Ser un profesional autónomo no es fácil. La carga tributaria y las dificultades de financiación son mayores que en las empresas y las desgravaciones y deducciones son pocas. Eso sin mencionar que responde ante las deudas con su patrimonio personal. ¿Ha pensado alguna vez en pasar de ser autónomo a constituir una Sociedad Limitada? ¿Tiene claro cuándo debe hacerlo? ¿Sabe cuáles son los trámites a seguir?

Momento.

El momento de cambio no es susceptible de cálculos matemáticos, pueden ser todos o ninguno, depende de cada situación.

Es cierto que el inicio de una actividad emprendedora es más fácil bajo la forma jurídica del autónomo, la simplicidad de los trámites avalan esta afirmación. Sin embargo, de manera general los expertos insisten en que, a medio, largo plazo son cinco las causas que le conducirán a la adopción de una figura societaria. Más concretamente a la de la sociedad de responsabilidad limitada.

– Ingresos anuales superiores a 40.000 €. (Para reducir el porcentaje de gravamen fiscal, tributando a un tipo fijo por el Impuesto de Sociedades, en lugar de un porcentaje creciente por IRPF)

– Protección del patrimonio personal.

– Facilidad para trabajar con grandes empresas

– Agilidad en la obtención de créditos bancarios.

– Formalización de relación con colaboradores habituales.

Estos son solo las cinco razones más frecuentes por las que un autónomo se convierte en Sociedad Limitada, pero hay más y en general suelen ir de la mano con el crecimiento del negocio.

El Paso.

Para pasar de ser autónomo a crear una sociedad limitada, debe seguir exactamente los mismos trámites que si fuera a crear una sociedad desde cero, con una primera gestión añadida que no es otra que la de solicitar la baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

ATENCIÓN: La baja se hace efectiva desde el primer día del mes siguiente al que se solicita y este trámite se puede ejecutar online con certificado digital o en persona.

Tenga en cuenta además, que aunque siempre podrá encargar la creación de su Sociedad Limitada a un Punto de Atención al Emprendedor (PAE) acreditado por el Ministerio de Economía e Industria, si decide hacerlo usted mismo, tendrá que llevar a cabo las siguientes gestiones:

Solicitar el nombre de la Sociedad.

Deberá acudir al Registro Mercantil Central y pedir el certificado negativo de denominación social, que acredite que el nombre que ha elegido para su empresa no está siendo usado por otra. Si lo prefiere, puede hacerlo también de forma online. https://www.rmc.es/privado/CertificacionesDenominaciones.aspx

La solicitud debe contener una terna de posibles nombres. Expedida la certificación de que no figura registrada la denominación solicitada, ésta quedará registrada a su nombre durante el plazo de SEIS MESES, contados desde la fecha de expedición.

La certificación negativa tendrá una vigencia de TRES MESES a efectos de otorgamiento de escritura, contados desde la fecha de su expedición por el Registrador Mercantil Central. Caducada la certificación el interesado podrá solicitar su renovación con la misma denominación. A la solicitud deberá acompañar la certificación caducada.

Transcurridos los SEIS MESES de reserva de denominación sin haberse realizado la inscripción en el Registro Mercantil Provincial correspondiente, la denominación causará baja en la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central, por lo que debe solicitarse una nueva.

Abrir una cuenta bancaria a nombre de la SL.

A continuación debe ir a una entidad financiera, y abrir una cuenta bancaria a nombre de la Sociedad Limitada. En ella tiene que ingresar el capital mínimo inicial, esto es, 3.000 euros. En la propia entidad le facilitarán un certificado de dicho ingreso, para que posteriormente lo entregue en la notaría.

Redactar los estatutos sociales.

Las normas que regirán su Sociedad se denominan estatutos sociales, y van incorporados a la escritura pública de constitución que será firmada posteriormente.

Los estatutos deben redactarse por los propios socios de la empresa, pero también se puede delegar esta tarea en un asesor o en el propio notario.

Entre otros, los aspectos clave que deben recoger los estatutos son los siguientes:

– La denominación de la sociedad.

– La actividad a la que se va a dedicar la empresa.

– El capital social.

– La domiciliación social.

– El número de participaciones en la que se divide y el valor nominal de cada una

– El sistema de administración de la sociedad.

Firmar la escritura pública de constitución.

Hechos los trámites anteriores, tiene que acudir a una Notaría para la firma de la escritura pública de constitución. El precio de este trámite, normalmente es un porcentaje del capital escriturado. Para ello, hay que aportar los siguientes documentos:

  • Los estatutos sociales.
  • El DNI original de cada uno de los socios.
  • El original de la certificación negativa del Registro Mercantil Central.
  • La certificación del banco de la aportación al capital social.
  • La declaración de inversiones exteriores, si algún socio es extranjero.

Acudir a la Agencia Tributaria.

Lo siguiente que debe hacer es cumplir con unas gestiones en Hacienda:

a) Solicitar el Número de Identificación Fiscal (NIF) provisional de su SL, además de las etiquetas y tarjetas definitivas, presentando:

  • Una fotocopia de tu DNI.
  • Una fotocopia de la escritura de constitución.
  • El modelo 036 cumplimentado solicitando.

b) Pedir el alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.

Todo ello, previo al inicio de la actividad y antes de la emisión o recepción de cualquier factura o encargo a nombre de la sociedad.

c) Darse de alta en el IAE

El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) es un tributo local que grava la actividad de las empresas, los profesionales y los artistas. Hacen falta tantas altas como actividades se vayan a realizar. Para darse de alta en el IAE, hacer una modificación o causar baja, deberá presentar:

  • El NIF provisional de la sociedad
  • El modelo 840

ATENCIÓN: No tendrán que pagar este gravamen aquellos cuya cifra de negocio sea inferior a 1 millón de euros anuales. A estos sujetos solo se les exigirá que aporten el modelo 036, especificando aquellos epígrafes IAE a los que se quieran acoger.

d) Realizar la declaración censal (IVA)

En la declaración censal se refleja el comienzo en la actividad, pero también la modificación o el cese en la misma, en su caso. Deben presentarla los empresarios, profesionales, artistas y todas las personas que tengan obligaciones tributarias. A la hora de solicitarla, hay que aportar estos documentos:

  • El NIF provisional de tu SL.
  • El modelo 036.
  • El documento que recoge el alta en el IAE.

Inscribir la SL en el Registro Mercantil.

Debe inscribir su sociedad en el Registro Mercantil de la provincia donde tenga su domicilio social. Tiene un plazo de dos meses desde la firma de la escritura de constitución. Los documentos que debe entregar al Registro son los siguientes:

  • Una copia auténtica de la escritura de constitución.
  • Una copia del NIF Provisional.
  • La certificación negativa de denominación social.

Acudir a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para:

a) Dar de alta en la Seguridad Social de todos los administradores y socios de la S.L. de forma que coticen y puedan realizar sus tareas conforme a la ley. El periodo para realizar estas altas es de 30 días naturales desde que la empresa inicia su actividad

b) Pedir el número de patronal para, en su caso, proceder a la contratación de trabajadores

Recabar en el Ayuntamiento la licencia de apertura del local (en su caso)

Solicitar el NIF definitivo.

En último lugar tendrá que volver a la Agencia Tributaria, y canjear la tarjeta provisional de NIF por la definitiva.

Contabilidad.

Las obligaciones contables que ha tenido como autónomo son infinitamente menores que las que le van a corresponder como Sociedad Limitada.

Como autónomo estaba obligado a llevar tres libros-registro. El de facturas emitidas, el de facturas recibidas y el de bienes de inversión.

Como Sociedad Limitada tendrá que llevar una contabilidad ordenada, ajustada al Código de Comercio y basada en el Plan General Contable. Será de obligatoria cumplimentación el libro de inventario y cuentas anuales y el libro diario.

EL TRASPASO.

De activos.

El traspaso de los activos con los que cuenta como empresario individual se puede realizar de varias formas:

– Mediante su arrendamiento: Seguir siendo propietario de los bienes y alquilárselos a la nueva empresa.

– Previa venta a la nueva empresa, pero con la obligación de pagar los impuestos generados por esta operación: IAJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) y ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) e IVA (Impuesto sobre el valor añadido)

– Por medio de una aportación no dineraria: La más habitual y recomendada por los especialistas. Transmitir sus activos a la sociedad mediante aportaciones no dinerarias. Es decir, en lugar de aportar dinero en efectivo, entregue los activos que usted tenía afectos a la actividad desarrollaba de forma individual.

ATENCIÓN:

– es aconsejable, aunque no obligatorio en Sociedades Limitadas, adoptar precauciones en la valoración de los activos aportados (Informe de Expertos independientes)

– Tanto la constitución como ampliación de capital están exentas del pago de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

De empleados:

El traspaso de los empleados contratados como profesionales autónomos se lleva a cabo a través de una subrogación empresarial, de esa forma se garantizan los derechos adquiridos y las obligaciones de los trabajadores. (Art. 44 ET).

