El régimen fiscal favorable de las sicav estará vinculado no solo a que haya al menos 100 socios como hasta ahora, sino a que cada uno de ellos tenga acciones por valor de al menos 2.500 euros, lo que evitará que el cupo se complete con los denominados “mariachis” o socios con participaciones irrelevantes.

El Boletín Oficial del Estado, del pasado 10 de julio, ha publicado la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal después de haber culminado con éxito su tramitación parlamentaria. La aprobación de esta nueva Ley se enmarca en la estrategia del Gobierno para modernizar el sistema tributario español y adaptarlo a los retos del siglo XXI.

En lo que respecta a las sociedades de inversión de capital variable (sicav), el gobierno señala que, a partir del 1 de enero de 2022, se reforzará su control mediante un requisito de inversión mínima de 2.500 euros, o de 12.500 euros en el caso de una sociedad por compartimentos, para los socios que, como mínimo, tienen que ser 100.

Este número mínimo de accionistas ha de permanecer al menos las tres cuartas partes del período impositivo.

Realmente sabe ¿lo qué es una SICAV?

Una SICAV es un tipo de Sociedad Anónima que se rige por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, y que se crea con el objetivo de gestionar la adquisición o compra, custodia, disfrute, administración, y venta de valores mobiliarios (acciones…), o cualquier otro activo financiero.

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Fuente: CISS Contable Mercantil

Ley 2/2021, de 18 de junio, de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante. BOJA 125/2021, 1 Julio 2021.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:

Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente:

 

LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN EN ANDALUCÍA Y PROTECCIÓN DE LA PERSONA DENUNCIANTE EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I
El fraude y la corrupción constituyen una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, y es que se trata de un problema de especial gravedad, pues no tiene consecuencias únicamente sobre la eficiencia de las administraciones públicas ni supone, simplemente, un perjuicio económico a las arcas públicas. Es un problema sistémico que afecta al corazón de la democracia y que exige la adopción de medidas efectivas de regeneración pública.

En los últimos años, los sucesos de fraude y corrupción empresarial, institucional y política en la Comunidad Autónoma de Andalucía han generado no sólo el rechazo de parte de la ciudadanía, sino que también han contribuido al desprestigio de nuestras instituciones.

El uso clientelar que, en ocasiones, se ha hecho de los fondos públicos ha producido la percepción de que la corrupción goza de cierta impunidad o no se persigue con el ahínco que debiera. Del mismo modo, una parte importante de la ciudadanía tiene la impresión de que el principio de igualdad ante la ley que establece la Constitución española no es respetado en la práctica.

Una democracia fuerte y sana exige instituciones limpias y políticos fuera de toda sospecha. La actividad pública no es una actividad cualquiera, debe llevar aparejada una exigencia de integridad y proceder ético singular.

Uno de los pilares fundamentales para la lucha contra el fraude y la corrupción es la implementación de políticas efectivas que promuevan la participación de la sociedad y afiancen el principio de legalidad del Estado de derecho, así como el principio de responsabilidad, tanto política como administrativa. En este sentido ha de destacarse la importancia de que todas aquellas personas que, por razón del puesto de trabajo que desempeñen, tengan conocimiento de conductas susceptibles de ser consideradas como fraudulentas, puedan denunciar las mismas conforme al procedimiento previsto en la presente Ley.

Desde 1996, la preocupación por la creciente corrupción, también en el ámbito internacional, dio lugar al inicio de acuerdos de acción conjunta. En el preámbulo del Convenio Civil sobre la Corrupción (número 174 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 4 de noviembre de 1999 y ratificado por España mediante instrumento de 1 de diciembre de 2009, se reconoce que la corrupción «constituye una grave amenaza para la primacía del Derecho, la democracia y los derechos humanos, la equidad y la justicia social, que obstaculiza el desarrollo económico y pone en peligro el funcionamiento correcto y leal de las economías de mercado». En similares términos se expresan los preámbulos del Convenio Penal sobre la Corrupción (número 173 del Consejo de Europa), hecho en Estrasburgo el 27 de enero de 1999 y ratificado por España por instrumento de 26 de enero de 2010, y de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003 y ratificada por España mediante instrumento de 9 de junio de 2006. Asimismo, debe mencionarse que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, impulsados por la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con fecha 25 de septiembre de 2015, figura como una de las metas del objetivo 16 la reducción sustancial de la corrupción y el soborno.

