El número de ocupados crece en 278.000 personas, pero el paro sube al 12,87%.
Las alertas se encienden con la destrucción de puestos de trabajo de alto valor añadido.

El brío que fue mostrando la evolución del mercado laboral durante buena parte del pasado 2022, tras la puesta en marcha de la reforma laboral, presentó síntomas de agotamiento en los tres últimos meses del ejercicio.

De esta manera, la inflación, que en los meses del verano pasado registró máximos en varias décadas con niveles superiores al 10%, ha torcido el brazo a la fortaleza del mercado laboral español.

En el conjunto del año, el balance es positivo, si bien la trayectoria ha ido de más a menos. España generó 278.900 empleos en 2022, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, entre septiembre y diciembre se destruyeron 87.900 empleos, frente a la creación de 153.900 en el mismo periodo de 2021 y el avance de 77.000 entre junio y septiembre.

Hay que remontarse, de hecho, a 2013, cuando España aún peleaba por salir de la crisis financiera, para encontrar un cierre de año tan negativo para el empleo. La inflación ya hizo mella en las cifras del tercer trimestre (tanto en términos de PIB como de empleo) y los temores se han confirmado en el cuarto. Así, el ritmo de creación de empleo ha agudizado la ralentización que empezó a mediados de año, coincidiendo con el pico de inflación. Ha pasado del 4,05% (en 12 meses) del segundo trimestre al 2,57% en el tercero y un 1,38% en el cuarto.

La tasa de paro queda, así, en el 12,87% frente al 12,67% del trimestre anterior y el 13,33% con el que terminó 2021, y el número de parados vuelve a quedar por encima de los tres millones, en concreto en 3,024 millones de personas. En 12 meses, con todo, el balance vuelve a ser positivo, con una reducción anual de 79.900 personas. La diferencia entre la bajada del paro y el alza del empleo obedece a que en 2022, un total de 199.000 personas se incorporaron al mercado laboral. La tasa de actividad está en el 58,52% a cierre de año, ligeramente por debajo del 58,65% al cierre de 2021.

Debido a la elevada factura que supone la inflación para los hogares, el mal dato ha estado asociado a partidas íntimamente ligadas al consumo y lógicamente ello ha tenido repercusión en los empleos de sectores ligados a este consumo.

Así, se han destruido 277.000 empleos en hostelería, restaurantes y servicios de alojamiento, que pese al alivio que supuso el levantamiento pleno de las restricciones a las que se vio sometido el sector durante la pandemia, se ha delatado insuficiente para consolidar la recuperación de este sector, cuyo dato es prácticamente igual al del cuarto trimestre de 2021 (periodo comparable dada la estacionalidad de muchas actividades). Y en el comercio, ligado a la campaña navideña, el balance mejora al de finales de 2021.

La campaña agrícola, de hecho, ha castigado más el empleo, al crear 120.000 empleos menos que el ejercicio pasado. Detrás de esta tendencia se encuentran los efectos nocivos que la sequía ha ejercido durante buena parte del año sobre la producción del sector, al tiempo que los efectos derivados del encarecimiento de la energía y los carburantes ha reducido la rentabilidad de estas actividades, cuya principal consecuencia ha sido una menor contratación.Sin este impacto, el empleo habría subido.

Las señales que da el mercado laboral tampoco son positivas. Las empresas están recortando empleo en puestos de alto valor añadido, lo que sugiere un parón inversor. La industria pasa de crear 41.600 empleos el año pasado a perder 3.600, la construcción pierde 21.600 puestos de trabajo.

Se destruye empleo en categorías de valor añadido como comunicaciones, informática y farmacia, y en actividades profesionales España pasa de crear 36.900 empleos en 2021 a destruir 32.100. Derecho, consultoría, investigación también arrojan saldos negativos. En todo caso, hoy el INE tendrá que confirmar estas tendencias en consumo e inversión. Por otro lado, el empleo crece en 20.000 personas en el sector público, pero baja en 101.900 en el privado.

Los datos del trimestre arrojan también una clara distribución por grupos poblacionales: crece el empleo entre las mujeres y los extranjeros (55.000 ocupados más en cada caso) y baja en hombres y españoles (pérdida de 137.000 en ambas categorías). Por edad, la destrucción de empleo se ha concentrado totalmente en los más jóvenes: en las personas de más de 24 años el empleo crece. En paralelo, la reforma de la normativa laboral sigue mejorando la estabilidad en el trabajo, que ha sido su mayor aportación. En el último trimestre, el empleo a tiempo completo crece en 366.100 personas, bajando en 397.800 los temporales.

La tasa de temporalidad baja al 17,93%. El balance en el año es aún más llamativo, con 1,6 millones de contratos fijos más que a cierre de 2021 y un descenso de 1,19 millones en los contratos temporales. La campaña navideña se ha dejado notar en el trimestre, con el aumento del empleo a tiempo parcial (241.500 personas más) a costa del tiempo completo (159.600 menos). En el balance del año, no obstante, ha crecido el empleo a jornada completa (235.200 personas más, con descenso de 43.700 en los temporales).