La subrogación es el cambio del empleador del trabajador, es decir, el cambio del empresario o empresa que tiene contratado al trabajador. Esta situación puede ser debida a la compra o absorción de una empresa por otra, o simplemente porque la empresa decide cambiar de denominación.

De créditos, préstamos y pólizas.

Debe comunicar la situación a la entidad financiera para realizar una subrogación. Recuerde que aunque Ud. va a seguir teniendo la obligación de pago, ya no será a título personal si no bajo la forma jurídica de la Sociedad creada.

De local alquilado.

Una vez obtenido el visto bueno del arrendador, puede formalizar una subrogación del contrato o solicitar una cancelación y apertura de uno nuevo.

Si el contrato lo permite, el traspaso o cesión puede llevarse a cabo aún en contra de la voluntad del dueño del local, pero es muy habitual que en el contrato se pacte lo contrario. El titular deberá ser notificado de la cesión obligatoriamente y podrá aumentar la renta hasta un 20%.

 

 

Fuente: CISS Contable Mercantil (Ainoa Iriarte Ibargüen)

La reforma afecta a numerosos aspectos del libro primero, cambia totalmente el sistema de preconcurso en un nuevo libro segundo, y crea un novedoso libro tercero dedicado a los procedimientos de insolvencia de microempresas. Busca agilizar los procedimientos de insolvencia en España, y cumplir con la transposición de la Directiva europea sobre marcos de reestructuración.

Entrada en vigor: en general, el 26 de septiembre de 2022 con excepción del libro tercero del TRLConc (nuevo procedimiento especial de insolvencia de microempresas), y la DA 11ª , referida a los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por la AEAT, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023.

El BOE del 6 de septiembre por fin publica la reforma concursal en su Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).

La aprobación definitiva de la reforma concursal se hizo esperar pero por fin vio la luz en sesión plenaria extraordinaria del Congreso de los Diputados del 25 de agosto, tras rechazar las enmiendas que había introducido el Senado en su votación del 20 de julio.

Objetivos de la reforma.

Se trata de una reforma muy esperada, pues se había cumplido ya la prórroga de un año que el Gobierno solicitó en julio de 2021, fecha en la que finalizada el plazo para transponer la conocida como Directiva de reestructuraciones [Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades]

La reforma busca atacar las principales limitaciones del sistema de insolvencia español, que el Preámbulo agrupa en cuatro bloques: instrumentos preconcursales, recurso tardío al concurso, la excesiva duración de los concursos, que además terminan casi siempre (90% de los casos) en liquidación y no convenio; y escasa utilización de la segunda oportunidad. Se trata de una reforma que “pretende afrontar este conjunto de limitaciones mediante una reforma estructural de calado del sistema de insolvencia”.

Modificaciones en el concurso.

Para ello, introduce numerosos cambios en el Libro primero, el relativo al concurso, entre los que destacan:

  • La nueva regulación del convenio, que elimina la posibilidad de la propuesta anticipada, la junta de acreedores y su tramitación escrita. Además, se introduce la posibilidad de modificación de convenios y se introduce necesariamente la calificación también en esta fase.
  • La eliminación de los planes de liquidación, tal y como se conocían hasta ahora.
  • Nueva regulación de los créditos contra la masa y de la insuficiencia de masa.
  • Nuevas reglas para los concursos sin masa.
  • Consolidación de la redacción del TRLConc sobre la sucesión de empresas por venta de unidad productiva en el concurso, por lo que se cierran las discusiones relativas a que la delimitación del «perímetro» compete al juez del concurso.
  • Importantes novedades que afectan al estatuto de la Administración concursal, en especial a su capacitación y nuevas reglas aplicables a sus honorarios, entre las que destaca la regla de la duración.
  • Se da carta de naturaleza al pre-pack concursal.
  • También se introducen novedades en el BEPI o beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho pierde la “B” de beneficio, porque el legislador quiere incidir en que es “un derecho de la persona natural deudora”. Se simplifican sus trámites, se busca que no siempre sea necesaria la liquidación previa de los bienes del deudor para el perdón de sus deudas, pero se mantiene la imposibilidad de exonerar créditos públicos, excepto un tope de 10.000 euros para Hacienda y otros 10.000 euros de la Seguridad Social. Se prevé expresamente la obligación de las entidades de información crediticia (registros de morosos) de actualizar la información de las personas exoneradas, para que así puedan acceder a financiaciones. También se incluye un nuevo régimen de la vivienda habitual en el (B)EPI.

Nuevo preconcurso: los planes de reestructuración.

El eje del nuevo preconcurso son los planes de reestructuración, que se definen como “una actuación en un estadio de dificultades previo al de los vigentes instrumentos preconcursales, sin el estigma asociado al concurso y con características que incrementan su eficacia”. Su introducción supone un cambio radical del Libro segundo del TRLConc, que dice adiós a los actuales acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago.

El experto en reestructuraciones es también un agente de nueva cuña en el panorama concursal, “cuyo nombramiento contempla la directiva en determinados supuestos”. También destaca la aparición del concepto de probabilidad de insolvencia, “cuando sea objetivamente previsible que, de no alcanzarse un plan de reestructuración, el deudor no podrá cumplir regularmente sus obligaciones que venzan en los próximos dos años.”

En la homologación judicial de estos planes, se introduce la posibilidad de que los acreedores que representen más del 50 % del pasivo afectado soliciten previamente una confirmación judicial facultativa de las clases de acreedore, siendo esencial este nuevo concepto de “clase de acreedores”. Si el plan es aprobado por todas las clases de créditos y por el deudor y sus socios, se introduce como nueva causa de impugnación la prueba del interés superior de los acreedores. Si no ha habido consenso de todos esos agentes, el texto opta por la regla de la prioridad absoluta, una de las opciones que ofrece la directiva y según la cual “nadie puede cobrar más de lo que se le debe ni menos de lo que se merece”.

Procedimiento especial de microempresas.

Se añade un nuevo libro tercero dedicado al procedimiento especial para microempresas, un mecanismo “de insolvencia único y especialmente adaptado” a las necesidades de estas empresas “caracterizado por una simplificación procesal máxima”. A efectos de la reforma concursal se entiende que son microempresas las que empleen a menos de 10 trabajadores y tengan un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros. Para estas compañías, su procedimiento especial aglutina los actuales procesos preconcursales y concursales, de modo que ellas no podrán acceder a los planes de reestructuración.

Cobran particular relevancia los planes de continuación, equivalentes a los convenios del concurso, pero en los que cambian las reglas de juego y rige el principio de que “quien calla, otorga”, de modo que “se entenderá que el acreedor que no emite voto alguno lo hace a favor del plan”, buscando con ello incentivar la participación de los acreedores en estos procesos.

En caso de liquidación, se prevé la utilización de una plataforma de liquidaciones cuyo desarrollo se encomienda al Ministerio de Justicia y debería estar lista en 6 meses. En todo caso, se vincula la aplicación del procedimiento especial a la puesta en marcha de esta plataforma.

En caso de que el deudor-microempresa sea persona natural, se reconoce expresamente su derecho a la asistencia jurídica gratuita, para todos los trámites del procedimiento especial. Asimismo, téngase en cuenta que la Ley Orgánica 7/2022 atribuye competencia para conocer de estos procedimientos a los jueces mercantiles.

Nuevas tecnologías asociadas a los procedimientos de insolvencia.

Además de la citada plataforma de liquidaciones de los procedimientos especiales de insolvencia, la reforma aparece impregnada de tecnología, con previsiones de herramientas que habrán de ver la luz en un futuro que parece cercano:

  • Un programa de cálculo automático del plan de pagos, accesible en línea y sin coste para el usuario, con inclusión de distintas simulaciones de plan de continuación.
  • Antes de la entrada en vigor del Libro tercero, deberán estar listos los formularios oficiales, accesibles en línea y sin coste, previstos para la gestión e impulso del procedimiento especial de microempresas.
  • Un servicio de asesoramiento a pequeñas y medianas empresas en dificultades en un estadio temprano de dificultades con el propósito de evitar su insolvencia. Este servicio se prestaría a solicitud de las empresas, tendrá carácter confidencial y no impondrá obligaciones de actuación a las empresas que recurran a él ni supondrá asunción de responsabilidad alguna para los prestadores del servicio.
  • Web para el autodiagnóstico de salud empresarial que permita a las pequeñas y medianas empresas evaluar su situación de solvencia.
  • Portal de liquidaciones en el Registro público concursal. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la reforma : figurarán en él una relación de las empresas en fase de liquidación concursal y cuanta información resulte necesaria para facilitar la enajenación del conjunto de los establecimientos y explotaciones o unidades productivas.

Normas transitorias y entrada en vigor.

La DF 19ª prevé la entrada en vigor, en general, el 26 de septiembre de 2022 con excepción del libro tercero del TRLConc (nuevo procedimiento especial de insolvencia de microempresas), y la DA 11ª , referida a los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por la AEAT, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023.

