Los agentes sociales no parecen dispuestos a que la subida del IPC se traslade ya a los salarios, pero las compañías empiezan a preocuparse por la duración del alza.

La escalada vertical y vertiginosa del IPC general desde el verano causada por el encarecimiento de los precios de la energía y los problemas mundiales de suministro en algunos sectores ha empezado a crear inquietud en las economías de toda Europa.

En el caso Español, el avance del dato de inflación adelantado el jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejó un incremento interanual del 5,5% una cifra jamás vista casi en 30 años. Sin embargo, más allá de las primeras alarmas, economistas, expertos, representantes políticos y de los agentes sociales parecen mantener la calma y estar convencidos de que el repunte de los precios será puntual, transitorio y leve.

“Ahora mismo no hay un problema de inflación, porque el incremento que se ha dado aún no es ni persistente en el tiempo ni generalizado de todos los precios”, matiza el director de Economía de la patronal CEOE y director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), Gregorio Izquierdo.

El último panel de expertos del Banco Central Europeo conocido el viernes pasado estimó una inflación media anual en la zona del 2,3% para «registrar una caída en picado» a lo largo de 2022 hasta caer por debajo del 2%. En concreto, los expertos del BCE calculan que el IPC armonizado se situará en el 1,9% el próximo año y continuará en descenso hasta el 1,7% en 2023. Con ello, también este organismo descarta un problema de inflación en la economía europea, algo que ya había avanzado un día antes la propia presidenta del BCE, Christine Lagarde.

Aunque, dicho esto, Izquierdo admite que, aunque el repunte inflacionista se presente transitorio, “es importante evitar los llamados efectos de segunda ronda”, que consisten fundamentalmente en el traslado del alza del IPC al los precios finales y, sobre todo, a los salarios. Este contagio del repunte inflacionista a las retribuciones salariales y a todos los precios en general crea un círculo vicioso de encarecimiento de la producción que se hace cada vez más difícil de frenar. Por ello, el dirigente empresarial asegura que “si se dejan las cosas tal y como están, en primavera el problema quedará disipado”.

También desde el lado sindical consideran que el fuerte alza de los precios será puntual, ya que se debe a que “los oligopolios energéticos no ganaron los suficiente en pandemia y ahora lo están recuperando”, se queja el director del Gabinete Económico del sindicato CC OO, Carlos Martín.

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Fuente: Cinco Días

Se ha publicado en el BOJA nº 206, de 26 de octubre la Ley 5/2021, de 20 de octubre, de Tributos Cedidos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la que se recogen las medidas en materia de tributos cedidos que son directamente aplicables por los contribuyentes andaluces, aprobándose medidas que afectan a los siguientes impuestos:

1. Impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Se anticipa al ejercicio 2022 la reducción de la escala autonómica del impuesto minorando el gravamen de los tramos de la escala. Asimismo, se mejora la aplicabilidad de determinadas deducciones vigentes, cabe destacar:

En la deducción por inversión en vivienda habitual.
Se suprime la referencia al IPREM que servía para determinar el límite de renta para el supuesto de inversión en viviendas protegidas.
Deducción por nacimiento o adopción de hijos.
Deducción por asistencia a personas con discapacidad.
Se establece una deducción para el caso de sociedades creadas o participadas por universidades o centros de investigación.
Se crean dos nuevas deducciones:

  • Deducción por gastos educativos.
  • Deducción por donativos con finalidad ecológica.

2. Impuesto sobre el patrimonio.

En relación con el impuesto sobre el patrimonio, se mejora el actual mínimo exento para los contribuyentes con discapacidad, de modo que el actual de 700.000 pasa a ser de 1.250.000 euros para las personas con discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65% y de 1.500.000 euros para personas con discapacidad igual o superior al 65%.

3. Impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Las novedades suponen la modificación de la tarifa y la regulación de los coeficientes multiplicadores.
En la tarifa se minora el gravamen en todos los tramos. Los coeficientes multiplicadores serán los mismos en función del grado de parentesco, sin discriminar en función de su patrimonio preexistente. Asimismo, se mejora la aplicabilidad de determinadas reducciones vigentes por adquisiciones mortis causa e inter vivos.

4. Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

En la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, se reduce el tipo de gravamen general aplicable a la transmisión de inmuebles y a la constitución y cesión de derechos reales sobre los mismos, excepto los de garantía, pasando desde los tipos del 8%, 9% y 10% a un único tipo general del 7%. De igual modo, se reduce el tipo de gravamen general, en la modalidad de actos jurídicos documentados, para los documentos notariales, pasando desde el tipo del 1,5% al 1,2%. Para los arrendamientos, se establece un único tipo de gravamen del 0,3%, en lugar de la escala estatal.

5. Los tributos sobre el juego.

Son objeto de una revisión e incorporación de medidas que mejoren la situación de las empresas explotadoras. En lo que respecta a los tipos de gravamen en la tasa fiscal sobre el juego, se reducen los tipos aplicables de la tarifa de casinos, el tipo del bingo se fija en el 15% sin ningún requisito adicional y también se reducen las cuotas de las máquinas tipo B y C.

Esta Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2022, excepto los artículos 41, 43, 49 y 50 relativos al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que entró en vigor en el día de ayer.

 

Fuente: Colegio de Economistas de Málaga

Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para adaptarlo a la Ley del IRPF, en el ámbito de las reducciones por aportaciones a sistemas de previsión social y pagos a cuenta y retenciones por rendimientos del trabajo.

Real Decreto 899/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de reducciones en la base imponible por aportaciones a sistemas de previsión social y pagos a cuenta.

Materias afectadas:

• Reducciones Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
• Retenciones Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Entrada en vigor: 21-10-2021.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 introdujo diversas modificaciones en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Este Real Decreto 899/2021, de 19 de octubre, viene a modificar el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (RIRPF), para adaptarlo, de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Aportaciones a los sistemas de previsión social.

Se modifica el artículo 51 del RIRPF, en relación a las aportaciones a los sistemas de previsión social:

En el caso de que en un mismo período impositivo concurran aportaciones realizadas por el contribuyente y por el promotor, y la totalidad de las cantidades aportadas no pueda ser objeto de reducción por insuficiencia de base imponible o por aplicación del límite porcentual, se determinará la procedencia de los excesos de aportaciones para que puedan ser objeto de reducción en los 5 ejercicios siguientes, respetando los nuevos límites.

Cuando concurran aportaciones realizadas en el ejercicio con aportaciones de ejercicios anteriores y que no hayan podido ser objeto de reducción, se entenderán reducidas, en primer lugar, las aportaciones de años anteriores.

Régimen transitorio.

Se añade una disposición transitoria decimonovena al RIRPF con objeto de determinar cómo se van a poder reducir los excesos de aportaciones pendientes de reducción a 1 de enero de 2021 (períodos impositivos 2016-2020), al haberse generado estos en ejercicios en los que el límite de reducción en base imponible por aportaciones a sistemas de previsión social no distinguía entre aportaciones realizadas por el propio contribuyente y contribuciones empresariales realizadas por el promotor.

En estos casos, se entenderá que las cantidades pendientes de reducción corresponden a contribuciones imputadas por el promotor, con el límite de las contribuciones imputadas en dichos períodos impositivos (2016-2020), mientras que el exceso sobre este límite se entenderá que corresponde a aportaciones del contribuyente.

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Fuente: CISS Fiscal

Medidas Fiscales en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022.

Se prevén medidas tributarias tales como la minoración en IRPF del límite general por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, la prórroga de módulos, establecimiento de una tributación mínima en el Impuesto sobre Sociedades, la reducción de la bonificación en este impuesto para las entidades dedicadas al alquiler de vivienda, nuevo epígrafe en el IAE, actualización de las Tasas o establecimiento de beneficios fiscales a las actividades de interés general y grandes eventos.

