nuevo); 406.2 (tres nuevos párrafos); 447 bis (nuevo); 468 y 477.4 (nuevo).
— Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: se suprime el apartado 3 de la disposición adicional primera.
Entrada en vigor y régimen transitorio

La Ley Orgánica 7/2022 entrará en vigor el 17 de agosto de 2022, a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, la modificación de los artículos 74.1 y 82.2. 3.º de la LOPJ, en relación con los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que pongan fin a la vía administrativa, entrará en vigor el día 14 de enero de 2023.

Se mantendrán los Juzgados de lo Mercantil con jurisdicción en un municipio distinto de la capital de la provincia que ya estuvieran establecidos a la entrada en vigor de la presente ley, aunque ese municipio no supere la cifra de población a que se refiere el artículo 86.3 LOPJ.

En relación con los procedimientos judiciales pendientes, la competencia para conocer de las demandas de las que corresponda conocer a los Juzgados de Primera Instancia y a los Juzgados de lo Mercantil y de las solicitudes de concurso presentadas antes de la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica que estuvieran pendientes de admisión a trámite se determinará por las normas legales vigentes a la fecha de la presentación.

La competencia para conocer de los recursos interpuestos antes de la entrada en vigor de esta Ley Orgánica contra sentencias dictadas por los Jueces de Primera Instancia se determinará por las normas legales vigentes en la fecha en que se remitan los autos a la Audiencia Provincial.

Los procedimientos judiciales en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica continuarán tramitándose por el Juzgado que haya sido competente para conocer de ellos.

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

La reforma del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero busca garantizar un mayor control de este tipo de gases, al tiempo que simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales a los obligados tributarios y la gestión tributo a la propia Administración tributaria.

Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública (BOE 09-07-2022)

ADAPTACIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

La nueva regulación del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero adapta este tributo introducido por la Ley 16/2013, de 29 de octubre, a las exigencias establecidas en el plan de reforma de las medidas fiscales que contribuyen a la transición ecológica dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, remitido a la Comisión Europea en respuesta al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

NUEVA CONFIGURACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES Y EL HECHO IMPONIBLE

La primera novedad que nos encontramos es la nueva configuración del hecho imponible del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI), que deja de definirse como la venta o entrega de los gases al consumidor final, pasando a gravar directamente la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o la tenencia irregular de los gases fluorados que forman parte del ámbito objetivo del impuesto. Este cambio lleva aparejadas modificaciones en la determinación de los elementos esenciales del impuesto, encargándose de ello los apartados uno a cinco del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre.

En consecuencia, son contribuyentes en la nueva configuración del impuesto quienes realicen la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria. No obstante, en los casos de tenencia irregular de los gases objeto del impuesto será contribuyente quien posea, comercialice, transporte o utilice dichos gases.

SUJETOS PASIVOS Y CONTRIBUYENTES EXCEPCIONALES

El apartado diez del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, define al contribuyente como la persona física o jurídica o entidad que realice la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los gases objeto del impuesto, teniendo en cuenta que en determinados supuestos puede ostentar esta condición el almacenista de gases fluorados.

En los casos de tenencia irregular de los gases objeto del impuesto será contribuyente quien posea, comercialice, transporte o utilice dichos gases.

SITUACIONES EXENTAS DE GRAVAMEN

Reguladas en el apartado ocho delartículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, se establece que no resultará gravadas:

— La fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de gases fluorados que:

* Vayan a resultar utilizados fuera del territorio español.

* Que se destinen a ser utilizados como materia prima para su transformación química en un proceso en el que estos gases son enteramente alterados en su composición.

* Que vayan a ser usados en equipos militares o destinados a ser incorporados en los buques o aeronaves que realicen navegación marítima o aérea internacional, excluida la privada de recreo.

— La importación o adquisición intracomunitaria de gases objeto del impuesto contenidos en los productos que formen parte del equipaje personal de los viajeros procedentes de un territorio tercero, siempre que no constituyan una expedición comercial.

— Hasta el 31 de diciembre de 2023 estará exenta la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de hexafluoruro de azufre destinado a la fabricación de productos eléctricos.

— Hasta el 31 de diciembre de 2026 estará exenta la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los gases objeto del impuesto que se destinen a ser utilizados en inhaladores dosificadores para el suministro de ingredientes farmacéuticos.