Además, las DT 1ª a 6ª establecen las reglas transitorias, entre las que destaca, por ejemplo, que los concursos declarados antes de la entrada en vigor de la reforma se regirán por lo establecido en la legislación anterior, pero con excepciones que afectan, entre otros aspectos: al informe de la administración concursal, acciones rescisorias, propuestas de convenio o modificaciones de convenio posteriores a dicha entrada en vigor; liquidación de masa activa con apertura posterior a la entrada en vigor; o solicitudes de (B)EPI posterior a la entrada en vigor (aunque el concurso del que procedan sea anterior).

Ley Orgánica del Poder Judicial.

El día 30 de junio, último día de la moratoria concursal, el Pleno del Congreso aprobó también la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para descargar los Juzgados de lo Mercantil de las acciones colectivas de consumidores, usuarios y viajeros, que pasarán a los Juzgados de Primera Instancia, a la vez que se libera a estos de los concursos de personas físicas no empresarias, que volverán a los Juzgados Mercantiles. Esta reforma fue aprobada el 20 de julio y se recoge en la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil.

Otras modificaciones normativas.

  • La Disposición derogatoria deroga los artículos 6 a12 del Código de Comercio,
  • La Disposición final primera modifica el art. 92.7, el primer párrafo del art. 914bis y el art. 1365.2º CC.
  • La Disposición final segunda modifica los arts. 3 y párrafo primero del art. 82 LH.
  • La Disposición final tercera añade un nuevo apartado g) al artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, reconociendo el derecho a la asistencia jurídica gratuita, para todos los trámites del procedimiento especial, a los deudores personas naturales que tengan la consideración de microempresa a los que resulte de aplicación el procedimiento especial previsto del libro tercero TRLConc, siempre que acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
  • La Disposición final cuarta modifica el art. 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
  • La Disposición final quinta modifica la numeración del actual apartado 3 del artículo 589 LEC, que pasa a ser apartado 4, y se introduce un nuevo apartado 3, según el cual, si el ejecutado no señala bienes susceptibles de embargo o el valor de los señalados es insuficiente para el fin de la ejecución, el LAJ dictará decreto advirtiendo al ejecutado de que, en caso de probabilidad de insolvencia, de insolvencia inminente o de insolvencia actual, puede comunicar al juzgado competente el inicio o la voluntad de iniciar negociaciones con acreedores para alcanzar un plan de reestructuración, con paralización de las ejecuciones durante esa negociación en los términos establecidos por la ley; y que, si encontrándose en estado de insolvencia actual no lo hace, tiene el deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer ese estado de insolvencia.
  • La Disposición final sexta introduce un apdo. 8 en el art. 8 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
  • La Disposición final séptima modifica el apartado 1 y se añade un apartado 3 al artículo 365 TRLSC 2010, y da también nueva redacción a su art. 367, relativo a la responsabilidad de las deudas sociales.
  • La Disposición final octava introduce un nuevo art. 10 bis a la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social:
  • La Disposición final novena introduce cuatro nuevos apartados al art. 4 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.
  • La Disposición final décima modifica el apartado 4 del art. 144 TRLGSS.

Reglamentos previstos.

Además, en sus disposiciones finales decimotercera a decimosexta, la reforma concursal prevé la aprobación de los siguientes Reglamentos en el plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de la ley, es decir, antes del 26 de marzo de 2023:

  • Reglamento de la administración concursal:. Esyte Reglamento establecerá el acceso a la actividad, el nombramiento de los administradores concursales y su retribución.
  • Reglamento del Registro público concursal: en materia de estructura, contenido y sistema de publicidad, así como los procedimientos de inserción y de acceso a este registro y la interconexión con la plataforma europea. Contemplará las condiciones para la publicación de las retribuciones fijadas para el administrador concursal en cada procedimiento en el que resulte designado.
  • Reglamento de comunicaciones entre la Fiscalía y el Gobierno o entre la Fiscalía y los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
  • Reglamento sobre estadística concursal: determinará las estadísticas que han de elaborarse para analizar adecuadamente la eficacia y eficiencia de los instrumentos preconcursales y concursales, y cumplir con lo dispuesto en el artículo 29 de la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132.

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

Hay que conocer el riesgo que se asume y las comisiones ocultas en un producto sin TAE.

Las subidas de tipos de interés que ha emprendido el Banco Central Europeo (BCE) van a provocar una avalancha de ofertas en productos de ahorro. A los tradicionales depósitos y cuentas corrientes de los bancos se empiezan a sumar las aseguradoras, que tienen todo un catálogo de pólizas que permiten ahorrar e invertir. Conocer bien en qué consisten esos seguros es fundamental para no llevarse sorpresas desagradables.

La fórmula bajo la que se articulan los productos financieros del sector asegurador suele ser la misma, aunque hay muchas tipologías jurídicas y fiscales detrás. Se trata siempre de un capital, que se aporta de golpe o poco a poco, para contratar un seguro de vida.

En estos seguros de vida-ahorro, la indemnización que cubre la póliza de vida en caso de fallecimiento es residual. En cambio, la mayor parte del capital tiene un componente puramente financiero: la aseguradora lo guarda en nombre del cliente y se dedica a conseguir una rentabilidad para él.

Las modalidades de estos seguros de vida-ahorro son múltiples: planes individuales de ahorro sistemático (PIAS), seguros individuales de ahorro a largo plazo (Sialp), rentas vitalicias, unit linked… Las denominaciones pueden echar para atrás. Cada uno de ellos tiene sus propias especificidades en cuanto a cómo tributan, qué liquidez tienen y cuánto riesgo pueden asumir en nombre del cliente.

En España ya hay 184.730 millones de euros en seguros de vida-ahorro, de acuerdo con los datos de Unespa –la patronal aseguradora–, correspondientes a junio. De hecho, hay más dinero ahorrado por esta vía que en planes de pensiones (117.000 millones).

TODAS LAS MODALIDADES SEGUROS DE VIDA-RIESGO

  • Sialp. Los seguros individuales de ahorro sistemático son la modalidad más conservadora de los seguros de vida-riesgo. Y también la figura más joven. Desde su creación en 2015 se han acumulado 4.000 millones de euros en este producto. Como la compañía debe garantizar el 85% de la inversión, las rentabilidades son siempre comedidas. El tope máximo de aportación son 5.000 euros y si se rescata a partir del quinto año no hay que tributar por los rendimientos generados.
  • Pias. Los planes individuales de ahorro sistemático se crearon en 2007 para fomentar que la gente fuera haciendo aportaciones mensuales a su producto de vida-ahorro. Los primeros años predominaron los PIAS que ofrecían rentabilidades garantizadas, pero con los bajos tipos de interés se extendieron más los PIAS flexibles, que ya no dan un tipo garantizado y entrañan más riesgo. El dinero se puede recuperar en cualquier momento, pero puede haber penalizaciones. El tope máximo de aportación es de 8.000 euros al año. Hay 14.000 millones ahorrados aquí.
  • Unit linked. Es lo más parecido a un fondo de inversión que hay dentro del mundo asegurador. El tomador asume todo el riesgo de los activos subyacentes. Hay 20.000 millones bajo esta fórmula.
  • Rentas vitalicias. Se aporta un capital y la aseguradora se compromete a abonar una renta mensual hasta el momento del fallecimiento, ya sea con cargo al capital aportado o solo con los rendimientos que se generan. Cuando la persona es muy anciana no compensa su contratación. Las aseguradoras tienen 86.000 millones bajo esta fórmula.
  • Capitales diferidos. Lo utilizan las empresas para los planes de incentivos de sus empleados. Acumulan 45.000 millones.

El punto en común de todos estos productos es que se basan en una póliza de vida. Pero las diferencias son tan grandes que conviene entender muy bien el producto que se contrata. Además, los problemas que ha atravesado la banca en los últimos años han hecho que hayan potenciado mucho la venta de estos seguros, que muchas veces son difíciles de explicar.

Retorno y costes.

Nadie da duros a pesetas. Tampoco las aseguradoras. Hoy por hoy, los tipos que ofrecen los bancos en los depósitos a un año están todavía en el 0,02% (con alguna salvedad, como la promoción del Banco Pichincha, que da un 0,5% anual para captar clientes). Los seguros que ofrecen un tipo de interés garantizado, nunca pueden ofrecer unos tipos que estén muy por encima de esos niveles. Y, si así fuera, mejor desconfiar ya que una mayor rentabilidad será a costa de asumir mayor riesgo.

Por ejemplo, el PIAS 6M de Mapfre está dando una rentabilidad garantizada revisable semestralmente, que ahora está en el 0,30%. Para asegurar un nivel mínimo de rentabilidad, las aseguradores recurren a comprar deuda pública de la máxima calidad, cuyos rendimientos han estado bajo mínimos en los últimos años y han impuesto por tanto muy bajos retornos a los seguros. Pero el alza actual de rentabilidad de los bonos, sí abre ahora la posibilidad de pagar más al cliente.