Más hogares en paro.

Otro de los datos que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) y que ejerce un valor de barómetro tanto de la evolución de la economía como del mercado de trabajo, es el de la evolución y situación de los hogares españoles y la situación en la que se encuentran sus integrantes.

El dato pone de relieve como el último trimestre de 2022 fue peor que los dos anteriores, lo que enfatiza como tras los buenos registros tras la aplicación de la reforma laboral. El número de hogares con todos sus integrantes en paro cerraron 2022 en 1,047 millones, tras el aumento de 70.100 frente al tercer trimestre, lo que supone un incremento del 7,17%. Frente al mismo trimestre de 2021, el aumento fue de 23.600 hogares.

Por el contrario, los hogares en los que todos los integrantes tienen un puesto de trabajo se incrementaron en 183.300, lo que supuso el 1,66% más, hasta totalizar 11,255 millones. Aquellos con al menos un integrante activo, aumentaron en el conjunto del año en 119.700, el 0,87%, para cerrar el año en 13,846 millones.

Aquellos domicilios en los que no hay ningún integrante activo totalizaron los 5,354 millones tras crecer en 91.100 en el conjunto del ejercicio, tendencia que se modera en los tres últimos meses a un ritmo del 0,98%, 52.100 más. Más de 5,35 millones de domicilios acabaron sin ningún miembro activo, tras incrementarse el 1,73% frente a 2021, 91.100 hogares más.

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Fuente: Cinco Días

De hecho, el 74% de las empresas considera que ofrecer formaciones a sus trabajadores será muy prioritario este año. El estudio ‘2022 Corporate Learning Benchmark’ ha sido elaborado por MobieTrain, la empresa tecnológica líder en soluciones de microaprendizaje para los empleados de primera línea, y analiza las tendencias principales en materia de formación y capacitación de empleados y las diferencias entre mercados europeos.

Nueve de cada diez empresas afirman que no recortará en 2023 su presupuesto dedicado a la formación de sus empleados, ya que lo consideran una parte fundamental para potenciar su motivación y compromiso con la empresa. De hecho, a pesar de la incertidumbre económica, el 42% de las compañías españolas encuestadas asegura que este presupuesto aumentará considerablemente en este nuevo año.

Esta es la principal conclusión extraída del estudio ‘2022 Corporate Learning Benchmark’, elaborado por MobieTrain, la empresa tecnológica de origen belga que ofrece soluciones de microaprendizaje para los empleados. Además de ilustrar las tendencias en cuanto al aprendizaje corporativo, el informe ofrece una comparativa de los diferentes sentimientos recogidos por las más de 300 compañías europeas entrevistadas. A través de la información del informe, la empresa quiere ofrecer un diagnóstico profundo sobre la situación del aprendizaje y el desarrollo profesional. Esto, a su vez, pretende arrojar luz y concienciar a los responsables de Recursos Humanos de las empresas sobre los beneficios y la importancia de ofrecer formaciones digitales a los empleados.

Preocupación por llegar a los empleados.

Durante este 2022 se ha estado hablando mucho en España del concepto del bienestar y de la salud mental de los profesionales, a raíz de fenómenos masivos como la “Gran Renuncia” y conceptos tan en boga como el quiet quitting. Así, llegar a los trabajadores para que estos se sientan más valorados, escuchados y motivados, ha sido sin duda unos de los objetivos más perseguidos por los departamentos de RRHH de cualquier sector. Y como solución, además de incorporar una cultura de bienestar dentro de los departamentos, la mayoría de ellos también han optado por ofrecer formaciones laborales ya que han podido observar que afectaba directamente la visión que los trabajadores tenían de la empresa. Así es, recibir una formación que permita a los profesionales sentirse, por un lado, más capacitados, seguros y eficientes en el desempeño de sus tareas, pero también sentir que la empresa se preocupa por el desarrollo laboral, el bienestar y el sentido de pertenencia.

“En la actualidad, las empresas modernas se caracterizan, entre otras cosas, por dar gran importancia y ofrecer a sus profesionales la posibilidad de aprender y crecer internamente”, explica Guy Van Neck, CEO de MobieTrain, sobre el peso que debería tener la formación en el seno de las empresas. “Dada la actual escasez de talento en el mercado laboral y los recortes de contratación que las empresas están poniendo en marcha para hacer frente a la recesión, la formación se ha vuelto aún más importante. Desde luego, para sobrevivir, muchas empresas están demandando que sus trabajadores puedan ser multitarea, para que puedan adaptarse a las cambiantes necesidades del negocio. Esto es algo que, sin una formación adecuada, podría llegar a ser contraproducente”, afirma.

Los principales obstáculos.

