En 2022, una vez formuladas las cuentas anuales del ejercicio 2021, cuando compare el importe del patrimonio neto con el capital social para comprobar si existe causa de disolución, no deberá tomar en cuenta las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021.

El Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se amplían temporalmente determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación, extiende la exclusión de las pérdidas económicas a efectos del cómputo de la causa legal de disolución del artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el cierre del ejercicio del año 2022 y prorroga el plazo de gracia dado a las empresas y autónomos con dificultades económicas para tener que solicitar el concurso de acreedores hasta el 30 de junio de 2022.

El impacto que aún tiene la crisis sanitaria en los resultados económicos de muchas empresas, ha propiciado la modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, para estirar unos plazos que expiraban a final de año.

A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021. Si en el resultado del ejercicio 2022 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente.

Vivimos tiempos muy complicados. A la debacle sanitaria que estamos padeciendo a nivel mundial con la pandemia de COVID-19, hay que añadir como secuela ineludible la grave crisis económica y social que conlleva.

Con este panorama tan oscuro muchas empresas inician, continúan y “esperemos que pronto terminen”, el camino tortuoso de la supervivencia.

Una rigurosa aplicación de la legislación mercantil en materia de disolución social tendría consecuencias aún más devastadoras.

No olvidemos que el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital establece que la sociedad incurre en causa de disolución cuando las pérdidas dejan reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, lo cual lleva aparejada la obligación del administrador de convocar junta general en el plazo de dos meses para acordar la disolución (o, en su caso, instar el concurso).

La prórroga de la suspensión de la disolución por pérdidas indica expresamente que el plazo de dos meses que tienen los administradores para convocar Junta General comienza a contar desde el “cierre del ejercicio”, lo que supone que el cómputo se iniciaría ya el 31 de diciembre (si el ejercicio coincide con el año natural), sin esperar a la formulación de las cuentas anuales en marzo.

Carácter temporal y excepcional.

Téngalo muy claro, la medida de gracia no tiene efectos permanentes. Las pérdidas de 2020 y 2021 que hayan mutilado el patrimonio neto de la empresa hasta el límite de la disolución sí tendrán consecuencias en el resultado de 2022.

Si el legislador perdonara definitivamente las pérdidas mantendríamos en la UVI a sociedades con situaciones patrimoniales muy comprometidas, con el riesgo que ello comporta para la seguridad del tráfico mercantil.

El rechazo a la supervivencia artificial de empresas en mal estado lo ratifica el propio legislador al afirmar: “se entiende sin perjuicio del deber de solicitar la declaración de concurso…”.

Responsabilidad de los administradores.

La cuestión debe interesar de manera especial a los miembros del órgano de administración, dado el severo régimen de responsabilidad asumido por el supuesto en que, acaecida la causa de disolución, no adopten las medidas que la Ley les impone.

En estos momentos de recesión en los que la facturación de las empresas puede verse afectada considerablemente, todo administrador de derecho o de hecho debe conocer en qué situación se encuentra la sociedad o sociedades que administra, por si fuera necesario convocar una junta de socios con la finalidad de promover una ampliación de capital, iniciar el procedimiento de disolución (con una liquidación ordenada de sus activos) o bien solicitar un concurso voluntario.

Artículo 365. Deber de convocatoria.

1. Los administradores deberán convocar la junta general en el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución o, si la sociedad fuera insolvente, ésta inste el concurso. Cualquier socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio, concurriera alguna causa de disolución o la sociedad fuera insolvente.

2. La junta general podrá adoptar el acuerdo de disolución o, si constare en el orden del día, aquél o aquéllos que sean necesarios para la remoción de la causa.

Artículo 367. Responsabilidad solidaria de los administradores.

1. Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución.

2. En estos casos las obligaciones sociales reclamadas se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa legal de disolución de la sociedad, salvo que los administradores acrediten que son de fecha anterior.

Al suspenderse la causa de disolución por pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021, no se podrá invocar la responsabilidad solidaria de los administradores por este motivo.

¿Cuándo puede conocer el administrador que la sociedad está incursa en causa de disolución por pérdidas?

Suspensiones, aplazamientos o medidas excepcionales aparte esta polémica siempre ha existido tanto en tiempos de normalidad económica como en los de incertidumbre. La cuestión no es baladí. Es muy importante para los administradores determinar el momento exacto en el que arranca el contador de su responsabilidad. El Artículo 367 de la LSC tan solo indica que los administradores “Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución…” si no convocan la junta en el plazo de dos meses, o en su caso, y si procediera, no solicitan la disolución judicial, pero ¿Cuándo se debe dar inicio al cómputo de esas obligaciones?

Debemos tomar en consideración 3 momentos:

  • Al cierre del ejercicio social, en la mayoría de los casos el 31 de diciembre. Con la contabilidad cerrada el administrador ya puede constatar tales pérdidas,
  • Al término de la formulación de las cuentas anuales, que coincide con el momento en que el administrador las firma y
  • A la fecha de la aprobación por la junta general de las cuentas, que es cuando estas ya son definitivas y firmes.

La doctrina está dividida. Para unos, los menos, la fecha debe ser la de elaboración y cierre de las cuentas anuales “porque es cuando los administradores detectan las pérdidas”

Para otros, incluida la jurisprudencia mayoritaria, “en cualquier momento de la vida social en que se detecten” Es decir que, si en cualquier balance trimestral se advierte la existencia de pérdidas, surgirá la obligación de convocar junta. Hoy día con los sistemas contables informatizados la situación puede ser perfectamente conocida.

En definitiva, en caso de conflicto, será una cuestión a valorar por los Tribunales, sobre todo porque normalmente el acreedor no va a conocer la situación deficitaria hasta que se produzca el depósito de cuentas del ejercicio, lo que tendrá lugar unos meses después de la celebración de la junta.

 

Fuente: CISS Contable Mercantil

La presión tributaria es un 12,8% superior a la de la UE.

La recuperación económica nacional es lastrada por las altas tasas impositivas sobre el sector empresarial. En este año, España ha caído hasta la posición número 30 de los 37 países analizados por el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) que elabora la Tax Foundation en Estados Unidos y que ha sido difundido este lunes a nivel nacional por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). Su caída se debe principalmente a la alta presión fiscal que ejerce el impuesto patrimonial y de sociedades, cuya puntuación en el indicador fue de 3,6 y 4,6 sobre 10 respectivamente, es decir, reprobaron. En un año, el país ha descendido dramáticamente en la clasificación, pues en 2020 ocupaba la posición 26. Lo más preocupante, según el IEE, es que la situación «seguirá empeorando si se continúa, como parece, con continuadas subidas de impuestos».

España tiene una presión fiscal en el impuesto sobre sociedades un 27,2% más elevada que la media de la Unión Europea y un 21,2% superior al del promedio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE). En el caso de la imposición patrimonial la situación es aún peor: es un 40,8% menos competitiva que la del bloque y un 38% peor que la del organismo internacional. Esto lo posiciona como el tercer país con el resultado más deficiente en el Indicador de presión fiscal normativa, solo por detrás de Italia y Suiza. En un análisis global, la presión tributaria normativa para el país es un 12,8% más elevada que la media de la Unión Europea. Ante estos resultados, el IEE estima que no hay cabida para más subidas impositivas, por el contrario, exige una disminución paulatina y en el caso del impuesto sobre el patrimonio incluso exige su eliminación.

Las recomendaciones del think tank se dan en plena negociación presupuestaria, en la que el Gobierno contempla incorporar a la Ley del Impuesto sobre Sociedades un nuevo artículo que establece una tributación mínima del 15% para aquellas empresas con un ingreso igual o superior a 20 millones de euros o que tributen en el régimen de consolidación fiscal, sin importar el importe. La medida contempla a las compañías que se dedican al alquiler de viviendas, por lo que incluyen una reducción de la bonificación de las rentas, que pasa del 85% al 40%.