Banca March lanzó la semana pasada el producto Avantia Ahorro Plus, un seguro a prima única que permite obtener una rentabilidad del 1,25% el primer año. Con un tope de inversión de 50.000 euros y penalización por rescate anticipado. Se trata de un producto gancho, con un interés por encima del mercado.

Carlos Lluch, fundador de la correduría de seguros Lluch & Juelich, explica que “es muy importante que el cliente tenga en cuenta que el dinero que va a generar esa rentabilidad no es exactamente el que pone el cliente”. Así, en el caso de estos seguros de vida-ahorro, del capital aportado hay que descontar la parte que va para suscribir la póliza de vida pura y dura, descontar los gastos de gestión de la aseguradora, y descontar los gastos de comercialización (que cobra el agente, la sucursal bancaria o la correduría). Al final, el cliente que ha puesto 5.000 euros para contratar un seguro se puede dar cuenta de que el interés comprometido solo se aplica sobre 4.500 euros. Puede ser más o menos en función de los gastos aplicados.

Además, una de las peculiaridades de la comercialización de estos productos es que estos gastos de comercialización se pueden cobrar por anticipado. Esto hace que en muchas ocasiones tengan que pasar muchos años hasta que el cliente pueda recuperar al menos el montante total de dinero desembolsado.

Un asesor financiero que ha podido analizar cientos de pólizas de seguros asegura que “en la mayoría de los casos se tarda mucho tiempo hasta que se recupera el capital invertido, porque pesan mucho las comisiones iniciales”. Según comenta, hay algunos productos analizados que, pese a ofrecer un supuesto retorno anual del 6%, con todos los gastos asociados no se llega a generar retornos positivos hasta que no pasan 14 años.

Antonio Luis Gallardo, responsable jurídico de la asociación de defensa de los consumidores Asufin, recuerda que “en muchos de los seguros el gran problema es la liquidez, que está limitada en los primeros años o tiene recargos muy altos”. Este experto recuerda que a veces las compañías venden estos productos “como si fueran cuentas corriente”, sin explicar adecuadamente sus limitaciones.

Nivel de riesgo.

A diferencia de los depósitos o de las cuentas corrientes, que son productos muy estandarizados, los seguros de vida-ahorro presentan muchas modalidades.

En el nivel más bajo de riesgo aparecen los seguros de inversión a largo plazo (Sialp), en los que la aseguradora tienen que garantizar como mínimo el 85% del capital aportado. El tope de aportación es de 5.000 euros al año. En Cuenta Caixafuturo – Sialp, de CaixaBank– se garantiza en la actualidad un tipo de interés del 0,1%. El dinero se puede rescatar en cualquier momento, pero si se mantiene cinco años tiene una cierta ventaja fiscal.

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Fuente: Cinco Días

Esta sentencia facilita las devoluciones a aquellos que solo impugnaron la inexistencia del incremento del valor en la transmisión sin hacer alusión a la posible inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible de este impuesto.

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de un recurso interpuesto por un particular que pedía a un ayuntamiento la devolución del impuesto de plusvalía, al considerar que esta liquidación «es inválida y carente de eficacia por la inconstitucionalidad de las normas legales de cobertura».

Esta sentencia facilita las devoluciones a aquellos que solo impugnaron la inexistencia del incremento del valor en la transmisión sin hacer alusión a la posible inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible de este impuesto.

En este caso en particular, la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo analiza unos recursos presentados contra el Ayuntamiento de Lleida respecto a unas compraventas de viviendas y locales por valor de 6 millones de euros.

El Alto Tribunal concluye que el pago correspondiente en este caso en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza (IIVTNU) «tiene un alcance confiscatorio de la riqueza gravada».

«Por tanto, cabe declarar que resultan contrarios al principio de capacidad económica y a la prohibición de confiscatoriedad aquellos supuestos en los que, como es el caso litigioso, el importe de la cuota tributaria a abonar en concepto del IIVTNU resulte equiparable, en una proporción materialmente equivalente a la cuantía de la plusvalía realmente obtenida por el obligado tributario, que una vez deducida la cuota que correspondería por IIVTNU es una plusvalía inapreciable en proporción al valor de adquisición», señala la sentencia.

En cualquier caso, esta cuestión (la inexistencia del incremento del valor) ya ha quedado superada actualmente, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el Pleno del Tribunal Constitucional en octubre del año pasado.

Por eso, la sentencia se centra sobre el hecho de que el recurrente no había impugnado la liquidación tributaria amparándose en la posible inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible del tributo, tan solo esa inexistencia de incremento de valor.

No obstante, a los efectos de la declaración de responsabilidad subsidiaria, concluye que la liquidación tributaria por este impuesto, cuya deuda tributaria es objeto de la derivación de responsabilidad, «es inválida y carente de eficacia por la inconstitucionalidad de las normas legales de cobertura para efectuar la liquidación, y no puede servir de fundamento y presupuesto para la declaración de responsabilidad subsidiaria».

 

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

La moratoria ha agravado la situación de las empresas.
Los concursos exprés representaron en julio un 74% del total.

Tras un agosto tranquilo a causa del periodo estival, España se enfrenta a un otoño duro a causa del fin de la moratoria concursal. Tras dos años en suspensión como medida para mitigar los efectos de la pandemia, las empresas se ven ahora en el disparadero y sin margen de maniobra. Junio y julio fueron un aviso sobre lo que puede ocurrir, y es que el número de concursos aumentó un 21,3% y un 25%, respectivamente, en relación a los mismos meses del 2021.

En agosto el dato de destrucción de empresas ha sido especialmente preocupante (16.735 empresas menos que en julio), ya que se trata del segundo mayor descenso desde 2013. Un dato que encaja con el entorno complejo e incierto que está afrontando la empresa, en especial las pymes y autónomos, y que se caracteriza por la fuerte presión a la baja sobre los márgenes debido a las importantes alzas de los costes, que sólo son transmitidas parcialmente a los clientes con el fin de no perjudicar la demanda. De hecho, indicadores adelantados como los PMI reflejan que los nuevos pedidos en el sector manufacturero español volvieron a disminuir notablemente en agosto, al tiempo que en el sector servicios se apunta que también un cambio de signo en los volúmenes de nuevos pedidos.

En este contexto, el previsible freno de la actividad en este otoño complica el escenario para las empresas españolas, que afrontan un encarecimiento generalizado de los costes, especialmente de la energía y materias primas y un endurecimiento de las condiciones financieras, como consecuencia del incremento de los tipos de interés y la mayor cautela de las entidades financieras a la hora de conceder créditos, debido a la creciente incertidumbre, lo que puede poner en riesgo la viabilidad de muchas compañías, sobre todo las de menor dimensión, que cuentan con recursos más limitados para afrontar estas dificultades.

Además, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana empresa (Cepyme) advierte de que cabe esperar un incremento de mortalidad empresarial en los próximos meses, también auspiciada por el fin de la moratoria concursal el pasado 30 de junio. Por el momento, los concursos exprés, que implican la solicitud conjunta del concurso y la disolución de una empresa, representaron un 73,68% del total en agosto. Una cifra elevada, que preocupa, sobre todo, porque en agosto el descenso porcentual del número de empresas fue especialmente intenso entre las pequeñas y las medianas empresas, parte sustancial del tejido empresarial.

Fuentes de Cepyme consultadas por elEconomista.es comentan que «el año 2022, lejos de convertirse en un ejercicio que permitiese a las empresas generar recursos para curar las heridas del pasado, se ha caracterizado por una explosión importada de la inflación que ha disparado los costes y ha tensionado todavía más los márgenes y, sobre todo, la liquidez de las empresas en dificultades».

En paralelo, el endurecimiento de los tipos de interés y el aumento de la incertidumbre complica mucho el acceso a la financiación externa para las empresas que viven una situación más complicada. Ante esta realidad y a la sombra del fin de la moratoria concursal, cabe esperar un número importante de concursos de acreedores en la recta final de 2022, manteniendo la tendencia exprés de disolución en el día que se presenta.

«Eximiendo a las compañías en dificultades a entrar en concurso, no se ha hecho más que alargar, y por tanto empeorar, la delicada situación de estas»

Desde el despacho Abencys, firma jurídica especializada en insolvencia y restructuraciones, se alerta del aumento del número de empresas que, a pesar de haber intentado continuar su actividad amparadas por la moratoria que el eximía de la obligación de presentar concurso, no han podido hacer frente a su actividad en condiciones normales.

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Fuente: El Economista

Consulta si en tu Comunidad Autónoma existen deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento, por ser familia numerosa o monoparental o por tener descendientes con discapacidad.

En el siguiente esquema se recogen las principales deducciones que puedes aplicar en la declaración del IRPF 2022, relacionadas con las siguientes situaciones:

1. Nacimiento, adopción o acogimiento.
2. Familias numerosas y monoparentales.
3. Descendientes con discapacidad.

DEDUCCIONES POR NACIMIENTO, ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO

Andalucía.