Sin perjuicio de las funciones atribuidas a otras instituciones y órganos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de fraude y corrupción, como la Cámara de Cuentas de Andalucía, la Intervención General de la Junta de Andalucía o la Inspección General de Servicios, mediante la presente ley se procede a la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, como un instrumento específico de prevención, investigación y combate del fraude y la corrupción, y también para proteger a las personas denunciantes. Su finalidad primordial es fortalecer la actuación de las instituciones públicas para evitar que se produzca un deterioro moral y un empobrecimiento económico que redunde en perjuicio de la ciudadanía. La propia Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 6, dispone que «cada Estado parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, garantizará la existencia de un órgano u órganos, según proceda, encargados de prevenir la corrupción», otorgándoles «la independencia necesaria, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, para que puedan desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin ninguna influencia debida» y proporcionándoles «los recursos materiales y el personal especializado que sean necesarios, así como la capacitación que dicho personal pueda requerir para el desempeño de sus funciones».

Asimismo, con su creación se profundiza en los parámetros establecidos por la Unión Europea en la lucha contra el fraude, recogidos en el artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que impone a la Unión y a los Estados miembros la obligación de combatir el fraude y cualesquiera actividades ilegales que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea, mediante medidas que deberán tener un efecto disuasorio y ser capaces de ofrecer una protección eficaz en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión.

La creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción va a reforzar, igualmente, la profesionalidad e independencia de las personas que presten sus servicios en las administraciones públicas, entidades, organismos, etc., sometidas al ámbito de aplicación de la Ley. A tal fin, resulta fundamental proteger a las personas denunciantes a través de medidas que generen confianza en la tramitación de las denuncias ante la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, en especial cuando esas personas presten servicios en el sector público andaluz, tal y como se define en la presente ley; en las instituciones y órganos previstos en el Título IV del Estatuto de Autonomía para Andalucía; en aquellas otras entidades públicas que tengan la consideración de Administración institucional de la Junta de Andalucía, conforme a lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía; en las entidades integrantes de la Administración local de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como en las universidades públicas andaluzas, ya que estas personas pudieran mostrarse reticentes a denunciar este tipo de prácticas por miedo a represalias.

El régimen de protección de las personas denunciantes ya se ha previsto en diferentes instrumentos normativos de la Unión Europea, pudiendo referenciarse la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Atajar el fraude y la corrupción es posible, sólo se requiere voluntad y responsabilidad política a efectos de que el conjunto del modelo institucional y social asuma como elemento estructural la integridad y la ética pública, contribuyendo de este modo a una mejor gobernanza y a un mejor servicio a los intereses generales y a las demandas sociales. Y para ello no resultan tampoco suficientes las medidas únicamente represoras, que se limitan a combatir las prácticas de corrupción mediante la previsión del castigo al delito o a la infracción administrativa, sino que es necesaria la construcción de una nueva cultura de la gestión pública y de relación con el sector público basada en la integridad.

A tenor de lo expuesto, mediante la presente ley se establecen medios de prevención y control del fraude y de la corrupción, todo lo cual contribuirá a disuadir la realización de prácticas corruptas. Asimismo, se fomenta el cumplimiento de los deberes legales de los empleados públicos y se impulsa la aplicación de buenas prácticas en la gestión pública, con la finalidad última de desterrar, en la medida de lo posible, la corrupción.

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Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas de España.

El Consejo de Ministros ha aprobado el informe sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica que regula el acceso y uso por parte de las autoridades competentes de información financiera y de otro tipo de utilidad para la prevención, detección investigación y enjuiciamiento de las infracciones penales.

El objetivo del Anteproyecto es incorporar a la legislación española la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, que establece una serie de normas para facilitar el uso de información financiera y de otro tipo en la persecución de los comportamientos delictivos y ampliar el acceso de las autoridades competentes a los registros centralizados de cuentas bancarias y de pagos cuando sea indispensable para alcanzar el éxito de una investigación penal acerca de un delito grave.

Con esa directiva como base, el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros regula:

• el acceso directo e inmediato a los datos de los registros centralizados de cuentas bancarias y de pagos, que en España se denomina Fichero de Titularidades Financieras.