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Fuente: Cinco Días

El Gobierno quiere dar a las empresas que pidieron créditos con aval estatal durante la pandemia un poco más de tiempo para hacer frente a sus obligaciones financieras.

El Consejo de Ministros ha acordado extender, en línea con la ampliación del Marco Temporal de Ayudas de Estado de la Unión Europea, tres aspectos muy importantes para la conservación de su negocio:

  • Los plazos para solicitar líneas de avales públicos,
  • Las medidas para reforzar la solvencia incluidas en el Código de Buenas Prácticas pactado con las entidades financieras en junio de 2021,
  • El umbral de acumulación de ayudas por beneficiario, que pasa de 1,8 a 2,3 millones de euros.

Estas alternativas serán esenciales para muchos autónomos y empresas que no han recuperado su nivel de ingresos y que no pueden hacer frente a las obligaciones de pago que suscribieron al solicitar un crédito ICO.

Recuerde que:

El Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19 habilitó al Gobierno para adoptar medidas adicionales de flexibilización de los préstamos dotados con aval público, permitiendo así que esta financiación se incorporase a los procesos de restructuración pactados entre los bancos y sus clientes. Un componente imprescindible de este conjunto de medidas es el Código de Buenas Prácticas aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de mayo de 2021. Las entidades financieras que voluntariamente se adhirieron al mismo asumen un conjunto de compromisos para facilitar la renegociación de la deuda avalada.

Con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la nueva Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, además de ampliarse el plazo de solicitud de los avales hasta el 1 de junio de 2022, también se extiende:

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2021 A JUNIO DE 2022

La posibilidad para negociar:

La ampliación del periodo de amortización siempre y cuando:

a) Haya mediado solicitud del deudor.

b) La operación de financiación avalada no esté en mora (impagada más de noventa días), ni tampoco lo esté ninguna de las financiaciones restantes otorgadas por la entidad al mismo cliente.

c) El deudor no figure en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) en la fecha de solicitud de la extensión.

d) La entidad financiera no haya comunicado a la entidad concedente del aval ningún impago de la operación avalada con el deudor en la fecha de la solicitud de la extensión.

e) El deudor no esté sujeto a un procedimiento concursal.

f) La financiación avalada se haya formalizado antes del 13 de mayo de 2021.

g) El deudor cumpla, para solicitar la extensión del aval, con los límites establecidos en la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea.

h) El deudor no haya sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, ni por delitos de frustración de la ejecución, insolvencia punible o alzamiento en los que uno de los sujetos perjudicados haya sido la Hacienda Pública.

i) La facturación, entendida como volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el modelo fiscal anual correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo equivalente, tanto para empresas como para autónomos de acuerdo con el régimen que se aplique haya caído un mínimo del 30 % en 2020 con respecto a 2019.

Aquellos deudores cuyo nivel de facturación hubiera disminuido menos del 30 por ciento, pero que cumplan con el resto de requisitos de elegibilidad, podrán gozar también de una extensión adicional del vencimiento de los préstamos con aval público, siempre y cuando medie Acuerdo con la entidad concedente de la financiación.

La conversión del préstamo con aval público en participativo

Con el fin de resultar elegible para la realización de esta operación, deberán cumplirse los siguientes requisitos, además de las obligaciones establecidas en la disposición adicional cuarta «Condiciones de elegibilidad de empresas y autónomos» del Real Decreto-ley 5/2021:

a) Que haya mediado solicitud del deudor, que deberá ser persona jurídica.

b) Que la operación de financiación avalada no esté en mora (impagada más de noventa días), ni tampoco lo esté ninguna de las financiaciones restantes otorgadas por la entidad al mismo cliente.

c) Que el deudor no figure en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) en la fecha de solicitud de la conversión.

d) Que la entidad financiera no haya comunicado a la entidad concedente del aval ningún impago de la operación avalada con el deudor en la fecha de la solicitud de la conversión.

e) Que el deudor no esté sujeto a un procedimiento concursal.

f) Que la financiación avalada se haya formalizado antes de la fecha de adopción de este Acuerdo del Consejo de Ministros.

g) Que el deudor cumpla, para solicitar la conversión, con los límites establecidos en la normativa de Ayudas de Estado de la Unión Europea.

h) Que el deudor no haya sido condenado mediante sentencia firme por delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, ni por delitos de frustración de la ejecución, insolvencia punible o alzamiento en los que uno de los sujetos perjudicados haya sido la Hacienda Pública.

i) Que la facturación, entendida como volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el modelo fiscal anual correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido o tributo equivalente, para de Acuerdo con el régimen que se aplique haya caído un mínimo del 30 % en 2020 con respecto a 2019.

j) Que la cuenta de pérdidas y ganancias del deudor, correspondiente al ejercicio 2020, presente un resultado después de impuestos negativo.

DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2022 A JUNIO DE 2023

La posibilidad de solicitar:

Transferencias directas para la reducción del principal

Para la concesión de estas ayudas será necesario que la entidad financiera y el deudor, que reúna los requisitos establecidos, alcancen un acuerdo de renegociación de la totalidad de la deuda, avalada y no avalada, que mantiene la empresa con el banco y que se haya generado entre el 17 de marzo de 2020 y la aprobación del RDL 5/2021.

La reducción podrá ser del 50% del principal avalado pendiente de cada operación, si la caída de la facturación de la empresa o autónomo en 2020 fue inferior al 70% y de hasta 75% del importe avalado si la caída de facturación en 2020 fue superior al 70%. En todos los casos, para optar a estas transferencias, la empresa o autónomo deberá haber registrado una disminución de la facturación en 2020 del 30% y la cuenta de pérdidas y ganancias tendrá que haber presentado un resultado negativo después de impuestos en el año 2020.

Las entidades financieras deberán asumir la parte proporcional de la reducción del préstamo, y el abono de las transferencias se realizará por orden de comunicación, estando limitado al agotamiento de los fondos establecidos para cada uno de los organismos que han concedido préstamos avalados: 2.750 millones de euros para avales gestionados por ICO; 100 millones para avales de CESCE y 150 millones para avales gestionado por CERSA.

Finalmente hay que recordar que, aunque se trate del mismo Código de Buenas Prácticas, los bancos tendrán que ratificar la suscripción del mismo con las nuevas condiciones antes de final de año. Está previsto que así lo hagan, al menos, las entidades ya adheridas a su redacción original. Hasta la fecha, se han sumado ciento dos, justo las que han concedido más del 98% de los créditos con aval estatal.

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

Novedades que se incluirán en las declaraciones informativas que se presentan en el año 2022 y notas recordatorias como la información sobre los ERTES o las transmisiones lucrativas.

NOTA: Las novedades están supeditadas a la aprobación de la normativa que se encuentra actualmente en tramitación.

Modelo 156. Declaración Informativa Anual. Cotizaciones de afiliados y mutualistas a efectos de la deducción por maternidad.

Se modifica la orden ministerial del modelo 156, al objeto de introducir una precisión técnica relativa a la preceptiva identificación de la declaración complementaria que se hubiera presentado, en su caso, por el contribuyente. Actualmente, solo es preceptiva la identificación en el caso de declaraciones sustitutivas.

De esta manera, se evitan errores de cumplimentación de los mencionados modelos informativos.

Modelo 180. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos. Resumen anual.

