Ser un profesional autónomo no es fácil. La carga tributaria y las dificultades de financiación son mayores que en las empresas y las desgravaciones y deducciones son pocas. Eso sin mencionar que responde ante las deudas con su patrimonio personal. ¿Ha pensado alguna vez en pasar de ser autónomo a constituir una Sociedad Limitada? ¿Tiene claro cuándo debe hacerlo? ¿Sabe cuáles son los trámites a seguir?

Momento.

El momento de cambio no es susceptible de cálculos matemáticos, pueden ser todos o ninguno, depende de cada situación.

Es cierto que el inicio de una actividad emprendedora es más fácil bajo la forma jurídica del autónomo, la simplicidad de los trámites avalan esta afirmación. Sin embargo, de manera general los expertos insisten en que, a medio, largo plazo son cinco las causas que le conducirán a la adopción de una figura societaria. Más concretamente a la de la sociedad de responsabilidad limitada.

– Ingresos anuales superiores a 40.000 €. (Para reducir el porcentaje de gravamen fiscal, tributando a un tipo fijo por el Impuesto de Sociedades, en lugar de un porcentaje creciente por IRPF)

– Protección del patrimonio personal.

– Facilidad para trabajar con grandes empresas

– Agilidad en la obtención de créditos bancarios.

– Formalización de relación con colaboradores habituales.

Estos son solo las cinco razones más frecuentes por las que un autónomo se convierte en Sociedad Limitada, pero hay más y en general suelen ir de la mano con el crecimiento del negocio.

El Paso.

Para pasar de ser autónomo a crear una sociedad limitada, debe seguir exactamente los mismos trámites que si fuera a crear una sociedad desde cero, con una primera gestión añadida que no es otra que la de solicitar la baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

ATENCIÓN: La baja se hace efectiva desde el primer día del mes siguiente al que se solicita y este trámite se puede ejecutar online con certificado digital o en persona.

Tenga en cuenta además, que aunque siempre podrá encargar la creación de su Sociedad Limitada a un Punto de Atención al Emprendedor (PAE) acreditado por el Ministerio de Economía e Industria, si decide hacerlo usted mismo, tendrá que llevar a cabo las siguientes gestiones:

Solicitar el nombre de la Sociedad.

Deberá acudir al Registro Mercantil Central y pedir el certificado negativo de denominación social, que acredite que el nombre que ha elegido para su empresa no está siendo usado por otra. Si lo prefiere, puede hacerlo también de forma online. https://www.rmc.es/privado/CertificacionesDenominaciones.aspx

La solicitud debe contener una terna de posibles nombres. Expedida la certificación de que no figura registrada la denominación solicitada, ésta quedará registrada a su nombre durante el plazo de SEIS MESES, contados desde la fecha de expedición.

La certificación negativa tendrá una vigencia de TRES MESES a efectos de otorgamiento de escritura, contados desde la fecha de su expedición por el Registrador Mercantil Central. Caducada la certificación el interesado podrá solicitar su renovación con la misma denominación. A la solicitud deberá acompañar la certificación caducada.

Transcurridos los SEIS MESES de reserva de denominación sin haberse realizado la inscripción en el Registro Mercantil Provincial correspondiente, la denominación causará baja en la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central, por lo que debe solicitarse una nueva.

Abrir una cuenta bancaria a nombre de la SL.

A continuación debe ir a una entidad financiera, y abrir una cuenta bancaria a nombre de la Sociedad Limitada. En ella tiene que ingresar el capital mínimo inicial, esto es, 3.000 euros. En la propia entidad le facilitarán un certificado de dicho ingreso, para que posteriormente lo entregue en la notaría.

Redactar los estatutos sociales.

Las normas que regirán su Sociedad se denominan estatutos sociales, y van incorporados a la escritura pública de constitución que será firmada posteriormente.

Los estatutos deben redactarse por los propios socios de la empresa, pero también se puede delegar esta tarea en un asesor o en el propio notario.

Entre otros, los aspectos clave que deben recoger los estatutos son los siguientes:

– La denominación de la sociedad.

– La actividad a la que se va a dedicar la empresa.

– El capital social.

– La domiciliación social.

– El número de participaciones en la que se divide y el valor nominal de cada una

– El sistema de administración de la sociedad.

Firmar la escritura pública de constitución.

Hechos los trámites anteriores, tiene que acudir a una Notaría para la firma de la escritura pública de constitución. El precio de este trámite, normalmente es un porcentaje del capital escriturado. Para ello, hay que aportar los siguientes documentos:

  • Los estatutos sociales.
  • El DNI original de cada uno de los socios.
  • El original de la certificación negativa del Registro Mercantil Central.
  • La certificación del banco de la aportación al capital social.
  • La declaración de inversiones exteriores, si algún socio es extranjero.

Acudir a la Agencia Tributaria.

Lo siguiente que debe hacer es cumplir con unas gestiones en Hacienda:

a) Solicitar el Número de Identificación Fiscal (NIF) provisional de su SL, además de las etiquetas y tarjetas definitivas, presentando:

  • Una fotocopia de tu DNI.
  • Una fotocopia de la escritura de constitución.
  • El modelo 036 cumplimentado solicitando.

b) Pedir el alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.

Todo ello, previo al inicio de la actividad y antes de la emisión o recepción de cualquier factura o encargo a nombre de la sociedad.

c) Darse de alta en el IAE

El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) es un tributo local que grava la actividad de las empresas, los profesionales y los artistas. Hacen falta tantas altas como actividades se vayan a realizar. Para darse de alta en el IAE, hacer una modificación o causar baja, deberá presentar:

  • El NIF provisional de la sociedad
  • El modelo 840

ATENCIÓN: No tendrán que pagar este gravamen aquellos cuya cifra de negocio sea inferior a 1 millón de euros anuales. A estos sujetos solo se les exigirá que aporten el modelo 036, especificando aquellos epígrafes IAE a los que se quieran acoger.

d) Realizar la declaración censal (IVA)

En la declaración censal se refleja el comienzo en la actividad, pero también la modificación o el cese en la misma, en su caso. Deben presentarla los empresarios, profesionales, artistas y todas las personas que tengan obligaciones tributarias. A la hora de solicitarla, hay que aportar estos documentos:

  • El NIF provisional de tu SL.
  • El modelo 036.
  • El documento que recoge el alta en el IAE.

Inscribir la SL en el Registro Mercantil.

Debe inscribir su sociedad en el Registro Mercantil de la provincia donde tenga su domicilio social. Tiene un plazo de dos meses desde la firma de la escritura de constitución. Los documentos que debe entregar al Registro son los siguientes:

  • Una copia auténtica de la escritura de constitución.
  • Una copia del NIF Provisional.
  • La certificación negativa de denominación social.

Acudir a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para:

a) Dar de alta en la Seguridad Social de todos los administradores y socios de la S.L. de forma que coticen y puedan realizar sus tareas conforme a la ley. El periodo para realizar estas altas es de 30 días naturales desde que la empresa inicia su actividad

b) Pedir el número de patronal para, en su caso, proceder a la contratación de trabajadores

Recabar en el Ayuntamiento la licencia de apertura del local (en su caso)

Solicitar el NIF definitivo.

En último lugar tendrá que volver a la Agencia Tributaria, y canjear la tarjeta provisional de NIF por la definitiva.

Contabilidad.

Las obligaciones contables que ha tenido como autónomo son infinitamente menores que las que le van a corresponder como Sociedad Limitada.

Como autónomo estaba obligado a llevar tres libros-registro. El de facturas emitidas, el de facturas recibidas y el de bienes de inversión.

Como Sociedad Limitada tendrá que llevar una contabilidad ordenada, ajustada al Código de Comercio y basada en el Plan General Contable. Será de obligatoria cumplimentación el libro de inventario y cuentas anuales y el libro diario.

EL TRASPASO.

De activos.

El traspaso de los activos con los que cuenta como empresario individual se puede realizar de varias formas:

– Mediante su arrendamiento: Seguir siendo propietario de los bienes y alquilárselos a la nueva empresa.

