¿Cómo? Según las Directrices que la Unión Europea ha establecido para proteger a trabajadores por cuenta propia o ajena, funcionarios y empleados del sector público, así como exempleados y personas que, aunque todavía no hayan comenzado a prestar servicios, conocen irregularidades denunciables.

El próximo 17 de diciembre termina el plazo concedido para aprobar una ley sobre normas y procedimientos de protección de denunciantes de corrupción en todos y cada uno de los estados de la Unión Europea. Esta iniciativa proviene de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019.

Actualmente, según fuentes oficiales, el Ministerio de Justicia trabaja en un proyecto sobre “el reparto competencial en la materia, dadas las múltiples cuestiones transversales a regular. Todo apunta a que, otra vez, llegaremos con los deberes sin hacer.

Sea como fuere, con o sin sanción, a tiempo o fuera de plazo, se avecinan cambios legislativos de calado. En el caso español, habrá que modificar la normativa de protección de datos y algunos artículos del Código Penal, entre otras reformas.

La Directiva 2019/1937 se aplicará a los denunciantes que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral, incluyendo, como mínimo a:

  1. las personas que tengan la condición de trabajadores en el sentido del artículo 45, apartado 1, del TFUE, incluidos los funcionarios;
  2. las personas que tengan la condición de trabajadores no asalariados, en el sentido del artículo 49 del TFUE;
  3. los accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos, así como los voluntarios y los trabajadores en prácticas que perciben o no una remuneración;
  4. cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.
  5. los exempleados que revelen o informen sobre infracciones cometidas durante el periodo de vigencia de su contrato
  6. los denunciantes cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual.

Las empresas con más de 50 empleados tendrán que crear un procedimiento interno para gestionar las denuncias y mantener la confidencialidad de los denunciantes. Las normas también se aplicarán a las administraciones públicas (a municipios de más de diez mil habitantes), que deberán establecer canales de notificación externos e independientes dejando a los denunciantes elegir entre uno u otro de los cauces. La Directiva contempla, además, la posibilidad de revelar la información en los medios de comunicación, en caso, por ejemplo, de no adopción de los procedimientos adecuados tras la notificación, o por peligro manifiesto o daño irreparable para el interés público. También auxilia a quienes sirvan de fuentes a los periodistas de investigación.

Ámbito.

La Directiva se centra en los siguientes temas:

  • Adjudicación de contratos públicos;
  • Servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;
  • Seguridad de los productos;
  • Seguridad de los transportes;
  • Protección ambiental;
  • Seguridad tecnológica nuclear;
  • Seguridad de los alimentos y de los piensos para animales, salud y bienestar de los animales;
  • Sanidad pública;
  • Protección de los consumidores;
  • Protección de la privacidad, de los datos de carácter personal, y seguridad de las redes y sistemas de información.

También se aplicará a las transgresiones relacionadas con normas de competencia de la Unión, a los incumplimientos que dañen los intereses financieros y, en vista de su impacto negativo en el correcto funcionamiento del mercado interior, a las infracciones de las normas o acuerdos del impuesto de sociedades cuyo objetivo sea obtener un beneficio fiscal que supere el considerado por la legislación vigente.

¿Qué empresas están obligadas a implementar un canal de denuncias?

  • Las empresas que tengan 50 trabajadores o más.
  • Las empresas que obtengan un volumen de negocio igual o superior a 10 millones de euros.
  • Todas las que se encuentren en el sector de los servicios financieros y puedan sufrir riesgos relacionados con blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

En el sector público:

  • El Estado.
  • Las administraciones regionales y provinciales.
  • Otras entidades de derecho público.
  • Los municipios de más de 10.000 habitantes.

Plazos.

Si su empresa opera en la UE y emplea a 250 personas o más, tienes hasta el 17 de diciembre para cumplir con el plazo y ponerse al día respecto de las exigencias de la Directiva de Protección al Denunciante. Las organizaciones con 50 a 249 empleados también estarán sujetas a la nueva ley, pero tendrán dos años más para adaptarse y cumplir con los requisitos.

Condiciones para la protección de los denunciantes.

Para gozar de protección, el denunciante deberá tener motivos razonables y demostrar que la información que facilita es verídica. Queda excluido de amparo quien denuncia de forma malintencionada, frívola o abusiva o con información incorrecta o engañosa, quien aporta información que sea disponible para el público y los sujetos que apelen a rumores o habladurías no confirmados y sin prueba alguna.