Según las empresas encuestadas, son tres los grandes retos y obstáculos que presenta la formación empresarial y los cursos online existentes que suelen ofrecer las empresas.

El primero corresponde a la retención de la información. Concretamente, el 39% de los empleadores afirma que los profesionales olvidan rápidamente lo aprendido, por lo que el coste que supone esta gestión no les sale rentable. Por otro lado, el 38% de ellos también ha manifestado que, de forma general, no es posible medir los avances y los resultados de cada estudiante, por lo que impide extraer conclusiones sobre las carencias, las fortalezas y la evolución profesional de cada uno. Y, finalmente, se destaca la falta de adaptabilidad del contenido y del formato ofrecido. En este sentido, 35% de las empresas asegura que echa en falta formaciones corporativas que den respuesta a las necesidades específicas del personal, tanto a nivel de grupo, como individual.

No obstante, pese a los grandes retos apuntados por las empresas y el contexto económico actual, las empresas son conscientes de los beneficios que puede aportar una buena herramienta de aprendizaje. El 74% de las empresas encuestadas afirma que la formación del personal será una prioridad alta o incluso muy alta este año.

Soluciones cada vez más modernas.

Actualmente, contar con una formación que se adapte a las expectativas y las necesidades de la empresa es más sencillo ya que existe en el mercado una gran variedad de soluciones. Además, ahora las empresas pueden optar por formaciones 100% presenciales, online o híbridas, que puedan adaptarse a las necesidades de los empleados y a sus preferencias, para que puedan sacarles el máximo partido. En este sentido, cabe destacar que el 73% sitúa el formato mixto como la modalidad favorita de las empresas ya que permite dinamizar el contenido ofrecido.

Cuando se trata del desarrollo profesional de los empleados de primera línea, el 30% de las empresas afirma no poder encontrar una solución eficiente para llegar a ellos (dado que no cuentan con las herramientas tradicionales, como podría ser una mesa, una silla y un ordenador).»Los teléfonos móviles se utilizan cada vez más para implementar soluciones o herramientas que permitan mejorar el compromiso de los empleados y aumentar su productividad», expone Christian Erquicia, representante de MobieTrain en España. «Hay un potencial creciente en el aprendizaje móvil, especialmente entre los trabajadores de primera línea ya que, para ellos, es una gran opción poder utilizar sus dispositivos móviles para realizar los cursos online y recibir formación».

En definitiva, ofrecer a los profesionales la posibilidad de seguir aprendiendo y seguir creciendo dentro de la empresa es una manera diferente de motivar y cuidar del bienestar de los empleados. Además, debido a las incertidumbres del 2023 en España, contar con trabajadores proactivos y altamente cualificados permitirán a las empresas contar con una plantilla motivada y capacitada para adaptarse al entorno empresarial cambiante y fomentar el potencial de diferenciación de las empresas.

Fuente: IIILA LEY. Consejo General de Economistas.

Para poder adherirse las empresas deberán tener el domicilio fiscal y el centro de prestación de las soluciones en la Unión Europea y una facturación acumulada de, al menos, 100.000 euros en los dos años anteriores o 50.000 en el año anterior en proyectos similares.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha creado un registro de empresas proveedoras de soluciones tecnológicas para modernizar el transporte por carretera, en el marco del programa de ayudas a autónomos y pymes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado con 110 millones de euros.

Con el fin de facilitar la gestión de las ayudas, la búsqueda de los servicios acordes a las necesidades de las empresas beneficiarias y la implantación de las soluciones de modernización subvencionadas, el Ministerio ha creado la figura de Proveedores de Soluciones de Modernización, que determinará las únicas empresas que podrán prestar las soluciones de modernización subvencionadas a las pymes y autónomos beneficiarios de las ayudas.

Así, las empresas del ámbito tecnológico y digital que sean proveedoras de alguna de las soluciones de modernización incluidas en las ayudas al sector del transporte por carretera, podrán solicitar su adhesión al programa de ayudas, mediante el procedimiento publicado en la sede electrónica del Ministerio.

Para poder adherirse, entre otros requisitos, las empresas deberán tener el domicilio fiscal y el centro de prestación de las soluciones en la Unión Europea y una facturación acumulada de, al menos, 100.000 euros en los dos años anteriores o 50.000 en el año anterior en proyectos similares (70.000 o 35.000 euros de facturación, respectivamente, para autónomos sin trabajadores a su cargo).

 

 

Fuente: IIILA LEY. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

El ciudadano pasa a ser responsable de todo ese dinero acumulado.
Al tomar esa decisión ha de asumir ciertos peligros y riesgos.

Aunque parezca una práctica de otros tiempos, mucha gente sigue guardando dinero en efectivo en sus hogares. Las razones pueden ser diversas y van desde la preferencia de tener una pequeño fondo de emergencia hasta, por ejemplo, la desconfianza en los bancos y una sensación de seguridad en casa.