En el ejercicio 2020 no se tomarán en consideración las pérdidas producidas en el mismo para determinar la concurrencia de la causa de disolución por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.

En el ejercicio 2021, si se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio, la celebración de junta general para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.

Se trata de una medida que, junto con la moratoria del deber de solicitar el concurso previsto en esa misma ley, trata de atenuar temporal y excepcionalmente las consecuencias que tendría la aplicación en ese ejercicio de las normas generales sobre disolución de sociedades de capital, de modo tal que se permita a las empresas ganar tiempo para poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas, ya sea por la recuperación de su actividad ordinaria o por el acceso al crédito o a las ayudas públicas.

La aplicación de ese artículo supone que, para el ejercicio 2021, las pérdidas del año anterior (el 2020) se deben de haber integrado en el balance de la sociedad, minorando los recursos propios (como pérdidas de ejercicios anteriores).

Por otro lado, si en el ejercicio 2021 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio, la celebración de junta general para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente, es decir, se estaría incurriendo en causa de disolución del artículo 363.1 e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

En base a esta interpretación, tal como indica la Nota del CGE, se aconseja revisar el equilibrio patrimonial de las empresas, a efectos del artículo 363.1 e), antes de que finalice el ejercicio 2021, teniendo en consideración las pérdidas de ejercicios anteriores (incluido el ejercicio 2020).

No obstante, habida cuenta de la situación económica del 2021, y que muchas empresas pueden no haber recuperado las pérdidas del ejercicio precedente, desde el Consejo General de Economistas de España se solicitó «con carácter de urgencia» la prórroga de lo dispuesto en el art 18 del RDL 16/2020, de cuyas novedades —en el caso de haberlas— se informará puntualmente.

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

 

Fuente: Consejo General de Economistas

El Anteproyecto de la Ley Crea y Crece pretende extender la obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales.

El Anteproyecto de creación y crecimiento de empresas, cuyo plazo de consulta pública finalizó el 6 de septiembre de 2021, se enmarca en el componente 13 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que tiene por título “Impulso a las PYME”.

Dicha Ley tiene por objeto el impulso de la creación de empresas y el fomento de su crecimiento, tanto a través de la mejora regulatoria y eliminación de obstáculos a las actividades económicas como mediante el apoyo financiero al crecimiento empresarial.

Algunas de las medidas más llamativas que se contemplan son la creación de una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de un euro, la agilización de los trámites para su constitución, la incorporación de incentivos para el cumplimiento de los plazos de pago… No obstante, en este artículo nos centraremos en una medida que no ha tenido tanta repercusión y que, sin embargo, reviste cierta trascendencia: la obligatoriedad de la factura electrónica entre empresarios y autónomos en sus relaciones comerciales.

Regulación actual.

La cuestión se encuentra regulada en el art. 1 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, en cuyo apartado 1 dispone que: “la facturación electrónica en el marco de la contratación con el sector público estatal será obligatoria en los términos que se establezcan en la Ley reguladora de la contratación en el sector público y en su normativa de desarrollo”.

Así, el art. 2 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público, resulta aplicable a las facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las Administraciones Públicas, entendiendo como tal a estos efectos los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, en el ejercicio de su función colaboradora en la gestión de la Seguridad Social. Es decir, están sujetas a la obligatoriedad de aceptación de facturas electrónicas por parte de la Administración:

  • La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local.
  • Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
  • Los Organismos autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas independientes.
  • Los consorcios y otras entidades de derecho público, en las que dándose las circunstancias establecidas en el art. 3.3.d) para poder ser considerados poder adjudicador y estando vinculados a una o varias Administraciones Públicas o dependientes de las mismas, no se financien mayoritariamente con ingresos de mercado. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la consideración de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas.
  • Las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los Territorios Históricos del País Vasco en lo que respecta a su actividad de contratación.