En caso de denuncias anónimas, el denunciante, posteriormente identificado, que sufra represalias deberá ser protegido.

Confidencialidad.

La tutela de la confidencialidad del whistleblower es vital para la eficacia del nuevo sistema y por ello, entre otras, se prevén las siguientes medidas:

  • La obligatoriedad de canales de denuncia que garanticen la confidencialidad de la identidad del alertador, si este lo desea.
  • La posibilidad de control y seguimiento del estado de la denuncia por parte del alertador, aunque este haya decidido permanecer anónimo.
  • La imposición de acuse de recibo de la empresa u organización en un plazo de siete días a partir de la recepción de la denuncia.

La exigencia de Feedback al alertador dentro de los tres primeros meses después de recibir la denuncia.

Prohibición de represalias.

De acuerdo con la nueva norma, los Estados miembros deberán garantizar que los denunciantes tengan acceso a información y asesoramiento completo, independiente y gratuito sobre los recursos disponibles, así como a asistencia jurídica durante los procedimientos.

Las represalias serán sancionadas con rigor. Y si a pesar de ello, los alertadores las sufren, contarán con los recursos adecuados para protegerse. Por ejemplo y entre otras, dispondrán de medidas provisionales para detener el acoso laboral o evitar el despido y también se beneficiarán de la inversión de la carga de la prueba, de modo que corresponda a la persona que adopta medidas contra un denunciante demostrar que no está tomando represalias contra el acto de denuncia de irregularidades.

Asimismo, se contempla que, durante los procedimientos judiciales, los denunciantes de corrupción puedan recibir soporte financiero y psicológico.

Sanciones económicas.

Si no se llevan a cabo las medidas impuestas por ley para amparar la figura de los whistleblowers, las empresas recibirán sanciones que podrán ser graves o muy graves:

Hasta 50.000 Euros: Sanciones muy graves:

  • Impedir o dificultar el seguimiento de la denuncia.
  • No cumplir con el derecho de confidencialidad del alertador.
  • Practicar cualquier represalia.

Hasta 25.000 Euros: Sanciones graves:

  • No disponer de un canal de denuncia interno.
  • Contar con un canal de denuncias interno sin garantías de confidencialidad.
  • No designar a una persona responsable para la recepción de las denuncias.
  • No revisar periódicamente el procedimiento de denuncia interno.

Todavía está a tiempo de evitar problemas. Aunque la legislación sobre protección al denunciante aún no esté claramente definida en España puede empezar a tomar decisiones:

  1. Instaure un canal seguro para recibir denuncias.
  2. Nombre a un empleado o departamento imparcial para hacer el seguimiento a dichos informes.
  3. Tenga en cuenta que debe proporcionar al denunciante acuse de recibo en un plazo de siete días.
  4. Establezca un registro de cada denuncia, bajo el cumplimiento de la normativa de protección de datos.
  5. Estudie y proporcione al denunciante el feedback correspondiente sobre el seguimiento realizado en los tres meses siguientes a la recepción de la denuncia.

 

Fuente: Fuente: CISS Wolters Kluwers. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

La primera vía para reclamar una deuda consiste simplemente en enviar una comunicación al deudor con una fecha límite de pago. Este requerimiento puede realizarse por cualquier medio, aunque siempre es conveniente utilizar uno fehaciente. Por ejemplo, el burofax

Cuando hemos exigido un pago en reiteradas ocasiones, hemos escuchado ya todas las excusas habidas y por haber y el deudor no reacciona. Tenemos que ponernos manos a la obra. En estos momentos de crisis pandémica el acreedor sin, necesidad de acudir directamente a los tribunales (aunque en algunas ocasiones será la mejor opción), puede realizar varias actuaciones para conseguir cobrar. Entre ellas, reclamar el pago por medio del envío de un burofax.

¿Qué es un burofax?

Es una comunicación postal enviada a través de Correos u otros operadores autorizados, en la que el envío, contenido y entrega (o falta de entrega) a su destinatario son certificados por el expedidor. Utilizando esta modalidad de correos, la comunicación tiene carácter fehaciente, es decir que dicho tercero, en cuanto que operador postal, da fe tanto del envío como de sus circunstancias.