  • Nacimiento, adopción o acogimiento familiar: 200 € por cada hijo nacido, adoptado o por cada menor en régimen de acogimiento familiar simple, permanente o preadoptivo, administrativo o judicial, en el período impositivo en que se produzca el nacimiento, adopción o acogimiento. Dicha deducción será de 400 € si el contribuyente reside en un municipio con problemas de despoblación.
  • En caso de partos, adopciones o acogimientos múltiples la deducción se incrementará en 200 € por hijo en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple, siempre que no superen los 25.000 euros en tributación individual o 30.000 euros en tributación conjunta.
  • Adopción internacional: 600 € por cada hijo adoptado si no se superan los 80.000 € en declaración individual o 100.000 en conjunta.

Aragón.

  • Nacimiento o adopción. Por primer o segundo hijo: 100 € por el primer hijo y 150 por el segundo. Puede incrementarse hasta 200 y 300 euros, respectivamente, por base en declaración conjunta inferior a 35.000 euros o 23.000 euros en individual; Requisito: residencia en poblaciones inferiores a 10.000 habitantes; Por tercer o sucesivos hijos: 500 € por cada hijo, únicamente en el año en que se produzcan. Puede incrementarse hasta 600 € por base en declaración conjunta menor de 35.000 € o 21.000 en individual; Por hijos con discapacidad igual o superior al 33%: 200 €, compatible con la deducción anterior.
  • Adopción internacional: 600 € por cada hijo adoptado en el año en que se produzca.

Illes Balears.

  • No existe.

Canarias.

  • Nacimiento o adopción: 200 € por el primer o segundo hijo; 400 € por el tercero; 600 € por el cuarto y 700 € por el quinto o sucesivo. Se añaden 400 € por el primer o segundo hijo con discapacidad en grado igual o superior al 65%, y 800 € por el tercer o posterior siempre que sobrevivan los anteriores discapacitados. Aplicable con rentas no superiores a 39.000 € en individual o 52.000 € en conjunta.
  • Acogimiento: 250 € por cada menor en acogimiento familiar de urgencia, temporal o permanente, prorrateándose la cuantía de la deducción por los días reales de convivencia durante el año.
  • Gastos por enfermedad: 10% de los gastos médicos o sanitarios, por prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, salud dental, embarazo y nacimiento de hijos, accidentes e invalidez, propios y de las personas del mínimo familiar. 10% de los gastos por aparatos y complementos, incluidas gafas graduadas y lentillas. Límite anual de 500 € en tributación individual y 700 € en conjunta, incrementándose en 100 € en tributación individual si el contribuyente acredita minusvalía igual o superior al 65%.
  • Como medida excepcional motivada por la erupción volcánica, los contribuyentes con residencia habitual en la isla de La Palma podrán deducir de la cuota autonómica un 35% de los gastos por enfermedad mencionados.

Cantabria.

  • Nacimiento o adopción: 100 € por cada hijo nacido o adoptado en el año correspondiente, siempre que la base liquidable, menos el mínimo personal y familiar, no supere los 31.485 €.
  • Acogimiento: 240 € o el resultado de multiplicar 240 € por el número máximo de menores acogidos simultáneamente en el año, con un límite de 1.200 €. Requisitos: menores seleccionados por entidad pública de protección de menores, no sean parientes del contribuyente y no sean adoptados durante el año.
  • Gastos sanitarios: 10% de los gastos por embarazo y nacimiento de hijos, por enfermedad, salud dental, accidentes e invalidez. Límite anual de 500 € en tributación individual y 700 € en conjunta; incrementándose en 100 € en tributación individual si el contribuyente acredita minusvalía igual o superior al 65% y la base imponible es inferior a 22.946 €. En caso de tributación conjunta el incremento es de 100 € por cada contribuyente con dicha discapacidad siempre que la base imponible sea inferior a 31.485 €.

Castilla-La Mancha.

  • Nacimiento o adopción: 100 € por partos o adopciones de un hijo; 500 € por dos hijos; y 900 € por tres o más hijos. Requisito: que el contribuyente genere derecho al mínimo por descendientes.
  • Acogimiento: 500 € por el primer menor en acogimiento familiar no remunerado y 600 € por el segundo o sucesivo. Requisitos: base imponible no superior a 12.500 € en tributación individual y 25.000 € en conjunta y no se perciban ayudas públicas vinculadas al acogimiento.

Castilla y León.

  • Nacimiento o adopción: 1.010 € por el primer hijo; 1.475 € por el segundo hijo; y 2.351 € por el tercero o sucesivos. El doble si el hijo tiene una minusvalía igual o superior al 33%. Incremento del 35% para los residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes. Aplicable a bases imponibles restado el mínimo familiar y personal que no superen 18.900 € en tributación individual o 31.500 € en conjunta.
  • Partos múltiples o adopciones simultáneas: Además de la anterior, la mitad del importe obtenido en aquella, si son dos hijos o bien, o una cuantía equivalente si son tres o más hijos. Además, 901 € durante los dos años siguientes al nacimiento o adopción. Límite: base imponible menos mínimo familiar y personal, 18.900 € en tributación individual y 31.500 € en conjunta.
  • Gastos por adopción: 784 € por cada adopción realizada en el año. 3.625 € en caso de adopción internacional. Compatible con las dos deducciones anteriores.

Cataluña.

  • Nacimiento o adopción: 300 € por hijo en declaración conjunta o en la declaración del progenitor de una familia monoparental; 150 € en individual.

Extremadura.

  • Partos múltiples: 300 € por hijo si la base imponible no supera 19.000 € en tributación individual o 24.000 € en conjunta (28.000 o 45.000 €, respectivamente, para contribuyentes con residencia habitual en municipios con población inferior a 3.000 habitantes).
  • Acogimiento: 250 € por cada menor en acogimiento familiar temporal, permanente o de urgencia, si se convive con el menor 183 días o más en el año; o 125 € si la duración es menos de 183 días y más de 90 días.

Galicia.

  • Nacimiento y adopción: 300 € por cada hijo o 360 € por parto múltiple, si la base imponible menos mínimo personal y familiar es igual o mayor de 22.000,1 €. Si es igual o menor de 22.000 €, 360 € por cada hijo; 1.200 € por el segundo y 2.400 € por tercero o siguientes. Se incrementa un 20% para residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes. La deducción se extiende a los dos años siguientes con 300 € para base entre 22.000,01 € y 31.000 €, y 360 € para bases menores o iguales a 22.000 €; 1.200 € por el segundo y 2.400 € por el tercero o siguientes Las cuantías se duplican por discapacidad del hijo igual o superior al 33%.
  • Acogimiento: 300 € por cada menor en acogimiento familiar simple, permanente, provisional o preadoptivo, administrativo o judicial, si convive 183 días o más durante el año y no hay parentesco. Si se convive más de 90 y menos de 183 días, 150 €.

Madrid.

  • Nacimiento o adopción: 600 € por cada hijo, el año que se produzca y en los dos siguientes. Por partos o adopciones múltiples, se incrementa, el primer año, en 600 € por hijo. Requisitos: base imponible no superior a 30.000 € en tributación individual o 36.200 € en conjunta; no se aplica si la suma de las bases imponibles de toda la unidad familiar supera 60.000 €.
  • Adopción internacional: 600 € por cada hijo adoptado en el año, compatible con la deducción anterior.
  • Acogimiento: 600 € por el primer menor; 750 € por el segundo; y 900 € por tercero o sucesivos. Requisitos: que permanezcan en acogimiento más de 183 días y no hayan sido adoptados el mismo año; la suma de bases imponibles no supere 25.620 € en tributación individual o 36.200 en conjunta.
  • Familias con dos o más descendientes: 10% del importe resultante de minorar la cuota íntegra autonómica en el resto de las deducciones aplicables y la parte de deducciones estatales que se apliquen sobre dicha cuota autonómica. Requisito: la suma de las bases imponibles no supere 24.000 € tanto individual como conjuntamente.

Murcia.

  • Nacimiento o adopción: 100 € por el primer hijo; 200 € por el segundo; y 300 € por el tercero o sucesivos. Requisito: la suma de bases imponibles no supere 30.000 € en declaración individual o 50.000 en conjunta.

Valencia.