No existe legislación alguna que ponga límites a esta práctica, ya que es completamente legal guardar el dinero en casa, lo que se conoce también como guardar el dinero ‘bajo el colchón’. Lo único que debe tener claro el ciudadano que así lo haga es que, desde el momento en que deja ese efectivo en su domicilio, se convierte en el responsable de la seguridad de ese dinero.

Es por eso que, al tomar la decisión de guardar el dinero ‘bajo el colchón’, el ciudadano asume ciertos riesgos y peligros. La preferencia por tener ese dinero a mano no evita que, en ocasiones, este tipo de almacenamiento tenga ciertos inconvenientes.

El portal especializado HelpMyCash ha publicado en su página web un pequeño listado de peligros que amenazan al dinero en efectivo cuando el ciudadano lo guarda ‘bajo el colchón’. Dos destacan por encima del resto:

Inflación.

Es uno de los temas de moda (desgraciadamente para los consumidores) y aunque los niveles de inflación actuales no son los de mediados de 2022 lo cierto es que el mantenimiento de la inflación subyacente hace que los ciudadanos que guarden el dinero ‘bajo el colchón’ pierdan poco a poco el valor de ese dinero.

No es casualidad que se llame a la inflación la ‘enemiga silenciosa’ del dinero, ya que hace que de forma progresiva ese dinero pierda valor. La explicación es sencilla: mientras el dinero se queda en casa, la subida de los precios hace que con ese mismo dinero cada vez se puedan comprar menos cosas.

Actualmente la inflación se encuentra en un 5,7% muy alejado del doble dígito que se llegó a acumular en verano, pero la inflación subyacente (aquella que no tiene en cuenta productos energéticos y alimentos no elaborados) está en un 7% y los alimentos han visto incrementado su precio en un disparado 15,7%.

Hacienda.

Es el segundo gran peligro que envuelve al dinero en efectivo ‘bajo el colchón’, porque todas las cantidades que se guarden en casa deben estar correctamente declaradas para evitarnos problemas con la Agencia Tributaria, que vigila muy de cerca el efectivo.

La razón es simple: si el dinero se retira de la cuenta bancaria y pasa a estar en nuestro domicilio hay que comprobar que Hacienda conozca el origen de esas cantidades para evitar que el organismo sospeche que no se ha declarado y que procede de la economía sumergida.

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Fuente: El Economista

Busca tu nombre en Google. Es posible, incluso probable, que entre los resultados encuentres, además de tu DNI y teléfono, la dirección de tu domicilio si trabajas desde casa.

¿No has buscado alguna vez en internet tu nombre para saber que había en la red sobre ti? Seguro que sí. Lo más común es encontrar el acceso a las redes sociales, alguna fotografía y puede que alguna noticia donde se te haya nombrado. Pero, si eres autónomo, la oferta de los buscadores va mucho más allá, podrás encontrar tu nombre, DNI, dirección e incluso el número de teléfono. Todo esto sin haber dado tu consentimiento y sin tener conocimiento de que son públicos.

Los datos personales de los trabajadores autónomos están expuestos de forma sistémica y son incluso comercializados sin que ellos lo sepan. Alrededor de un millón de personas con ingresos iguales o inferiores a los 1.000 euros mensuales pueden encontrar su “vida” en Internet.

Las profesiones más expuestas son principalmente las de ámbito de renta relativamente baja como riders, limpieza, servicios personales, hostelería, comercio al por menor, dibujo, audio y vídeo, reparaciones…

Así lo confirma un informe que ha sido realizado por Xnet, una organización en defensa de los derechos digitales. Todo empieza como te hemos dicho, con una chica que buscó su nombre en Google.

Alba Sierra, nombre ficticio, es diseñadora gráfica y trabajadora autónoma. Un día se buscó a sí misma en Google y, para su sorpresa, se encontró con un portal de información empresarial en el que figuraba su DNI, código postal, domicilio personal, número de teléfono, correo electrónico y un comentario sobre su solvencia económica. Todos estos datos, al alcance de cualquier persona.

¿Cómo es posible?

El procedimiento que genera esta exposición es el que se realiza entre la Agencia Tributaria, la Cámara de Comercio, Camerdata y consultoras privadas.

Como autónomos a la hora de darnos de alta aportamos muchos datos como el DNI, el teléfono o la dirección para acceder a un censo de actividades económicas. Es decir, una base de datos con todos los empresarios de diferentes sectores categorizados por el CNAE. Pero estos datos no se quedan en la Agencia Tributaria, sino que se transfieren a las Cámaras de Comercio que crean un censo público que actúa como directorio.

Artículo 8. Censo público.