En el caso de que el destinatario se encuentre ausente, el empleado de correos dejará aviso en su buzón. El receptor podrá recoger el envío en el plazo de los 30 días naturales siguientes, identificándose con el aviso de llegada y la documentación pertinente (DNI, poder de empresa…) Si no es retirado tras ninguno de los avisos de servicio, el envío caducará en lista, certificándose por la empresa expedidora, a todos los efectos legales, no haber sido retirado por su destinatario, pese a los avisos.

¿Cuál es la regulación legal del burofax?

La normativa básica de este tipo de requerimientos postales se encuentra, fundamentalmente en los arts. 14 y 33 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales.

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Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas.

En las sociedades los propietarios pueden perder la empresa, pero según el tipo de sociedad de que se trate, los acreedores podrán meter mano en sus bienes personales o en los de sus administradores.

Análisis de la responsabilidad por deudas de la sociedad de administradores y socios según la personalidad jurídica de la empresa.

En las sociedades los propietarios pueden perder la empresa, pero según el tipo de sociedad de que se trate, los acreedores podrán meter mano en sus bienes personales o en los de sus administradores. En los últimos tiempos muchas sociedades anónimas y de responsabilidad limitada se han hundido por culpa de la crisis derivada de la pandemia de la Covid, mientras que sus dueños y accionistas siguen viviendo cómodamente gracias a sus fortunas personales. Ahora bien, los socios de otras sociedades que han quebrado se han encontrado con que las entidades bancarias y los acreedores les han reclamado la deuda generada por la sociedad y presionado para que paguen la deuda de sus patrimonios personales.

De modo que si se trata de sociedades que se declaran en bancarrota habrá que estudiar qué tipo de sociedad es puesto que el régimen de responsabilidades varía mucho en función de la tipología de la sociedad. En las sociedades anónimas y en las sociedades de responsabilidad limitada los socios no responden de las deudas sociales, aunque en algunos casos los administradores legales están sujetos a responsabilidad patrimonial. En cambio, en otras formas de sociedad la responsabilidad de los socios es ilimitada y responden con su patrimonio. Veamos a continuación la responsabilidad patrimonial en función de la forma social de la empresa.

En primer lugar, tenemos las denominadas Sociedades Civiles que son la forma menos compleja de sociedad. La Sociedad Civil es un simple contrato privado de colaboración entre dos o más personas que desean realizar conjuntamente una actividad con ánimo de lucro (no es obligatorio que se haga ante notario, aunque se exige escritura pública para la Sociedad Civil en que se aporten bienes inmuebles o derechos reales inmobiliarios). La Sociedad Civil, se constituye para su intervención en el tráfico mercantil con el fin de obtener beneficios, aportando cada uno de los socios los bienes, dinero o trabajos necesarios. Las Sociedades Civiles se regulan por preceptos del Código Civil español pero las sociedades civiles con forma mercantil se rigen por las normas del Código de Comercio. Durante décadas fueron una forma de sociedad muy extendida dadas las facilidades que existían para su creación, el bajo coste para constituirlas y la simplicidad en su gestión. Ahora bien, en el Estado español desde 2016 las Sociedades Civiles con objeto mercantil, es decir, que realicen una actividad económica, tienen que tributar por el Impuesto de Sociedades, mientras que con anterioridad tenían que hacerlo por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en régimen de atribución de rentas. La responsabilidad de los socios frente a terceros por deudas de la sociedad es mancomunada y subsidiaria, es decir, sólo procederá la reclamación contra ellos cuando previamente se haya reclamado, sin éxito, a la sociedad. Por tanto, la responsabilidad de los socios por deudas frente a terceros es personal e ilimitada, es decir, una vez liquidado el patrimonio de la sociedad, si no llega para cubrir las deudas, responden con sus bienes presentes y futuros. Y lo hacen de forma mancomunada ante todos los deudores que pueda haber.