• establece medidas destinadas a facilitar la información y los análisis financieros de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), que en España le corresponde al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

En ambos casos, el conocimiento de los datos financieros se realizará exclusivamente en el marco de la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de delitos graves, y con pleno respeto a los derechos fundamentales y a la legislación de protección de datos personales.

¿Quién puede acceder?

El anteproyecto precisa que las autoridades competentes para acceder y consultar el Fichero de Titularidades Financieras son:

• el Ministerio Fiscal;

• las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado;

• las policías autonómicas con competencias estatutariamente asumidas para la investigación de delitos graves;

• la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) del Ministerio de Justicia, y

• la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Para el conocimiento de los informes de las Unidades de Inteligencia Financiera, también se considerarán como autoridades competentes a:

• los jueces y tribunales del orden jurisdiccional penal;

• el Ministerio Fiscal;

• la Agencia Estatal de Administración Tributaria y

• la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.

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Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas de España.

La directiva europea no permite utilizar estas fórmulas para cubrir situaciones permanentes y duraderas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado contra la normativa española que permite la renovación continua de contratos temporales en el sector público a la espera de procesos de selección, a la vez que prohíbe que esos trabajadores pasen a ser considerados como indefinidos no fijos. La justicia europea analiza el caso que le plantea el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, relativo a una trabajadora que encadenó contratos de duración determinada en el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (Imidra) desde 2003 hasta 2016, cuando su plaza fue adjudicada a un trabajador fijo tras un proceso extraordinario de consolidación de empleo.

La sala, en definitiva, argumenta que la renovación de contratos temporales para atender “necesidades que en realidad no tienen carácter temporal, sino al contrario, permanente y duradero”, no está justificada por la directiva europea.

A su vez, explica que la normativa comunitaria debe interpretarse en el sentido de que consideraciones puramente económicas, relacionadas con la crisis económica de 2008, no pueden justificar que el Derecho nacional no cuente con medidas destinadas a prevenir y sancionar la utilización sucesiva de contratos de trabajo de duración determinada.

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Fuente: Cinco Días

El incremento tributario afectaría por los pactos sucesorios y el valor de referencia.
Figuras fiscales como Patrimonio, IRPF, plusvalías o Sucesiones, entre las perjudicadas.

Poco a poco se va desgranando la letra pequeña del Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, y en una de sus lecturas se comprueba que la nueva normativa acabará gravando al menos seis impuestos estatales y autonómicos, en función de su correspondencia a las modificaciones que se recogen en los pactos sucesorios y, también por el cambio estipulado en el valor de referencia de los bienes que se transmiten, compran y venden y, se donan o se puedan heredar.

En sí, el proyecto de ley ataca directamente al Impuesto por la Renta de las Personas Físicas (IRPF), a las plusvalías, Patrimonio, Sucesiones, Donaciones, Transmisiones Patrimoniales, sin descontar otros impuestos, pues en el fondo acaba afectando a toda la tributación.

En el caso de los pactos sucesorios -prebenda del derecho civil de CCAA como Galicia, Cataluña y Baleares, que permite heredar en vida del donante, con una tributación mínima-, el menoscabo tiene lugar en el pago del IRPF, que será igual que si lo hiciera el donante, tributando con la plusvalía actual, y no la de el momento en el que adquirió ese bien. Antes, con el pacto sucesorio, la transmisión de los derechos a Hacienda se hacían por el valor que se compró.

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Fuente: El Economista

Modificación de la Ley de Sociedades de Capital y otras normas financieras (Ley 5/2021, de 12 de abril)

Entrará en vigor a los 20 días desde su publicación en el BOE. Sin embargo, determinadas disposiciones tendrán un plazo de adaptación más dilatado: junio, julio, noviembre e incluso más allá del 2021.

La Ley 5/2021 de 12 de abril tiene por objeto transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas y desarrollar otras mejoras normativas en materia de gobierno corporativo y de funcionamiento de los mercados de capitales.

La implicación efectiva y sostenible de los accionistas es una de las piedras angulares del modelo de gobierno corporativo de las sociedades cotizadas y constituye la vía adecuada para contribuir a mejorar su rendimiento financiero y no financiero, esto es, también en lo que se refiere a factores medioambientales, sociales y de gestión.

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BOE nº 88 – Ley 5/2021, de 12 de abril

 

Información: CISS Contable Mercantil