– Previa venta a la nueva empresa, pero con la obligación de pagar los impuestos generados por esta operación: IAJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) y ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) e IVA (Impuesto sobre el valor añadido)

– Por medio de una aportación no dineraria: La más habitual y recomendada por los especialistas. Transmitir sus activos a la sociedad mediante aportaciones no dinerarias. Es decir, en lugar de aportar dinero en efectivo, entregue los activos que usted tenía afectos a la actividad desarrollaba de forma individual.

ATENCIÓN:

– es aconsejable, aunque no obligatorio en Sociedades Limitadas, adoptar precauciones en la valoración de los activos aportados (Informe de Expertos independientes)

– Tanto la constitución como ampliación de capital están exentas del pago de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

De empleados:

El traspaso de los empleados contratados como profesionales autónomos se lleva a cabo a través de una subrogación empresarial, de esa forma se garantizan los derechos adquiridos y las obligaciones de los trabajadores. (Art. 44 ET).

La subrogación es el cambio del empleador del trabajador, es decir, el cambio del empresario o empresa que tiene contratado al trabajador. Esta situación puede ser debida a la compra o absorción de una empresa por otra, o simplemente porque la empresa decide cambiar de denominación.

De créditos, préstamos y pólizas.

Debe comunicar la situación a la entidad financiera para realizar una subrogación. Recuerde que aunque Ud. va a seguir teniendo la obligación de pago, ya no será a título personal si no bajo la forma jurídica de la Sociedad creada.

De local alquilado.

Una vez obtenido el visto bueno del arrendador, puede formalizar una subrogación del contrato o solicitar una cancelación y apertura de uno nuevo.

Si el contrato lo permite, el traspaso o cesión puede llevarse a cabo aún en contra de la voluntad del dueño del local, pero es muy habitual que en el contrato se pacte lo contrario. El titular deberá ser notificado de la cesión obligatoriamente y podrá aumentar la renta hasta un 20%.

 

 

Fuente: CISS Contable Mercantil (Ainoa Iriarte Ibargüen)

Esta sentencia facilita las devoluciones a aquellos que solo impugnaron la inexistencia del incremento del valor en la transmisión sin hacer alusión a la posible inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible de este impuesto.

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de un recurso interpuesto por un particular que pedía a un ayuntamiento la devolución del impuesto de plusvalía, al considerar que esta liquidación «es inválida y carente de eficacia por la inconstitucionalidad de las normas legales de cobertura».

Esta sentencia facilita las devoluciones a aquellos que solo impugnaron la inexistencia del incremento del valor en la transmisión sin hacer alusión a la posible inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible de este impuesto.

En este caso en particular, la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo analiza unos recursos presentados contra el Ayuntamiento de Lleida respecto a unas compraventas de viviendas y locales por valor de 6 millones de euros.

El Alto Tribunal concluye que el pago correspondiente en este caso en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza (IIVTNU) «tiene un alcance confiscatorio de la riqueza gravada».

«Por tanto, cabe declarar que resultan contrarios al principio de capacidad económica y a la prohibición de confiscatoriedad aquellos supuestos en los que, como es el caso litigioso, el importe de la cuota tributaria a abonar en concepto del IIVTNU resulte equiparable, en una proporción materialmente equivalente a la cuantía de la plusvalía realmente obtenida por el obligado tributario, que una vez deducida la cuota que correspondería por IIVTNU es una plusvalía inapreciable en proporción al valor de adquisición», señala la sentencia.

En cualquier caso, esta cuestión (la inexistencia del incremento del valor) ya ha quedado superada actualmente, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el Pleno del Tribunal Constitucional en octubre del año pasado.

Por eso, la sentencia se centra sobre el hecho de que el recurrente no había impugnado la liquidación tributaria amparándose en la posible inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible del tributo, tan solo esa inexistencia de incremento de valor.

No obstante, a los efectos de la declaración de responsabilidad subsidiaria, concluye que la liquidación tributaria por este impuesto, cuya deuda tributaria es objeto de la derivación de responsabilidad, «es inválida y carente de eficacia por la inconstitucionalidad de las normas legales de cobertura para efectuar la liquidación, y no puede servir de fundamento y presupuesto para la declaración de responsabilidad subsidiaria».

 

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil (B.O.E. de 28 de julio de 2022)

La inminente reforma de la Ley concursal plantea algunos ajustes en las competencias de los Juzgados de lo Mercantil. La Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, vuelve a residenciar en ellos el conocimiento de los concursos de acreedores de las personas naturales que no sean sujetos mercantiles y atribuye a los Juzgados de Primera Instancia la competencia para conocer de las acciones colectivas sobre condiciones generales de la contratación y sobre defensa de los consumidores y usuarios, así como de las pretensiones ejercitadas por los pasajeros del transporte terrestre, marítimo y aéreo.

La reforma del texto refundido de la Ley Concursal para la incorporación a la legislación española de la Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, pendiente de aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados, plantea determinados ajustes en el reparto competencial atribuido a los Juzgados de lo Mercantil a fin de conseguir la celeridad y eficiencia procesal requerida por la norma europea.

Ello implica un ajuste en el reparto de materias que actualmente se atribuyen a los Juzgados de lo Mercantil y a las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales, lo que requiere de la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Juzgados de Primera Instancia: condiciones generales de la contratación; consumidores y usuarios; reclamaciones de viajeros.

El nuevo texto prevé que sean los Juzgados de Primera Instancia los competentes para conocer de las acciones colectivas previstas en la legislación sobre condiciones generales de la contratación y en la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios; y, estableciendo que, por excepción a la competencia que tienen reconocida los Juzgados de lo Mercantil en materia de transporte terrestre, marítimo y aéreo, no sean estos competentes para conocer de las cuestiones a que se refieren el Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999; el Reglamento (CE) n.o 261/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91; el Reglamento (CE) n.o 1371/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril; el Reglamento (UE) n.o 181/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar, y por el que se modifica el Reglamento (CE) N.o 2006/2004; y el Reglamento (UE) número 1177/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables, y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004. En cuanto contratantes y usuarios de esos servicios de transporte, los pasajeros podrán ejercitar ante los Juzgados de Primera Instancia todas aquellas pretensiones que consideren legítimas con base en esos reglamentos de la Unión Europea.

Asimismo se descarga a las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales, mediante la reconducción a las secciones de lo civil del conocimiento de las materias relativas a las condiciones generales de la contratación: no sólo de los recursos contra las sentencias estimatorias o desestimatorias de las acciones individuales que se hubieran ejercitado ante los Juzgados de Primera Instancia, competencia adicionada, sino también de las acciones colectivas previstas en la legislación sobre condiciones generales de la contratación y en la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios, que era una competencia originaria. No obstante, se permite que el Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, pueda acordar que una o varias Secciones civiles de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Primera Instancia sobre estas materias o sobre cualesquiera otras.

Juzgados de lo Mercantil: concursos de personas naturales que no sean sujetos mercantiles.

También se dispone que en aquellas capitales de provincias en que existan más de cinco Juzgados de lo Mercantil, dos o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas materias de entre las que sean competencia de estos juzgados y en las que exista más de un Juzgado de lo Mercantil y menos de cinco, las solicitudes de declaración de concurso de acreedores de persona natural se repartirán a uno solo de ellos. En segunda instancia, si las Secciones de una misma Audiencia Provincial especializadas en lo mercantil fueran más de una, el CGPJ deberá distribuir las materias competencia de los Juzgados de lo Mercantil entre esas Secciones.

Se vuelve a residenciar en los Juzgados de lo Mercantil el conocimiento de los concursos de acreedores de las personas naturales que no sean sujetos mercantiles, por cuanto el legislador entiende que la condición civil del deudor no constituye argumento consistente para continuar atribuyendo a jueces no especializados la competencia para conocer de estos concursos.

Además, la nueva concepción de la exoneración del pasivo insatisfecho de la que parte la Directiva 2019/1023, de 20 de junio de 2019, que de ser un beneficio ha pasado a ser un derecho cuando concurran determinadas condiciones, aconseja que sean especialistas los que conozcan de estas solicitudes.

Además, en aquellas provincias en las que exista más de un Juzgado de lo Mercantil, los concursos de deudores personas naturales deberán repartirse a uno solo y, si fueran más de cinco, a dos o más igualmente determinados.

Otras modificaciones.