  • Nacimiento o adopción: 270 € por cada hijo. Aplicable en los dos años posteriores si la suma de la base liquidable general y del ahorro no supera 25.000 € en tributación individual o 40.000 € en conjunta.
  • Nacimiento o adopción múltiples: 224 €, si cumplen los requisitos para aplicar el mínimo por descendientes estatal y la suma de bases imponibles no supera 25.000 € en tributación individual o 40.000 € en conjunta.
  • Nacimiento o adopción de hijo discapacitado: 224 € si es el único hijo con discapacidad; 275 € si tiene un hermano discapacitado físico o sensorial. Requisito: discapacidad física o sensorial al menos del 65% o psíquica al menos del 33%; suma de bases imponibles inferior a 25.000 € en tributación individual o 40.000 € en conjunta.
  • Acogimiento: 270 € para todo el periodo impositivo, prorrateándose, en caso contrario, los días que dure el acogimiento. Requisito: suma de la base liquidable general y del ahorro no supere 25.000 € en tributación individual o 40.000 € en conjunta.
  • Conciliación del trabajo con la vida familiar: 418 € por cada hijo o menor en acogimiento permanente mayor de 3 y menor de 5 años. Se aplica a la madre o acogedora. Requisitos: los niños generen derecho al mínimo por descendientes; la madre o acogedora esté de alta en la SS o mutualidad y la suma de bases imponibles no supere 25.000 € en tributación individual o 40.000 € en conjunta.
  • Contribuyentes con dos o más descendientes: 10% del importe de la cuota íntegra autonómica una vez deducidas de la misma las minoraciones para determinar la cuota líquida autonómica, excluida la presente deducción. Requisito: la suma de las bases imponibles de los contribuyentes, descendientes que dan derecho al mínimo y la de todos los miembros de la unidad familiar, no supere 24.000 €

NOTAS: Las 3 primeras deducciones son compatibles entre sí y con la deducción por familia numerosa. / En las 5 primeras deducciones anteriores, existen límites y coeficientes de aplicación para otros niveles de base imponible.

DEDUCCIONES POR FAMILIAS NUMEROSAS O MONOPARENTALES

Andalucía.

  • Familia monoparental: 100 € por hijos menores de edad excepto si viven independientes de los padres con su consentimiento. También por hijos mayores de edad con discapacidad a quienes, por resolución judicial, asista un curador. Se incrementa en 100 euros por cada ascendiente mayor de 75 años que conviva con la familia monoparental.
  • Familia numerosa: 200 € las de categoría general y 400 € las de categoría especial. Requisito: base imponible no supere los 25.000 € en tributación individual y 30.000 en conjunta.

Aragón.

  • No existe.

Asturias.

  • Familia numerosa: 505 € las de categoría general y 1.010 € de categoría especial. Requisito: base imponible no supere 25.009 € en tributación individual y 35.240 € en conjunta.
  • Familia monoparental: 303 € sobre la cuota autonómica por descendientes a cargo y no se conviva con otra persona ajena a los descendientes, salvo ascendientes por los que se aplique el mínimo por ascendientes.

Illes Balears.

  • No existe.

Canarias.

  • Familia monoparental: 100 € si no se convive con otra persona distinta de los descendientes, salvo ascendientes por los que se aplique el mínimo por ascendientes. Requisitos: renta no supere 39.000 € en tributación individual o 52.000 € en conjunta.
  • Familia numerosa: 450 € las de categoría general y 600 € de categoría especial. Si algún cónyuge o descendiente tiene una discapacidad igual o superior al 65%, serán 1.000 € y 1.100 € respectivamente.

Cantabria.

  • Familia monoparental: 200 € anuales si la base liquidable, menos el mínimo personal y familiar, es inferior a 31.485 €.

Castilla-La Mancha.

  • Familia numerosa: 200 € las de categoría general y 400 € de categoría especial. Si algún cónyuge o descendiente tiene una discapacidad igual o superior al 65%, serán 300 y 900 € respectivamente.
  • Familia monoparental: 200 euros por hijos menores de edad excepto si viven independientes de los padres con su consentimiento o hijos mayores de edad que tengan establecida alguna de las medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.

Castilla y León.

  • Familia numerosa: 500 € con carácter general. Si algún cónyuge o descendiente tiene una discapacidad igual o superior al 65%, será de 1.000 €. Se incrementa en 820 € por cada descendiente, a partir del cuarto inclusive, al que se aplique el mínimo por descendiente.

Cataluña.

  • No existe.

Extremadura.

  • No existe.

Galicia.

  • Familia numerosa: 250 € las de categoría general y 400 € de categoría especial. Si algún cónyuge o descendiente tiene una discapacidad igual o superior al 65%, serán 500 € y 800 € respectivamente.

Madrid.

  • No existe.

Murcia.

  • No existe.

La Rioja.

  • No existe.

Valencia.

  • Familia numerosa y monoparental: 300 € las de categoría general y 600 € de categoría especial. Requisitos: base imponible total inferior a 25.000 € en tributación individual o 40.000 € en conjunta para categoría general, e inferiores a 30.000 € o 50.000 €, respectivamente, para especial. Existen límites y coeficientes de aplicación para otros niveles de base imponible. Compatible con la deducción por nacimiento, adopción o acogimiento familiar, por nacimiento o adopción múltiple o por nacimiento o adopción de hijo discapacitado.

DEDUCCIONES POR ASISTENCIA O CUIDADO DE DESCENDIENTES CON DISCAPACIDAD

Andalucía.

  • 100 € por descendientes con discapacidad. Requisitos: suma de bases imponibles no supere 80.000 € en tributación individual o 100.000 en conjunta. Asimismo, el 20% del importe satisfecho a la SS en las cuotas a empleados de hogar, con límite de 500 € anuales. Aplicable también a ascendientes.

Aragón.

  • 150 € por descendientes con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, cuando convivan con el contribuyente, al menos la mitad del período impositivo. Requisitos: la persona dependiente no puede tener rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 € y la suma de las bases imponibles, menos el mínimo por contribuyente y descendientes, no supere los 35.000 € en tributación conjunta o 21.000 en individual.

Asturias.

  • No existe.

Illes Balears.

  • Minusvalía física o sensorial: 80 €, grado igual o superior al 33% e inferior al 65% y 150 €, grado igual o superior a 65%; Minusvalía psíquica: 150 €, grado igual o superior al 33%. Se aplica también por discapacidad de los propios declarantes. Requisito: la suma de bases imponibles no supere 13.750 € en tributación individual y 27.500 € en conjunta.

Canarias.

  • 500 € por descendiente con un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Requisitos: suma de bases imponibles no supere 39.000 € en tributación individual o 52.000 en conjunta. Aplicable también a ascendientes.
  • Los contribuyentes con residencia habitual en la isla de La Palma, podrán practicar una deducción en la cuota íntegra autonómica equivalente al resultado de aplicar el tipo de gravamen del primer tramo de la escala autonómica, sobre una base constituida por el 10% de la cuantía correspondiente al mínimo por discapacidad del descendiente, siempre que hayan sido desalojados de forma definitiva de los inmuebles donde residían o los inmuebles donde se ubicaban sus lugares de trabajo hayan sido destruidos como consecuencia de la erupción volcánica. Aplicable también a discapacidad de ascendientes o del propio contribuyente.

Cantabria.

  • 100 € por cada descendiente menor de 3 años, por cada ascendiente mayor de 70 y por cada ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano con discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 65%, si conviven más de 183 días del año (salvo los menores de 3) y no tengan rentas brutas anuales superiores a 6.000 € o del 1,5 del IPREM en caso de discapacidad.

Castilla-La Mancha.

  • 300 € por cada descendiente con un grado de minusvalía igual o superior al 65% y que genere derecho a mínimo por discapacidad. Aplicable a ascendientes.

Castilla y León.

  • No existe.

Cataluña.

  • No existe.

Extremadura.

  • 150 € por cada descendiente con discapacidad igual o superior al 65%. Requisitos: convivencia ininterrumpida durante al menos la mitad del año y la base imponible no supere 19.000 € en tributación individual o 24.000 € en conjunta (28.000 o 45.000 €, respectivamente, para contribuyentes con residencia habitual en municipios con población inferior a 3.000 habitantes). La deducción será de 220 € para descendientes o ascendientes con reconocimiento de ayuda a la dependencia.

Galicia.

No existe.

Madrid.

No existe.

Murcia.

No existe.

La Rioja.

No existe.

Valencia.

No existe.

 

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

El 90% de los españoles prefiere algún tipo de modelo de teletrabajo.

El final del verano y la vuelta a la oficina este nuevo curso está marcado por «teletrabajo si» o «teletrabajo no». Una de las secuelas de la pandemia es el auge de este tipo de empleos, que cada vez son demandados por un mayor número de trabajadores

El debate se centra ahora en 100% teletrabajo, 100% presencial o un modelo híbrido. El estudio de Edenred y BTS ‘Expectativas laborales de empleados y empresas 2022’ señala que el 90% de los españoles prefiere algún tipo de modelo de teletrabajo. Una encuesta que choca con el último informe de la EPA (Encuesta de Población Activa), que resalta que el 90% de los españoles ha vuelto de forma presencial a su puesto laboral.

Nuevo incentivo.

El trabajo en remoto es una opción cada vez más demandada por los trabajadores. El cambio de empresa o una negociación con la actual son los principales caminos si se desea un cambio de modelo. Una transformación que aún está en ciernes y que no es una opción que todas las empresas se plantean. Según apunta una encuesta realizada en febrero y marzo de este año por FlexJobs, un sitio web de búsqueda de empleo, el segundo beneficio más valorado por los empleados era la posibilidad del trabajo remoto, solo por detrás del salario. Algo que algunas empresas están entendiendo muy bien y están aplicándolo como un nuevo incentivo. En ciertos sectores donde cada vez es más complicado contratar se está convirtiendo en un factor clave, como es el caso del sector tecnológico.