En segundo lugar, tenemos las Comunidades de Bienes, la forma más sencilla de asociación entre empresarios autónomos con un proyecto común o cuando la propiedad de cualesquiera bienes o derechos pertenecen proindiviso a varias personas. En consecuencia, son una opción recomendable en pequeños negocios que no exijan apenas inversiones y en los que se prefiera optar por una gestión sencilla. No obstante, es una opción poco extendida en el Estado español. En la práctica podemos definir la Comunidad de Bienes (CB) como un acuerdo privado entre varios emprendedores, llamados “socios comuneros”, que mantienen su condición de empresario autónomo, con todo lo que ello supone, y que ostentan la propiedad y titularidad de una cosa, o derecho pro indiviso, por la que obtienen un beneficio o esperan obtenerlo a través de una actividad empresarial. En la Comunidad de Bienes no es necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, ni aportar un capital mínimo para iniciar la actividad, como ahora veremos. Por lo general se formaliza la constitución con un contrato privado. Los socios comuneros tributan mediante el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La Comunidad de Bienes carece de personalidad jurídica propia. Se rige por el Código de Comercio en materia mercantil y por el Código Civil en cuanto a derechos y obligaciones. Ahora bien, la comunidad de bienes carece de personalidad jurídica propia, lo que significa que la responsabilidad de los socios comuneros por deudas contraídas por dicha comunidad frente a terceros es ilimitada y solidaria, es decir, responderán los comuneros con sus bienes presentes y futuros y se respaldan unos a otros.

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Fuente: CISS Contable Mercantil

Entrada original publicada en perebrachfield.com

Los Colegios trabajarán con Competencia para evitar transgresiones legales.

La Abogacía se prepara para afrontar un proceso autorregulatorio del establecimiento de un sistema que reconozca y acredite especialidades en el ejercicio profesional, convirtiéndoles este asunto en la prioridad en los servicios colegiales.

Tanto la formación continua como la especialización en la abogacía son consideradas por el nuevo Estatuto de la Abogacía como una exigencia activa durante toda la trayectoria profesional.

María Dolores Lozano Ortiz, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa), considera que «la idea del abogado generalista ha muerto. La gran cantidad de información sobre las distintas áreas del derecho hace imprescindible la especialización».

Lozano compara la especialización en Derecho con la que existe en la Medicina, apuntando que «deberíamos abordar la especialización de las ramas del Derecho como en la Medicina, para beneficio de la profesión y de la ciudadanía».

El debate está servido, entre quienes son partidarios de que se exija una especialización para las especializaciones en Derecho de las materias más complicadas, de una parte y de otra, entre la persistencia del abogado multifuncional frente al reconocimiento oficial de las especializaciones, tal y como ha quedado patente en las VIII Jornadas de Juntas de Gobierno de la Abogacía, que estos días se han venido celebrado en Bilbao, con asistencia de más de 800 profesionales.

Con esta autorregulación, los Colegios de abogados pretenden que se avance en las garantías de libre mercado y competencia al ofertar servicios de mayor calidad para la protección de los derechos de la ciudadanía, evitando el fraude.

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Fuente: El Economista

El Consejo de Ministros ha aprobado el Informe del Anteproyecto de Ley Crea y Crece, una norma cuyo objetivo es impulsar la creación de empresas y fomentar su expansión a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la lucha contra la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial.

Esta Ley es una de las reformas del Plan de Recuperación (Impulso a la pequeña y mediana empresa), destinadas a mejorar las condiciones para el desarrollo pleno de la actividad empresarial y reducir los eventuales incentivos a crear empresas en otros países.

Agilizar la creación de empresas.

Con esta ley, el proceso para crear una empresa reducirá el coste y el tiempo necesario para completarlo.

La medida más destacada para impulsar la creación de empresas es la posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de tan solo un euro, eliminándose el mínimo legal de 3.000 euros. La regulación propuesta incluye ciertas salvaguardas para los acreedores y configura un régimen más flexible que el actual régimen de formación sucesiva, que se elimina.

Esta medida supondrá una reducción en el coste de creación de empresas, lo que promoverá la creación de nuevos negocios, permitirá emplear los recursos liberados en usos alternativos, alineando la normativa española con la de los países con regímenes más favorables para el emprendimiento.

Asimismo, en el marco del impulso a la digitalización, se promueve la creación de empresas de forma telemática a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), lo que permitirá reducir los tiempos de constitución y los costes registrales y notariales.

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Fuente: ELDERECHO.COM

Cuenta atrás para crear una sociedad ‘online’: basta una videollamada y la firma electrónica.

A falta de que España trasponga la Directiva sobre procesos digitales, el Notariado ha presentado los instrumentos técnicos para hacer posible la constitución íntegramente en línea de una mercantil.