Entre las actualizaciones que la nueva ley orgánica lleva a cabo puede mencionarse la referencia a los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el reconocimiento expreso en la LOPJ de que los Juzgados de lo Mercantil son competentes para conocer de las reclamaciones de daños por infracción del Derecho de la competencia.

Se establece asimismo en el artículo 86 LOPJ un número fijo de habitantes para que el Gobierno, a propuesta del CGPJ y, en su caso, con informe de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, pueda establecer en un municipio distinto de la capital un Juzgado de lo Mercantil con jurisdicción en ese municipio y en aquellos otros limítrofes que se considere oportuno; y para extender a una provincia la jurisdicción del Juzgado de lo Mercantil de otra limítrofe perteneciente a la misma comunidad autónoma.

También se incorpora a la LOPJ la extensión de la jurisdicción del juez del concurso para conocer de las acciones sociales que tengan por objeto la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que, conforme a la legislación laboral y a lo establecido en la legislación concursal, tengan carácter colectivo, así como de las que versen sobre la suspensión o extinción de contratos de alta dirección.

Asimismo, se incorpora a la LOPJ la extensión de la jurisdicción del juez del concurso para conocer de las cuestiones prejudiciales civiles, sin más excepciones que las establecidas en la legislación concursal, las administrativas y las sociales directamente relacionadas con el concurso de que se trate o cuya resolución sea necesaria para la adecuada tramitación del procedimiento concursal.

La reforma también incluye la atribución a las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales de los recursos que se planteen contra las resoluciones que agoten la vía administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de propiedad industrial.

Asimismo, para atender a la posibilidad contemplada en la disposición transitoria décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de permanencia como Encargados, para algunos de los magistrados que actualmente sirven en Registros Civiles Exclusivos y en el Registro Civil Central, y que cuentan con una mayor experiencia en el cargo, se ha incorporado una nueva disposición transitoria a la LOPJ que regula su destino, sustituyendo la situación actual de excedencia voluntaria por la de servicios especiales.

Se modifica también la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en concordancia con la competencia que se traslada a los Juzgados de lo Mercantil, y se regula la acumulación de acciones, la acumulación de procesos y la reconvención, con el fin de introducir un forum conexitatis a favor de los Juzgados de lo Mercantil para conocer de determinados litigios ajenos a su competencia pero que presentan conexión con el concurso, a fin de evitar resoluciones contradictorias.

Modificaciones legislativas.

— Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: se modifican los artículos 74.1 i); 82.2 y 3 (nuevo, renumerándose el anterior ap. 3 como ap. 4); 82 bis (nuevo); 85.6 (se suprime); 86; 86 bis; 86 ter; 86 quáter y 86 quinquies (nuevos) y 98 y la disposición transitoria 43ª (nueva).
— Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: se modifican los artículos 45; 52.1.13º; 52.1.13º bis (nuevo); 73.1.1º (nuevos párrafos segundo y tercero); 77.2 (nuevo párrafo segundo); 249.1.4º; 250.3 (nuevo); 406.2 (tres nuevos párrafos); 447 bis (nuevo); 468 y 477.4 (nuevo).
— Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: se suprime el apartado 3 de la disposición adicional primera.
Entrada en vigor y régimen transitorio

La Ley Orgánica 7/2022 entrará en vigor el 17 de agosto de 2022, a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, la modificación de los artículos 74.1 y 82.2. 3.º de la LOPJ, en relación con los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que pongan fin a la vía administrativa, entrará en vigor el día 14 de enero de 2023.

Se mantendrán los Juzgados de lo Mercantil con jurisdicción en un municipio distinto de la capital de la provincia que ya estuvieran establecidos a la entrada en vigor de la presente ley, aunque ese municipio no supere la cifra de población a que se refiere el artículo 86.3 LOPJ.

En relación con los procedimientos judiciales pendientes, la competencia para conocer de las demandas de las que corresponda conocer a los Juzgados de Primera Instancia y a los Juzgados de lo Mercantil y de las solicitudes de concurso presentadas antes de la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica que estuvieran pendientes de admisión a trámite se determinará por las normas legales vigentes a la fecha de la presentación.

La competencia para conocer de los recursos interpuestos antes de la entrada en vigor de esta Ley Orgánica contra sentencias dictadas por los Jueces de Primera Instancia se determinará por las normas legales vigentes en la fecha en que se remitan los autos a la Audiencia Provincial.

Los procedimientos judiciales en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica continuarán tramitándose por el Juzgado que haya sido competente para conocer de ellos.

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

Si la empresa que los contrató les adeuda salarios o indemnizaciones, es responsable la empresa principal. La conserjería de una comunidad de propietarios encaja en la propia actividad de la comunidad, que puede hacer esos servicios por ella misma, a través de los propietarios, o externalizar los servicios.

Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sentencia 486/2022, 27 May. Rec. 3307/2020.

La cuestión suscitada en este asunto se centra en determinar si una comunidad de propietarios debe responder solidariamente, como empresa principal, de las deudas que la empresa contratada por aquella tiene con su conserje.

En principio, estamos en un supuesto de subcontratación de servicios por parte de la comunidad, pero el TSJ entendió que la comunidad no era responsable porque al contratar el servicio de conserjería por una empresa externa, no llevaba a cabo ninguna actividad productiva ni estaba atendiendo fines mercantiles. Es decir, para el TSJ, la comunidad no es una empresa.

Sin embargo, la doctrina del Supremo en relación al alcance del art. 42 del ET (que trata la subcontratación) y pese a que la casuística puede llegar a ser muy variada, parte unas bases comunes sobre las que declarar la responsabilidad solidaria de las subcontratas.

De un lado aplica la teoría del ciclo productivo, conforme a la cual, el círculo de la propia actividad de una empresa queda delimitado por las operaciones o labores que son inherentes a la producción de los bienes o servicios específicos que se propone prestar al público o colocar en el mercado; y de otro, la teoría de las actividades indispensables, que alcanza a todas las labores, específicas o inespecíficas, que una determinada organización productiva debe desarrollar para desempeñar adecuadamente sus funciones.

Pues bien, aplicando ambas, cuando una comunidad de propietarios contrata los servicios de empresas para atender la actividad de conserjería, se llega a la conclusión de que la comunidad sí debe responder solidariamente con la subcontratista empleadora de las deudas salariales que ésta tenga con sus trabajadores.

La comunidad de vecinos participa de la condición de agente económico, con una actividad de esta naturaleza mediante la cual, con los medios materiales y humanos (bien por medio de directa contratación o por medio de terceros), participa en la producción de servicios, y aunque externalice una actividad, en este caso la de conserjería, la actividad que ha externalizado se identifica como “propia actividad”.

De esta forma, la contratación de servicios se integra en el ciclo productivo de la asociación para poder ofrecer los servicios necesarios a los propietarios que la integran pues corresponde a la comunidad adoptar las medidas necesarias para el mejor servicio común.

En definitiva, el fin de cualquier asociación vecinal es mejorar los servicios comunes de la finca y eso lo pueden hacer los propios comuneros, o externalizar los servicios como en este caso se ha hecho. Y al haberse subcontratado la conserjería, la empresa principal debe responder, junto con la empleadora de las diferencias salariales que el conserje reclama.

 

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

Esta doctrina permitirá a miles de pequeñas y medianas empresas, deducir en su Impuesto sobre Sociedades, las retribuciones abonadas a sus socios trabajadores.

En dos sentencias dictadas en este mes de julio, el Tribunal Supremo admite que las empresas puedan deducir como gasto, en su Impuesto sobre Sociedades, las retribuciones abonadas a un socio mayoritario que no sea administrador. Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2022 (rca. 6278/2020) y de 11 de julio de 2022 (rca. 7626/2020).

Frente a la tesis de la Administración, que entendía que esas cantidades no eran deducibles, por no ser obligatorias (las calificaba de liberalidad), el Tribunal Supremo considera que la retribución del socio trabajador es deducible como gasto, cuando se acredite la correspondiente inscripción contable, se impute con arreglo a devengo y revista justificación documental.

Las sentencias, de las que ha sido ponente el magistrado Dimitry Berberoff, destacan que lo importante es la realidad de la prestación del servicio, su efectiva retribución y su correlación con la actividad empresarial.