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación elaborarán un censo público de empresas del que formarán parte las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan las actividades comerciales, industriales, de servicios y navieras en territorio nacional, para cuya elaboración contarán con la colaboración de la administración tributaria competente así como de otras administraciones que aporten la información necesaria, garantizando, en todo caso, la confidencialidad en el tratamiento y el uso exclusivo de dicha información. (Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación)

A partir de aquí las Cámaras de Comercio venden estas bases de datos a diferentes páginas web. Estos procesan estos datos y los ofrecen a sus clientes, dando información a todos los que están suscritos. En un primer momento, estos datos están accesibles de manera gratuita, tras un sencillo proceso de registro. Después de varias consultas sí que se tiene que optar por pagar una cuenta mensual o anual.

¿Qué se pretende corregir?

El informe redactado por Xnet propone modificaciones legales para:

1 – Proteger la privacidad de las personas trabajadoras autónomas con ingresos que no les permitan un domicilio profesional diferente del suyo personal.

2 – Corregir los protocolos para que se evite la comercialización de datos personales y se informe correctamente sobre los derechos de las personas autónomas en materia de protección de datos y el destino de sus datos por parte de la Agencia Tributaria y de la Cámara de Comercio en el momento del alta.

A poco más de un mes y medio desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitiera la sentencia STJUE de 22 de noviembre, rec. C-37/2020 que impide el acceso público a los registros de titularidad de las empresas al considerarlo una injerencia en la vida privada. (más información) descubrimos que los autónomos están totalmente desprotegidos.

Quizás es cierto lo que algunos expertos denuncian como “Doble rasero en la aplicación de la protección de datos” Esperemos que no sea así y que tal y como se ha anunciado, la Agencia Española de Protección de Datos, tome cartas en el asunto para colmar este vacío legal y proteger la privacidad de los autónomos.

 

 

Fuente: IIILA LEY. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales. (Ainoa Iriarte Ibargüen)

El 99,6% de las transmisiones avalan por ahora el valor de referencia.
Hacienda publica los primeros datos del sistema, en vigor desde 2022.

Desde el 1 de enero de 2022 España cuenta con un nuevo valor de referencia en las viviendas que marca la base imponible de los impuestos patrimoniales vinculados a operaciones como la compra, las sucesiones o las donaciones. El motivo de esta tasación fiscal, que a tenor de los primeros datos ha logrado su objetivo, era actualizar el valor real de los inmuebles para evitar que las transmisiones tributasen por cantidades adulteradas y alejadas del valor de mercado. La nueva referencia generó mucho ruido y dudas acerca de su efectividad. Sin embargo, los seis primeros meses de aplicación dejan un saldo más que favorable: tan solo el 0,4% de las operaciones sujetas al valor fiscal han recibido solicitudes de informes para determinar si era necesario algún ajuste.

En el primer semestre de 2022 se registraron en España poco más de un millón de operaciones que tuvieron el nuevo valor de referencia como base imponible. Sin embargo, la Dirección General del Catastro, dependiente de Hacienda, ha recibido únicamente 4.186 solicitudes de informes preceptivos y vinculantes, la forma que tienen los contribuyentes de reclamar al ministerio para que se determine si es necesario introducir ajustes en un inmueble concreto. Es decir, el 99,6% de las operaciones han validado el valor fiscal fijado por el Catastro.

Este saldo tiene dos interpretaciones, según explica Rocío García Ramírez, directora técnica de fiscalidad inmobiliaria en Euro-Funding. “O bien el nuevo valor de referencia es mayor que el valor del mercado pero la diferencia es tan pequeña que no compensa reclamar, o bien la nueva referencia se ajusta al valor real, que es lo más habitual”. Las consecuencias, no obstante, son las mismas: “La gran mayoría de los contribuyentes han aceptado liquidar por el valor de referencia en sus operaciones”, algo que “reduce los pagos en negro y acaba con la litigiosidad derivada de las posibles reclamaciones”.

El valor de referencia, sobre la teoría, debe ser el 90% del valor de mercado de la casa. Es decir, si una vivienda cuesta 200.000 euros deberá tributar al menos por 180.000 euros en estas operaciones, algo que neutraliza la práctica relativamente habitual de escriturar por debajo del valor real para pagar menos impuestos.

De estas 4.186 solicitudes de revisión, el 92,6% estuvieron asociadas al impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP), el tributo que se abona al comprar una vivienda de segunda mano. El resto derivaban del impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD), del impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) y de las operaciones societarias, según los datos dados a conocer por Hacienda en la evaluación de los efectos de la ley contra el fraude fiscal, un documento publicado recientemente por el departamento dirigido por María Jesús Montero.

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Fuente: Cinco Días

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 1266/2022, 10 Oct. Rec. 429/2021.

Afirma la competencia estatal para dictar la norma y rechaza la vulneración de los principios de igualdad, necesidad, proporcionalidad y seguridad jurídica.

Aval de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo al Real Decreto 785/2021, de 7 de septiembre, sobre el control de la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor.

Explica la Sala que en la medida en que la contratación en las vías públicas está legalmente reservada a los titulares de las licencias urbanas de taxi, con el fin de evitar una competencia desigual con unos servicios que están intensamente regulados y que son de interés general, es ineludible comprobar que los servicios de VTC han sido previamente contratados en cumplimiento de la legislación aplicable.