Solo será necesario contar con firma electrónica y un dispositivo desde el que poder efectuar una videollamada. La posibilidad de crear en España una sociedad a través de un procedimiento íntegramente ‘online’ está más cerca. De hecho, ya existe la infraestructura técnica, solo falta que el Gobierno y el parlamento impulsen la transposición de la Directiva 2019/1151, sobre utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del derecho de sociedades.

La incorporación de la norma a nuestro ordenamiento debería realizarse antes del próximo 1 de agosto, pero en nuestro país el proceso legislativo va con cierto retraso, por lo que se hará uso de la prórroga que concede la propia norma. La encomienda de la directiva europea es clara. «A fin de facilitar la constitución de sociedades y el registro de sucursales, y de reducir los costes, el tiempo y las cargas administrativas asociados a tales procesos, en particular para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (…), deben establecerse procedimientos para permitir la constitución de sociedades y el registro de sucursales íntegramente en línea», señala en su considerando 8. El objetivo es fomentar la competitividad de las empresas, especialmente de las pymes, así como favorecer el funcionamiento del mercado interior comunitario.

A pesar de que la Ley del Procedimiento Administrativo Común (LPCA) de 2015 sirvió para dar un importante paso al frente en la tramitación telemática ante las administraciones públicas, en lo que respecta a la constitución de sociedades, la presencia física ante notario seguía resultando imprescindible para la autenticación de la identidad y la firma de la escritura. Este trámite, a partir de la entrada en vigor de la ley que habilite el nuevo procedimiento, se hará a través de una videollamada —aún más normalizadas, si cabe, tras la pandemia—.

El procedimiento se articula, según explican desde el Consejo General del Notariado (CGN) en seis pasos. En el primero de ellos, el futuro empresario deberá identificarse ante el notario con su DNI electrónico. A partir de ese momento, ya por videoconferencia, el fedatario público comprobará la veracidad de la identidad del socio fundador de la sociedad, y le asesorará en la adaptación del contenido de las escrituras a sus necesidades.

Asimismo, examinará digitalmente que se ha producido la aportación de capital que requiere la correspondiente sociedad de acuerdo con la ley y, tras ello, revisará que todos los detalles del documento son correctos. Tras este paso, el emprendedor procederá a la firma electrónica de la escritura pública.

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Fuente: El Confidencial

Se incorpora a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos.

Ya anunciamos con fecha 7 de diciembre de 2020 que esto se iba a producir. Escribimos un artículo titulado: “Cuidado con los programas de contabilidad según el Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal”.

Pues bien, todo lo que dijimos allí se ha cumplido mediante la aprobación de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

Pues el Artículo decimotercero. Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el punto cuatro, se añade una nueva letra j) en el apartado 2 del artículo 29, que queda redactada de la siguiente forma «j) La obligación, por parte de los productores, comercializadores y usuarios, de que los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, garanticen la integridad, conservación, accesibilidad, legibilidad, trazabilidad e inalterabilidad de los registros, sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos. Reglamentariamente se podrán establecer especificaciones técnicas que deban reunir dichos sistemas y programas, así como la obligación de que los mismos estén debidamente certificados y utilicen formatos estándar para su legibilidad.»

La norma entró en vigor el día 11/7/2021.

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Fuente: CISS Contable Mercantil

El Boletín Oficial del Estado ha publicado las Órdenes por las que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales (normales y consolidadas) para los sujetos obligados.

Haciendo uso de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprobaron los modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales y de la Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se modificaron a su vez los Anexos I, II y III de la citada Orden, el Ministerio de Justicia ha incluido en la Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, publicada en el Boletín Oficial del Estado del del pasado 26 de julio, tres novedades con relación a los modelos en vigor.

LA PRIMERA de ellas es la inclusión, en la instancia de presentación de los modelos de depósito de cuentas, de la fecha de emisión del informe de auditoría, indicación del tipo de auditoría -voluntaria u obligatoria- realizada y el número de ROAC del auditor o sociedad de auditoría que ha emitido el informe, contemplando a su vez la posibilidad de intervención de más de un auditor o entidad auditora

EL SEGUNDO punto nuevo de los señalados se refiere a la información no financiera.