La posición de la Administración se basaba en una confusión de personalidades y de propiedades al apuntar que el socio era el “dueño” o “propietario” de la empresa, obviando que existen dos personalidades jurídicas diferenciadas, la de la sociedad y la de sus socios. Para el Alto Tribunal, “desdibujar una premisa -con la finalidad de preservar la integridad del gravamen-, sobre la que, desde hace siglos, ha venido erigiéndose buena parte del Derecho actual, reclama una sólida justificación” que, en este caso, no se produjo.

Para estas sentencias, “la preocupación de evitar o amparar situaciones fraudulentas” subyace en la negativa de la Administración a considerar deducible ese gasto pero advierte el Tribunal Supremo-, la Administración “carece de facultades para calificar un determinado acto o negocio de forma libérrima, sino que, como presupuesto de su actuación tributaria posterior, habrá de ser cuidadosa a la hora de elegir y de aplicar los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición” porque “lo que está en juego es el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.”

Recuerda el Tribunal Supremo, que el ordenamiento jurídico proporciona una definición en negativo o excluyente de gastos deducibles, ya que se centra en los “no deducibles”, de modo que la noción de gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades debe construirse “sobre la base de la regla general (deducibilidad)/excepción (no deducibilidad), atendiendo al espíritu y finalidad perseguida por la norma jurídica.”

Finalmente, considera que “en casos como el que nos ocupa, evidentemente, nadie puede pretender que, quien realice la actividad o preste el servicio se desprenda o abstraiga de su condición de socio, accionista o participe, razón por la que, el acento deberá ubicarse en la realidad y efectividad de la actividad desarrollada, más que en la condición de socio, accionista o participe de quien la realiza.”

Esta doctrina permitirá a miles de pequeñas y medianas empresas, deducir en su Impuesto sobre Sociedades, las retribuciones abonadas a sus socios trabajadores.

 

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

La Unión Europea está desarrollando dos portales para competir con los gigantes americanos y frenar su dominio de la gestión de los datos.

¿Puede la Unión Europea acabar con el dominio de las grandes redes sociales impulsando las suyas propias? La respuesta todavía no la sabemos, pero ya se está trabajando para conseguir la independencia de las redes estadounidenses. Y para ello está trabajando en dos líneas.

Una, desarrollando dos portales basados en la actividad de Twitter y Youtube. Dos, ofrecer una garantía de privacidad y de protección de datos que las grandes redes, supuestamente no cumplen.

Ley de Servicios Digitales.

La nueva Ley de Servicios Digitales impulsada por Europa puede ayudar a conseguir ese ambicioso objetivo. Una dura legislación que choca frontalmente en muchos de sus puntos con la propia forma de operar de los grandes medios digitales.

La promesa de un entorno para los usuarios de los 27 países de la UE sería así el gancho para impulsar unas redes propias, aunque no se está teniendo en cuenta la parte lúdica de las redes más conocidas y si realmente al consumidor europeo le importa más el uso de sus datos que la diversión que encuentra en las redes en las que se inscribe. Según Maxence Marius, director general de Eskimoz España, agencia especializada en SEO, sí hay un cambio de mentalidad por parte del consumidor sobre el uso de sus datos: «El mercado estaba muy concentrado y los usuarios cada vez se preocupan más de quién controla sus datos y qué hace con ellos».

El proyecto europeo está dando apenas sus primeros pasos, pero se anuncian conflictos con las grandes redes estadounidenses, que siempre se han mostrado reacias a cumplir las normativas europeas, más duras que las que tienen “en casa”.

Lo que está en juego son los millones de datos que manejan los propietarios de estas redes: “Que la UE tenga sus propias redes sociales permite garantizar la privacidad de los datos personales de los usuarios y se evita que toda esa información recaiga sobre las manos de hombres de poder como Elon Musk, por ejemplo”, apunta Marius.

UE Voice y UE Video contra Twitter y Youtube.

Los dos proyectos de redes sociales que prepara Europa son UE Voice, para competir con Twitter, y UE Video, para acabar con la hegemonía de Youtube. A su favor las europeas tendrían la posibilidad de mejorar la libertad de expresión y acabar con la censura que a veces sienten los usuarios de Twitter (siempre y cuando no se detecten conductas racistas y/o homófabas).

Otra ventaja de UE Voice es que está desarrollada en Mastodon, una red social con servidores descentralizados y de código abierto creada en 2016 y que cada vez cuenta con más adeptos. La Unión Europea aprovecha este recurso para una red social con servidores independientes (que no recopilan datos) a la que los usuarios pueden sumarse sin sacrificar su libertad digital.

La clave del éxito de Mastodon está en que “no es como Twitter que está controlado por una sola empresa; la multitud de servidores que ofrece Mastodon permite a los usuarios proteger su información personal e impide que una empresa pueda controlar todos los datos. Para acceder basta con cumplir unas normas de comportamiento muy básicas antes de que cada usuario decida con libertad dónde expresarse”, explica Marius.

“La UE, al crear su propia instancia, abre la posibilidad a que los usuarios abandonen Twitter y se incorporen a una plataforma de aspecto muy similar, pero con mayor libertad y seguridad en la protección de datos”, añade.

UE Vídeo, el competidor de YouTube, es algo similar. En su caso, funciona en Peertube, un software open source y descentralizada que, como en el caso de Mastodon, evita que esté controlado por una única empresa. En esta plataforma, según tiene pensado la Unión Europea, se podrán subir podcast, vídeos y material similar sin necesidad de depender de YouTube.

“Con el lanzamiento piloto de EU Voice y de EU Video, esperamos ofrecer redes sociales multimedia alternativas que priorizan a los individuos y sus derechos de privacidad y protección de datos para que cada uno pueda escoger cómo se utiliza esta información personal”, explica Wojciech Wiewiórowski, Supervisor Europeo de Protección de Datos.

Según el dirigente europeo, estas redes sociales “no se apoyan en la transferencia de datos personales a países fuera de la UE” y se caracterizan porque son plataformas en las que no existe la publicidad.

El peso de la ley sobre las redes.

Entre las nuevas medidas que contempla la Ley de Servicios Digitales destacan las multas millonarias que se impondrán a las empresas que no la cumplan, multas de hasta el 6% de sus ingresos anuales. Una cantidad que, en el caso de las grandes tecnológicas podría alcanzar los centenares de millones de euros.

Otro de los principales frentes de batalla de la Ley, además de la protección de datos, es la lucha contra la publicidad dirigida, actividad que prohíbe totalmente si es hacia menores. En el caso de los adultos, la Comisión obligará a las plataformas online de gran envergadura a hacer que el funcionamiento de sus algoritmos sea transparente para los usuarios estableciendo un sistema de recomendación que no esté basado en perfiles.

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Fuente: Emprendedores

La reforma del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero busca garantizar un mayor control de este tipo de gases, al tiempo que simplificar el cumplimiento de las obligaciones formales a los obligados tributarios y la gestión tributo a la propia Administración tributaria.

Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública (BOE 09-07-2022)

ADAPTACIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA

La nueva regulación del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero adapta este tributo introducido por la Ley 16/2013, de 29 de octubre, a las exigencias establecidas en el plan de reforma de las medidas fiscales que contribuyen a la transición ecológica dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, remitido a la Comisión Europea en respuesta al Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

NUEVA CONFIGURACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES Y EL HECHO IMPONIBLE

La primera novedad que nos encontramos es la nueva configuración del hecho imponible del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI), que deja de definirse como la venta o entrega de los gases al consumidor final, pasando a gravar directamente la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o la tenencia irregular de los gases fluorados que forman parte del ámbito objetivo del impuesto. Este cambio lleva aparejadas modificaciones en la determinación de los elementos esenciales del impuesto, encargándose de ello los apartados uno a cinco del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre.

En consecuencia, son contribuyentes en la nueva configuración del impuesto quienes realicen la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria. No obstante, en los casos de tenencia irregular de los gases objeto del impuesto será contribuyente quien posea, comercialice, transporte o utilice dichos gases.

SUJETOS PASIVOS Y CONTRIBUYENTES EXCEPCIONALES

El apartado diez del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, define al contribuyente como la persona física o jurídica o entidad que realice la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los gases objeto del impuesto, teniendo en cuenta que en determinados supuestos puede ostentar esta condición el almacenista de gases fluorados.