Se justifica el dictado de la norma en que ya ha entrado en vigor la Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y ya se ha puesto en marcha el Registro en el mes de febrero de 2022, por lo que si se anulara el Real Decreto 785/2021, la Administración quedaría totalmente privada de cualquier posibilidad de control de la actividad de las empresas de arrendamiento de vehículos con conductor.

El Supremo no está de acuerdo con la alegación de la Asociación recurrente en cuanto a la aplicación de la Directiva 2015/1535, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información. Esta Directiva no resulta de aplicación a un Real Decreto que no es una reglamentación técnica ni establece reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información. Solo afecta a la prestación de un servicio de transporte y no incide en la prestación del servicio entre el arrendador y el pasajero ni afecta para nada al usuario, sino que incide en las relaciones entre la Administración y las empresas y profesionales del transporte.

Se rechaza la infracción del principio de igualdad porque la comunicación de servicios se exige para el desarrollo de a la actividad de arrendamiento con conductor bajo autorización VTC y no para el transporte en vehículos de turismo (taxi). Como tantas veces se ha pronunciado la jurisprudencia, siendo de distinta naturaleza la modalidad del servicio existen razones de interés general en mantener una prestación equilibrada entre ambas.

La limitación territorial a la prestación del servicio por los vehículos que ejerzan la actividad de transporte de pasajeros bajo una de estas licencias hace necesario el establecimiento por la autoridad administrativa de mecanismos que permitan ejercer un control efectivo sobre la correcta utilización de las licencias concedidas, en particular, el respeto de los límites territoriales en que se desarrolla la prestación del servicio por cada uno de los vehículos autorizados. Se trata de controlar que los vehículos con licencia VTC desarrollen la mayor parte de su actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma que concedió la autorización, – expone la sentencia-.

Y para ello, la comunicación por vía telemática de los datos de cada servicio, incluyendo el punto de origen y de destino, permitirá ejercer un control sobre los desplazamientos y el radio de acción de los vehículos y, desde esa perspectiva, la comunicación impuesta sirve al fin que se persigue, siendo por ello proporcionada.

Denunció también la Asociación la infracción de los principios de igualdad y seguridad jurídica al no poderse aplicar efectivamente el registro electrónico en todo el territorio nacional. Alegato al que el Supremo responde que, aun en caso de concurrir en determinadas zonas o en momentos concretos sobrecarga de comunicaciones, las deficiencias de cobertura a las que alude la recurrente, – que pudieran dificultar temporalmente la comunicación del servicio de VTC a la Administración-, no afectan a la legalidad y validez de la norma reglamentaria porque el profesional afectado por la anomalía siempre puede alegar y justificar la imposibilidad técnica de cumplirla.

Y añade la sentencia que si no hay cobertura para comunicar los datos a la Administración tampoco la hay para entrar en comunicación con los potenciales clientes, por lo que no habrá prestación de servicio alguno. En el hipotético caso de que se hubiera podido contactar electrónicamente con el cliente pero no resultase técnicamente posible comunicar los datos a la Administración en ese momento, siempre podrían comunicarse esos datos con posterioridad pues, al haber existido comunicación con el usuario, los datos del servicio habrían quedado registrados electrónicamente, la petición del servicio habría sido recibida y el servicio prestado.

Fuente: IIILA LEY. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

Anteproyecto de Ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores (9 enero 2023).

Recoge las normas específicas para el ejercicio de las acciones de representación resarcitorias, diseñando procedimiento especial, dada la imposibilidad de encajar las piezas procesales necesarias en los cauces del juicio ordinario o del juicio verbal. La estructura procedimental está condicionada por una decisión básica, la mejor manera de articular la tutela de los intereses colectivos de consumidores y usuarios cuando se pretende obtener medidas de reparación o resarcimiento consiste en partir de la premisa de que la acción, el proceso y su resultado vincularán a todos los sujetos titulares de derechos o intereses lesionados por la conducta ilícita que haya motivado su interposición, a no ser que estos soliciten expresamente su desvinculación (mecanismo al que resulta habitual referirse como opt-out).

Como regla, por tanto, los consumidores y usuarios afectados por el ejercicio de una acción de representación resarcitoria se verán afectados por la sentencia que se dicte –o por el acuerdo que se homologue–, a no ser que opten por la exclusión. Solo de forma excepcional –singularmente cuando estén en juego prestaciones de valor elevado– podrá el tribunal decidir que la acción y el proceso de representación solo vinculen a quienes así lo soliciten expresamente (opt-in).

Solo será admisible la demanda en ejercicio de la acción de representación que pretenda que el empresario o profesional demandado cese en el desarrollo de una conducta que estuviera realizando si se acredita que la entidad demandante ha solicitado dicha cesación con una antelación de al menos quince días.