De acuerdo con el art. 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, y con vigencia desde 2015, todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponda, las entidades siguientes:

  • Sociedades anónimas;
  • Sociedades de responsabilidad limitada;
  • Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española;
  • Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español;
  • Uniones Temporales de Empresas;
  • Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondos de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones;

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Fuente: CISS Fiscal

Si eres autónomo y estás usando un programa de contabilidad en tu negocio, ten especial cuidado. La reciente prohibición de los softwares de doble uso puede acarrear multas de hasta 150.000 euros para los infractores.

Llevar la contabilidad de forma correcta y ajustada a la realidad es una responsabilidad básica en todo negocio. Sin embargo, hay quien recurre al software de doble uso para manipular los “números” con el fin de esquivar el pago de impuestos. Ahora esta mala praxis tiene los días contados, el Gobierno acaba de aprobar una ley que prohíbe utilizar estos programas.

El pasado 10 de julio el Boletín Oficial del Estado, publicó la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Esta nueva norma tiene por objeto la transposición de la Directiva UE/2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior y la adaptación de la normativa ante problemáticas fiscales no directamente contempladas.

De entre las novedades incluidas en esta Ley destaca la introducción de una nueva obligación, dirigida a los fabricantes, productores y comercializadores de programas informáticos de contabilidad y gestión empresarial, así como a los usuarios de estos. Se pretende que los softwares que soportan procesos contables, de facturación o de gestión empresarial cumplan los requisitos de integridad, conservación, trazabilidad e inalterabilidad de los registros. Esta nueva imposición, establecida en el artículo 29.2, apartado j), de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, trata de evitar la manipulación de datos contables y de gestión que permitan la llevanza de una doble contabilidad o la falta de registro de operaciones. Implica nuevas obligaciones para los contribuyentes, al venir acompañada de un régimen sancionador, que se regula a través del nuevo artículo 201 bis de la Ley General Tributaria.

¿Qué son los programas de doble uso?

Los programas de doble uso permiten llevar una doble contabilidad. Los más desarrollados admiten incluso la posibilidad de emitir tickets con el importe íntegro de una compra, pero sin que esta quede reflejada en la contabilidad oficial.

El uso de este tipo de programas se ha extendido a lo largo de los años, de modo que es difícil precisar la cuantía de los recursos que han dejado de pagar “impuestos”. No obstante, se estima que el empleo del software de doble uso produce unas pérdidas de ingresos públicos de varios miles de millones de euros.

Hacienda calcula que hasta 200.000 millones de euros se vienen ocultando a la Agencia Tributaria mediante la utilización de estos programas que permiten crear una caja B con la que evadir impuestos.

Los más habituales son conocidos con el nombre de Phantomware que es un software oculto instalado en el TPV. El empresario accede al programa pulsando un botón o introduciendo una combinación de teclas.

Otro de los más usados, se denomina Zipper. En este caso se trata de un programa externo que se almacena en dispositivos extraíbles, como CD y USB.

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Fuente: CISS Contable Mercantil

Si quieres apoyar el emprendimiento y te has planteado invertir en una empresa emergente o de reciente creación, te interesa saber que además de las posibles rentabilidades que obtengas, tienes una añadida por los incentivos fiscales.

Así, el inversor persona física, podrá aplicar en su IRPF la deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, aplicable sobre la cuota íntegra estatal, y regulada en el artículo 68.1 de la LIRPF. Junto a este incentivo fiscal en el momento de producirse la inversión, también se incentiva la posterior desinversión declarando exenta la ganancia patrimonial que se obtenga siempre y cuando el importe obtenido en la venta se reinvierta en otra entidad de nueva o reciente creación en los términos y con los requisitos previstos en el art. 38.2 LIRPF.

Por otra parte, también existe un incentivo fiscal en sede de la propia startup, consistente en un tipo reducido, que permite que la rentabilidad obtenida, y por ello el retorno al inversor, sea mayor.