En los casos de tenencia irregular de los gases objeto del impuesto será contribuyente quien posea, comercialice, transporte o utilice dichos gases.

SITUACIONES EXENTAS DE GRAVAMEN

Reguladas en el apartado ocho delartículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, se establece que no resultará gravadas:

— La fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de gases fluorados que:

* Vayan a resultar utilizados fuera del territorio español.

* Que se destinen a ser utilizados como materia prima para su transformación química en un proceso en el que estos gases son enteramente alterados en su composición.

* Que vayan a ser usados en equipos militares o destinados a ser incorporados en los buques o aeronaves que realicen navegación marítima o aérea internacional, excluida la privada de recreo.

— La importación o adquisición intracomunitaria de gases objeto del impuesto contenidos en los productos que formen parte del equipaje personal de los viajeros procedentes de un territorio tercero, siempre que no constituyan una expedición comercial.

— Hasta el 31 de diciembre de 2023 estará exenta la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de hexafluoruro de azufre destinado a la fabricación de productos eléctricos.

— Hasta el 31 de diciembre de 2026 estará exenta la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los gases objeto del impuesto que se destinen a ser utilizados en inhaladores dosificadores para el suministro de ingredientes farmacéuticos.

En los supuestos de irregularidades en relación con la justificación del uso o destino dado a los gases objeto del impuesto que se han beneficiado de una exención en razón de su destino, estarán obligados al pago del Impuesto y de las sanciones que pudieran imponerse los contribuyentes, en tanto no justifiquen la recepción de los productos por el adquirente facultado para recibirlos mediante la aportación de la declaración previa, recayendo la obligación a partir de tal recepción sobre los adquirentes.

DEVENGO DEL IMPUESTO

El apartado nueve del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, regula las diferentes situaciones de devengo del IGFEI:

— En los supuestos de fabricación, el devengo del impuesto se producirá en el momento en que se realice la primera entrega o puesta a disposición a favor del adquirente.

— Cuando se realicen importaciones de gases fluorados, el devengo del impuesto se producirá en el momento en que hubiera tenido lugar el devengo de los derechos de importación, de acuerdo con la legislación aduanera, independientemente de que dichas importaciones estén o no sujetas a los mencionados derechos de importación.

— En los supuestos de adquisiciones intracomunitarias, el devengo del impuesto se producirá el día 15 del mes siguiente a aquel en el que se inicie la expedición o el transporte de los gases objeto del impuesto con destino al adquirente, salvo que con anterioridad a dicha fecha se expida la factura por dichas operaciones, en cuyo caso el devengo del impuesto tendrá lugar en la fecha de expedición de la misma.

— En los supuestos de tenencia irregular de gases fluorados, el devengo del impuesto se producirá en el momento en el que se constate dicha tenencia irregular salvo prueba en contrario.

ALMACENISTA DE GASES FLUORADOS

Con la finalidad de evitar el posible coste financiero al que debieran hacer frente quienes almacenan en determinadas cantidades gases objeto del impuesto, debido al tiempo que pudiera transcurrir desde el momento en que efectúan el ingreso del importe del impuesto hasta que lo recuperan vía precio a través de las ventas de los gases, se crea la figura del «almacenista de gases fluorados», que se puede beneficiar de un diferimiento en el devengo del impuesto.

REGLAS DE DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE

Detallada en el apartado once del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, la base imponible estará constituida por el peso de los gases objeto del impuesto, expresada en kilogramos, teniendo en cuenta que en el caso de productos, equipos o aparatos de los que no se disponga de los datos necesarios para la determinación ordinaria de la base imponible, se aplicarán las siguientes reglas:

— Refrigeradores y congeladores domésticos: 0,250 kilogramos por cada unidad de potencia de refrigeración expresada en kW.

— Compartimentos industriales e instalaciones comerciales de refrigeración: 1,5 kilogramos por cada unidad de potencia de refrigeración expresada en kW.

— Compartimentos industriales e instalaciones comerciales de congelación: 2,5 kilogramos por cada unidad de potencia de refrigeración expresada en kW.

— Equipos de aire acondicionado portátiles: 0,250 kilogramos por cada unidad de potencia de refrigeración expresada en kW.

— Equipos de refrigeración para sistemas de aire acondicionado de edificios, bombas de calor y deshumidificadores: 0,500 kilogramos por cada unidad de potencia de refrigeración expresada en kW.

— Aire acondicionado para vehículos de turismo: 0,600 kilogramos por vehículo.

— Aire acondicionado para furgonetas, camiones y carretillas transportadoras elevadoras: 1 kilogramo por vehículo.

— Aire acondicionado para caravanas, autocaravanas y vehículos especiales: 2 kilogramos por vehículo.

— Aire acondicionado para autobuses o autocares: 5 kilogramos por vehículo.

— Aerosoles con capacidad total igual o inferior a 250 mililitros: 0,125 kilogramos por envase.

— Aerosoles con capacidad total igual o inferior a 500 mililitros y superior a 250 mililitros: 0,250 kilogramos por envase.

— Aerosoles con capacidad total superior a 500 mililitros e igual o inferior a 1.000 mililitros: 0,5 kilogramos por envase.

— Puertas y portones aislados: 0,25 kilogramos por m2.

— Espuma sellante: 500 gramos por kilogramo de producto.

— Poliestireno extruido para aislamiento: 2,5 kilogramos por m3.

— Paneles para cámaras frigoríficas y congeladores: 6 kilogramos por m3.

— Tanques de enfriamiento de leche, sistema de refrigeración indirecta: 1 kilogramo por cada unidad de potencia de refrigeración expresada en kW.

— Tanques de enfriamiento de leche, sistema de expansión directa: 2 kilogramos por cada unidad de potencia de refrigeración expresada en kW.

TIPOS DE GRAVAMEN Y CUOTA ÍNTEGRA

El tipo impositivo (art. 5.doce Ley 16/2013, de 29 de octubre) estará constituido por el resultado de aplicar el coeficiente 0,015 al potencial de calentamiento atmosférico que corresponda a cada gas objeto del impuesto en el momento de realización del hecho imponible de acuerdo con la normativa vigente en dicho momento, con el límite máximo de 100 euros por kilogramo.

No obstante, en el caso de productos, equipos o aparatos que contengan gases objeto del impuesto y se desconozca su potencial de calentamiento atmosférico, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el tipo impositivo a aplicar es de 100 euros por kilogramo.

Asimismo, la cuota íntegra (art. 5.trece Ley 16/2013, de 29 de octubre) será la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.

DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES

Tal como se establece en el apartado catorce del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, se podrán minorar de las cuotas devengadas del impuesto el importe pagado respecto de los gases que hayan sido enviados por el contribuyente, o por un tercero en su nombre, fuera del territorio de aplicación del impuesto, quedando condicionada la deducción a que el envío de los gases fuera del territorio de aplicación del impuesto sea probado ante la AEAT y acreditando el pago del impuesto. Y si la cuantía de las deducciones supera el importe de las cuotas devengadas en un periodo de liquidación, el exceso podrá ser compensado en las autoliquidaciones posteriores, siempre que no hayan transcurrido cuatro años contados a partir de la finalización del periodo de liquidación en el que se produjo dicho exceso.

Por otro lado, tendrán derecho a solicitar la devolución del importe del impuesto pagado (art. 5.quince Ley 16/2013, de 29 de octubre):

— Los importadores de los gases objeto del impuesto que hayan sido enviados por ellos, o por un tercero en su nombre o por su cuenta, fuera del territorio de aplicación del impuesto.

— Los adquirentes de los gases objeto del impuesto que, no ostentando la condición de contribuyentes, acrediten el envío de los mismos fuera del territorio de aplicación de aquel.

— Los adquirentes de los gases objeto del impuesto que, no ostentando la condición de contribuyentes, acrediten que el destino de dichos gases es el que hubiera dado lugar a la aplicación de la exención.

LIQUIDACIÓN E INGRESO

De acuerdo con el apartado dieciséis del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, los contribuyentes están obligados a autoliquidar e ingresar el impuesto coincidiendo con el trimestre natural, teniendo en cuenta que en las importaciones el tributo se liquidará en la forma prevista para la deuda aduanera según lo dispuesto en la normativa aduanera.