Se modifica la orden ministerial del modelo 180, al objeto de introducir una precisión técnica relativa a la preceptiva identificación de la declaración complementaria que se hubiera presentado, en su caso, por el contribuyente. Actualmente, solo es preceptiva la identificación en el caso de declaraciones sustitutivas.

De esta manera, se evitan errores de cumplimentación de los mencionados modelos informativos.

Modelo 182. Declaración Informativa. Donativos, donaciones y aportaciones recibidas.

Se modifica la orden ministerial del modelo 182, al objeto de introducir una precisión técnica relativa a la preceptiva identificación de la declaración complementaria que se hubiera presentado, en su caso, por el contribuyente. Actualmente, solo es preceptiva la identificación en el caso de declaraciones sustitutivas.

De esta manera, se evitan errores de cumplimentación de los mencionados modelos informativos.

Nota recordatoria:

– Características de los importes en concepto de donativos que pueden ser objeto de inclusión en esta declaración informativa: En esta declaración informativa corresponde incluir exclusivamente los donativos que cumplan los requisitos legales para ser considerados como tales, es decir, únicamente aquellos que sean de carácter voluntario y no supongan una contraprestación por un bien o servicio recibido.

– Cumplimentación del campo de “recurrencia donativos”: El campo de recurrencia se cumplimentará por las entidades beneficiarias de los incentivos regulados en el Título III de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o bien por Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de Electores en los términos previstos en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de partidos políticos, con las siguientes claves, según exista recurrencia o no en los donativos, donaciones o aportaciones: Valor 1: Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado por el declarado, donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de dicha entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior; Valor 2: Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores no se hubieran realizado por el declarado, donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de dicha entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.

Modelo 187. Declaración Informativa. Acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de IRPF, IS e IRNR en relación con rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de transmisiones o reembolsos de esas acciones y participaciones y derechos de suscripción.

Se modifica el modelo para introducir una modificación técnica en el campo “CLAVE DE ORIGEN O PROCEDENCIA DE LA ADQUISICIÓN O ENAJENACIÓN” (posición 142), para incluir una nueva clave “K” informando del origen de la operación para la entrega de acciones liberadas de sociedades de inversión colectiva.

En este sentido, hay entregas de acciones liberadas de SICAV que no es posible declararlas con IMPORTE ADQUISICIÓN/ENAJENACIÓN = 0 euros (clave de operación = A; clave origen = O), por lo que es preciso crear esta nueva clave de origen para no afectar a los supuestos normales de clave de origen = O (son los casos generales de ventas y reembolsos de IIC).

Modelo 189. Declaración Informativa. Valores, seguros y rentas. Declaración anual.

Se realizan las siguientes modificaciones de cara a mejorar la información requerida para un adecuado funcionamiento de los sistemas de asistencia al contribuyente relativos a la cartera de valores del contribuyente. De esta forma:

  • Se incluye un nuevo campo para informar del “NOMINAL DE LOS VALORES”, campo destinado a tener la misma información que tiene el 198 de los valores negociados para contrastar la información de ambos modelos, recogiendo el valor nominal unitario de los títulos correspondientes.
    Esta modificación es consecuencia de la nueva redacción dada al artículo 39 del RGAT por el Real Decreto 399/2021, de 8 de junio.
  • Por otra parte, se modifica el campo “NÚMERO DE VALORES”, para precisar que debe informarse del total de títulos sobre los que el declarado tenga un determinado porcentaje de participación. En la medida en que existe, asimismo, un campo destinado a informar del porcentaje de participación que tiene el declarado (campo denominado “PORCENTAJE DE PARTICIPACION”), la combinación de ambos campos del modelo posibilita la información precisa del número de valores de cada declarado.

Con esta modificación no cabe cumplimentar este campo con decimales.

Nota informativa:

Con ocasión de mejorar la calidad de la información fiscal del ejercicio 2021 derivada del modelo 189-declaración informativa. valores, seguros y rentas- (cuya presentación se realizará en enero de 2022), la cumplimentación del campo “NUMERO DE VALORES” (posiciones 130 a 145) debe referirse al total de acciones en los que posea una determinada participación el declarado (porcentaje de participación que debe informarse en el campo PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (posiciones 188-192)).

Modelo 190. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas. Resumen anual.

Nota aclaración información sobre ERTE:

Información sobre como informar de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) y prestación extraordinaria por cese de actividad percibidas por los autónomos en el modelo 190.

Naturaleza de las rentas: Se trata de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en materia de protección por desempleo. Según el artículo 17.1.b) de la Ley de IRPF, las prestaciones por desempleo se califican como rendimientos de trabajo, sujetas a gravamen. Al igual que la prestación «ordinaria» por cese de actividad de los autónomos regulada en los artículos 327 y ss. LGSS, la prestación extraordinaria por cese de actividad es una prestación del sistema de protección de desempleo.

NINGUNA de estas prestaciones está exenta del IRPF.

Cómo se declaran en el modelo 190 estas prestaciones: Las prestaciones satisfechas se deben declarar en el modelo 190, con clave C (desempleo).

Reintegro de ERTE (derivados de pagos indebidos de ERTE en el 2020):

1. PAGOS INDEBIDOS CORRESPONDIENTES A 2020, reintegrados en 2020:

Estos casos debieron comunicarse en 2020, incluyendo en el registro del perceptor del Modelo 190 de 2020 el importe pagado minorado en el importe devuelto.

Por tanto, no debiera declarase en el modelo 190 correspondiente al ejercicio 2021.

2. PAGOS INDEBIDOS CORRESPONDIENTES A 2020 cuyo reintegro se produce en 2021:

Modelo 190 – 2020: se informó de la prestación satisfecha en 2020.

Modelo 190 – 2021: se informará por el pagador de las prestaciones:

– Un registro, en su caso, informando de las prestaciones que el contribuyente haya podido percibir en 2021.

– Reintegros: Un registro diferenciado de perceptor, con clave “C”, en el que constará:

Campo “Percepciones dinerarias no derivadas de incapacidad laboral”: se consigna únicamente el importe BRUTO a reintegrar con signo negativo.

Ejercicio de devengo»: el año en que se pagaron las cuantías indebidas, 2020.

Sin cumplimentar «Gastos deducibles“ ni retenciones.

Modelo 198. Declaración Informativa. Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios

Se modifica el modelo con la finalidad de mejorar la calidad de la información de la Cartera de Valores (al igual que con el modelo 189).

  • Se crean dos nuevos campos: “NIF INTERMEDIARIO” y “APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTERMEDIARIO”, para identificar al intermediario, en los casos en los que la operación relacionada de contrapartida no la hubiera realizado el propio declarante.
    De esta forma, se evita que queden operaciones sin relacionar de cara a la Cartera de Valores porque la operación de contrapartida la haya realizado otro intermediario distinto al declarante.
  • También se realizan distintas modificaciones técnicas en varios campos del modelo. Los campos afectados que son objeto de modificación son:
  1. El campo “PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN”, eliminando la referencia a la cumplimentación a ceros cuando los distintos declarados de la misma operación tengan el mismo porcentaje de participación, por lo que deben cumplimentarse los distintos porcentajes correspondientes a cada declarado de la operación, aun siendo porcentajes iguales.
  2. Los campos “COMPENSACIÓN MONETARIA ENTREGADA/RECIBIDA” Y “COMPENSACIONES” para excluir la clave de operación “L” (Split y Contrasplit de valores) como una de las claves que permiten su cumplimentación. Estas operaciones no pueden cumplimentar dichos campos.
  3. El campo EJERCICIO OPERACIÓN RELACIONADA, para evitar que queden operaciones sin relacionar porque una de ellas se realice en un ejercicio y la otra en un ejercicio posterior. De esta forma, y tal y como debía informarse hasta el momento, si la operación a relacionar se encuentra pendiente de realización, el campo “Ejercicio operación relacionada” se cumplimenta con la clave 0001. No obstante, en el ejercicio en el que finalmente se realice dicha operación relacionada, debe informar del ejercicio en el que se realizó efectivamente dicha operación (además de informar del número de orden con el que se informó dicha operación previamente realizada).
  4. El campo “CLAVE DE OPERACIÓN”, para precisar que en el caso de la clave “X” (Entrega de acciones liberadas), en la operación de adquisición/suscripción relacionada con dicha entrega realizada en un ejercicio distinto se cumplimente el campo “Ejercicio operación relacionada”.