Deducción por inversión en startups.

Como aspectos básicos de la deducción comentada, puede destacarse que se incentiva la inversión en el mercado primario, que la inversión debe tener carácter temporal y realizarse en entidades que desarrollen actividades económicas nuevas y en las que los inversores o sus parientes no llegue a alcanzar el control de las mismas.

La deducción resultará aplicable cuando se cumplan una serie de requisitos.

Requisitos de la entidad en cuyas acciones se invierte.

Ha ser una Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral y no estar admitida a negociación en ningún mercado organizado.

Ha de ejercer una actividad económica para la que cuente con los medios personales y materiales necesarios su desarrollo. No cabe por tanto la inversión en una sociedad que se cree únicamente para financiar una startup ni en una sociedad que tenga como actividad la gestión de patrimonios.

La actividad económica desarrollada por la entidad debe ser nueva, que no se haya ejercido anteriormente bajo otra titularidad.

El importe de los fondos propios de la entidad no podrá ser superior a 400.000 €.

Ha de tener domicilio fiscal y social en España.

Requisitos de la inversión.

Las acciones o participaciones en la entidad deben adquirirse en el mercado primario, mediante suscripción, bien en el momento de la constitución de la entidad o mediante ampliación de capital efectuada en los tres años siguientes a su constitución.

La inversión tiene que tener carácter temporal de forma que las acciones o participaciones deben permanecer en el patrimonio del contribuyente durante un plazo de entre 3 y 12 años.

La participación directa o indirecta del contribuyente, junto con la que posean en la misma entidad su cónyuge o pariente, en línea recta o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado incluido, no puede ser superior al 40% del capital social de la entidad o de sus derechos de voto.

Debe obtenerse una certificación expedida por la entidad cuyas acciones o participaciones se hayan adquirido, en la que se indique que la citada entidad cumple los requisitos exigidos a la misma para la aplicación de la deducción en el período impositivo de la adquisición.

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Fuente: CISS Fiscal

Las casas heredadas quedan libres de carga para la venta.

El viernes 3 de septiembre desapareció el artículo 28 de la Ley Hipotecaria, un artículo que en la práctica ha frustrado no pocas operaciones a punto de rubricarse.

Los futuros compradores de vivienda tendrán desde hoy un motivo menos del que preocuparse. Este viernes 3 de septiembre desaparece el artículo 28 de la Ley Hipotecaria, un artículo que en la práctica ha frustrado no pocas operaciones a punto de rubricarse.

Lo que dice dicho artículo es que hay un plazo de dos años en que los bienes de un fallecido sin herederos forzosos no tendrán efecto en el Registro. Es decir, si alguien muere sin hijos y su vivienda pasa a sus hermanos u otros herederos indirectos, no será realmente de ellos hasta que transcurran 24 meses. En el hipotético caso de que un hijo ilegítimo apareciera, se hallara un testamento manuscrito o reapareciera un heredero directo desconocido, dicho heredero tendría el derecho de reclamar. Y ganaría. De ahí el apodo de la ley, la Ley de Cuba, puesto que se estableció en la guerra de Cuba para que los hijos putativos pudieran llegar a la Península y reclamar lo que les pertenecía.

En los últimos meses, muchas personas interesadas en adquirir vivienda se han encontrado con esta norma a la hora de formalizar sus operaciones, por eso el Gobierno decidió ponerle fecha de caducidad. El día ha llegado y a partir del 3 de septiembre el artículo desaparece, merced a la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

La norma publicada en el BOE recoge que «se elimina el artículo 28 de la Ley Hipotecaria, dado que los supuestos que eventualmente este artículo está llamado a proteger son muy residuales en comparación con el perjuicio que ocasiona en la sucesión de colaterales y extraños y la perturbación del tráfico, generando situaciones antieconómicas».