Asimismo, los contribuyentes que realicen la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de los gases objeto del impuesto, así como los almacenistas de los mismos, estarán obligados a inscribirse en el Registro territorial del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

INFRACCIONES Y SANCIONES

Según lo establecido en el apartado diecisiete del artículo 5 de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, constituirán infracciones tributarias:

1. El incumplimiento de la obligación de inscripción en el Registro territorial del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero.

2. El incumplimiento de la obligación de nombramiento de un representante por los contribuyentes no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto.

3. La existencia de diferencias en menos de los gases objeto del impuesto en los fabricantes o en los almacenistas de gases fluorados.

4. El disfrute indebido por parte de los adquirentes de los gases objeto del impuesto de las exenciones cuando no se justifique el destino efectivo de los gases en virtud del cual se aplicó la correspondiente exención.

Las infracciones descritas se calificarán como graves y se sancionarán con una multa pecuniaria fija de 1.500 € para las dos primeras, con una multa pecuniaria proporcional del 100 % del importe de la cuota que hubiese correspondido a dichos gases, para el tercer supuesto, y con una multa pecuniaria proporcional del 150 % del beneficio fiscal indebidamente disfrutado, con un importe mínimo de 1.000 €, en el caso del cuarto supuesto.

ENTRADA EN VIGOR Y DESARROLLO REGLAMENTARIO

Desde el 1 de septiembre de 2022, fecha de efectos de esta nueva regulación legal, quedará derogado el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, aprobado por el Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre, habida cuenta que en la actualidad se encuentra en tramitación un nuevo texto reglamentario.

 

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

La nueva ley recoge medidas para luchar contra la morosidad desde la contratación pública e impulsa una lista negra de empresas morosas.

El Pleno del Congreso ha aprobado y enviado al Senado el proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, la conocida como ‘Ley crea y crece’, con el apoyo del PP y PDeCAT, y la abstención de Esquerra Republicana y el PNV.

Concretamente, han votado a favor del proyecto el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PDeCAT, Compromís, Coalición Canaria, Foro Asturias, el PRC, y Teruel Existe. Se han abstenido Vox, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu, Junts, Más País-Equo y el BNG, mientras que la CUP ha sido la única formación en votar en contra.

El proyecto contiene la modificación de doce leyes para mejorar las condiciones de financiación de las empresas, facilitar la constitución de las sociedades y perseguir la morosidad entre las mismas con medidas desde la contratación pública.

INCENTIVOS Y GARANTÍAS PARA IMPEDIR LA MOROSIDAD

No un régimen sancionador, como demandaba buena parte de la Cámara, pero sí incentivos como la exigencia de un certificado de pagos a los subcontratista por parte de un ajudicatario, la retención de las garantías una vez se inicien legales contra un contratista por incumplir los plazos o la prohibición de acceder a la contratación pública.

También, independientemente de si se recogen en los pliegos o no, se aplicarán sanciones de hasta el 50% del importe del contrato cuando haya una resolución firme y, a la hora de pedir una subvención, se exigirá acreditar que todo gasto subvencionable esté pagado en plazo.

Otros incentivos pasan por una lista negra de la morosidad –entrarán empresas con 600.000 euros y el 10% de sus facturas fuera de plazo–, la obligación de revelar en su web y memoria de cuentas anuales el volumen total y relativo de las facturas pagadas fuera de plazo y la prohibición de obligar a una empresa a utilizar una plataforma concreta de facturación electrónica.

EL ‘CREA’ SÍ, ¿PERO EL ‘CRECE’?

Sin embargo, grupos como el PP o el PNV han señalado como «principal déficit» la falta de medidas para facilitar el crecimiento de las empresas, donde estos grupos creen que «se podría haber sido mucho más ambicioso».

«No entendemos cómo lo más importante no se ha legislado adecuadamente», ha lamentado el diputado ‘popular’ Miguel Ángel Paniagua, que cree que el proyecto «se centra sólo en mejorar la capacidad de financiación» y se echa en falta la reducción de trámites administrativos y una generalización de los silencios positivos o la declaración responsable.

«Se incide mucho en la creación y no tanto en el crecimiento, vital para que las empresas se mantengan», ha dicho Idoia Sagastizabal, portavoz económica del PNV, que también ha cargado contra lo que considera un «control político administrativo centralizado» del Ministerio de Asuntos Económicos en sus mecanismos de control al resto de administraciones, superando los ya previstos en la Ley General de Mercado.

ERC Y PNV SE MUEVEN TRAS RECHAZAR EL PROYECTO EN COMISIÓN

Sin embargo, tras un acuerdo alcanzado con el Gobierno, el PNV ha movido su voto en contra en la Comisión a la abstención, al igual que ERC, que también celebra los últimos acuerdos para reforzar las garantías contra la morosidad empresarial, como es un certificado del pago a sus subcontratistas en cada certificación de obra.

Un acuerdo alcanzado por PSOE, Unidas Podemos, ERC y PDeCAT, cuyo portavoz, Ferrán Bel, ha celebrado la modificación de hasta cinco regulaciones para combatir la morosidad, tipificándola como práctica de competencia ilegal en la Ley de competencia desleal, e impulsando medidas coercitivas desde la Ley General de Subvenciones, la Ley de contratos del sector público o la factura electrónica.

FALTA EL RÉGIMEN SANCIONADOR A LA MOROSIDAD

Sin embargo, Bel ha lamentado la falta de un régimen sancionador como el que plantea el PDeCAT en una proposición de ley sepultada tras sucesivos plazos para presentar enmiendas, al igual que Junts, cuya diputada Pilar Calvo ha atribuido esta ausencia al «miedo reverencial a las grandes empresas» del Gobierno.

También ha lamentado su ausencia una de las formaciones de Gobierno, Unidas Podemos, cuyo diputado Txema Guijarro ha señalado cómo, pese a que las empresas del Ibex cobran a 68 días –el plazo legal máximo es de 60–, estas pagan a sus proveedores a 193 días, según datos de la CNMV, representando el 61% de toda la morosidad pese a no ser siquiera el 1%. En todo caso, ha celebrado los «poderosos incentivos» que recoge la nueva norma para hacer cumplir los plazos, siendo además «más exigentes» con las grandes.

CONSULTAS EN EL REGISTRO MERCANTIL POR VÍA TELEMÁTICA

Por otro lado, durante la tramitación parlamentaria de la norma, la oposición ha conseguido introducir varios cambios en contra del criterio del Gobierno, la última una enmienda de Esquerra Republicana aprobada en el Pleno para asegurar que el desarrollo reglamentario sobre la factura electrónica cuente con un proceso de escucha por parte de las organizaciones.

Otras enmiendas, de ERC, PDeCAT y Ciudadanos, aprobadas con el voto en contra del PSOE y Unidas Podemos, van dirigidas a asegurar la posibilidad de constituir sociedades a través del CIRCE desde otro Estado miembro, y la habilitación de un servicio remoto de atención al público en cada Registro Mercantil para evacuar consultas vinculantes, incluso a través de videoconferencia, para facilitar la constitución de sociedades de responsabilidad limitada.

 

 

Fuente: CISS Contable Mercantil

En estos tiempos de crisis económica y de falta de efectivo en las tesorerías de las empresas, los proveedores de bienes y servicios deben evitar las técnicas de cash management que implementan sus clientes para alargar los plazos de pago de las facturas. De entrada, cuando hacen operaciones comerciales con un nuevo comprador, los proveedores han de vigilar que en las condiciones de pago que figuran en el contrato no haya alguna estipulación que permita al cliente retrasar los pagos. Muchas veces las cláusulas que facilitan el alargamiento de los plazos de pago reales no son detectadas por el proveedor al firmar el contrato. Las estipulaciones contractuales que permiten al cliente alargar el plazo de pago real de las facturas son las que a continuación se van a señalar: en primer lugar, en las condiciones de pago se fija un día de pago al mes puesto que imponer un día de pago al mes supone alargar en promedio quince días en el pago de las facturas. En segundo lugar, está la estipulación de iniciar cómputo del plazo de pago a fin de mes; por ejemplo, el cliente tiene como condición pagar las facturas a 90 días fin de mes, con esto alarga en promedio quince días el pago de sus facturas. En tercer lugar, hay clientes que combinan estas dos primeras técnicas de alargamiento, por ejemplo, pagar a 90 días fin de mes con una fecha fija de pago el día 25, con lo que alargan el período de pago en 30 días.