Un aspecto muy importante de la documentación de las cuentas anuales en el modelo actualmente vigente es el relativo a la información no financiera de las sociedades obligadas a su presentación tras la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. Tenga en cuenta que:

a) El artículo 262.5 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, se refiere a esta obligación apuntando la posibilidad de incluirlo en el informe de gestión o bien elaborarlo por separado.

b) El artículo 49.6 del Código de Comercio es indiciario de la importancia y, a la vez, independencia del informe de gestión, al establecer la obligación de que dicho informe sobre información no financiera sea presentado como punto separado del orden del día para su aprobación en la junta general de accionistas de las sociedades.

c) En la misma línea de resaltar su autonomía e independencia del informe de gestión propiamente dicho, el apartado 9 del mismo artículo 49 contempla, con referencia concreta al estado de información no financiera, la puesta a disposición del público de forma gratuita y fácilmente accesible en el sitio web de la sociedad dentro de los seis meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero y por un período de cinco años.

Así, el contenido específico del mismo, distinto del informe de gestión, y la expresa diferencia de consideración jurídica, que implican y resaltan su singularidad, justifican su posible tratamiento como documento independiente. La información no financiera forma parte del informe de gestión, pero su especificidad fundamenta la posibilidad, como se contempla expresamente, de separarlo del mismo, a modo de anexo, sin que deba tener la consideración de documento independiente del informe de gestión.

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Fuente: CISS Contable Mercantil

El régimen fiscal favorable de las sicav estará vinculado no solo a que haya al menos 100 socios como hasta ahora, sino a que cada uno de ellos tenga acciones por valor de al menos 2.500 euros, lo que evitará que el cupo se complete con los denominados «mariachis» o socios con participaciones irrelevantes.

El Boletín Oficial del Estado, del pasado 10 de julio, ha publicado la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal después de haber culminado con éxito su tramitación parlamentaria. La aprobación de esta nueva Ley se enmarca en la estrategia del Gobierno para modernizar el sistema tributario español y adaptarlo a los retos del siglo XXI.

En lo que respecta a las sociedades de inversión de capital variable (sicav), el gobierno señala que, a partir del 1 de enero de 2022, se reforzará su control mediante un requisito de inversión mínima de 2.500 euros, o de 12.500 euros en el caso de una sociedad por compartimentos, para los socios que, como mínimo, tienen que ser 100.

Este número mínimo de accionistas ha de permanecer al menos las tres cuartas partes del período impositivo.

Realmente sabe ¿lo qué es una SICAV?

Una SICAV es un tipo de Sociedad Anónima que se rige por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y que se crea con el objetivo de gestionar la adquisición o compra, custodia, disfrute, administración, y venta de valores mobiliarios (acciones…), o cualquier otro activo financiero.

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Fuente: CISS Contable Mercantil

Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante. BOJA 125/2021, 1 Julio 2021.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente:

 

LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA Y PROTECCIÓN DE LA PERSONA DENUNCIANTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
El fraude y la corrupción constituyen una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, y es que se trata de un problema de especial gravedad, pues no tiene consecuencias únicamente sobre la eficiencia de las administraciones públicas ni supone, simplemente, un perjuicio económico a las arcas públicas. Es un problema sistémico que afecta al corazón de la democracia y que exige la adopción de medidas efectivas de regeneración pública.

En los últimos años, los sucesos de fraude y corrupción empresarial, institucional y política en la Comunidad Autónoma de Andalucía han generado no sólo el rechazo de parte de la ciudadanía, sino que también han contribuido al desprestigio de nuestras instituciones.

El uso clientelar que, en ocasiones, se ha hecho de los fondos públicos ha producido la percepción de que la corrupción goza de cierta impunidad o no se persigue con el ahínco que debiera. Del mismo modo, una parte importante de la ciudadanía tiene la impresión de que el principio de igualdad ante la ley que establece la Constitución española no es respetado en la práctica.

Una democracia fuerte y sana exige instituciones limpias y políticos fuera de toda sospecha. La actividad pública no es una actividad cualquiera, debe llevar aparejada una exigencia de integridad y proceder ético singular.

Uno de los pilares fundamentales para la lucha contra el fraude y la corrupción es la implementación de políticas efectivas que promuevan la participación de la sociedad y afiancen el principio de legalidad del Estado de derecho, así como el principio de responsabilidad, tanto política como administrativa. En este sentido ha de destacarse la importancia de que todas aquellas personas que, por razón del puesto de trabajo que desempeñen, tengan conocimiento de conductas susceptibles de ser consideradas como fraudulentas, puedan denunciar las mismas conforme al procedimiento previsto en la presente Ley.