RIESGOS PARA EL COMPRADOR

La mayoría de los compradores que se encontraban con el artículo 28 solían cancelar la operación por el riesgo que entrañaba para ellos, dado que si en ese periodo de 2 años aparecía un heredero directo y reclamaba la propiedad, no podían negarse a devolverla. Eso sí, el comprador se quedaba con el pago de la hipoteca.

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Fuente: Cinco Días

Los plazos de conservación de la documentación pueden ser distintos en función de su índole: mercantil, tributaria, laboral…

En su empresa a diario se crean o reciben diferentes tipos de documentos: facturas, contratos, nóminas, libros de contabilidad… Muchos de ellos deben ser conservados por imposición legal. Sin embargo, no todos tienen que cumplir con los mismos tiempos. El Código de Comercio, las normas fiscales y laborales, la regulación específica sobre el blanqueo de capitales, sobre protección de datos o subvenciones establecen las condiciones de custodia de cada tipo de documento. Veamos cuáles son:

Según el Código de Comercio

El artículo 30 del Código de Comercio, establece la obligación de conservar durante 6 años los libros obligatorios (diario, inventario y cuentas anuales y en su caso, libro de actas, registro de acciones nominativas y de socios), así como los no obligatorios (por ejemplo, el mayor, los registros de IVA, etc.), además de la documentación y justificantes en que se soporten las anotaciones registradas en los mismos (facturas emitidas y recibidas, tickets, facturas rectificativas, documentos bancarios, etc.). El término fijado empieza a contar a partir del último asiento realizado.

Otros plazos

Hay otros documentos que, aunque no tengan plazo específico de custodia legal, es recomendable guardar. Por ejemplo, los referidos a:

• Prestamos: Hasta que sean devueltos

• Garantías: Hasta que se hayan cancelado

• Bienes de inversión: Hasta que se haya cumplido el plazo de regularización del IVA (puede llegar a los 9 años)

• Bases Imponibles Negativas: Hasta pasados 4 años desde su compensación

La documentación a conservar debe ser original. Las copias no tendrán validez legal en caso de ser requeridas por la Administración. En cuanto a la forma de mantenimiento, los archivos pueden guardarse tanto en papel como en formato electrónico. El único requerimiento es que se garantice su autenticidad, integridad y legibilidad. Además, la Administración debe poder acceder a ellos de forma rápida, sin que se produzca ningún retraso desde que se solicita.

Según normativa tributaria

Por regla general, la Ley General Tributaria marca un plazo de cuatro años para guardar los archivos. El período empieza a contar desde que finaliza el plazo voluntario de presentación de cada impuesto. Este es el tiempo en el que la Agencia Tributaria puede solicitar su revisión.

Tenga en cuenta además que, la prescripción del derecho a liquidar fijada en cuatro años no afecta al derecho de investigación (artículo 66.bis LGT). Salvo en los supuestos de créditos fiscales, se consagra la imprescriptibilidad del derecho de comprobación de la Administración referido a períodos ya prescritos, cuando los mismos tengan eficacia en ejercicios no prescritos (artículo 115 LGT).

Por ejemplo, si un bien se amortiza en 15 años, deberá conservar su factura de compra no durante cuatro años, sino hasta los cuatro años siguientes al último periodo en que se aplicó la amortización, es decir, durante 19 años.

Igualmente, con las modificaciones introducidas en 2015, el plazo de prescripción para la comprobación de las bases imposibles y las deducciones es de 10 años desde la presentación de la declaración en que se generaron. Esto es, para los ejercicios en que se disfrutaron de tales incentivos, el plazo de prescripción no es de cuatro sino de diez años, salvo que el último ejercicio de aplicación ya haya prescrito. Lo mismo sucede con las pérdidas fiscales, cuyo plazo comenzaría a contar desde que la empresa haya compensado dichos créditos fiscales.

No atender un requerimiento obligatorio de información puede suponer una sanción del 2% de la cifra de negocios del infractor, con un mínimo de 10.000 euros.

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Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.