Annie Rosencrans, directora de personas y cultura de HiBob en EEUU, un proveedor de plataformas de recursos humanos, dijo que incluso existen casos de empresas que volvieron a la presencialidad total y tuvieron que rectificar. Afirma que «tienes que estar dispuesto a perder gente por eso», ya que muchas empresas que no se adapten a los nuevos tiempos perderán capital humano de gran valor.

Otra encuesta de FlexJobs de 2021 señala que el 65% de los empleados con jornada completa en remoto quieren seguir manteniendo este modelo. Un 58% de quienes disfrutan de esta modalidad buscarían un nuevo empleo si se les obligasen a acudir presencialmente. En otro estudio del sitio web de búsqueda de empleo apuntan a que, desde la segunda mitad de 2021, las ofertas con teletrabajo han aumentado en un 22%. Algunas empresas como 3M, Airbnb o Reddit ofrecen esta opción.

Toni Frana, gerente de servicios profesionales de FlexJobs, sostiene que «las encuestas y los datos recopilados más recientes muestran que tanto los empleados como los gerentes están de acuerdo en que el trabajo remoto es beneficioso y productivo, y muchas personas quieren seguir usándolo de alguna manera».

¿Negociar el teletrabajo?

Según una encuesta reciente de MagnifyMoney, un 67% de los estadounidenses prefieren cambiar de puesto internamente en su empresa a comenzar en otra distinta. Por lo que, si se busca un cambio en el modelo de trabajo, negociar directamente con recursos humanos o con la directiva debería ser una de las primeras opciones a tener en cuenta.

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Fuente: El Economista

La desaparición de cookies de terceros anunciada por Google para 2024 y las nuevas leyes de protección de datos, conducen a una situación en la que las empresas deberán disponer de sus propias bases de datos.

Hoy en día, la recolección de datos se ha convertido en un proceso imprescindible para las empresas ya que les permite ofrecer a sus clientes y usuarios un servicio más personalizado que incrementa las ventas y consolida su posición en el mercado.

Ahora bien, teniendo en cuenta que cada día se generan en el mundo alrededor de 2.5 quintillones de bytes de datos, la cuestión no es si las empresas pueden recoger datos sino cómo deben hacerlo para obtener sólo aquellos que realmente les interesen.

“Para desarrollar una correcta estrategia de recopilación de datos, continua e ininterrumpida, es fundamental que ésta se base en recoger first y zero-party data, que son aquellos datos que los usuarios ofrecen de forma voluntaria. De esta forma, las marcas que elaboran campañas de marketing centradas en este tipo de recolección de datos, pueden aprovechar esa información para generar engagement con su comunidad e incrementar su fidelidad”, señala Antonio Molina, CMO de Qualifio, plataforma SaaS líder en Europa de recopilación de datos, marketing interactivo y fidelización.

Además, desde la compañía, recuerdan que la desaparición de cookies de terceros anunciada por Google para 2024 y las nuevas leyes de protección de datos, conducen a una situación en la que las empresas deberán disponer de sus propias bases de datos. Algo para lo que desde Qualifio recomiendan llevar a cabo la siguiente estrategia de recogida de información, basada en cuatro pasos:

1. Adquisición. Las nuevas leyes de protección de datos han obligado a las empresas a replantearse el sistema de recopilación de información que utilizaban hasta ahora. Actualmente, la mejor opción que tienen los negocios para disponer de una base de datos fiable es recolectar la información por sí mismos. De este modo, pueden conocer a su público y comprender mejor sus expectativas y comportamiento. Para ello, las empresas deben tener una herramienta de recopilación de datos que, preferiblemente, les permita ofrecer a los usuarios juegos y formatos interactivos ya que el 69% de los consumidores afirma que están más dispuestos a interactuar con las marcas que los ofrecen en sus webs.

2. Además, también es importante contar con una herramienta para la explotación de los datos y realizar con frecuencia pruebas A/B con las que probar diferentes fórmulas de recopilación.

3. Enriquecimiento. Tras esta primera fase, las empresas suelen disponer ya de un número relevante de perfiles recopilados, registros en la newsletters, tasas de apertura…lo que les permitirá comenzar a comunicarse con su audiencia y ofrecerles información personalizada. No hay que olvidar que, según Forbes, el 74% de los consumidores reconoce sentirse frustrado por recibir mensajes de marketing que no son relevantes para ellos. De ahí, la importancia de conocer bien a tu audiencia y ofrecerle el contenido que mejor se ajusta a sus necesidades e intereses.

4. Desde Qualifio afirman que la clave para personalizar bien las comunicaciones es contar con las herramientas adecuadas para procesar los datos recogidos de una fuente única y que dichos datos permitan generar un perfil de los clientes. Para ello, la compañía recomienda a las empresas realizar campañas de marketing interactivas que les ayuden a recoger first y zero-party data. Los first-party data son la información que los clientes proporcionan a los negocios para realizar una compra o acceder a un servicio (como el historial de compra, los datos de contacto…), mientras que, los zero-party data son los datos compartidos intencional y proactivamente por los clientes como, por ejemplo, las intenciones de compra, las preferencias en la comunicación, su contexto personal…

5. Refuerzo del embudo de conversión. En este punto, Qualifio recuerda dos datos importantes: que las webs tienen solo 15 segundos para captar la atención de un usuario antes de que abandone la página y que, entre el 97 y el 98% de los visitantes son anónimos. Por ello, es clave que las empresas optimicen el embudo de conversión para que los usuarios dejen de ser anónimos. Para conseguirlo se pueden realizar acciones de retargeting, utilizando un DMP y una buena secuencia de pop-ups; optimizar los formularios con campos adicionales o implementar una solución SSO (single-sign on) en la web para tener una visión unificada de los datos que se recopilan, garantizando la calidad de los datos y permitiendo la elaboración de perfiles progresivos.

6. Un ejemplo de esto lo vemos en la estrategia desarrollada por la marca líder en cosmética L’Oreal que, utilizando herramientas de Qualifio, ha reforzado su embudo de conversión, incrementando su base de datos y mejorando la calidad de la misma.

7. Fidelización. Tras estos pasos las empresas ya tendrán una base de datos enriquecida que fortalecerá su comunidad, lo que ayuda a establecer y mantener la fidelidad de los clientes. Desde Qualifio recomiendan premiar a la audiencia por todas las interacciones que haga con la marca y no solo por sus compras ya que, es entre un 60 y un 70% más probable que una marca venda a un cliente existente que a un cliente nuevo. Además de que el 87% de los consumidores reconoce estar pendiente de los programas de fidelización.

 

 

 

Fuente: CISS Contable Mercantil.

Una tercera parte de las compras se realizan por impulso. Son adquisiciones de última hora influidas por estrategias de marketing más o menos sutiles.

El cliente que hace cola en la tienda para pagar su compra repasa qué artículos puede haber olvidado, mira con impaciencia cómo avanzan los productos del cliente anterior… y añade a su carrito unas pilas que coge allí mismo, recuerda que necesita recambios para su maquinilla de afeitar al verlos frente a él y coge unos chicles del expositor que está a su derecha. Esto es compra por impulso. Una decisión de última hora que el consumidor toma sin pensar y que los especialistas en marketing intentan potenciar en los puntos de venta.

EMOCIONES EN JUEGO

El 65% de las decisiones de compra se producen en el punto de venta y cuatro de cada diez personas reconocen que gastan más de lo previsto inicialmente. Pero, sin duda, el dato más llamativo corresponde a que el 29% de las compras (una de cada tres) se realice por impulso (el cliente compra y luego busca razones para justificar ese gasto).

Aunque técnicamente algunos expertos sólo consideran compra por impulso la que se produce a última hora en el punto de venta, las campañas de publicidad y las promociones apelan continuamente a nuestras emociones para aumentar un consumo más o menos impulsivo. Esto explica que ese cliente influenciable, que en realidad es cualquiera de nosotros, elija unos chicles determinados, una marca de pilas concreta y unas hojas de afeitar con nombre y apellidos.

Esta decisión espontánea es también fruto de un estímulo concreto, en este caso, previo a su presencia en el lugar de venta. La publicidad de los productos y la manera de promocionarlos influye en la idea inconsciente que nos vamos creando sobre ellos y en la predisposición a incluirlos en nuestra compra.

La seducción de la publicidad.

La primera condición para que un producto acabe formando parte de la cesta de la compra es que el cliente sea capaz de diferenciarlo de los demás. Éste es el mayor desafío para el marketing y el objetivo que persigue cuando recurre a mensajes que tocan la fibra sensible del consumidor

En marketing la objetividad no existe.

Distinguir un producto de otro por una característica técnica en concreto resulta, en muchas ocasiones, prácticamente imposible, y hay que diferenciarlo por un atributo, es decir, una característica que no se pueda medir. Por ejemplo, cuando BMW lanzó el mensaje ¿Te gusta conducir?, no estaba vendiendo un coche sino una experiencia placentera.