El cliente que establece días de pago fijos a los proveedores consigue un efecto alargamiento automático. Vamos a ver cuántos días de alargamiento consigue el cliente en función de los días de pago que tiene establecidos cada mes. El cliente que tiene un solo día de pago al mes en promedio alarga el período de pago de sus facturas en quince días. El comprador que tiene dos días de pago al mes logra alargar el plazo en ocho días. El que tiene tres días de pago al mes consigue un alargamiento medio de cinco días. Y el cliente que paga sus facturas un día a la semana alarga los plazos de pago en tres días.

Asimismo, existen otras técnicas de alargamiento que utilizan los deudores. Por ejemplo, imponer fechas límite para la admisión de las facturas; la primera es admitir la recepción de facturas solo hasta el día diez de cada mes y si una factura llega más tarde no se contabilizará hasta el mes siguiente y además el inicio del cómputo del plazo de pago se hace al final de mes. La segunda, es imponer como fecha fija de pago el día 30 de forma que los vencimientos de febrero pasan automáticamente a 30 de marzo. La tercera, es iniciar el cómputo a partir de la validación y contabilización de la factura o en su defecto llegada a las oficinas. La cuarta, devolver al proveedor las facturas que tengan el más mínimo error. La quinta, devolver facturas emitidas en papel reciclado. La sexta, reclamar todos los litigios bloqueando el pago de las facturas. La séptima, solicitar una serie de requisitos complejos en las facturas; por ejemplo, el número de pedido, el número de identificación del sello de validación puesto por el comprador en el albarán de entrega. La octava, no pagar si no se ha validado la calidad y cantidad mercancía con una clave que debe aparecer en factura. La novena, establecer sistemas burocráticos para retrasar el pago, varias firmas autorizantes. La décima, las oficinas donde se toman decisiones de pago situadas en el extranjero y de difícil comunicación para los proveedores. La undécima, los horarios de atención al proveedor son muy restringidos. La decimotercera, pagar siempre con cheques para ganar mucho float. Y la decimocuarta, enviar pagarés con vencimientos más dilatados que el vencimiento de pago contractual.

Otros puntos importantes para conseguir cobrar antes las facturas se encuentran en la tramitación de los pedidos. Esta debe hacerse en las 24 horas siguientes a su llegada y el sistema debe dar prioridad a los pedidos importantes que deben ser procesados inmediatamente. Asimismo, la aceptación de los pedidos debe ser dinámica y el credit manager debe tener procedimientos automáticos de control de créditos que permitan la inmediata aprobación o denegación de una operación. En ningún caso deben existir retrasos motivados por controles de crédito poco ágiles. En la entrega al comprador de los productos comprados hay que procurar realizar lo antes posible el procesamiento del pedido para que el plazo hasta la entrega física del pedido dure pocos días. Un procedimiento de entrega rápido, sin incidencias ni retrasos facilita el cobro. Por el contrario, cualquier retraso o falta de calidad en las entregas provoca problemas de cobro. La entrega y su fecha exacta deben quedar perfectamente documentadas por medio del albarán que ha de ser sellado y validado por el comprador. Los errores de cantidad o calidad de las mercancías, la falta de eficiencia en el empaquetado y las roturas son causas de devoluciones de género y problemas de cobro. Los envíos deben ser impecables para evitar problemas de cobro por culpa de fallos en el almacén. la mercancía debe estar lista para el envío lo antes posible, dando prioridad a los pedidos de más valor. El albarán es un documento de una importancia vital en las transacciones comerciales ya que demuestra la existencia de una compraventa acreditando la entrega de la mercancía. Su cumplimentación debe ser lo más perfecta posible ya que en caso de errores el cliente puede rechazar el pedido. asimismo, en el momento de redactar la factura se cometerán los mismos errores que figuran en el albarán.

Una vez preparados para el envío los pedidos deben ser entregados al transportista enseguida, evitando demoras de mercancías preparadas en el almacén por deficiencias en el reparto o problemas con las rutas de entrega. La forma de enviar la mercancía y el tiempo que tarda en llegar al cliente son muy importantes para el proceso de cobro. El plazo de pago vendrá dado por la fecha de entrega del producto, puesto que en caso de post-facturación el albarán es imprescindible para la confección de la factura, y en pre-facturación el cliente se negará a aceptar un vencimiento si la fecha de recepción de las mercancías es muy posterior a la fecha de la factura. El sistema de transporte debe ser lo más racional posible y habiendo estudiado a fondo las rutas de entrega para aumentar la rapidez. El transportista debe garantizar la entrega de los envíos a los clientes en los plazos mínimos y evitar que por problemas de rutas existan pedidos que tarden varios días en llegar a su punto de destino. La calidad del servicio debe ser óptima para evitar errores en los repartos, lo que ocasiona problemas de cobro con los clientes. El envío debe llegar al domicilio escogido por el cliente para la recepción de mercancías y en el horario solicitado, por lo que deben evitarse errores en la dirección de entrega y respetar los horarios del comprador. Una vez que el envío ha llegado a su destinatario es fundamental que el albarán sea correctamente validado por el receptor de la mercancía. El albarán es muchas veces el único documento que acredita la existencia de una transacción comercial, por lo que debe ser firmado y sellado por el responsable de recepción de mercancías del cliente.

La factura es un documento emitido por el acreedor que expresa la obligación del pago de una operación de compraventa o de una prestación de servicios. No obstante, la factura es un documento –aunque fundamental en las transacciones– que por sí solo no demuestra la existencia de un crédito –no tiene valor probatorio– por lo tanto, si no existe un albarán que documente la entrega o prestación el deudor siempre se podrá oponer al pago alegando no haber recibido las mercancías o no estar de acuerdo con los importes de la factura. La única solución si no existe albarán es conseguir que el comprador firme la copia de la factura bajo una coletilla que indique conformidad con la cantidad, precio y condiciones de pago. En caso de que el destinatario de la factura la firme y también el emisor, hay que tener en cuenta que se convierte en un buen medio probatorio, ya que la factura es un documento privado al cual la ley y la jurisprudencia han otorgado consideración especial al estimar que en aplicación del art 1125 del Código Civil español si es aceptada y reconocida por su destinatario, adquiere casi igual fuerza y valor probatorio que el de una escritura pública

La factura ha de estar bien confeccionada evitando errores que puedan perjudicar el cobro – o que sirvan de excusa al deudor para no abonarla– y ha de ser enviada lo antes posible al cliente para no retrasar el cobro. La factura es un documento de suma importancia y debe ser emitida con la mayor precisión, claridad y exactitud. Cualquier error en la confección de la factura supone un problema de cobro ya que es un documento que si compromete legalmente al emisor. La factura debe incluir todos los datos que obliga la legislación y asimismo los específicos que solicita el cliente. La factura tiene efectos tributarios al tener un IVA devengado. No hay que olvidar que las ineficiencias en el servicio de facturación son uno de los factores que provocan mayores retrasos en el proceso de cobro. La buena calidad de la facturación es clave para evitar problemas de cobro. En muchas empresas los retrasos a la hora de emitir las facturas son problemas internos de eficiencia; incluso hay empresas que sólo facturan una vez a la semana, o todavía peor, una vez al mes, o con lo que alargan necesariamente el ciclo de cobros.

Un punto muy importante es determinar el vencimiento de la factura, generalmente el plazo de cobro se suele calcular a partir de la fecha de la factura o a veces la fecha de inicio de cómputo puede ser la de entrega de mercancías o incluso la de su embarque. A veces también puede ser la fecha de recepción y validación de mercancías por el cliente o la fecha de recepción de la factura, aunque en estos casos las condiciones son menos favorables para el proveedor ya que escapan a su control y por lo tanto benefician claramente al comprador.

Las empresas deben tener en cuenta que existen muchos aspectos que determinan el vencimiento de las facturas, entre ellos están los siguientes:

  • El plazo de crédito otorgado al cliente.
  • La fecha de cómputo del crédito
  • Las agrupaciones de facturación.
  • Los días fijos de pago que tiene el cliente.