Desde 1996, la preocupación por la creciente corrupción, también en el ámbito internacional, dio lugar al inicio de acuerdos de acción conjunta. En el preámbulo del Convenio Civil sobre la Corrupción (número 174 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 4 de noviembre de 1999 y ratificado por España mediante instrumento de 1 de diciembre de 2009, se reconoce que la corrupción «constituye una grave amenaza para la primacía del Derecho, la democracia y los derechos humanos, la equidad y la justicia social, que obstaculiza el desarrollo económico y pone en peligro el funcionamiento correcto y leal de las economías de mercado». En similares términos se expresan los preámbulos del Convenio Penal sobre la Corrupción (número 173 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999 y ratificado por España por instrumento de 26 de enero de 2010, y de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003 y ratificada por España mediante instrumento de 9 de junio de 2006. Asimismo, debe mencionarse que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con fecha 25 de septiembre de 2015, figura como una de las metas del objetivo 16 la reducción sustancial de la corrupción y el soborno.

Sin perjuicio de las funciones atribuidas a otras instituciones y órganos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de fraude y corrupción, como la Cámara de Cuentas de Andalucía, la Intervención General de la Junta de Andalucía o la Inspección General de Servicios, mediante la presente ley se procede a la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, como un instrumento específico de prevención, investigación y combate del fraude y la corrupción, y también para proteger a las personas denunciantes. Su finalidad primordial es fortalecer la actuación de las instituciones públicas para evitar que se produzca un deterioro moral y un empobrecimiento económico que redunde en perjuicio de la ciudadanía. La propia Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 6, dispone que «cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción», otorgándoles «la independencia necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia debida» y proporcionándoles «los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones».

Asimismo, con su creación se profundiza en los parámetros establecidos por la Unión Europea en la lucha contra el fraude, recogidos en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que impone a la Unión y a los Estados miembros la obligación de combatir el fraude y cualesquiera actividades ilegales que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea, mediante medidas que deberán tener un efecto disuasorio y ser capaces de ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión.

La creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción va a reforzar, igualmente, la profesionalidad e independencia de las personas que presten sus servicios en las administraciones públicas, entidades, organismos, etc., sometidas al ámbito de aplicación de la Ley. A tal fin, resulta fundamental proteger a las personas denunciantes a través de medidas que generen confianza en la tramitación de las denuncias ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, en especial cuando esas personas presten servicios en el sector público andaluz, tal y como se define en la presente ley; en las instituciones y órganos previstos en el Título IV del Estatuto de Autonomía para Andalucía; en aquellas otras entidades públicas que tengan la consideración de Administración institucional de la Junta de Andalucía, conforme a lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía; en las entidades integrantes de la Administración local de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como en las universidades públicas andaluzas, ya que estas personas pudieran mostrarse reticentes a denunciar este tipo de prácticas por miedo a represalias.

El régimen de protección de las personas denunciantes ya se ha previsto en diferentes instrumentos normativos de la Unión Europea, pudiendo referenciarse la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Atajar el fraude y la corrupción es posible, sólo se requiere voluntad y responsabilidad política a efectos de que el conjunto del modelo institucional y social asuma como elemento estructural la integridad y la ética pública, contribuyendo de este modo a una mejor gobernanza y a un mejor servicio a los intereses generales y a las demandas sociales. Y para ello no resultan tampoco suficientes las medidas únicamente represoras, que se limitan a combatir las prácticas de corrupción mediante la previsión del castigo al delito o a la infracción administrativa, sino que es necesaria la construcción de una nueva cultura de la gestión pública y de relación con el sector público basada en la integridad.

A tenor de lo expuesto, mediante la presente ley se establecen medios de prevención y control del fraude y de la corrupción, todo lo cual contribuirá a disuadir la realización de prácticas corruptas. Asimismo, se fomenta el cumplimiento de los deberes legales de los empleados públicos y se impulsa la aplicación de buenas prácticas en la gestión pública, con la finalidad última de desterrar, en la medida de lo posible, la corrupción.

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Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas de España.