Se crea un Registro Público de Acciones de Representación, cuyo objeto es dar publicidad y difusión de carácter público a través de un portal en Internet, a las resoluciones dictadas en los procesos para el ejercicio de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios que determine la ley, así como a los acuerdos resarcitorios alcanzados en dichos procesos, en los términos que disponga la ley.

Asimismo se creará una base de datos de entidades habilitadas de acceso público a través de su sitio web, que proporcionará información sobre las entidades habilitadas designadas con antelación para ejercitar acciones de representación nacionales y transfronterizas.

Modificaciones:

– Ley de Enjuiciamiento Civil:

Modifica: numeral 8º del artículo 6; apartado 7 del artículo 7; numeral 14º del apartado 1 del artículo 52; primer párrafo del apartado 3 del artículo 222; numerales 4º y 5º del apartado 1 del artículo 249; segundo párrafo del apartado 1 del artículo 257; regla 5ª del artículo 261; añade un nuevo numeral 4º en el apartado 2 del artículo 477; apartado 4 del artículo 521; añade un nuevo numeral 4ª al apartado 1 del artículo 525; artículo 711; introduce un nuevo Título IV en el Libro IV (de los procesos para el ejercicio de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios -artículos 828 a 885)

– Deroga: numeral 7º del apartado 1 del artículo 6; artículo 11; artículo 15; numeral 16º del apartado 1 del artículo 52; numeral 1º del apartado 2 del artículo 76; artículo 221; numeral 12º del apartado 1 del artículo 250; numeral 6º del apartado 1 del artículo 256; artículo 519; párrafo cuarto del apartado 3 del artículo 728.

– Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias: artículo 24; artículo 25; letra c) del artículo 37; apartado 9 del artículo 46; rúbrica y contenido del Capítulo I del Título V (procedimientos judiciales y extrajudiciales de protección de los consumidores y usuarios -artículos 53 a 56 quinquies)

– Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: artículo 32; artículo 33; artículo 35

– Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación: apartados 3 y 4 del artículo 11; letra b) del apartado 8 del artículo 11; rúbrica del Capítulo IV (Acciones de representación y de retractación»); artículo 12; artículo 16; artículo 17; artículo 19; artículo 21; artículo 22; disposición adicional cuarta

– Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico: rúbrica y el contenido del Capítulo I del Título V (Acciones de representación y acción individual de cesación)

– Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores: artículo 15

– Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio: artículo 6

– Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito: artículo 11

– Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio: artículo 26.

– Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo: artículo 36.

– Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacaciones de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias: artículo 21

– Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios: rúbrica y al contenido del Título X (de las acciones de representación y de la acción individual de cesación)

Mediante esta ley se incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE.

Entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con excepción de las disposiciones primera (Registro Público de Acciones de Representación) y segunda (Base de datos de entidades habilitadas), que entrarán en vigor cuando se aprueben las normas reglamentarias que las desarrollen.

El ejercicio de una acción de representación suspenderá el plazo de prescripción de las acciones individuales de resarcimiento que puedan ejercitar los consumidores o usuarios frente a las infracciones de los empresarios o profesionales que hayan sido cometidas el 25 de junio de 2023 o después de esa fecha.

Los procesos para la protección de los derechos e intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios pendientes a la fecha de entrada en vigor de esta Ley continuarán sustanciándose, en todas las instancias y recursos extraordinarios, así como la ejecución forzosa, conforme a la legislación procesal anterior.

Fuente: IIILA LEY. Consejo General de Economistas.

El multimillonario cree que el comercio de lavado será el siguiente.
Este tipo de actividad fraudulenta encuentra cobijo en el mundo cripto.
La industria lleva años luchando contra este tipo de criminales.

Mark Cuban lanzó recientemente su predicción personal acerca de la próxima implosión que sufrirá el mundo de las criptomonedas. «Creo que la próxima implosión es el descubrimiento y la eliminación del comercio de lavado en el mercado centralizado», aseguraba el inversor multimillonario al sitio web financiero TheStreet.

El comercio de lavado es una actividad en la que el comerciante compra y vende el mismo activo financiero en numerosas ocasiones, lo que muestra un volumen irreal y hace creer a otros participantes que la demanda es elevada. Esto puede provocar que inviertan dinero real por unas expectativas falsas y deformadas.

Una actividad fraudulenta.

Como una demanda elevada suele conducir también a unos precios altos, quienes recurren a esta práctica pueden hacer que el precio suba de acuerdo con sus expectativas, para cobrar una suculenta cantidad y entonces abandonar, dejando a otros inversores con expectativas delante de un activo que caerá progresivamente en su valor.

Además, a pesar de que esta práctica lleva siendo ilegal en los mercados financieros estadounidenses tradicionales durante décadas, el espacio cripto brinda a nuevas oportunidades para llevarla a cabo con impunidad. «Poner una cantidad fija en el comercio de lavado cripto es mucho más complicado que en las finanzas tradicionales, pues los mercados varían enormemente y además estás descentralizados», explica el jefe de operaciones de la compañía de vigilancia de mercado Solidus Labs, Chen Arad.