Todos estos factores influyen en la fecha de vencimiento de la factura, por lo que el proveedor debe revisar cada uno de ellos e intentar conseguir las condiciones más favorables. Asimismo, en el momento de acordar las condiciones de pago es necesario determinar con claridad la fijación del plazo de pago concedido al cliente. El plazo de pago debe quedar bien claro en la factura evitando expresiones confusas, ambiguas o que dejan la determinación del vencimiento en manos del cliente. Se deben evitar expresiones indeterminadas como la de: «pago a 60 días», que no especifican a partir de qué fecha se inicia el cómputo del plazo. Para el proveedor el momento en que se pone en marcha el contador puede ser a partir del día de entrega de la mercancía. No obstante, el comprador puede interpretar que es el día de validación del producto por su servicio técnico o el día en que le llega la factura a sus manos.

Siempre hay que evitar expresiones ambiguas o indeterminadas, verbigracia: “contado comercial”, “primer día hábil” «pago por reposición». No hay que aceptar condiciones de clientes que sean cuestionables como la de «día de pago primer viernes de cada mes», puesto que si el primer viernes del mes es festivo el cliente puede retrasar el pago un mes más. Y también hay que eludir condiciones como “pago a 60 días desde la fecha de recepción de factura”, o todavía peor “pago a 60 días desde la fecha de validación del pedido” que son discrecionales y permiten que el cliente retrase el pago muchos más días. Por lo tanto, es recomendable utilizar términos como «pago a 60 días fecha factura” o aún mejor “pago a 60 días fecha recepción de la mercancía» y hacer constar la fecha exacta del vencimiento de pago en la factura, tal y como exige la legislación mercantil.

Como ya hemos visto los días fijos de pago predeterminados por el cliente son otro factor que distorsiona el vencimiento de pago puesto que el cliente no paga el día del vencimiento teórico (una vez que ha transcurrido el plazo de crédito otorgado) sino que lo hace el día que el mismo ha predeterminado y que puede ser muchos días después del vencimiento original. Por este motivo muchos compradores concentran todos sus pagos en uno o dos días cada mes alegando motivos de organización de sus tesorerías, cuando en realidad el motivo es conseguir un plazo adicional de crédito. Por lo tanto, los días fijos de pago son una técnica que utilizan muchos clientes para alargar considerablemente el plazo de pago. Incluso algunas empresas emplean la estratagema de pasar el pedido en unas fechas cercanas al día de pago que han impuesto a sus proveedores, con el propósito de que el vencimiento de pago de la factura correspondiente tenga una fecha mucho más lejana y de esta forma conseguir un aplazamiento extraordinario. Por ejemplo, una empresa pacta con un proveedor un aplazamiento de pago de 60 días, pero impone un solo día de pago; el cinco de cada mes. La empresa compradora le pasa intencionalmente el pedido al proveedor el día 2 de marzo. El suministrador puede hacer la entrega del producto el 7 de marzo y facturar este mismo día. El vencimiento teórico de la factura sería el 7 de mayo, pero como el cliente tiene un día fijo de pago que es el día 5 de cada mes, el proveedor no podrá cobrar la factura hasta el 5 de junio. Con esta argucia el cliente habrá conseguido una financiación extra de 29 días ya que pagará la factura a 89 días.

Siempre que sea posible hay que evitar agrupación de facturas con facturación mensual fin de mes, ya que es otro sistema de atrasar el pago que practican los clientes. Veamos en el siguiente ejemplo el plazo real de pago de una empresa que compra el primer día del mes, con facturación mensual, plazo de pago a 90 días y fecha de pago el día 25 de cada mes:

  • Plazo transcurrido desde la entrega a la facturación: 29 días.
  • Plazo transcurrido desde emisión de la factura hasta finalizar el plazo de crédito otorgado: 90 días.
  • Plazo transcurrido desde finalización del plazo de crédito hasta el pago efectivo: 25 días.
  • El plazo real de pago del cliente en este caso es de 144 días, 54 días más que el teórico de 90 días.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué pasa si el cliente hace el 90% de sus compras los primeros 5 días el mes? Esto se debe considerar como un abuso contra el proveedor, por lo que éste debe exigir ponderación de la fecha de emisión de la factura y no utilizar el 30 de cada mes como fecha de inicio del cómputo.

 

 

Fuente: CISS Contable Mercantil (Pere J. Brachfield Montaña. http://blogcanalprofesional.es)

En ocasiones puede ocurrir que inesperadamente su viaje se demore y se encuentre con un vuelo retrasado o cancelado. Para que sepa cómo actuar le contamos cuáles son sus derechos y qué hacer para solventar los problemas en caso de incidencias de última hora.

En ocasiones puede ocurrir que inesperadamente su viaje se demore y se encuentre con un vuelo retrasado o cancelado. Para que sepas cómo actuar le contamos cuáles son sus derechos y qué hacer para solventar los problemas en caso de incidencias con las que no contaba.

Los derechos de pasajeros están regulados por el Reglamento europeo (CE) 261/2004 que es aplicable a todos los vuelos que:

  • Salen de un Aeropuerto de la Unión Europea, además de Islandia, Noruega y Suiza.
  • Salen de un Aeropuerto en un tercer país y se dirigen a un Aeropuerto de la Unión Europea, además de Islandia, Noruega y Suiza, cuando la compañía aérea sea comunitaria.

Los derechos y reclamaciones descritas a continuación también serán de aplicación a los billetes obtenidos con los programas de puntos quedando excluidos en todo caso los disfrutados a título gratuito o con un precio reducido que no esté directa o indirectamente a disposición del público

Si el retraso se produce en las SALIDAS.

Derecho de Información.

Los pasajeros tienen derecho a la información, para ello la compañía aérea debe entregarles un impreso con los derechos que le asisten. En el caso de que no se le haya entregado, solicítelo a la compañía aérea.

Derecho de atención.

Los pasajeros tienen también el derecho de atención mientras esperan su vuelo, es decir, la aerolínea tiene que ofrecer y proporcionar:

  • Comida y bebida suficiente.
  • Dos llamadas telefónicas o acceso al correo electrónico.
  • Alojamiento en hotel si es necesario pernoctar o si es necesaria una estancia adicional a la prevista por el pasajero.
  • Transporte entre el Aeropuerto y el lugar de alojamiento.

No olvide que, si la compañía no cumple con su obligación de proporcionar de manera gratuita la atención indicada, el pasajero debe guardar los recibos de los gastos en los que haya incurrido para posteriormente reclamarlos.

El derecho de atención en el caso de retraso de un vuelo está condicionado a los siguientes límites temporales en función de la distancia del vuelo:

Derecho de reembolso.

Si el retraso es de cinco horas o más, y el pasajero decide no viajar, tendrá derecho al reembolso en siete días del coste íntegro del billete al precio al que se compró, correspondiente a la parte del viaje no efectuada y a la parte del viaje efectuada si el vuelo ya no tiene razón de ser.

Cuando proceda, le corresponde, además, un vuelo de vuelta al primer punto de partida lo más rápidamente posible.

El reembolso podrá efectuarse en metálico, transferencia bancaria, cheque o bonos de viaje u otros servicios (previo acuerdo firmado por el pasajero)

Si el retraso se produce en las LLEGADAS.

Derecho de compensación.

Cuando el pasajero llegue al destino final tres o más horas después de la hora de llegada inicialmente prevista por la compañía aérea puede tener derecho a una compensación (de acuerdo con lo establecido en la sentencia de fecha 23 de octubre de 2012, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea C-581/10 y C-629/10, salvo que la línea aérea puede demostrar que el retraso ha sido provocado por una circunstancia extraordinaria. Además, debe demostrar que ha hecho todo lo posible para evitar el retraso.

Las compensaciones económicas previstas se establecerán en función de la distancia al destino, siempre que el retraso sea al menos de tres horas o más.

Se consideran como circunstancias extraordinarias los siguientes posibles incidentes:

  • Inestabilidad política en el país de Origen/Destino.
  • Condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo.
  • Riesgos para la seguridad.
  • Deficiencias inesperadas en la seguridad del vuelo.
  • Huelgas que afecten a las operaciones de un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo.

 

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.