En los supuestos de irregularidades en relación con la justificación del uso o destino dado a los gases objeto del impuesto que se han beneficiado de una exención en razón de su destino, estarán obligados al pago del Impuesto y de las sanciones que pudieran imponerse los contribuyentes, en tanto no justifiquen la recepción de los productos por el adquirente facultado para recibirlos mediante la aportación de la declaración previa, recayendo la obligación a partir de tal recepción sobre los adquirentes.

DEVENGO DEL IMPUESTO

El apartado nueve del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, regula las diferentes situaciones de devengo del IGFEI:

— En los supuestos de fabricación, el devengo del impuesto se producirá en el momento en que se realice la primera entrega o puesta a disposición a favor del adquirente.

— Cuando se realicen importaciones de gases fluorados, el devengo del impuesto se producirá en el momento en que hubiera tenido lugar el devengo de los derechos de importación, de acuerdo con la legislación aduanera, independientemente de que dichas importaciones estén o no sujetas a los mencionados derechos de importación.

— En los supuestos de adquisiciones intracomunitarias, el devengo del impuesto se producirá el día 15 del mes siguiente a aquel en el que se inicie la expedición o el transporte de los gases objeto del impuesto con destino al adquirente, salvo que con anterioridad a dicha fecha se expida la factura por dichas operaciones, en cuyo caso el devengo del impuesto tendrá lugar en la fecha de expedición de la misma.

— En los supuestos de tenencia irregular de gases fluorados, el devengo del impuesto se producirá en el momento en el que se constate dicha tenencia irregular salvo prueba en contrario.

ALMACENISTA DE GASES FLUORADOS

Con la finalidad de evitar el posible coste financiero al que debieran hacer frente quienes almacenan en determinadas cantidades gases objeto del impuesto, debido al tiempo que pudiera transcurrir desde el momento en que efectúan el ingreso del importe del impuesto hasta que lo recuperan vía precio a través de las ventas de los gases, se crea la figura del «almacenista de gases fluorados», que se puede beneficiar de un diferimiento en el devengo del impuesto.

REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

Detallada en el apartado once del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, la base imponible estará constituida por el peso de los gases objeto del impuesto, expresada en kilogramos, teniendo en cuenta que en el caso de productos, equipos o aparatos de los que no se disponga de los datos necesarios para la determinación ordinaria de la base imponible, se aplicarán las siguientes reglas:

— Refrigeradores y congeladores domésticos: 0,250 kilogramos por cada unidad de potencia de refrigeración expresada en kW.

— Compartimentos industriales e instalaciones comerciales de refrigeración: 1,5 kilogramos por cada unidad de potencia de refrigeración expresada en kW.

— Compartimentos industriales e instalaciones comerciales de congelación: 2,5 kilogramos por cada unidad de potencia de refrigeración expresada en kW.

— Equipos de aire acondicionado portátiles: 0,250 kilogramos por cada unidad de potencia de refrigeración expresada en kW.

— Equipos de refrigeración para sistemas de aire acondicionado de edificios, bombas de calor y deshumidificadores: 0,500 kilogramos por cada unidad de potencia de refrigeración expresada en kW.

— Aire acondicionado para vehículos de turismo: 0,600 kilogramos por vehículo.

— Aire acondicionado para furgonetas, camiones y carretillas transportadoras elevadoras: 1 kilogramo por vehículo.

— Aire acondicionado para caravanas, autocaravanas y vehículos especiales: 2 kilogramos por vehículo.

— Aire acondicionado para autobuses o autocares: 5 kilogramos por vehículo.

— Aerosoles con capacidad total igual o inferior a 250 mililitros: 0,125 kilogramos por envase.

— Aerosoles con capacidad total igual o inferior a 500 mililitros y superior a 250 mililitros: 0,250 kilogramos por envase.

— Aerosoles con capacidad total superior a 500 mililitros e igual o inferior a 1.000 mililitros: 0,5 kilogramos por envase.

— Puertas y portones aislados: 0,25 kilogramos por m2.

— Espuma sellante: 500 gramos por kilogramo de producto.

— Poliestireno extruido para aislamiento: 2,5 kilogramos por m3.

— Paneles para cámaras frigoríficas y congeladores: 6 kilogramos por m3.