En este sentido, se puede consultar la nota explicativa de cumplimentación del modelo publicada en mayo de este año en el siguiente enlace:

Nota explicativa de cumplimentación del modelo:

Por último, hay que tener en cuenta en el ejercicio 2021, debido al Convenio firmado entre la AEAT y el Consejo General del Notariado el 3 de febrero de 2020, en virtud del cual la AEAT recibirá información periódica telemática contenida en el índice único notarial, se establece la exoneración en la presentación del modelo 198 para los Notarios en la medida en que dicho suministro de información tenga un contenido equivalente y se remita en los términos y plazos previstos en el citado convenio de colaboración.

Nota recordatoria transmisiones lucrativas:

Se recuerda respecto a la cumplimentación del modelo 198 que el año pasado se implementó un desglose en las claves de origen con la finalidad de diferenciar las operaciones con origen lucrativo mortis causa e intervivos. En concreto:

Se modificó el campo CLAVE DE ORIGEN, desglosando las transmisiones gratuitas inter vivos en dos: operaciones mortis causa y operaciones inter vivos. Se aclara, asimismo, que la entrega de acciones liberadas se considera una operación a título oneroso.

Además de la importancia de este desglose, se hace especial hincapié en la importancia de que se declaren estas operaciones y de que se identifiquen como lucrativas ya que solo con esta identificación se podrán ofrecer:

1. Datos fiscales correctos.

2. Información y funcionamiento correcto en la cartera de valores del contribuyente.

Modelo 289. Declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua (CRS).

Se modifica el modelo 289 relativo a la declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua (CRS), para:

  • Actualizar, al igual que en los ejercicios anteriores, el contenido de los anexos I y II de la orden del modelo a la situación actual de los países comprometidos al intercambio de información, incluyendo en el listado a los países con los que se intercambiará a partir del ejercicio 2022.
    Como novedades a destacar:
  1. Se incluyen Kenia, Maldivas y Jamaica (esta última pendiente de confirmación).
  2. Se modifica la situación de Gibraltar y el Reino Unido (se trasladan de la columna de la UE a la de países terceros).
  • Por otro lado, se modifica también la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, del modelo 289, como consecuencia de la modificación del artículo 4 del RD 1021/2015, de 13 de noviembre (RD de CRS), para recoger la obligación de presentación del modelo 289 incluso en los casos de la inexistencia de cuentas a informar por parte de la institución financiera obligada a declarar tras la aplicación de las normas de diligencia debida.

En estos nuevos supuestos de declaración de cuentas sin comunicar, el contenido del modelo 289 se limita a los conceptos comprendidos en los números 1 a 5 del Anexo III de la Orden HAP/1695/2016, así como del nuevo concepto introducido mediante la presente orden “6.2. Declaración sin cuentas que comunicar” (*).

(*) Para facilitar la presentación del modelo 289 “sin cuentas que comunicar”, se ha habilitado un sencillo Formulario que estará disponible en la Sede Electrónica. No obstante, esta presentación también puede hacerse mediante el Servicio Web ya habilitado.

Novedad: Presentación mediante Web Service.

Modelo 290. Declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses.

Otra de las novedades a destacar es la que tiene relación con el Modelo 290 “Declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses” (FATCA). Concretamente la novedad se refiere a la actualización de una de las preguntas frecuentes (FAQs) del citado modelo publicada en la página web de la AEAT.

La pregunta actualizada es la siguiente:

¿Cómo se cumplimenta la información relativa al NIF estadounidense? ¿Y la fecha de nacimiento? ¿Qué consecuencias tiene su no cumplimentación?

Esta pregunta ha sido sustituida por las cuatro que figuran a continuación:

  • ¿Es obligatorio cumplimentar el campo TIN (NIF estadounidense)? ¿Cuál es su formato? ¿Qué consecuencias tiene su no cumplimentación?
  • ¿Cómo se cumplimenta el campo TIN (NIF estadounidense) cuando no se dispone del mismo?
  • Si el tipo de Titular de la Cuenta (Account Holder Type) es FACTA 101, FACTA 102, FACTA 103 ó FATCA 104
  • ¿Cuáles son los pasos a seguir para cumplimentar el campo TIN (NIF estadounidense)?
  • ¿Cómo se cumplimenta la fecha de nacimiento del titular de la cuenta financiera?

El objetivo fundamental de esta modificación se encuentra en la segunda pregunta referida al campo “TIN (NIF estadounidense)” en la que se recogen pautas de cumplimentación facilitadas por el IRS (Internal Revenue Service) que pueden ser tenidas en cuenta para informar o describir el problema que concurre cuando no se dispone del TIN en el momento del cumplimiento de la obligación de información.

Modelo 296. Declaración Informativa. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta.

Se incluyen dos modificaciones:

1. Se modifica el campo “SUBCLAVE”, para incluir dos nuevas subclaves 12 y 13 para:
12. Dietas y asignaciones para gastos de viaje exceptuados de gravamen (artículo 9 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)

13. El perceptor es un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español a que se refiere el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

De forma paralela, se modifican las subclaves <<03>> y <<07>>, dado que antes estaban incluidos en estas subclaves más generales los conceptos mencionados en las nuevas subclaves 12 y 13.

2. Se crea un nuevo campo INGRESOS A CUENTA REPERCUTIDOS para consignar el importe de dichos ingresos a cuenta efectuados por el pagador de las retribuciones en especie que hubiera repercutido al perceptor.

Modelo 347.

En relación con este modelo de Declaración anual de operaciones con terceras personas, se incluye dentro en el campo del NIF IVA el código XI:

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.

El 14 de noviembre los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido alcanzaron un Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (BREXIT). También se elaboró una Declaración Política que exponía el marco de las relaciones futuras.

Con arreglo al artículo 50 apartado 3 del Tratado de la Unión Europea, los Tratados dejarán de aplicarse al Estado que se retira a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

El Acuerdo de Retirada contemplaba un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, incluyendo un protocolo para Irlanda del Norte en virtud del cual, y exclusivamente para los bienes las entregas y adquisiciones con origen o destino en Irlanda del Norte, seguirán considerándose entregas intracomunitarias de bienes o adquisiciones intracomunitarias de bienes susceptibles de declaración a través de la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, modelo 349.

Para distinguir las operaciones realizadas con Irlanda del Norte, el Reino Unido asignará a los empresarios que puedan acogerse al protocolo de Irlanda del Norte un NIF IVA que comenzará por XI.

El citado protocolo no incluye los servicios en los que una de las partes esté establecida en Irlanda del Norte, por lo que, desde 1 de enero de 2021 deberán declararse, en su caso, a través de la Declaración anual de operaciones con terceras personas.

Para hacer posible la inclusión en la Declaración anual de operaciones con terceras personas de aquellas operaciones con empresarios o profesionales cuyo NIF IVA comience por XI, pero que no estén incluidas en el protocolo para Irlanda del Norte, se introducen en el modelo 347 las modificaciones necesarias en la codificación del NIF IVA.