La estrategia que sustente esa seducción apelará a valores asociados con los productos.

Ya no manda el comportamiento del producto, sino lo que la marca dice de sí misma.

El punto de venta: la hora de la verdad.

Sin duda, la publicidad en el punto de venta es la más eficaz para activar la compra por impulso.

Una estrategia global atractiva.

El valor no sólo se crea a través de la comunicación, sino también con la reflexión estratégica que hay detrás.

ASÍ INFLUYE EN EL CONSUMIDOR

La seducción es el camino, pero la dificultad surge a la hora de determinar cómo se aborda este trabajo. Algunas de las principales líneas estratégicas desde las que se puede intentar fomentar la compra emocional son:

Establecer un valor ligado al producto superior al que ofrece la competencia. Sin un valor detrás que la empuje, una marca es simplemente un nombre, un envoltorio vacío. El valor en cuestión tiene que ser sencillo y claro, capaz de sintetizarse en una palabra, y, sobre todo, seductor e interesante para el consumidor.

Ejemplos de ello son lo entrañable con el concepto Vuelve a casa por Navidad de los turrones El Almendro, o el silencio relacionado con los aparatos de aire acondicionado de Fujitsu.

Añadir una idea nueva a algo ya existente.

En muchas ocasiones el producto basta por sí mismo, sólo hay que cambiar el punto de vista desde el que se comunica.

Buscar diferencias por la forma de comercializar el producto.

Hay que recordar el gran éxito que consiguieron las máquinas de afeitar desde que apostaron por ubicarse en las góndolas de los puntos de venta, junto a las cajas. Hoy nadie piensa que se puedan encontrar en otro sitio. También el embalaje del producto puede ser decisivo en este empeño.

Orientar todas las acciones de comunicación al marketing emocional.

Los límites del marketing se ensanchan y afectan cada vez a más rincones de la compañía. El responsable de marketing del nuevo siglo es una persona más flexible, que ha de aprender a convivir con la contradicción. Ya no existe la estrategia de tanques, volvemos a las armas blancas, a la guerrilla.

En esta línea se entiende que la estrategia, aunque tenga su parte más visible en la publicidad, se sustenta en otros pilares de comunicación y afecta a toda la política de la empresa hacia el exterior. La empresa Apple ofrece un buen ejemplo de ello: no sólo aporta una herramienta idónea para la creatividad, sino que el propio ordenador es un objeto llamativo y creativo desde el punto de vista del diseño.

Conectar con la realidad.

El producto debe aportar lo que la emoción promete, pero también debe cumplir su función objetiva. Por ejemplo, los relojes Swatch basan su éxito en el diseño, pero también en una tecnología de calidad.

Convertir la compra en parte del ocio.

Para que la estrategia funcione, la experiencia de compra debe ser un acto positivo, incluso se puede convertir en parte de la actividad de ocio del consumidor. La compra debe ser fácil y placentera, no una sucesión de obstáculos.

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Fuente: Emprendedores

Que la Agencia Tributaria conoce la mayoría de los ingresos y gastos que tienen los autónomos incluso antes de que declaren el IVA, IRPF o Sociedades, no es un secreto para nadie, sobre todo desde la reciente aprobación del sistema de cotización por ingresos reales.

Los datos fiscales del trabajador por cuenta propia son su seña de identidad, como el DNI de cualquier persona. El autónomo los necesita para poder trabajar, facturar y, sobre todo cobrar. Pero ¿cuáles son? ¿Para qué sirven? ¿Dónde puedo consultar o modificar esta información?

La tecnología se ha convertido en una herramienta imprescindible para Hacienda. La introducción de herramientas como el Big Data le han servido no solo para poder comprobar la legalidad de las facturas registradas por los trabajadores autónomos sino también para realizar una radiografía detallada de su situación fiscal.

Autónomo. Persona física.

La Agencia Tributaria dispone de mucha información, además de cualquier cambio en su situación personal, que pueda afectar al pago de impuestos (datos de los que indefectiblemente somos nosotros mismos los suministradores), los cruces de información que facilitan las nuevas tecnologías le afianzan aún más en su papel de “Gran hermano”, como ya lo concebía George Orwell hace casi 40 años “ojo todopoderoso y omnipresente que vigila sin descanso”.

Casi nada es secreto para el Fisco, desde los préstamos solicitados y los apuntes de ingresos de sus cuentas bancarias, hasta los rendimientos de trabajo, los ingresos por actividades económicas diferenciados por pagador, las prestaciones o ayudas que hayan cobrado, las rentas de cualquier tipo, las inversiones realizadas, los pagos con tarjeta e incluso los abonados en efectivo de más de 1000 euros.

Fuentes

La principal fuente de información sobre los autónomos son las declaraciones de sus propio clientes sobre las retenciones practicadas en las facturas por operaciones realizadas durante el ejercicio anterior. Respecto a los asalariados, más fácil todavía, los buscan en modelos informativos presentados por terceros obligados. Por ejemplo, «los empleadores en rendimientos de trabajo (modelo 190), o de las Entidades Financieras en rendimientos de capital mobiliario o transmisión de activos financieros»

Pero, la labor inspectora de Hacienda va mucho más allá. Además de en sus propias declaraciones, la Agencia Tributaria recurre a todos los registros públicos, las notarías, el SEPE, el catastro, la Seguridad Social, la información sobre procedimientos judiciales, los datos bancarios, las líneas de crédito, los ingresos y retiradas e incluso a la DGT o a las comunidades autónomas, que aportan datos de familias numerosas o deducciones autonómicas.

Consulta on line

Para visualizar sus datos fiscales, acceda a la página de la Agencia Tributaria, localice el apartado «Gestiones destacadas» y pulse el enlace «Datos fiscales».

En la siguiente ventana indique su DNI / NIE para entrar con Cl@ve PIN o con número de referencia. O bien, puede identificarse con certificado o DNI electrónico.

Si ingresa con certificado/DNI electrónico, la casilla NIF – NIE aparecerá cumplimentada con los datos del titular del certificado o DNIe. Pulse «Acceder».

Si opta por identificarse con Cl@ve PIN o número de referencia, tras indicar el DNI / NIE deberá informar también el dato de contraste requerido en función de su número de documento: fecha de validez para DNI, fecha de expedición para DNI permanente o nº de soporte en caso de NIE. A continuación, pulsa «Continuar».

Tras identificarse con cualquiera de los sistemas habilitados, si es la primera vez que accede a los Servicios de Renta, se mostrará una ventana para que ratifique o modifique, si fuese necesario, los datos de su domicilio habitual.

Una vez ratificado el domicilio, se mostrarán los datos fiscales que le constan a la Agencia Tributaria en ese momento.

Si necesitas consultar los datos fiscales de un ejercicio anterior, puede entrar desde el apartado «Ejercicios anteriores» y seleccionar el ejercicio que corresponda.

Autónomo Societario.

La información sobre datos fiscales no sólo alcanza a las personas físicas. La Agencia Tributaria también ha desarrollado una opción de consulta para que los autónomos al frente de sociedades puedan acceder a la información que Hacienda tiene sobre su negocio.

Datos

Los datos disponibles en la Agencia Tributaria son los procedentes de:

  • Declaraciones informativas u otras fuentes de información derivadas de terceros.
  • Autoliquidaciones y declaraciones informativas del propio contribuyente.
  • Declarados en el modelo 200 correspondientes a importes pendientes de aplicar en ejercicios futuros.
  • Sanciones y recargos emitidos y notificados por la AEAT, intereses de demora abonados por la AEAT y por otras Administraciones.
  • Epígrafes del IAE en los que consta dado de alta el contribuyente, incluyendo el Código Nacional de Actividad Económica (CNAE) equivalente.

Cotización por ingresos reales.

Tenga en cuenta que, a partir del 1 de enero de 2023, con la aprobación del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, Hacienda controlará las cifras de ingresos y deducciones de los trabajadores por cuenta propia para fijar las bases y tipos de cotización.

Esto implica un nuevo reconocimiento legal del papel fiscalizador de la Agencia Tributaria a la hora de determinar sus ingresos reales.

El sistema que tendrán que aplicarse a los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en España, cuenta con un periodo de transición de nueve años hasta que en 2032 sea ya definitivo y tiene 15 tramos de rendimientos netos y bases de cotización que van desde una cuota mínima de 230 hasta los 500 euros.

La regularización correspondiente a cada ejercicio económico se llevará a cabo a ejercicio vencido y se realizará en función de los datos comunicados tanto por la Agencia Tributaria, como por las Administraciones forales.

Igualmente, el papel del fisco será crucial a la hora de conocer y aplicar las diferentes deducciones a las que el trabajador autónomo tiene derecho a la hora de fijar sus ingresos netos sobre los cuales se aplicará la cotización en tablas.

Fuente: CISS Contable Mercantil (Ainoa Iriarte Ibargüen)