El ejemplo paradigmático, Bitcoin, es una divisa que se intercambia en miles de plataformas, las cuales son centralizadas y descentralizadas, reguladas y desreguladas. Arad asegura que los criminales pueden jugar con estos intercambios y usar las posibilidades de las criptomonedas para manipular el mercado de forma sofisticada.

El uso de Bitcoin por los delincuentes.

El último análisis de intercambios cripto en el mundo, llevado a cabo por Forbes, muestra que algo más del 50% de canjes declarados son falsos. Para su realización, la revista se sirvió de cuatro compañías de medios sobre criptodivisas: CoinGecko, Nomics, Messari y CoinMarketCap. También se fijó en gran cantidad de intercambios de este activo digital.

Volviendo a Cuban, el cual advirtió primero de que no posee detalles para apoyar su pronóstico, este señaló que presuntamente existen decenas de millones de dólares en canjes para fichas digitales que apenas tienen uso. Asegura que no es capaz de ver cómo se pueden convertir todos los activos de ese tipo en dinero de forma sencilla.

Y Arad le da la razón con respecto al problema del comercio de lavado: «Si no se impide esta práctica criminal, entonces las criptomonedas nunca alcanzarán su potencial de convertirse en servicios financieros accesibles y seguros».

Las dificultades de combatir esta práctica.

Para poder identificar casos de comercio de lavado en el universo de los criptoactivos, Arad dice que se debe contar con expertos técnicos, financieros y en criptomonedas que usen tecnología especializada, y así encontrar la manipulación.

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Fuente: El Economista

El panorama empresarial ha cambiado sustancialmente en los últimos años. En el ámbito de los RRHH, la gestión ha sufrido una transformación profunda. Gran parte de esa transformación viene relacionada con el modelo de trabajo, que es más remoto, menos presencial y más flexible, y los desafíos que eso supone para la empresa. La tecnológica Grupo SPEC analiza cuáles son las tendencias que serán clave de cara al año que viene.

Modelos híbridos, trabajo asíncrono, vuelta del coworking, más digitalización… el panorama de los RRHH está en constante evolución. Grupo SPEC analiza cuáles son las tendencias en RRHH que dibujarán el escenario en 2023.

1. Trabajo asíncrono.

En los últimos meses se ha empezado a escuchar hablar de una modalidad de trabajo que será la del futuro: el trabajo asíncrono. A diferencia del modelo tradicional, en el que priman los horarios y que todos los empleados deben tener el mismo o parecido horario, en el trabajo asíncrono los equipos trabajan en distintos momentos del día, y no tienen por qué coincidir entre ellos. Se trata de una modalidad que se está abriendo paso tras el auge del teletrabajo y la necesidad de implantar modelos laborales menos costosos y más productivos.

2. La jornada de 4 días.

El BOE acaba de publicar el plan piloto del Gobierno para reducir la jornada laboral sin reducir los salarios. El Ministerio de Industria otorgará ayudas de hasta 150.000 euros a las pymes que, durante un mínimo de dos años, prueben la semana de trabajo de cuatro días, implantando una reducción de al menos un 10% de la jornada y sin bajar el salario de sus empleados. Cada vez son más las voces que se unen a favor de la jornada laboral concentrada en 4 días. Del mismo modo, en países como Bélgica, ya existe una ley que permite los trabajadores concentrar su tiempo de trabajo y pasar de cinco a cuatro jornadas de trabajo. Sin duda, este nuevo modelo de trabajo, será todo un reto para el departamento de RRHH y una tendencia cada vez más en auge.

3. Talento global.

Más del 70 % de empresas experimenta problemas de escasez de talento al intentar cubrir sus vacantes, especialmente en perfiles cualificados, una situación que lejos de solucionarse, se espera que pueda empeorar durante el año que viene (Estudio «Tendencias de RRHH 2023 de las empresas españolas» de Randstad y CEOE). Este punto está relacionado con los nuevos modos que seguirán vigentes en materia de reclutamiento. Así, la captación será cada vez más virtual, para extenderse y captar talento global. De este modo, las videoentrevistas son cada vez más frecuentes.

4. Coworking.

Si bien 2020 fue el año del despegue del teletrabajo en España y 2021 el de su consolidación, 2022 ha sido el de su frenada. El teletrabajo ha descendido en el último año en las empresas españolas. Se estima que solo un 13% de los empleados puede hacer uso del teletrabajo de manera habitual en el país. Sin embargo, en paralelo a esto, exista una nueva, aunque ya conocida, tendencia en el modo en el que se trabaja y es el coworking. Según datos de Savills Aguirre Newman, se calcula que el coworking en 2030 supondrá un 30% de la oferta de oficinas a nivel nacional.

 

Fuente: IIILA LEY. Consejo General de Economistas.