CAMPAÑA DECLARACIONES INFORMATIVAS 2021

 

Fuente: CISS Fiscal. (AEAT 25-11-2021)

Los datos cumplimentados y remitidos al ICAC de acuerdo con los modelos de información a remitir por los auditores y sociedades de auditoría para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 79 del derogado Reglamento de la Ley de auditoría de Cuentas aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, y que están referidos al período comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 han sido la base sobre la que se ha elaborado la presente información sobre la auditoría en España. No obstante, en aquellos casos en los que se dispone de información más actualizada, se ha recogido con referencia a fecha 30 de septiembre de 2021. Con carácter general se incluye información comparativa correspondiente a los dos ejercicios inmediatos anteriores al objeto de permitir mejor el seguimiento de la evolución experimentada.

La vigente regulación de la Auditoría de Cuentas en España a la fecha de publicación de este estudio, octubre de 2021, se encuentra principalmente en la Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas (LAC), y en el Reglamento de desarrollo aprobado por el Real Decreto 2/2021. No obstante, en la medida que este estudio se refiere a la Situación de la Auditoría en España en el año 2020, para su redacción se ha tenido en cuenta la regulación en vigor en el citado año, esto es, el Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas (RAC) aprobado mediante Real Decreto 1517/2011.

Asimismo, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas aprobó, mediante Resolución de su Presidencia, de 29 de junio de 2012, los modelos de información a remitir por los auditores y sociedades de auditoría para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 79 del citado RAC. En la actualidad a fecha de publicación de este estudio, esta resolución ha sido modificada por otras posteriores de fechas 25 de julio de 2014, 31 de octubre de 2016, 29 de septiembre de 2017 y 29 de septiembre de 2021.

Los datos cumplimentados y remitidos a este Instituto de acuerdo con esos modelos, y que están referidos al período comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 han sido la base sobre la que se ha elaborado la presente información sobre la auditoría en España. No obstante, en aquellos casos en los que se dispone de información más actualizada, se ha recogido con referencia a fecha 30 de septiembre de 2021. Con carácter general se incluye información comparativa correspondiente a los dos ejercicios inmediatos anteriores al objeto de permitir mejor el seguimiento de la evolución experimentada.

Así, bajo el epígrafe I de auditores inscritos en el ROAC figura la información, a fecha 30 de septiembre de 2021 relativa ados secciones de que consta este registro, una referida a personas físicas y otra a sociedades. Dentro de la sección depersonas físicas se muestra la adscripción de los auditores a cada una de las situaciones establecidas en el artículo 30 elRAC. Como en el ejercicio anterior, se incluye información de acuerdo con el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

En este epígrafe se incluye asimismo información referente a la adscripción, tanto de personas físicas como de sociedades, a las Corporaciones de Derecho Público representativas de los auditores previstas en la Disposición Final única del RAC: actualmente Consejo General de Economistas de España-Registro de Economistas Auditores (CGEE-REA) e Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE). En aquellos casos en los que un auditor o sociedad de auditoría perteneciera a más de una Corporación, sólo se ha considerado aquélla por la que se hubiera optado en primer lugar de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional sexta del RAC. También se precisa el número de personas que, además de ejercer individualmente, son socios de una sociedad de auditoría.

El tercer apartado de este epígrafe recoge su distribución por provincias, en función de la comunicación de oficinas abiertas realizada por las sociedades y auditores individuales.

En el epígrafe II se incluyen las personas físicas y sociedades que han figurado como ejercientes a título individual o inscritas, respectivamente, durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020, diferenciando, según sus declaraciones, si han realizado o no actividad de auditoría de cuentas. La adscripción de los auditores y sociedades a sus Corporaciones representativas se ha realizado teniendo en cuenta su pertenencia a fecha 30 de septiembre de 2021.

El epígrafe III, referente a los profesionales a disposición de auditores, incluye a todas las personas físicas inscritas en el ROAC que han prestado servicios por cuenta ajena, así como las personas que, sin estar inscritas en el ROAC, han realizado esta actividad por cuenta de sociedades o de auditores individuales. En este apartado se incluye tanto el número como la media de personas a cargo de los mismos y la distribución de los auditores individuales y sociedades en función del número de personas empleadas.

El epígrafe IV recoge separadamente los datos de la facturación de 2020 para auditores individuales y sociedades, así como su evolución en los tres últimos ejercicios. En cada apartado a su vez se hace referencia al número de auditores y sociedades que facturaron y la distribución para auditores ejercientes y sociedades por intervalos de facturación y según la Corporación a la que pertenecen a fecha 30 de septiembre de 2021.

El epígrafe V recoge los trabajos de auditoría realizados en el último ejercicio, clasificados según el tipo de entidad de entre los especificados en el artículo 15 del RAC y según la cifra de negocios de la entidad auditada. Asimismo, en este epígrafe se ha añadido detalle en el desglose del tipo de trabajos de auditoría realizados según el tipo de entidad auditada, una clasificación del número de informes emitidos a entidades grandes, pequeñas y medianas, teniendo en cuenta la definición de entidades pequeñas y medianas, dada por los apartados 9 y 10, respectivamente, del artículo 3 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, así como el carácter de voluntaria u obligatoria de la auditoría declarada por los auditores y sociedades, conforme a los parámetros establecidos en el artículo 263, apartados 2 y 3, del texto refundido de la Ley de sociedades de capital (RD legislativo 1/2010, de 2 de julio).

En el epígrafe VI se incluye información sobre el número de entidades de interés público (EIP), según los datos informados por los auditores y sociedades de auditoría en los modelos 02 y 03, respectivamente.

Madrid, 30 de septiembre de 2021.

 

INFORME:

Situación de la auditoría en España 2020 (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas)

 

Fuente: CISS Wolters Kluwers. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

Anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda y Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

Se prevé la aprobación de reducciones en el IRPF y recargos en el IBI y también la reducción de la bonificación en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda.

Materias afectadas:

  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • Impuesto sobre Sociedades.
  • Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Una vez logrado el consenso de los socios de Gobierno, en el pasado Consejo de Ministros del día 26 de octubre, fue aprobado el Anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda, que se tramitará por el procedimiento de urgencia para que pueda ver la luz como ley en el menor plazo posible. El texto incluye medidas de diversa índole con la pretensión de alcanzar los objetivos de mejora del acceso a la vivienda, entre ellas, algunas de carácter tributario con un doble sentido: por un lado, incentivar con reducciones en el IRPF la disminución de las rentas de alquiler por parte de los arrendadores de viviendas sobre contratos anteriores y por el otro, penalizar con recargos en el IBI a los propietarios de viviendas vacías que no las pongan en alquiler.

En paralelo, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, incluye una reducción de la bonificación en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda.

Estímulos fiscales a los caseros.

Bajo el epígrafe de la «Creación de un entorno fiscal favorable para la reducción de los precios del alquiler y el incremento de la oferta a precio asequible», se pretende establecer una mejora de la regulación en el marco del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para incentivar el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles.

Para ello se implementará una reducción modulada del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual partiendo de un porcentaje del 50 %, que podrá incrementarse en función de que se produzcan las siguientes situaciones:

Bajada de la renta en zona tensionada. Cuando se firme un nuevo contrato en una zona de mercado residencial tensionado, con una reducción de al menos un 5 % sobre la renta del contrato anterior: 90 %

Alquiler por primera vez de viviendas en áreas tensionadas a jóvenes. En caso de nuevos contratos de arrendamiento a jóvenes de entre 18 y 35 años en las áreas calificadas como tal: 70 %

Vivienda asequible incentivada o protegida. Vivienda arrendada a la Administración pública o entidad del tercer sector, o acogida a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler: 70 %

Rehabilitación o mejora. En caso de que se hubiesen llevado a cabo obras de rehabilitación en los dos años anteriores: 60 %

Penalización a las viviendas vacías.

El Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda marca la pauta clara para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, siempre y cuando el propietario o titular cuente con un mínimo de cuatro viviendas, salvo causas justificadas de desocupación temporal.

Por otro lado, se establece una modulación progresiva de dicho recargo, que actualmente está situado en el 50 % de la cuota líquida del IBI y que podrá alcanzar el 150 %, en función del tiempo de desocupación y del número de viviendas desocupadas del mismo titular en el término municipal.

Obtención de recursos para pagar los incentivos.

Para poder sufragar los incentivos fiscales a los pequeños propietarios que permitirán bajar los alquileres, ya afectados por la congelación en zonas tensionadas, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, incorpora una fuerte reducción del 85 % al 40 % de la bonificación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.

 

Fuente: CISS Wolters Kluwers. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

REAL DECRETO-LEY 24/2021

En el IVA, se amplían exenciones por COVID-19 con carácter retroactivo desde 1 de enero de 2021. En Transmisiones Patrimoniales, se crean exenciones por operaciones con bonos garantizados y otros instrumentos regulados en el RDL 24/2021.

Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes (BOE 03-11-2021).

Materias afectadas:

  • Exenciones Impuesto sobre el Valor Añadido.
  • Exenciones Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Entrada en vigor:

  • Con carácter general: 04-11-2021
  • Modificaciones en el IVA: 01-01-2021

Exenciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido

La Directiva (UE) 2021/1159 del Consejo de 13 de julio de 2021, modificó la Directiva 2006/112/CE, para ampliar las exenciones del IVA relativas a las importaciones y a determinados suministros, en respuesta a la pandemia de COVID-19.

En consecuencia, es preciso modificar la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante, LIVA), para incorporar las exenciones previstas en la referida Directiva comunitaria de 13 de julio de 2021, a la normativa interna. Así, el artículo 81 del Real Decreto-ley 24/2021 modifica los artículos 22 y 61 LIVA.

  • Exenciones en las operaciones asimiladas a las exportaciones: se incluye un nuevo párrafo en el apartado nueve del artículo 22 LIVA, relativo a las exenciones en las exportaciones, declarando exentas del IVA, las entregas de bienes y las prestaciones de servicios destinadas a la Comisión o a un órgano u organismo establecidos con arreglo al Derecho de la Unión, cuando la Comisión o dicho órgano u organismo adquieran dichos bienes o servicios en el ejercicio de las tareas que les confiere el Derecho de la Unión en respuesta a la pandemia de COVID-19, excepto en caso de que los bienes y servicios adquiridos se utilicen, inmediatamente o en una fecha posterior, para entregas ulteriores a título oneroso por parte de la Comisión o de dicho órgano u organismo.
  • Importaciones de bienes destinados a organismos internacionales: En el mismo sentido, se incluye un nuevo párrafo en el artículo 61 LIVA, relativo a las importaciones de bienes destinados a organismos internacionales, contemplando también la exención en el IVA de las importaciones de bienes realizadas por la Comisión o por un órgano u organismo establecidos con arreglo al Derecho de la Unión, cuando la Comisión o dicho órgano u organismo los importen en el ejercicio de las funciones que les confiere el Derecho de la Unión en respuesta a la pandemia de COVID-19, salvo en caso de que los bienes importados se utilicen, inmediatamente o en una fecha posterior, para entregas ulteriores a título oneroso por parte de la Comisión o de dicho órgano u organismo.

Las anteriores exenciones deberán aplicarse con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2021, lo cual exigirá, la rectificación de las operaciones efectuadas por los sujetos pasivos por las que se hubiera devengado el IVA desde el 1 de enero hasta el 4 de noviembre de 2021.

Exenciones en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

La disposición final segunda del Real Decreto-ley 24/2021 añade un nuevo número 33 al artículo 45.I.B) de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, declarando exentas:

  • La emisión, transmisión y amortización de los bonos garantizados y participaciones hipotecarias y certificados de transmisión de hipoteca regulados en el Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, así como su reembolso.
  • Las transmisiones de activos para constituir el patrimonio separado previsto para el caso de concurso de la entidad emisora y la transmisión de préstamos a otra entidad de crédito para la financiación conjunta de las emisiones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre.

 

Fuente: CISS Contable Fiscal

La UE podrá imponer hasta 10 millones de euros por blanqueo de capitales.

Los abogados y asesores vuelven a estar en el punto de mira del legislador. En esta ocasión es la Comisión Europea la que ha presentado varias propuestas para reformular el marco legal sobre la Prevención del Blanqueo de Capitales y la financiación del terrorismo (en adelante PBCyFT).

Entre otras novedades se pretende crear una nueva autoridad para la lucha contra el blanqueo; reforzar la supervisión; aprobar un reglamento único de aplicación directa, así como un proceso de seguimiento de la operatoria con criptoactivos.

El pasado 20 de julio, la Comisión Europea ha hecho público tres borradores de reglamento sobre:

  • La prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo;
  • La creación de la Autoridad Europea para la PBCyFT (AMLA, por sus siglas en inglés) y
  • La información que acompaña a las transferencias de fondos y a determinados criptoactivos.

De entre las novedades recogidas destacamos las siguientes:

Nueva Autoridad Europea

La futura Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) (Anti-Money Laundering Authority), de la Unión Europea:

  • Coordinará las jurisdicciones nacionales para garantizar la correcta aplicación de la normativa,
  • Unificará la supervisión y
  • Mejorará la cooperación entre las unidades de inteligencia financiera (UIF).

Sus decisiones serán vinculantes y podrá imponer sanciones a las empresas por un importe máximo de hasta el 10% del volumen de negocios o de 10 millones de euros, según cual sea la cifra superior.

Con esta medida, se trata de estandarizar las asimetrías actuales de calidad y eficacia en la supervisión, especialmente en los supuestos de carácter transfronterizo.

Está previsto que se cree en el año 2023 y que esté en pleno funcionamiento en 2026.

Reglamento único

Para unificar las normas de PBCyFT, la Comisión propone también un reglamento único que incluya pautas detalladas sobre la aplicación de:

  • Diligencia debida,
  • Identificación de la titularidad real y
  • Competencias de las UIF, entre otros aspectos.

Las medidas y procedimientos exigidos a los sujetos obligados serán las mismas en todos los Estados miembros.

Más sujetos obligados

La propuesta de reglamento amplía el catálogo de sujetos obligados incluyendo a:

  • Todos los tipos y categorías de proveedores de servicios de criptoactivos;
  • Los proveedores de servicios de crowdfunding, fuera del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) 2020/15034;
  • Los intermediarios de crédito hipotecario y proveedores de crédito al consumo que no sean entidades financieras y
  • Los operadores que trabajen en nombre de nacionales de terceros países para obtener un permiso de residencia en un país de la UE

Más investigación sobre titulares reales

Igualmente, el borrador aclara y amplía las disposiciones vigentes sobre la identificación de la titularidad real, en los siguientes términos:

  • Se concreta la obligación de identificación de la titularidad real;
  • Se establece el deber de los fideicomisarios de informar de su situación y de las personas en cuyo nombre actúan;
  • Se regula un registro sobre la titularidad real de las personas jurídicas no comunitarias que tengan un vínculo con la UE;
  • Se incluyen procedimientos para analizar la adecuación, precisión y actualización de los datos del registro;
  • Se incrementan las competencias de las entidades encargadas del registro nacional de titularidad real para verificar que la información presentada es exacta, adecuada y actualizada, incluyendo comprobaciones in situ; y
  • Se desarrollan nuevos requisitos de divulgación para los accionistas y directores nominales.