— Tanques de enfriamiento de leche, sistema de refrigeración indirecta: 1 kilogramo por cada unidad de potencia de refrigeración expresada en kW.

— Tanques de enfriamiento de leche, sistema de expansión directa: 2 kilogramos por cada unidad de potencia de refrigeración expresada en kW.

TIPOS DE GRAVAMEN Y CUOTA ÍNTEGRA

El tipo impositivo (art. 5.doce Ley 16/2013, de 29 de octubre) estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente 0,015 al potencial de calentamiento atmosférico que corresponda a cada gas objeto del impuesto en el momento de realización del hecho imponible de acuerdo con la normativa vigente en dicho momento, con el límite máximo de 100 euros por kilogramo.

No obstante, en el caso de productos, equipos o aparatos que contengan gases objeto del impuesto y se desconozca su potencial de calentamiento atmosférico, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el tipo impositivo a aplicar es de 100 euros por kilogramo.

Asimismo, la cuota íntegra (art. 5.trece Ley 16/2013, de 29 de octubre) será la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES

Tal como se establece en el apartado catorce del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, se podrán minorar de las cuotas devengadas del impuesto el importe pagado respecto de los gases que hayan sido enviados por el contribuyente, o por un tercero en su nombre, fuera del territorio de aplicación del impuesto, quedando condicionada la deducción a que el envío de los gases fuera del territorio de aplicación del impuesto sea probado ante la AEAT y acreditando el pago del impuesto. Y si la cuantía de las deducciones supera el importe de las cuotas devengadas en un periodo de liquidación, el exceso podrá ser compensado en las autoliquidaciones posteriores, siempre que no hayan transcurrido cuatro años contados a partir de la finalización del periodo de liquidación en el que se produjo dicho exceso.

Por otro lado, tendrán derecho a solicitar la devolución del importe del impuesto pagado (art. 5.quince Ley 16/2013, de 29 de octubre):

— Los importadores de los gases objeto del impuesto que hayan sido enviados por ellos, o por un tercero en su nombre o por su cuenta, fuera del territorio de aplicación del impuesto.

— Los adquirentes de los gases objeto del impuesto que, no ostentando la condición de contribuyentes, acrediten el envío de los mismos fuera del territorio de aplicación de aquel.

— Los adquirentes de los gases objeto del impuesto que, no ostentando la condición de contribuyentes, acrediten que el destino de dichos gases es el que hubiera dado lugar a la aplicación de la exención.

LIQUIDACIÓN E INGRESO

De acuerdo con el apartado dieciséis del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, los contribuyentes están obligados a autoliquidar e ingresar el impuesto coincidiendo con el trimestre natural, teniendo en cuenta que en las importaciones el tributo se liquidará en la forma prevista para la deuda aduanera según lo dispuesto en la normativa aduanera.

Asimismo, los contribuyentes que realicen la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los gases objeto del impuesto, así como los almacenistas de los mismos, estarán obligados a inscribirse en el Registro territorial del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Según lo establecido en el apartado diecisiete del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, constituirán infracciones tributarias:

1. El incumplimiento de la obligación de inscripción en el Registro territorial del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

2. El incumplimiento de la obligación de nombramiento de un representante por los contribuyentes no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto.

3. La existencia de diferencias en menos de los gases objeto del impuesto en los fabricantes o en los almacenistas de gases fluorados.

4. El disfrute indebido por parte de los adquirentes de los gases objeto del impuesto de las exenciones cuando no se justifique el destino efectivo de los gases en virtud del cual se aplicó la correspondiente exención.

Las infracciones descritas se calificarán como graves y se sancionarán con una multa pecuniaria fija de 1.500 € para las dos primeras, con una multa pecuniaria proporcional del 100 % del importe de la cuota que hubiese correspondido a dichos gases, para el tercer supuesto, y con una multa pecuniaria proporcional del 150 % del beneficio fiscal indebidamente disfrutado, con un importe mínimo de 1.000 €, en el caso del cuarto supuesto.

ENTRADA EN VIGOR Y DESARROLLO REGLAMENTARIO

Desde el 1 de septiembre de 2022, fecha de efectos de esta nueva regulación legal, quedará derogado el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, habida cuenta que en la actualidad se encuentra en tramitación un nuevo texto reglamentario.

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.