Según la Comisión Europea, aunque un porcentaje específico de participación o de derechos de propiedad no determina automáticamente la titularidad real, debe ser un factor entre otros que se ha de tener en cuenta. No obstante, es conveniente que los Estados miembros puedan decidir que un porcentaje inferior al 25 % pueda considerarse indicativo de propiedad o control. El control a través de un derecho de propiedad del 25 % más una acción o un derecho de voto u otro derecho de propiedad debe evaluarse en cada nivel de la propiedad, lo que significa que este umbral debe aplicarse a todos los eslabones de la estructura de propiedad y que cada uno de estos eslabones y la combinación de todos ellos deben examinarse adecuadamente.

Una identificación fundamentada de los titulares reales requiere la determinación de si se ejerce control por otros medios. La determinación del control a través del derecho de propiedad es necesaria pero no suficiente y no exime de realizar las comprobaciones necesarias para determinar los titulares reales. La prueba de si una persona física ejerce el control a través de otros medios no es una prueba posterior que deba realizarse solo si no es posible determinar un derecho de propiedad. Las dos pruebas, es decir la de control a través de un derecho de propiedad y la de control por otros medios, deben realizarse en paralelo. El control por otros medios puede incluir el derecho a designar o cesar a más de la mitad de los miembros del consejo de la sociedad; la capacidad para ejercer una influencia significativa en las decisiones adoptadas por la sociedad; el control a través de acuerdos formales o informales con propietarios, miembros del consejo de administración o las sociedades, así como de reglas de votación; los vínculos con familiares de directivos o miembros del consejo de administración o con los propietarios de la sociedad o quienes la controlan; el uso de acuerdos de nominatarios formales o informales.

Listas sobre países de riesgo

También se pretende crear dos listas de países de riesgo: una lista «negra» y otra «gris», a las que se aplicarán medidas reforzadas, proporcionales a los peligros que se plantee en cada una.

Podrán añadirse a estas listas países que no formen parte del catálogo de países de riesgo publicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional, si suponen una amenaza para el sistema financiero de la UE.

Criptoactivos

Las modificaciones estudiadas:

  • Garantizarán la plena trazabilidad de las transferencias de criptoactivos.
  • Prohibirán la posibilidad de abrir o utilizar una cuenta anónima de criptoactivos y
  • Permitirán a los Estados miembros exigir a los proveedores de servicios sobre criptoactivos establecidos en su territorio con sede en otro Estado miembro que designen un punto de contacto central.

Asimismo, todos los proveedores que participen en transferencias de criptoactivos tendrán que recopilar y tener accesibles los datos sobre los ordenantes y beneficiarios.

Interconexión de Cuentas bancarias

Los registros nacionales de cuentas bancarias se conectarán para que las UIF puedan acceder más rápidamente a la información y las autoridades policiales procedan a la recuperación de activos delictivos en operaciones transfronterizas.

Pagos en efectivo

Se introducirá un importe máximo de 10.000 euros para las operaciones en efectivo en la UE, aunque, como ya sabemos (véase la ley 11/2021, de 9 de julio) los Estados miembros seguirán siendo libres de mantener límites más bajos en su ámbito nacional.

 

Fuente: CISS Contable Mercantil

La Agencia Tributaria de Andalucía se ha trazado en estos últimos años como objetivo de interés estratégico apostar por la colaboración social y mejorar la difusión de servicios y utilidades que la Administración ofrece a los contribuyentes para facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias y para luchar contra el fraude fiscal. Por ello, uno de los objetivos prioritarios de la Agencia es la revisión, mejora y ampliación de todos los canales de comunicación con los colaboradores sociales.

A fin de incorporar mejoras en este modelo cooperativo se han proyectado nuevas herramientas de apoyo como:

Los Videos Tutoriales Tributarios que exponen, de manera dinámica, información sobre la realización de los trámites tributarios por vía telemática y se encuentran a disposición en la Web de la Agencia Tributaria de Andalucía y en el Canal de Youtube de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea. Concretamente:

  • Alta de Colaboración Social y gestión de usuarios.
  • Documento de domiciliación bancaria. Modelo DOM.
  • La plataforma de pago y presentación.
  • Presentación de acto de trámite. Modelo 264.
  • Compraventa de vehículos. Modelo 621.
  • Pago y presentación de una autoliquidación.

El Asistente Virtual Tributario. Se trata de una nueva herramienta para mejorar la información tributaria. De este modo se ofrece un canal de atención inmediata en la resolución de preguntas más frecuentes y las dudas que se susciten con motivo de la aplicación de los dos principales tributos cedidos a la Comunidad Autónoma: el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD). El Asistente Virtual se encuentra a disposición en la Web de la Agencia Tributaria de Andalucía y en la Web de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea.

 

Fuente: Colegio de Economistas de Málaga

Resolución del Parlamento Europeo de 21 de octubre de 2021.
Los datos contenidos en los llamados papeles de Pandora, no han dejado indiferente al Parlamento Europeo, cuyas revelaciones han provocado la promulgación de una Resolución en la que analiza la situación actual de la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo en la UE, la transparencia corporativa y el intercambio de información, apelando a la necesidad de adoptar medidas de ámbito mundial, así como de una regulación de los intermediarios fiscales y financieros, insistiendo en la reforma de la lista de paraísos fiscales y de la política fiscal de la Unión.

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de octubre de 2021, sobre los papeles de Pandora: consecuencias para la lucha contra el blanqueo de capitales, la evasión y la elusión fiscales (2021/2922(RSP))
Materias afectadas:

• Medidas contra la elusión y el fraude fiscal.
• Intercambio de información tributaria.

En su Resolución, el Parlamento Europeo entiende que las actividades documentadas en los papeles de Pandora, si bien no todas son intrínsecamente ilegales, suponen a menudo a evasión fiscal y abuso del secreto empresarial y recuerdan que la Unión registra las mayores pérdidas a escala mundial como consecuencia del traslado de beneficios a paraísos fiscales, perdiendo cada año alrededor del 20 por 100 de sus ingresos procedentes del impuesto sobre sociedades, situación que llevó a los países del G-20 a abordar estas cuestiones a escala mundial, en el marco de la OCDE, mediante el proyecto de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, lo que se tradujo en el Plan de acción BEPS.

Considera por lo tanto que una legislación fiscal internacional adecuada es esencial para impedir las prácticas de evasión y elusión fiscales y para diseñar un sistema tributario justo y eficaz que aborde la desigualdad y garantice seguridad y estabilidad, que son condiciones previas para la competitividad, así como para la igualdad de condiciones entre las empresas, en particular para las pequeñas y medianas empresas.

El antecedente de los papeles de Panamá.

Según el Observatorio Fiscal de la UE, el patrimonio financiero mantenido en paraísos fiscales ascendía a 7,9 billones de euros en 2017, equivalente al 8 por 100 del producto interior bruto mundial, suponiendo una pérdida de ingresos fiscales de alrededor de 155.000 millones de euros al año en todo el mundo, lo que traducido al ámbito de la UE implica que alrededor del 11 por 100 de la riqueza neta total de la Unión, es decir, 2,3 billones de euros, se conserva fuera de la Unión. Por otro lado, y aunque es difícil estimar la magnitud del blanqueo de capitales, ya que, por su propia naturaleza, la actividad no se descubre a menos que se detecte, se constata que esta actividad aumenta a escala mundial.

Pese a la situación descrita, las autoridades tributarias han recuperado más de mil millones de euros a raíz de las revelaciones de los papeles de Panamá, por lo que el Parlamento Europeo, como ya hizo en sus Resoluciones y Recomendaciones TAXE, TAX2, PANA y TAX3, así como en las recientes resoluciones adoptadas sobre la base de informes de su Subcomisión de Asuntos Fiscales (FISC), vuelve a solicitar una reforma del sistema internacional del impuesto sobre sociedades con el fin de luchar contra la evasión y la elusión fiscales, máxime, teniendo en cuenta los positivos efectos que el conjunto de reformas legislativas para luchar contra la elusión fiscal y la delincuencia financiera han tenido en el funcionamiento del mercado interior y en la protección de la base imponible y los ingresos de los Estados miembros.

Elogios al periodismo de investigación.

Al margen de destacar el papel del periodismo de investigación internacional y de los denunciantes de irregularidades como el blanqueo de capitales y las conductas indebidas, la Resolución del Parlamento UE señala que los papeles de Pandora muestran cómo los paraísos fiscales han adaptado prácticas perjudiciales a las nuevas normas con el fin de seguir siendo atractivos a efectos de elusión fiscal, e insta a los Estados miembros a que realicen avances en lo que se refiere a la puesta a disposición del público de la información sobre la titularidad real y la puesta a disposición de los parlamentos y las autoridades competentes, incluidas las administraciones tributarias, cuando proceda, de toda otra información pertinente.

Asimismo, pide a la Comisión que revise los datos expuestos en los papeles de Pandora y analice la adecuación de posibles nuevas medidas legislativas a escala de la Unión. Del mismo modo, solicita a la Fiscalía Europea que evalúe si los datos revelados merecen investigaciones específicas en el marco de su mandato, y lamenta que los nombres de varios políticos, incluidos responsables políticos de alto nivel de la Unión también hayan aparecido en estos documentos.

Transparencia corporativa e intercambio de información.

La Resolución valora de forma positiva que la Comisión haya introducido la obligación de que las entidades jurídicas de terceros países que entablen una relación comercial con una entidad obligada de la Unión o que adquieran bienes inmuebles en la Unión registren su titular real en los registros de titularidad real de la Unión y destaca la propuesta de la Comisión de solicitar a los Estados miembros que faciliten el acceso de las autoridades competentes a los registros existentes de bienes inmuebles con el fin de garantizar la identificación oportuna de cualquier persona física o jurídica que posea bienes inmuebles.

Asimismo, acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de introducir la interconexión a escala de la Unión de mecanismos automatizados centralizados de información de pagos y cuentas bancarias a través de un punto de acceso único, a fin de facilitar un acceso más rápido por parte de las autoridades policiales y las unidades de información financiera durante las diferentes fases de la investigación a la información financiera y de facilitar la cooperación transfronteriza, respetando las normas de protección de datos y se felicita por el impulso a la creación de una nueva autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitales como supervisora única de determinadas entidades obligadas del sector financiero.

Críticas a la política de Estados Unidos.

En su Resolución, el Parlamento condena el hecho de que algunos Estados estadounidenses, como Dakota del Sur, Alaska, Wyoming, Delaware y Nevada, se hayan convertido en centros de secreto financiero y empresarial, como se indica en los papeles de Pandora, junto a paraísos fiscales ya revelados y bien conocidos, y pide a al Gobierno USA y a los Gobiernos de los citados Estados que adopten nuevas medidas para garantizar una mayor transparencia corporativa, lamentando al mismo tiempo que los Estados Unidos no hayan adoptado el ECCI, un estándar para el intercambio automático de información sobre cuentas financieras a escala mundial entre autoridades fiscales que fue desarrollado por la OCDE en 2014.

Por otro lado, solicita al GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) que, en el marco de la revisión en curso de la “Recomendación 24” sobre la transparencia y la titularidad real de las personas jurídicas, haga que los registros de acceso público de titulares reales constituyan un requisito para el cumplimiento de la norma, así como que mejore la definición de “titular real” para eliminar cualquier laguna jurídica, prohibir las carteras de acciones al portador y aumentar los requisitos aplicables a los accionistas nominales, obligando a los países y territorios cumplidores a exigir a las sociedades extranjeras que tienen vínculos con el país que cumplan las mismas normas sobre la divulgación de información sobre la titularidad real que se aplican a las empresas nacionales.

Regulación de los intermediarios: DAC 6 y secreto profesional.

En la Resolución se recuerda la obligación de los intermediarios en virtud de la DCA6 de señalar regímenes a la atención de las autoridades tributarias sobre la base de rasgos distintivos consistentes en indicios claros de elusión fiscal, en particular a la vista de las lagunas estructurales de la legislación fiscal; y se pide a la Comisión que amplíe las exigencias de información de la DCA6 a los acuerdos transfronterizos para la gestión de activos de clientes que sean personas físicas.

Por otro lado, a fin de garantizar que los acuerdos de particulares con grandes patrimonios con las autoridades fiscales de un Estado miembro se pongan en conocimiento de todos los Estados miembros, se solicita que se integre en la futura propuesta de DCA8 el intercambio de resoluciones fiscales relativas a personas físicas, a menudo elaboradas por intermediarios, entre otras recomendaciones anteriores relacionadas con la DCA3 y señaladas en la Resolución del Parlamento sobre la aplicación de los requisitos de la Unión para el intercambio de información fiscal.

Se subraya que el secreto profesional no puede utilizarse para ocultar prácticas ilegales y que, tal como señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la confidencialidad de las relaciones entre abogados y clientes y el secreto profesional no son óbice para el cumplimiento de la obligación de notificar sospechas con el objetivo legítimo de prevenir la actividad delictiva, y que dicha información es necesaria para alcanzar dicho objetivo.

Paraísos y política fiscal.

Se insiste en que para llevar a cabo las futuras reformas legislativas de la política fiscal necesarias para abordar eficazmente los asuntos puestos de relieve en los papeles de Pandora”, la Comisión debe explorar todas las posibilidades que ofrece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y lamenta que la “Lista negra” de la Unión de paraísos fiscales haya quedado en papel mojado a pesar de los nuevos escándalos fiscales, afeando el hecho de que el Consejo de Ministros de Hacienda de la Unión decidiera recortar la lista de paraísos fiscales de la Unión retirando de ella las islas caribeñas de Anguila y Dominica, así como Seychelles, un país que casualmente figura en las revelaciones dichos “papeles”.

Carga asimismo contra los ministros de Hacienda de los Estados miembros por no haber asumido sus responsabilidades individuales y conjuntas en la lucha contra los paraísos fiscales, las empresas extraterritoriales y los fideicomisos, y que en lugar de ello se dediquen a debilitar la actual lista negra.

En definitiva, pide más transparencia en relación con los criterios utilizados en el proceso de inclusión en la lista; considerando que esta reforma debe llevarse a cabo antes de finales de 2021 para proteger a la Unión de cualquier pérdida de ingresos adicional en el período de recuperación posterior a la COVID-19, y reitera el llamamiento para que se refuercen los criterios y se vele por una mayor aplicación de los compromisos relativos a la lista de la Unión, especialmente con respecto al criterio de equidad fiscal, según el cual “el país o territorio no deberá facilitar la existencia de estructuras o mecanismos extraterritoriales destinados a atraer beneficios que no reflejen una actividad económica real realizada en el país o territorio»;

Finaliza esta Resolución acogiendo con satisfacción la intención de la Comisión de presentar una propuesta de Directiva relativa a un sistema común a escala de la Unión de retención en origen sobre los pagos de intereses o dividendos; instando a que, hasta que exista dicho sistema común, los Estados miembros puedan adoptar contramedidas legítimas para proteger sus bases imponibles.

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas.