Su efecto dependerá del tipo de negocio que le ocupe.
Tampoco hay que desatender la economía personal.

Al igual que el resto de la ciudadanía, uno de los colectivos que más está sufriendo el golpe de la inflación es el de los autónomos. Estos trabajadores lo pueden percibir, además, en un doble sentido: tanto en el lado de los gastos como en materia de ingresos.

Sin embargo, el impacto de esta inflación nunca será igual en un negocio que en otro. Por eso es importante atender a la propia naturaleza de nuestro negociado para, después, elaborar una serie de líneas de actuación que permitan protegerse, en cierta medida, del aumento de los precios.

La asesoría especializada Declarando apuesta por estudiar cuál es la influencia de la inflación en nuestro negocio. «Se trata de ver en qué medida está afectando a los gastos del día a día de nuestra actividad, de analizar la inflación personal», resume Juanjo Traver, economista y cofundador de Declarando.

Pero no solo eso: para el autónomo es igual de importante conocer cómo le afecta la inflación en el plano personal debido a que una bajada en sus ingresos, acompañada de un aumento del nivel de vida, puede abocarle a una situación económica muy complicada.

Por todo este delicado cóctel es clave tener en cuenta qué comportamientos pueden ser de ayuda de cara al negocio personal. Declarando apunta hasta cinco consejos que significan un apoyo importante en estos tiempos de inflación:

Analizar el impacto de la inflación en el negocio.

Todo dependerá del negocio en sí y qué gastos conlleva: la inflación no afectara igual a un autónomo cuya actividad obligue a adquirir bienes que se han visto especialmente ‘tocados’ por una subida de los precios que a otros que puedan torear mejor ese impacto en los precios.

Cambiar la estrategia de fijación de precios.

Es de manual: si los costes suben pueden obligar a los autónomos a modificar los precios para mantener el margen de beneficio estimado o como mínino no perder dinero. En este punto surge un problema para el autónomo, ya que es importante cómo se encara la subida de los precios.

A menudo, los clientes son renuentes a pagar de más, por lo que el autónomo tendrá que asociar esta subida a alguna mejora en el servicio o producto, un valor extra que justifique el aumento. Algo que tendrán más complicado los sectores con menor flexibilidad o mayor competencia.

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Fuente: El Economista

Su incidencia en el IRPF se producirá en las declaraciones correspondientes a los ejercicios en que aquellas cuotas se incluyeron.

¿Cuál es el criterio de imputación temporal de la devolución por la TGSS del exceso pagado por cuotas del RETA sobre la tarifa plana que puede aplicar con carácter retroactivo un trabajador autónomo socio de una entidad, si las cuotas satisfechas por la entidad las había reflejado como rendimiento del trabajo en especie y también como gasto deducible?

El 20 de julio de 2020, la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la TGSS comunicó el cambio de criterio en la interpretación del artículo 31 del Estatuto del Trabajador Autónomo, como consecuencia de la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo que considera aplicables los beneficios de cotización de la llamada tarifa plana también a los trabajadores autónomos socios de sociedades anónimas o limitadas, con carácter retroactivo, y obliga a la Seguridad Social a devolver el importe del exceso cotizado.

En el supuesto planteado, el autónomo societario, había declarado en el IRPF las cotizaciones como rendimientos del trabajo en especie y se las había deducido como gasto en el ámbito de esos rendimientos.

La regla general para los rendimientos del trabajo es su imputación al período impositivo en que sean exigibles por su perceptor.

Por tanto, la devolución de cotizaciones no tiene incidencia en la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio en que la devolución se apruebe y realice.

Al tratarse de unos importes indebidamente abonados a la TGSS y que son reintegrados al socio y por éste a la sociedad (mediante el pago directo por parte de la TGSS al empleador), su incidencia en el IRPF se producirá en las declaraciones correspondientes a los ejercicios en que aquellas cuotas se incluyeron como retribución en especie y como gasto, lo que dará lugar, en su caso, a la solicitud de rectificación de las autoliquidaciones o a las declaraciones complementarias correspondientes.

Normativa/Doctrina

  • Artículo 31 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo.
  • Artículo 14.1 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF.
  • Artículo 120.3 y 122 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
  • Consulta Vinculante de la DGT V2887-21, de 18 de noviembre.
  • Sentencia TS 3-12-2019, Rec. 5252/2017 y otras posteriores.

Fuente: AEAT

Si crees que el Cash Management es la simple gestión del efectivo de tu negocio, no sigas leyendo. Porque en este artículo descubrirás cinco pilares sobre los que se asienta la verdadera gestión de Tesorería.

“Las empresas mueren por la caja no por la cuenta de resultados”. Todavía recuerdo esta frase de mi profesor de Economía de la Empresa en la Universidad. Esta simple afirmación cambió mi percepción sobre lo que hasta entonces había considerado buenos o malos negocios.

La mayoría de las personas siguen valorando el éxito o fracaso de una empresa por su cuenta de resultados: beneficio o pérdida. Sin embargo, esa no es la auténtica vara de medir. El verdadero rasero se encuentra en la capacidad de generar cash, de generar dinero. Porque vender es importante, pero cobrar, lo es más.

En el mundo de los negocios la venta es el arte supremo, si no vendes no hay negocio, pero no basta con vender. Si tras la venta no hay una contraprestación monetaria a tu producto o servicio, ¿para qué vendes?

La mayoría de las acciones que preceden a una venta suponen un coste, un compromiso de pago para aquel que genera un producto o servicio. Una vez generado, la venta se convierte en un compromiso futuro de cobro para aquel que vende. Un “premio” por su trabajo. Sin esa recompensa, el mundo de las empresas y los negocios con ánimo de lucro no tendría sentido.

La gestión del dinero, que se intercambia en forma de cobros y pagos, es el corazón del Cash Management, pero esta definición sería demasiado básica para ti que sigues leyendo este artículo. Por ello, a partir de ahora hablaremos de Cash Management como el conjunto de medidas estratégicas y organizativas que afectan a los flujos monetarios y a los resultados financieros de una empresa o negocio.

Como ya habrás adivinado, el Cash Management o la gestión de Tesorería es una actividad que tolera mal los errores, siempre caros en el sentido más monetario de la palabra. Sin embargo, su buena gestión aporta la satisfacción de ese valor añadido diferenciador que nos hace ser percibidos como buenos profesionales y que permite a nuestro negocio u organización ser más competitivo en un entorno cada vez más exigente.

Si hablamos de beneficio y cash, podemos establecer cuatro tipos de situaciones que se pueden dar en un negocio:

  1. No tener beneficios ni generar cash: negocio herido de muerte o zombi.
  2. No tener beneficios y generar cash: el no tener beneficios puede deberse a una situación puntual como un exceso de inversiones en activos amortizables.
  3. Tener beneficios y no generar cash: por ejemplo, por una mala gestión de los períodos de cobro/pago.
  4. Tener beneficios y generar cash: un negocio muy saludable.

Si quieres formar parte de las empresas o negocios del tipo 4 y gozar de buena salud, te invito a descubrir cinco pilares del buen Cash Management:

1.-Controla tu posición.

La posición de tesorería es el punto de partida de una buena gestión. Conocer cuáles son y serán los saldos previstos en tus entidades financieras te permitirá poder hacer frente a los pagos comprometidos de tu negocio. Porque no hay nada peor que no saber si tienes liquidez para pagar tus deudas.

El cálculo de la posición de tesorería se realiza combinando los movimientos reales de cobros y pagos junto a las previsiones, todos ellos en fecha valor (fecha desde la que se devengan intereses y a partir de la cual se puede disponer del dinero). Lo habitual es que se realice a diario y que su proyección sea a corto plazo. Este cálculo ayuda a:

  • Detectar con antelación posibles desfases entre cobros y pagos y reajustar las políticas de cobro/pago.
  • Tomar decisiones de financiación o de inversión de fondos con un horizonte más amplio y con cantidades más precisas.
  • Minimizar saldos ociosos que generan ineficiencias en el resultado financiero.
  • Controlar y reclamar las condiciones firmadas con las entidades financieras en nuestra operativa diaria

Si todavía no cuentas con una posición de tesorería periódica y bien definida, es el momento de que te pongas manos a la obra.

2.- Elabora un buen presupuesto.

El presupuesto de tesorería es un paso intermedio entre el presupuesto económico-financiero y la posición de tesorería. Es una herramienta de decisión táctica más que estratégica, informa del uso de la financiación e inversiones y se realiza a nivel de conceptos presupuestarios. Su horizonte temporal suele ser de un año.

Se elabora a partir de los presupuestos realizados por cada área del negocio: compras, ventas, producción, recursos humanos, marketing…, transformando los ingresos/gastos en cobros/pagos.

El presupuesto de tesorería se caracteriza por ser una herramienta que:

  • Cuantifica los medios a disponer por la empresa para alcanzar los objetivos.
  • Facilita identificar desviaciones y tomar medidas correctoras.
  • Tiene carácter participativo.
  • Es flexible, se adapta al cambio.
  • Detecta ineficiencias en la gestión.

Como todo presupuesto que se precie, es una hoja de ruta, una guía que puede verse modificada por diversas variables, tanto internas como externas. Lo más importante es elaborarlo con la mayor precisión posible, en base a la información pasada, presente y futura, e ir analizando el origen de cada una de las desviaciones que se produzcan. Ello te permitirá mejorar poco a poco y evitar una gran cantidad de imprevistos.

Los presupuestos no son más que declaraciones de prioridades. ¿Tienes claras las tuyas?

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Fuente: Emprendedores

Contribuyentes que en 2021 fueron perceptores de prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) por haber estado inmersos en procedimientos de regulación temporal de empleo (ERTE).

Reintegros al SEPE.

Reintegros sobre prestaciones ERTE satisfechas por el SEPE en 2021, ¿qué implicaciones tiene en la declaración de la Renta 2021?

En el caso de que el SEPE haya realizado en 2021 un abono por ERTE superior al que corresponde, a efectos de declaración en la Campaña de Renta, será diferente en función de si el SEPE ha iniciado/completado ya el expediente de reintegro de ese exceso en el momento en que el contribuyente presente su declaración, o si todavía el expediente de reintegro no se ha iniciado.

Existen dos supuestos básicos:

A) Que el reintegro de lo pagado en exceso por el SEPE ya se haya producido en 2021. En tal caso, a la Agencia Tributaria ya le constará la cantidad correcta, ese importe correcto aparecerá reflejado en los datos fiscales y el contribuyente presentará su declaración normalmente a partir de esos datos, sin tener que solicitar rectificaciones posteriores.

B) Que el reintegro de lo pagado en exceso por el SEPE no se haya producido en 2021. En este caso el contribuyente deberá revisar los datos fiscales. Si el contribuyente está de acuerdo con las cuantías a reintegrar al SEPE, podrá trasladar esa información a Renta WEB y presentar su declaración normalmente, sin tener que solicitar rectificaciones posteriores. En todo caso, el contenido de la casilla es modificable por el contribuyente si no está de acuerdo con el importe.
Reintegros sobre prestaciones ERTE satisfechas por el SEPE en 2020, ¿qué implicaciones tiene en la declaración de la Renta 2020?

Se informará de estos importes en los datos fiscales correspondientes a Renta 2021, en el apartado «Información sobre rendimientos del trabajo, de determinadas actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, con ejercicio de devengo anterior al 2021».

Existen dos supuestos básicos:

1. Si ya declaró en Renta 2020 los importes correctos correspondientes a la prestación satisfecha por el SEPE, aquella declaración presentada no tendrá que modificarse.

2. Si los importes que incorporó a Renta 2020 no son correctos, a través de Renta WEB podrá presentar una solicitud de rectificación o una declaración complementaria, minorando o aumentando, respectivamente, el importe que declaró en Renta 2020, en función de la cuantía del reintegro efectuado al SEPE.

Ejemplo 1 que implica solicitud de rectificación: Contribuyente que en Renta 2020 declaró 1.000 euros por ERTE, pero que tuvo que reintegrar al SEPE 200 euros. Es decir, el importe que finalmente percibió fue de 800 euros.

En este caso, a través de Renta WEB podrá presentar una solicitud de rectificación de Renta 2020, minorando el importe declarado en 200 euros.

Ejemplo 2 que implica declaración complementaria: Contribuyente que percibió del SEPE 1.000 euros y en Renta 2020 declaró 500 euros por ERTE, pero solo tuvo que reintegrar al SEPE 200 euros. Es decir, el importe que finalmente percibió fue de 800 euros.

En este caso, a través de Renta WEB podrá presentar una declaración complementaria de Renta 2020, aumentando el importe declarado en 300 euros.

Obligación de declarar.

En 2021 he percibido prestaciones por ERTE, ¿qué implicaciones tiene en la declaración de la renta?

• Las prestaciones percibidas en concepto de ERTE se califican como rendimiento de trabajo sujetas a IRPF. No están en ningún caso exentas.
• Si en 2021 sólo has percibido ingresos procedentes de prestaciones por ERTE, no tendrás obligación de declarar si la cantidad percibida no supera los 22.000 euros.
• Si la percepción de estas prestaciones ha supuesto que se hayan obtenido rendimientos de trabajo de dos o más pagadores distintos:

– Si el importe percibido del segundo y restantes pagadores (por orden de cuantía) no supera los 1.500 euros, no tendrás obligación de declarar por IRPF si la suma total de rendimientos del trabajo no supera los 22.000 euros.

– Si el importe percibido del segundo y restantes pagadores (por orden de cuantía) supera los 1.500 euros, no tendrás obligación de declarar por IRPF si la suma total de rendimientos del trabajo percibidos en el ejercicio no supera los 14.000 euros.

Fuente: CISS Fiscal (AEAT 8-4-2022)

El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, aprueba una bonificación extraordinaria y temporal en el precio de venta al público de determinados productos energéticos y aditivos.

He realizado un caso práctico sobre tratamiento contable de la bonificación en el combustible. para InfoEC Boletín de Economistas Contables del Consejo de Economistas de España. Boletín núm. 329 de 5 de abril de 2022.

El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, contempla entre diversas medidas para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania. Entre ellas, una bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos energéticos, que se regulan en CAPÍTULO VI de la norma (artículos 15 a 20).

En el artículo 15. Objeto y ámbito de aplicación:

«1. Se aprueba una bonificación extraordinaria y temporal en el precio de venta al público de determinados productos energéticos y aditivos, en los términos establecidos en este capítulo

2. Serán beneficiarios de esta bonificación las personas y entidades que adquieran los productos a que se refiere el apartado 3, siempre que los adquieran, entre los días 1 de abril y 30 de junio de 2022, ambos incluidos, a los colaboradores en la gestión de esta bonificación.

…»

Como resumen, el procedimiento será el siguiente:

  1. Es una medida temporal de tres meses que se aplicará desde el 1 de abril y 30 de junio de 2022.
  2. El colaborador (gasolineras) realizan un descuento de 0,20 euros por litro de combustible que se aplicará sobre el precio de venta al público, que debe constar por separado en la factura o ticket correspondiente.
  3. El colaborador presentará mensualmente, en los primeros 15 días naturales de los meses de mayo, junio y julio de 2022, ante la Administración competente una solicitud de devolución de las bonificaciones efectuadas en el mes anterior.
  4. No obstante, es contempla en la norma la realización de un anticipo por parte de la AEAT. Para ello, el colaborador podrá solicitar a la Administración competente, con anterioridad al 15 de abril de 2022, un anticipo a cuenta, por el importe máximo de la bonificación que ascenderá al 90% del volumen medio mensual de productos incluidos en el ámbito objetivo de esta bonificación vendidos por dicho colaborador en el ejercicio 2021, con un máximo de 2.000.000 euros y un mínimo de 1.000 euros.

Contabilidad desde el punto de vista del colaborador (gasolineras).

El problema se puede plantear en que las gasolineras que quieran solicitar el anticipo, como la norma se aplica a partir del 1 de abril de 2022, tiene que soportar por adelantado la carga del descuento hasta que la AEAT, con posterioridad al 15 de abril de 2022 conceda el anticipo.

Contabilidad, desde el punto de vista de la empresa que se beneficia de la bonificación.

La consulta 1 del BOICAC 122, sobre tratamiento contable de los costes a asumir por las empresas en los ERTEs consecuencia del COVID 19. Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, indicaba que la bonificación en la Seguridad Social para los trabajadores en ERTE se podría contabilizar como una subvención (NRVª 18), como una subvención de explotación. Aunque en la consulta la bonificación era en la Seguridad Social, en nuestra opinión, por similitud se debería aplicar el mismo criterio, de modo que en la cuenta de pérdidas y ganancias no se compensasen gastos por suministro de combustible con la subvención concedida.

No obstante, también se indica en la citada consulta que en el caso de que su importe no fuera significativo, en aplicación del principio de importancia relativa, podría minorarse directamente el gasto correspondiente.

Hemos realizado dos casos prácticos que puede verse pinchando aquí.

Fuente: CISS Contable Mercantil

AUTOR: Gregorio Labatut Serer. Profesor Titular de la Universidad de Valencia.

FUENTE:http://gregorio-labatut.blogspot.com

FECHA: 05/04/2022

En los últimos años Europa está experimentando la desaparición del cheque como instrumento de pago.

En los últimos años Europa está experimentando la desaparición del cheque como instrumento de pago. Por ejemplo, en España en 2020 el cheque fue el instrumento de pago que representó solamente el 0,1 % del total de las operaciones de la SNCE, según informaciones publicadas por Iberpay que es el organismo que gestiona el Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE), infraestructura crítica de pagos especializada en el procesamiento, compensación y liquidación de los instrumentos de pago basados en la cuenta corriente bancaria: transferencias, transferencias inmediatas, adeudos, cheques, traspasos y efectos.

El cheque sustituyó como instrumento de pago al denominado talón después de la entrada en vigor de la Ley Cambiaria y del Cheque (LCCH) en el año 1985. El cheque es un instrumento de pago sustitutorio del dinero y no un documento de crédito, debido a las normas sobre previa provisión de fondos al banco para atender las órdenes del librador. El cheque es un título abstracto, formal y completo que incorpora un mandato de pago incondicional, que permite al librador (firmante del cheque) retirar en su provecho o en el de un tercero (acreedor/tomador) parte de los fondos que tiene disponibles en poder del librado (banco) para realizar el pago de una deuda. Puede observarse pues que el cheque reúne las siguientes características:

  • Es un título valor, ya que incorpora un derecho que es inseparable al documento.
  • Es un documento formal, o sea debe extenderse conforme a los requisitos exigidos en la LCCH.
  • Es un título completo al señalar el propio documento la amplitud del derecho que incorpora.
  • Contiene una orden de pago pura y a la vista, ya que no admite condiciones y el cheque debe ser pagadero en el momento de la presentación.
  • Es necesario un acuerdo entre el librador y la entidad bancaria para disponer de los fondos mediante la emisión de cheques. Este convenio es el que presta el banco mediante el contrato de cuenta corriente.
  • Exige una previa provisión de fondos por parte del librador al librado; aunque la inexistencia de la provisión no implica la desaparición de la obligación de pago por parte del firmante.
  • Es un título transmisible por endoso a menos que figure la cláusula “no a la orden”.
  • Es pagadero desde el momento de su emisión así que es un título con vencimiento a la vista.

En el cheque intervienen forzosamente tres personas: en primer lugar, el librador que es la persona que crea el documento y lo firma; en segundo lugar, el librado que es la entidad bancaria obligada al pago del cheque si hay fondos suficientes en la cuenta del librador; y, en tercer lugar, el tomador que es la persona que tiene el documento, bien porque es un cheque al portador o porque se ha emitido a su favor y lo presenta al pago. El tomador puede transmitir el título a un tercero a través del endoso, lo que daría lugar al último tenedor que presentaría al cobro el cheque y que sería ajeno a la relación negocial entre librador y primer tomador. Además, el cheque debe cumplir unos requisitos formales. El cheque para se un instrumento de pago válido debe reunir seis requisitos para su plena validez según dice el art. 106 de la LCCH (pero como los talonarios de cheques son impresos por los bancos no puede haber muchos errores). No obstante, algunos de estos requisitos son subsanables según dicta el art. 107. A continuación, relacionamos los seis requisitos y como se pueden subsanar las posibles carencias.

1. La denominación de cheque inserta en el propio título en el idioma que se emplea para la redacción de dicho documento.

2. El mandato puro y simple de pagar una cantidad en euros o divisa convertible.

3. El nombre del que ha de pagar, denominado librado que necesariamente ha de ser una entidad bancaria.

4. El lugar de pago; lo habitual es que venga impresa la dirección completa junto con el nombre del banco. A falta de indicación especial será el designado junto al nombre del librado, y si se designan varios lugares, será pagadero en el que figure en primer lugar. De todas maneras, el cheque deberá pagarse en todo caso en el lugar en el que ha sido emitido y si en él no tiene el librado ningún establecimiento, en el lugar donde el librado tenga el establecimiento principal.

5. La fecha y lugar de emisión; la fecha de emisión determina el momento desde el que debe contarse el plazo de presentación y el lugar de emisión la ley nacional a aplicar. Si no aparece el lugar de emisión en su defecto se considerará el que figure al lado del nombre del librador. El peligro en el cheque en que no aparezca el lugar de emisión, ni junto a la fecha ni junto al nombre del librador, conforme a lo establecido en el primer párrafo del art. 107 LCCH, es que el título no pueda considerarse cheque, constituyendo solamente un documento probatorio de la existencia de la deuda, pero sin efecto cambiario alguno.

6. La firma autógrafa del que expide el cheque, denominado librador (en caso de personas jurídicas como S.L. hay que introducir en la antefirma el “p.p” y el sello de la sociedad representada).
Aunque curiosamente, el art. 106 LCCH no se refiere expresamente a ellos, existen dos otros requisitos de uso común para completar un cheque: el primero, hay que escribir la cantidad a pagar en cifras y en letra; vale la pena decir que cuando figure el importe en letra y cifras y exista diferencia de cantidad entre ambas, siempre prevalece la expresada en letra. En los cheques de talonario ya está indicado que hay que escribir la fecha de emisión en letra junto al lugar de libramiento. Y el segundo, el citado artículo no incluye ninguna referencia a la denominación de la persona a la que se ha de pagar el cheque, o sea no existe una obligación ineludible de indicar quien es el tomador del título, toda vez que el último párrafo del art. 111 señala que: “El cheque que, en el momento de su presentación al cobro, carezca de indicación de tenedor, vale como cheque al portador”. Consiguientemente la ley supone la presunción legal de que, si se presenta al cobro y carece de indicación del tenedor, es como si se tratara de un cheque al portador.

Con todo normalmente se suele añadir al cheque el nombre de la persona a la que debe pagarse el cheque o la indicación de “al portador”. No obstante, si el nombre del tomador queda en blanco en el cheque no pierde su eficacia. La falta de alguno de los requisitos esenciales en el título emitido provoca que éste pierda su consideración de cheque a los efectos establecidos por la LCCH y no se podrían ejercer las acciones cambiarias correspondientes, pero sin perjuicio de su validez en una reclamación extracambiaria, ya que sería un documento de prueba a favor del acreedor. No obstante, la ley consagra la validez del cheque en blanco o destinado a ser posteriormente completado con una disposición en el art. 119 de la LCCH que reza: “Cuando un cheque, incompleto en el momento de su emisión, se hubiese completado contrariamente a los acuerdos celebrados, el incumplimiento de estos acuerdos no podrá alegarse contra el tenedor a menos que éste haya adquirido el cheque de mala fe o con culpa grave”.

El librador del cheque garantiza el pago y nunca puede exonerarse de la obligación mediante una cláusula en el documento; en caso de que estuviera se considerará no escrita. Al propio tiempo si un cheque contiene firmas de personas incapaces de obligarse, o falsas o que no produzcan obligación, las obligaciones de los demás firmantes seguirán siendo válidas. Si alguien firma un cheque, como representante de una persona física o jurídica (p. ej. en el caso de sociedades) pero en realidad es un falso apoderado, quedará personalmente obligado para el pago del cheque en virtud de su firma. Lo mismo sucede para el representante que hubiera excedido sus poderes, sin perjuicio de la responsabilidad cambiaria del representado dentro de los límites del poder. Cuando un cheque, incompleto en el momento de su emisión, se hubiera completado contrariamente a los acuerdos celebrados, el incumplimiento de estos acuerdos no podrá alegarse contra el tenedor a menos que éste hay adquirido el cheque de mala fe o con culpa grave. Esta disposición está pensada para salvaguardar los derechos del tenedor de buena fe.

Además de los requisitos formales esenciales para que el título tenga la consideración de cheque, es posible incluir cláusulas facultativas como “sin gastos”, “con protesto”, “no a la orden” o “para abonar en cuenta”. Ahora bien, el art. 147.2 indica que:” No obstante, las cláusulas facultativas que se incorporen al cheque, para su validez, deberán venir firmadas expresamente por persona autorizada para su inserción, sin perjuicio de las firmas exigidas en la presente Ley para la validez del título”. Hay que hacer notar que la fecha de emisión es un elemento esencial y no sustituible, por lo que deberá tener una fecha posible (cuidado con un cheque emitido el 30 de febrero ya que no sería válido) aunque no sea la verdadera.

En la práctica mercantil nos podemos encontrar con cheques antedatados, que son aquellos cuya fecha de emisión es anterior a la fecha real de entrega del documento al tomador; el objetivo del emisor es reducir el plazo para presentar el documento y existe el peligro que llegue a manos del acreedor pasado el plazo legal de presentación, y también con cheques postdatados, que son aquellos que se entregan al tomador con una fecha de emisión posterior a la de su entrega real (librados en una fecha anterior a la que figura como de emisión en el documento); el objetivo del firmante es ampliar el plazo de presentación para conseguir fondos suficientes para cubrir el importe del cheque. En definitiva, utilizar el cheque como si fuera un pagaré. Es importante destacar que la Ley no establece la invalidez de títulos antedatados o postdatados, si bien anula la postdatación declarando que el cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de emisión, es pagadero el día de la presentación puesto que la LCCH entiende que los cheques se emiten ya vencidos.

Ahora bien, la ante datación de un cheque puede comprometer el plazo de presentación al pago (que para cheques emitidos en España es de quince días) por lo que un cheque antedatado puede ser revocado por el librador. Otro perjuicio es que un cheque antedatado que es presentado al cobro pasada la fecha de presentación, si es devuelto por falta de fondos no puede ser protestado, lo que impediría acciones legales del tenedor contra el endosante. En cuanto al libramiento del cheque, la LCCH establece distintas formar de girar un cheque: la primera, a favor o a la orden del propio librador; es el caso en el que coinciden las figuras de librador y tomador, o sea cuando una persona utiliza un cheque para obtener fondos de su propia cuenta bancaria; las segunda, por cuenta de un tercero; en este caso el librador, previamente autorizado para ello, emite un cheque con cargo a los fondos del titular de la cuenta corriente. Este es el caso de un mandatario que paga con un cheque los bienes adquiridos por su mandante. Y la tercera, contra el propio librador, siempre que el título se emita entre distintos establecimientos del mismo banco (cheques bancarios).

El tenedor (o tomador) es la persona a la que debe pagarse el cheque, bien por estar expedido a su nombre, o por ser el portador o el endosatario. El cheque se puede emitir designando al tomador del título de las siguientes maneras: en primer lugar, a favor de una persona determinada, con o sin cláusula “a la orden”. En estos títulos el tenedor aparece identificado con su nombre. Pueden ser transmitidos por endoso. Aunque el cheque esté emitido sin cláusula “a la orden” se puede endosar. En segundo lugar, a favor de una persona determinada “no a la orden”; el título recoge el nombre del tomador, pero la inclusión de la cláusula “no a la orden” impide su transmisión mediante endoso, por lo que sólo es transmisible por cesión ordinaria. En tercer lugar, emitidos al portador; no designan a persona alguna y su transmisión es por simple entrega del documento ya que puede cobrarlo cualquier tenedor. No obstante, el tenedor del cheque al portador que pretenda cobrarlo en ventanilla deberá identificarse cuando su importe sea superior a 3.000 euros. En tercer lugar, a favor de una persona determinada incorporando detrás del nombre de la persona a favor de la cual se ha extendido el cheque la mención “o al portador”. En este caso se considera el título también al portador. Y, en cuarto lugar, dejando en blanco el nombre del tenedor lo que también será cheque al portador.

 

 

Fuente: http://blogcanalprofesional.es. Entrada original publicada en perebrachfield.com (Pere Brachfield)

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 16 Marzo 2022.

Respeta los principios de legalidad y reserva de ley, en cuanto que las obligaciones de la Orden HFP/816/2017, por la que se aprobó el controvertido modelo, tienen como base normativa los arts. 29.2.f) y 93 de la LGT, en relación con los arts. 30.2 del RD 1065/2007, y los arts. 18 y 19 de la LIS y 13.4 y 37 de la RIS; respetando igualmente el principio de proporcionalidad en función de la transcendencia tributaria de la información que debe obtenerse por la obligación formal impuesta.

Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sentencia 333/2022, 16 Mar. Rec. 4727/2020.

Se confirma la legalidad de la Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.

La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo considera que la Orden respeta los principios de legalidad y reserva de ley, en cuanto que las obligaciones impuestas tienen como base normativa lo dispuesto en los arts. 29.2.f) y 93 de la LGT, en relación con los arts. 30.2 del Real Decreto 1065/2007, y los arts. 18 y 19 de la LIS y 13.4 y 37 de la RIS; y respeta también el principio de proporcionalidad en función de la transcendencia tributaria de la información a obtener por la obligación formal impuesta; y añade que, careciendo de naturaleza sancionadora, no cabe entrar a analizar el principio de tipicidad propia del ámbito sancionador.

Precisamente sobre este último extremo, se detiene la sentencia en explicar que la Orden se limita a establecer una obligación formal, lo que ya se deduce del propio enunciado por lo que se trata de obligaciones formales, con eminente carácter informativo; no se trata de una “norma sancionadora en blanco” y no entiende la Sala el argumento de la Asociación reclamante, cuando señala que nuevo modelo 232 incluye información diferente a la exigida en el modelo 200 creando sanciones no sustentadas en Ley alguna.

En cuanto a los principios de legalidad y jerarquía normativa, explica el Supremo que la obligación de información relativa a las operaciones vinculadas ya se venía cumpliendo a través de los cuadros informativos de operaciones vinculadas contenidos en los modelos 200, trasladándose ahora al modelo 232, simplificando las cargas administrativas derivadas de la cumplimentación de la declaración anual del impuesto. La reserva de ley en materia tributaria, a la que se alude, exige que la creación «ex novo» de un tributo y la determinación de los elementos esenciales del mismo y la Orden no crea nuevas obligaciones, se limita a trasladar la información del modelo 200 al modelo 232, estando la obligación de información amparada en el art. 93.1 de la LGT.

La obligación de presentar declaraciones y autoliquidaciones referidas al cumplimiento de la obligación tributaria principal y la de pagos a cuenta, no está cubierta por el principio constitucional de reserva de ley, pero sí queda amparada por el principio de preferencia de ley, por lo que su regulación no puede hacerse por vía reglamentaria, pero se insiste en que la Orden no impone obligaciones formales dirigidas al cumplimiento de la obligación tributaria principal o la de pagos a cuenta al ser su contenido exclusivamente informativo.

En cuanto al principio de buena administración, insiste el Supremo en que se trata de un mero traslado de la información que se recogía en el modelo 200 al 232, reduciendo el número de personas afectadas y reduciendo las cargas fiscales indirectas, y con un mayor plazo para su presentación, con especial atención en el Preámbulo de la Orden a las razones por las que se produce la modificación.

Finaliza la Sala descartando la alegada vulneración del principio de proporcionalidad. La obligación general de facilitar información tiene un marco subjetivo amplísimo que ampara un también amplio abanico de instrumentos para obtener datos de contenido económico o que, de forma directa o interrelacionados con otros, revelen signos de capacidad económica.

JURISPRUDENCIA COMENTADA

Ponente: Montero Fernández, José Antonio.

Nº de Sentencia: 333/2022

Nº de Recurso: 4727/2020

Jurisdicción: CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

ECLI: ES:TS:2022:1038

INTERÉS CASACIONAL. DEBER DE COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. Obligación de presentar declaraciones informativas. Recurso contra la Orden HFP/816/2017, modelo 232 de declaración informativa sobre operaciones vinculadas y operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales. No procede, la Orden indicada respeta los principios de legalidad y reserva de ley, en cuanto que las obligaciones impuestas tienen como base normativa lo dispuesto en los arts. 29.2.f) y 93 de la LGT, en relación con los arts. 30.2 del RD 1065/2007, y los arts. 18 y 19 de la LIS y 13.4 y 37 de la RIS; respetándose, así mismo, el principio de proporcionalidad en función de la transcendencia tributaria de la información a obtener por la obligación formal impuesta. Al no poseer naturaleza sancionadora la citada Orden, carece de virtualidad para quebrantar el principio de tipicidad propia del ámbito sancionador.

El Tribunal Supremo desestima recurso de casación interpuesto por la Asociación Española de Asesores Fiscales contra sentencia de la Audiencia Nacional, pronunciada en recurso contra la Orden HFP/816/2017 por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales, por ser conforme con el ordenamiento jurídico

Texto

R. CASACION núm.: 4727/2020

Ponente: Excmo. Sr. D. José Antonio Montero Fernández

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. José Golderos Cebrián

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Segunda

Sentencia núm. 333/2022

Excmos. Sres.

D. José Antonio Montero Fernández, presidente

D. Francisco José Navarro Sanchís

D. Rafael Toledano Cantero

D. Dimitry Berberoff Ayuda

D. Isaac Merino Jara

En Madrid, a 16 de marzo de 2022.

Esta Sala ha visto en su Sección Segunda, constituida por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación n.º 4727/2020, interpuesto por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES (AEDAF), representada por la procuradora de los Tribunales Dª. María del Valle Gili Ruiz, bajo la dirección letrada de Dª Nuria Puebla Agramunt y de Dº. José Ángel Soteras Enciso, contra la sentencia de 25 de mayo de 2020, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) de la Audiencia Nacional, pronunciada en el recurso nº. 802/2017, contra la Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.

Ha comparecido en el recurso de casación como parte recurrida La Administración General del Estado, representada y asistida por el Sr. Abogado del Estado.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. José Antonio Montero Fernández.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Resolución recurrida en casación.

En el recurso nº. 802/2017, seguido en la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha de 25 de mayo de 2020, se dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: «FALLO.- 1º.- DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo número 802/2017, que ante esta Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, ha promovido Dña. Maria del Valle Gili Ruiz, Procuradora de los Tribunales y de Asociación Española de Asesores Fiscales, frente a la Resolución identificada en el encabezamiento de esta Sentencia, que confirmamos por ser conforme a derecho y los actos de los que trae causa. 2º.- Condenar a la parte demandante al pago de las costas causadas en esta instancia».

SEGUNDO.- Preparación del recurso de casación.

Notificada dicha sentencia a las partes, por la procuradora de los Tribunales Dª. María del Valle Gili Ruiz, en nombre y representación de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES (AEDAF), se presentó escrito con fecha 28 de agosto de 2020, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) de la Audiencia Nacional, preparando recurso de casación, y la Sala, por auto de 9 de septiembre de 2020, tuvo por preparado el recurso de casación, con emplazamiento de las partes ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, habiendo comparecido, dentro del plazo de 30 días señalado en el artículo 89.5 LJCA, como parte recurrente la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES (AEDAF), representada por la procuradora de los Tribunales Dª. María del Valle Gili Ruiz, bajo la dirección letrada de Dª Nuria Puebla Agramunt y de Dº. José Ángel Soteras Enciso, y como parte recurrida La Administración General del Estado, representada y asistida por el Sr. Abogado del Estado.

TERCERO.- Admisión del recurso.

Recibidas las actuaciones en este Tribunal, la Sección Primera de esta Sala acordó, por auto de 19 de noviembre de 2020, la admisión del recurso de casación, en el que aprecia que concurren en este recurso de casación las circunstancias de interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia previstas en los apartados 3.a) y 2.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, precisando que: «2º) La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en:

Determinar si, de conformidad con los principios de legalidad y reserva de ley -referidos tanto a la creación de nuevas obligaciones de información como a las infracciones y sanciones derivadas de un eventual incumplimiento de tales obligaciones formales-, de proporcionalidad y de prohibición de la retroactividad en materia tributaria, la Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales es o no conforme a Derecho.

3º) Identificar como normas jurídicas que, en principio, habrán de ser objeto de interpretación: (i) los artículos 9, apartados 1 y 3, 25 y 31 de la Constitución española; (ii) los artículos 19.2 y 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades; (iii) los artículos 13.4 y 37 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 634/2015, de 10 de julio; (iv) la disposición final única del Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades; y (v) los artículos 3.2, 10 y 178 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Y ello sin perjuicio de que la sentencia que resuelva este recurso haya de extenderse a otros preceptos si así lo exigiere el debate finalmente trabado, exartículo 90.4 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa».

CUARTO.- Interposición del recurso de casación y oposición.

Recibidas las actuaciones en esta Sección Segunda, la procuradora s Dª. María del Valle Gili Ruiz, en nombre y representación de ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES (AEDAF), por medio de escrito presentado el 21 de enero de 2021, interpuso recurso de casación, en el que expuso que la norma infringida por la sentencia impugnada es:

1.- Los artículos 9, apartados 1 y 3; 25 y 31 de la Constitución Española (CE).

2.- Los artículos 19.2 y 124 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS).

3.- Los artículos 13.4 y 37 del Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (RIS).

4.- La Disposición Final Única del RIS.

5.- Los artículos 3.2, 10 y 178 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT).

La recurrente manifiesta que, la Orden impugnada es contraria a Derecho porque vulnera los principios de jerarquía normativa, legalidad, proporcionalidad e irretroactividad.

Respecto a los principios de legalidad y de jerarquía normativa (art. 9.3. CE), los infringe por falta de habilitación legal para crear un nuevo Modelo 232 de declaración, adicional al Modelo 200 de declaración del Impuesto sobre Sociedades. Se trata de un modelo complejo por el gran número de operaciones a informar al que se han incorporado obligaciones nuevas que no se contenían en el cuadro anexo al Modelo 200, tratándose de una nueva declaración para la que no está habilitado el Ministro, por no estar contemplada en la Disposición final del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. La Orden no ha trasladado los cuadros a una nueva declaración informativa, sino que ha creado un nuevo modelo sin que haya habido ninguna modificación legislativa al respecto; el nuevo Modelo 232, es claramente una segunda declaración, no un mero anexo al Modelo 200 (su propio nombre indica que se trata de una nueva «declaración») que, con lo que tiene que ver, no es con el IS, sino con las operaciones vinculadas.

Respecto a la infracción del principio de proporcionalidad, manifiesta que, como vertientes de este principio, rigen los principios tributarios de simplicidad y facilidad en el cumplimiento de obligaciones tributarias, cuya infracción puede comprobarse comparando la escasa o nula trascendencia de la información que se pide en alguno de los nuevos supuestos incluidos en la Orden y los costes administrativos que supone esta obligación, no solo para contribuyentes sino también para la propia Administración. Alude a la menor carga de obligaciones formales que se aprecia en el derecho comparado; critica la sentencia porque no aprecia la evidencia, incluso la prueba, de que la Orden supone un aumento de la presión fiscal indirecta; señala que a esos efectos se ha aportado prueba de que afecta a más de 2,41 contribuyentes, respecto de los que rellenaron el Anexo en la última declaración del Impuesto sobre Sociedades; insiste en que para analizar la proporcionalidad de la medida es preciso valorar si la trascendencia tributaria de la información requerida es de tal calado como para exigir una obligación masiva a tantos contribuyentes (algo más de 70.000); incluye algunos ejemplos que revelan que no existe trascendencia tributaria de la información en términos de capacidad económica e insiste en los costes administrativos generados por la obligación de presentar el modelo con un aumento de la complejidad y del volumen de información a suministrar.

Y, respecto a las infracciones relativas al régimen sancionador establecido con la Orden, alega la vulneración de los principios de tipicidad, irretroactividad de las normas tributaria y en especial, de las disposiciones sancionadoras no favorables. La Orden infringe el principio de tipicidad (art. 25 CE y 178 y 183.1 LGT) por cuanto a través de la misma se han introducido nuevas sanciones, no previstas legalmente y se ha vulnerado el imperativo de lex certa cuando una sanción se establece por remisión a una Orden ministerial que no es clara en cuanto a la obligación que impone. Manifiesta que, la nueva obligación impuesta por la Orden recurrida no puede sancionarse al amparo de los arts. 198 y 199 LGT en la medida en que a través de una Orden ministerial no se puede crear una nueva obligación tributaria, distinta de la ya establecida, sancionable en sí misma, denunciando la falta de motivación. Y, respecto al principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, reconocido en los arts. 10 y 178 LGT y 9.3 CE, la Orden se aprobó 8 meses después de la finalización del periodo impositivo sobre el que había que declarar; después de la finalización del periodo para declarar, se ha impuesto una obligación con carácter retroactivo sobre el periodo en el que actúa; el régimen sancionador se ha establecido con posterioridad al inicio del periodo impositivo en que debe aplicarse, 1 de enero de 2016, esto es, 609 días después entra en vigor. Una Orden que se publica en agosto de 2017 y que tiene efectos sobre un periodo impositivo ya devengado (2016), infringe el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, si tenemos en cuenta el principio de seguridad jurídica y el de protección de la confianza legítima.

Tras las anteriores alegaciones, terminó suplicando a la Sala «Que case y anule la Sentencia impugnada, dictándose otra en su lugar que estime el recurso formulado frente a la mencionada Orden. Subsidiariamente, que case y anule la Sentencia impugnada y ordene a la Sala de instancia que dicte Sentencia estimatoria del recurso en su día formulado. Que se condene en costas a la demandada, si procediera conforme a la LJCA».

Por su parte, el Sr. Abogado del Estado, en la representación que ostenta, por medio de escrito presentado con fecha 15 de marzo de 2021, formuló oposición al recurso de casación manifestando: (i) Respecto a la infracción e los principios de legalidad y jerarquía normativa que, frente a las alegaciones de la recurrente da por reproducidos razonamientos que la sentencia de instancia efectúa en los Ftos. Segundo y Tercero. Sostiene que, la declaración que se presenta con el Modelo 232, aprobado por la Orden es una declaración informativa ya que aporta determinados datos que pueden servir a la Administración para contrastar informaciones o para comprobar la corrección de las autoliquidaciones presentadas por el obligado o por otro obligado tributario pero que, por sí mismas, no contienen los elementos necesarios para liquidar una deuda tributaria. Esta calificación es trascendente, dado el diferente régimen jurídico aplicable a las declaraciones que dan origen a una liquidación de la deuda tributaria de aquellas otras que suministran información tributaria relevante, que podemos denominar declaraciones informativas y que constituyen una modalidad de las obligaciones formales. A las primeras se refiere el art. 119 LGT, y adoptan la modalidad de declaración en sentido estricto (contemplada en el art. 119 LGT, dando origen a la iniciación del procedimiento previsto en los arts. 128 y siguientes LGT), de autoliquidación (art. 119 y 120 LGT) o comunicación de datos (art. 119 y 121 LGT). A esta modalidad de declaración (o declaración-liquidación) se refieren los arts. 124 y 125 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que es la que se presenta con el Modelo 200. Son esas declaraciones de las que deriva una obligación tributaria de carácter material (bien por sí mismas o bien por dar lugar a que se inicie el procedimiento de liquidación), las que quedan sujetas a la reserva de ley prevista en el apartado h) del art. 8 LGT. Sin embargo, este artículo no menciona las declaraciones informativas que son obligaciones formales y se regulan en el art. 29 LGT. Así pues, en las obligaciones formales que consisten en presentar una declaración informativa, como es el Modelo 232, no existe reserva de ley tributaria y existe habilitación expresa para su desarrollo en las «disposiciones reglamentarias». En consecuencia, no es necesario que la Disposición final del RIS atribuya expresamente al Ministro la competencia para aprobar el modelo de declaración informativa 232. Es suficiente que la normativa reguladora del impuesto prevea la obligación de informar o la necesidad de obtener esa información se deriva claramente de dicha normativa, y eso es lo que ocurre en el presente caso. Por una parte, el art. 13.4 RIS prevé expresamente la posibilidad de que se dicte una Orden ministerial que obligue a presentar una declaración informativa sobre las operaciones vinculadas. Por otra parte, en relación con las operaciones en paraísos fiscales, si son operaciones vinculadas quedan cubiertas por la previsión del art. 13.4 RIS y si no lo son, la necesidad de obtener la información deriva de la regulación contenida en los artículos 19 LIS y 37 de su Reglamento, dada su indudable trascendencia y deriva de la exigencia de documentación que acredite la valoración a mercado, que viene a equipararlas y las relaciona directamente con las operaciones vinculadas. De la lectura del art. 37 RIS se comprende la trascendencia de informar sobre dichas operaciones para comprobar, efectivamente, que concurren las circunstancias que exoneran del deber de documentar y que, en definitiva, pueden dar lugar a comprobaciones con regularización del Impuesto. La obligación de informar no es una obligación menor y no queda excluida por la posibilidad de exoneración de conservar la documentación de las operaciones. (ii) Respecto de la infracción del principio de proporcionalidad, manifiesta que, las cuestiones planteadas por la recurrente y la exposición que de las mismas se efectúa, están íntimamente vinculadas con la valoración de la prueba llevada a cabo por la Sala de instancia. Y el recurso de casación tiene por objeto cuestiones de derecho, con exclusión de cuestiones de hecho (art. 87 bis LJCA) y que la valoración de la prueba corresponde a los tribunales de instancia, sin que pueda ser revisada en casación, salvo si ha denunciado la misma por resultar irrazonable, ilógica o arbitraria, lo que no ha tenido lugar en el presente caso. El Sr. Abogado del Estado, no comparte que la información solicitada carezca de trascendencia tributaria, toda vez que Las informaciones solicitadas en el Modelo 232 están directamente vinculadas con riesgos fiscales específicamente contemplados y regulados en las normas del Impuesto sobre Sociedades (arts. 18 y 19 LIS y arts. 13 y 37 de su Reglamento). La información que se solicita resulta imprescindible para controlar la correcta tributación de las operaciones vinculadas y de las operaciones realizadas con residentes en paraísos fiscales, no solo respecto del obligado tributario que debe presentar la declaración informativa sino también respecto de otros obligados tributarios. Manifiesta que, tampoco resulta suficiente la apelación a la situación en el derecho comparado, ni es relevante el hecho de que se haya producido un incremento significativo de los obligados tributarios que han presentado el Modelo 232, y no puede sostenerse tampoco que, la obligación de información afecta a un número masivo de contribuyentes pues solamente representan un 5 % de los contribuyentes que presentan declaración por Impuesto sobre sociedades, dato este que no dice nada sobre la tipología de los contribuyentes afectados y en qué medida incide sobre las cargas administrativas que soportan. Por último, el recurrente insiste en que el nuevo Modelo 232 lleva consigo un aumento de la complejidad y del volumen de la información a suministrar. Sin embargo, esa afirmación no va acompañada de la prueba que así lo acredite, ni de un concreto examen de las distintas obligaciones impuestas y de la dificultad que los obligados tributarios pueden tener para extraerla u obtenerla a partir de su contabilidad o de sus bases de datos. (iii) Respecto a las infracciones relativas al régimen sancionador, no se aprecia falta de motivación de la sentencia si se examinan los dos últimos párrafos del Fto. Tercero, pero, en cualquier caso, no puede tomarse en consideración una infracción que afecta a las garantías procesales y que no ha sido debidamente denunciada por la recurrente.Y, en relación con la posible infracción del principio de tipicidad en el ámbito del derecho sancionador tributario, el argumento de la recurrente no se sostiene por sí mismo, toda vez que, es claro que la Orden no tipifica ninguna sanción, lo que ocurre es que por la técnica de tipificación empleada en los artículos 198 y 199 LGT, el incumplimiento de los deberes de información establecidos en dicha Orden, puede ser sancionado. Ahora bien, si la Orden impugnada es conforme a derecho, si respeta los principios de reserva de ley y jerarquía normativa, la infracción del principio de tipicidad, tal como ha sido planteada por la recurrente no puede sostenerse. Y, respecto al principio de retroactividad, la cuestión es ampliamente tratada por la Sala de instancia en el Fto. Sexto, cuyos razonamientos comparte en su integridad. Respecto de las operaciones sobre las que recae el deber de información establecido en la Orden (operaciones vinculadas y operaciones con paraísos fiscales), distingue: (i) Los efectos tributarios (efectos jurídico-materiales) derivados de dichas operaciones: se regulan, entre otros, en los arts. 18 y 19 LIS y 13 y 37 del Reglamento, que son normas que entraron en vigor antes de que se produjera el hecho imponible, sin que pueda hablarse de retroactividad, y (ii) La obligación de presentar una declaración informativa, que no tiene incidencia alguna sobre los efectos jurídico-materiales derivados de las operaciones y que, no limita o modifica derecho alguno. De hecho, la obligación de aportar información es una manifestación de deberes establecidos con carácter previo por el ordenamiento tributario, como resulta del art. 29.2 d) y f) de la LGT en relación con el art. 93 LGT.Así, no puede decirse que la obligación de aportar documentación, de la que el suministro es una modalidad, no esté prevista en el ordenamiento y que dicha obligación, cuando se concreta en un determinado Modelo, tenga carácter retroactivo. La interpretación que sostiene la recurrente dejaría vacío de contenido el derecho a formular requerimientos de información, ya sea en forma de suministro, ya se trate de requerimientos individualizados, haciendo imposible la labor investigadora.

Por todo ello, concluye que la Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, es conforme a derecho.

Tras las anteriores alegaciones, terminó suplicando a la Sala «dicte sentencia por la que fije doctrina en los términos señalados en el anterior apartado tercero del presente escrito y desestime el recurso de casación, confirmando la sentencia recurrida por ser ajustada a Derecho».

QUINTO.- Señalamiento para deliberación del recurso.

Por providencia de 17 de maro de 2021, el recurso quedó concluso y pendiente de votación y fallo, al no haber lugar a la celebración de vista pública por no advertir la Sala la necesidad de dicho trámite.

Llegado su turno, se señaló para deliberación, votación y fallo el 15 de marzo de 2022, en cuya fecha tuvo lugar el referido acto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El contenido de la Orden HFP/816/2017, de 28 de julio.

Dado los términos en los que se ha desarrollado el debate, es conveniente determinar el contenido y delimitar la naturaleza de la Orden impugnada.

La Orden aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.

Yase anuncia en su enunciado que estamos en presencia de obligaciones formales, con eminente carácter informativo, artº 93 de la LGT. Obligaciones formales de las contempladas en el artº 29 de la LGT, en cuyo apartado 1 se reconoce que «Son obligaciones tributarias formales las que, sin tener carácter pecuniario, son impuestas por la normativa tributaria o aduanera a los obligados tributarios, deudores o no del tributo, y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros». El propio preámbulo de la Orden así se precisa, «… la obligación de información, que es la obligación objeto de desarrollo de esta orden ministerial», y se insiste en su «contenido meramente informativo, en una declaración informativa».

Así lo acredita su contenido, que se limita a aprobar el modelo 232 en su artº 1; a reseñar los obligados a presentar el modelo, artº 2; a recoger el contenido del modelo 232, sobre la declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales; su plazo de presentación, artº 4; regulándose en el artº 5 el procedimiento de presentación del modelo. Contiene una disposición transitoria sobre la presentación del modelo para los períodos impositivos iniciados que finalicen antes del 31 de diciembre de 2016. Una disposición final primera por la que se incluye en la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, el modelo que nos ocupa entre las declaraciones informativas. Y una disposición final segunda de entrada en vigor.

Cabe recordar que el artº 13.4 del Real Decreto 634/2013, de 22 de noviembre, establece que «El contribuyente deberá incluir en las declaraciones que así se prevea, la información relativa a sus operaciones vinculadas en los términos que se establezca por Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas».

El Preámbulo de la Orden sobre la información relacionada con paraísos fiscales recoge lo siguiente: «Por estas mismas razones, y sin que haya habido ninguna modificación legislativa al respecto, se ha optado por trasladar la información relativa a operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales, que tradicionalmente también se viene incluyendo en la declaración del Impuesto sobre Sociedades, a la nueva declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales». Dichas razones se expresan en el párrafo anterior referidas a operaciones vinculadas y concretadas en simplificar y facilitar la declaración del impuesto sobre sociedades y reducir las cargas fiscales indirectas asociadas a la presentación de esta declaración.

SEGUNDO.- Sobre los principios de legalidad y jerarquía normativa.

La parte recurrente divide su exposición en tres bloques. El primero se refiere a la vulneración de los principios de legalidad y jerarquía normativa.

La Sala de instancia consideró que no se infringían los expresados principios sobre la base de que la obligación de información relativa a las operaciones vinculadas se venía cumpliendo a través de los cuadros informativos de operaciones vinculadas contenidos en los modelos 200, trasladándose al modelo 232, simplificando las cargas administrativas derivadas de la cumplimentación de la declaración anual del impuesto. Considera que la reserva de ley en materia tributaria exige que la creación «ex novo» de un tributo y la determinación de los elementos esenciales del mismo debe llevarse a cabo mediante una ley; reserva relativa que permite la colaboración del reglamento. En definitiva, la Orden no crea nuevas obligaciones, sino que se limita a trasladar la información del modelo 200 al modelo 232, estando la obligación de información amparada en el artº 93.1 de la LGT.

Disiente del parecer de la Sala la parte recurrente, pues considera que no existe habilitación legal para dictar la Orden, que además crea nuevas obligaciones mediante un modelo complejo que incrementa la información, sin haber cambios legislativos al respecto, cuando conforme al artº 8 de la LGT, debe regularse en todo caso por ley «la obligación de presentar declaraciones y autoliquidaciones», consistiendo el modelo 232 una nueva declaración.

Añade que dado que estamos ante una nueva declaración, para su creación y aprobación no estaban habilitados ni el Ministerio de Hacienda y Función Pública ni el Excelentísimo Ministro de Hacienda y Función Pública; sin que en la disposición final única del Real Decreto 634/2015 se contenga habilitación alguna al respecto. Sin que el modelo 232 sea de los contemplados en el artº 124 de la Ley 27/2014. Incluyendo, por demás, la Orden determinada información respecto de operaciones sobre las que no existe obligación de documentar.

Para el Sr. Abogado del Estado el modelo 232 es simplemente una declaración informativa de la que no deriva una obligación material, únicas que quedan sujetas a la reserva de ley prevista en el artº 8.h) de la LGT; no existe, pues, reserva de ley, sino que existe habilitación expresa para su desarrollo en las disposiciones reglamentarias. Se remite a lo dispuesto en el artº 30.2 del Real Decreto 1065/2007, en relación con el artº 13.4 del RIS y arts. 19 de la LIS y 37 del RIS.

Ha de reiterarse que estamos ante obligaciones tributarias formales, que, a decir del artº 29 de la LGT, son aquellas que «sin tener carácter pecuniario, son impuestas por la normativa tributaria o aduanera a los obligados tributarios, deudores o no del tributo, y cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros»; en este caso de contenido eminentemente informativo, conformando la obligación de información contemplada en el artº 93 de la LGT, sin contenido sustantivo alguno, como queda patente de la lectura de la Orden que nos ocupa. Y entre las obligaciones a cumplimentar está: «La obligación de aportar a la Administración tributaria libros, registros, documentos o información que el obligado tributario deba conservar en relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias propias o de terceros, así como cualquier dato, informe, antecedente y justificante con trascendencia tributaria, a requerimiento de la Administración o en declaraciones periódicas. Cuando la información exigida se conserve en soporte informático deberá suministrarse en dicho soporte cuando así fuese requerido».

La Sala de instancia acierta cuando delimita el juego del principio de legalidad y de reserva de ley en el ámbito tributario; siguiendo al Tribunal Constitucional acota el principio de reserva de ley a los criterios o principios con arreglo a los cuales se ha de regir la tributación: la creación ex novo de un tributo y la determinación de los elementos esenciales o configuradores del mismo, que pertenecen siempre al plano o nivel de la ley y no pueden dejarse nunca a la legislación delegada y menos todavía a la potestad reglamentaria.

El problema se traslada a la determinación de los elementos que deben regularse por ley formal. Con carácter general se entiende que los elementos esenciales configuradores del tributo son aquellos que delimitan el hecho imponible o nacimiento de la obligación, su base imponible o liquidable, tipo y cuota tributaria, además del sujeto obligado al pago; por el contrario, es unánime la opinión sobre que la garantía del principio de reserva de ley no se extiende a las obligaciones formales o procedimentales, entre las que se incluyen, claro está, los modelos de declaración, y dentro de estos las declaraciones informativas, puesto que son accesorias a la obligación principal, conformando el ámbito típico de la normativa reglamentaria.

El artº 8 de la LGT, se refiere a la reserva de ley tributaria. Su alcance ha sido reiteradamente fijado por la jurisprudencia, sirva al caso la sentencia de 25 de febrero de 2013, rec. cas.5235/2010, en la que se dijo que: «Dicho motivo tiene por objeto la infracción del artículo 8.h) de la Ley General Tributaria de 2003, conforme al que «se regularán en todo caso por Ley […] la obligación de presentar declaraciones y autoliquidaciones referidas al cumplimiento de la obligación tributaria principal y la de pagos a cuenta».

Dicho artículo 8 precisa el contenido normativo de la reserva de ley tributaria que proclaman los artículos 31.3 y 133.1 de la Constitución Española de 1978, pero también de la preferencia de ley, esto es, de aquellas materias que constitucionalmente podrían ser reguladas por reglamento, para las que el legislador prefiere la ley. No se trata pues de dilucidar cuál sea el alcance de esa reserva constitucional de ley, su mínima dimensión indisponible para el reglamento, desde la Norma Fundamental, que la Sala de instancia conoce perfectamente y sigue con corrección, reproduciendo parte de uno de los pronunciamientos de este Tribunal Supremo sobre el particular, sino de determinar los contornos de esa «reserva» tal y como la ha diseñado el legislador ordinario.

Ha querido el legislador, en virtud de aquella disposición, ser él quien establezca la obligación de presentar declaraciones y autoliquidaciones referidas al cumplimiento de la obligación tributaria principal y de los pagos a cuenta. En otras palabras, aun cuando dicha obligación no se considerase un elemento esencial o configurador del tributo y, por lo tanto, no operase respecto de ella la reserva de ley exartículos 31.3 y 133.1 de la Constitución, su establecimiento estaría vedado a la potestad reglamentaria, sin perjuicio de su necesaria colaboración, porque el legislador ha decidido atraer para sí la competencia para hacerlo. Es verdad que esta preferencia de ley no impediría, en principio, mediante una norma posterior de igual rango, deslegalizar la materia concernida, habilitando su regulación mediante un reglamento, pero tal decisión de legislador ha de ser expresa, precisa e inequívoca».

Ha de convenirse que la obligación de presentar declaraciones y autoliquidaciones referidas al cumplimiento de la obligación tributaria principal y la de pagos a cuenta, no está cubierta por el principio constitucional de reserva de ley, pero sí debe considerarse amparada por el principio de preferencia de ley, por lo que su regulación no puede hacerse por vía reglamentaria.

El problema se traslada en determinar si la Orden aprobando el modelo 232 y su contenido conforman un supuesto de los previstos en el citado artº 8.h). Pero visto el contenido de la Orden, resulta palmario que en modo alguno se refiere ni regula obligaciones formales dirigidas al cumplimiento de la obligación tributaria principal, artº 17 y 19 de la LGT (pago de la cuota tributaria), o la de pagos a cuenta, puesto que su contenido, ya se ha visto, es exclusivamente informativo incidiendo en aspectos puramente formales, artº 29.2.f); por lo que conforme al artº 29.3, existe habilitación suficiente vía reglamentaria para regular y aprobar el modelo 232, recordemos los términos en los que se pronunció este Tribunal Supremo en la sentencia de 13 de octubre de 2010, rec. cas. 14/2009: «De lo expuesto fácilmente se colige que la reserva de ley en materia tributaria no es absoluta sino relativa; sólo afecta a los elementos esenciales del tributo y sólo a ellos y no impide que puedan regularse aspectos concretos de elementos esenciales del tributo por norma reglamentaria.

Por consiguiente, con más razón podrán regularse mediante norma reglamentaria lo que no dejan de ser aspectos formales del tributo pues no existe reserva ley constitucional respecto de obligaciones tributarias formales. El apartado h) del artículo 8 de la LGT, que prevé la regulación por ley de la obligación de presentar declaraciones y autoliquidaciones referidas al cumplimiento de la obligación tributaria principal y la de pagos a cuenta, debe considerarse como una preferencia de ley, pues no tiene alcance constitucional de reserva de ley. El apartado h) del artículo 8 de la LGT, además, no sería aplicable a las obligaciones formales controvertidas en el caso de autos; y, en fin, el art. 29.3 de la LGT, redactado por la misma Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, dice textualmente: «En desarrollo de lo dispuesto en este artículo (obligaciones tributarias formales), las disposiciones reglamentarias podrán regular las circunstancias relativas al cumplimiento de las obligaciones tributarias formales (…)»».

Dicho lo anterior, resulta evidente que el modelo 232 y la declaración en el mismo contenida, nada tiene que ver con la declaración a la que hace mención el artº 124 de la LIS, esta sí, referida al cumplimiento de la obligación tributaria principal.

La habilitación para el ejercicio de la potestad reglamentaria a favor del Ministro de Hacienda y Función Pública, según se recoge en la propia Orden le viene dada, en los diferentes aspectos que desarrolla, por la disposición final única del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades; el artº 13.4 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades; el artº 21 y disposición final segunda del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004; y los arts 92 y 98.4 de la LGT. Por lo demás, ya hemos hecho referencia al artº 29.3 de la LGT, base legal para su desarrollo reglamentario, debiendo añadir el artº 30 del Real Decreto 1065/2007, que respecto de los deberes de información expresamente habilita al Ministro del ramo a aprobar los modelos de información: «1. El cumplimiento de las obligaciones de información establecidas en los artículos 93 y 94 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se realizará conforme lo dispuesto en la normativa que las establezca y en este capítulo.

2. Los obligados tributarios que realicen actividades económicas, así como aquellos que satisfagan rentas o rendimientos sujetos a retención o ingreso a cuenta, intermedien o intervengan en operaciones económicas, profesionales o financieras, deberán suministrar información de carácter general en los términos que se establezca en la normativa específica, en la normativa sobre asistencia mutua y en este capítulo.

En el ámbito de competencias del Estado, el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprobará los modelos de declaración que, a tal efecto, deberán de presentarse, el lugar y plazo de presentación y los supuestos y condiciones en que la obligación deberá cumplirse mediante soporte directamente legible por ordenador o por medios telemáticos».

En el preámbulo de la Orden se dice que con el modelo 232 se pretende trasladar la información que se contenía sobre las operaciones vinculadas y operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales en el modelo 200; considera la parte recurrente que no sólo se produce un traslado de información, sino que se amplía las obligaciones de información requeridas en el referido modelo, y que además se exige una información sobre la que no existe el deber de documentación. Pues bien, aún aceptando la hipótesis que plantea la parte recurrente, no puede obviarse que las materias concretas objeto de información se prevén expresamente en los arts 18 de la LIS y 13.4 del RIS y arts. 19 de la LIS y 37 de la RIS, sin que se establezca nuevas obligaciones, sino en todo caso más información sobre las materias previstas, pero, sobre todo, en lo que ahora importa, la alegación que realiza nada tiene que ver ni con el principio de reserva de ley, ni con la habilitación del Ministro para regular y aprobar el modelo 232.

TERCERO.- Sobre el principio de proporcionalidad.

Bajo el bloque identificado por la parte recurrente principio de proporcionalidad, lo cierto es que introduce cuestiones que exceden de lo que constituye el principio de proporcionalidad, y que son tratadas en distintos apartados por la Sala de instancia.

Respecto del principio de proporcionalidad estricto, rechaza la Sala de instancia su quebranto, con remisión a pronunciamientos jurisprudenciales anteriores, en tanto que la parte recurrente se basa en alegaciones genéricas, sin efectuar afirmaciones precisas y concretas; limitándose la obligación a aquellos que efectivamente realicen operaciones delimitadas en la Orden. Considerando que ni antes ni ahora, es posible negar que la información sobre operaciones vinculadas y operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales tiene relevancia tributaria, en términos de capacidad económica, pues el origen de la regulación no es otro, como recuerda el preámbulo de la Orden impugnada, que la lucha contra el fraude fiscal.

Por lo demás considera la sentencia impugnada que el reproche que realiza la parte recurrente carece de cualquier soporte probatorio, encontrándonos ante una mera opinión, no contrastada y que parte de una afirmación -la creación de una nueva obligación de información- que no se ajusta a la realidad, con referencia al «importe estimado de las cargas que conlleva la aprobación del modelo 232», por lo que no comparte el supuesto aumento de la presión fiscal indirecta de los contribuyentes.

A nuestro entender la parte recurrente hace supuesto de la cuestión. Considera que se ha conculcado el principio de proporcionalidad por la escasa o nula trascendencia tributaria de la información que se pide en algunos de los nuevos supuestos incluidos, y los costes administrativos que supone esta nueva obligación, no solo para los contribuyentes, sino incluso para la propia Administración; pero con dicha afirmación meramente construye una invocación genérica y se limita a traer datos y algunos ejemplos sin vigor ni fuerza suficiente para acoger los reproches que efectúa.

Invoca la recurrente, igualmente de forma genérica, el principio de buena administración y alude, sin más, al derecho comparado, y concluye que el modelo 232 supone un aumento de la presión fiscal indirecta, ajena a criterios de eficiencia y economía en la ejecución del gasto público, infringiéndose el artº 31.2 CE, y el de limitación de costes indirectos derivados del cumplimiento de obligaciones formales, como lo pone de manifiesto el importante aumento cuantitativo de los contribuyentes que han tenido que presentar el citado modelo; sin embargo, tales alegaciones contradicen, sin base fáctica suficiente a decir de la sentencia de instancia, la justificación que ofrece el Preámbulo de la Orden, referida a dos cuestiones de indudable transcendencia económica, por más que se niegue, como son las informaciones sobre las operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales, arts. 18 y 19 de la LIS y 13 y 37 del RIS; se recoge en el citado Preámbulo que se ha adaptado con la Orden el acceso a la información relacionada con estas materias por las reformas legales y reglamentarias acontecidas en el impuesto sobre sociedades y su reflejo de las recomendaciones de la Acción 13 BEPS; recordando que la información sobre operaciones vinculadas ya se recogía en el cuadro de información en el modelo 200, al que se añadió las operaciones con personas o entidades vinculadas en caso de aplicación de la reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles, procurando con la Orden trasladar los cuadros al modelo 232, de contenido meramente informativo, limitando además los obligados a cumplimentarlo puesto que únicamente tendrán que formalizarlo aquellas entidades que estén obligadas a informar de las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas y, por otra parte, se entiende que eliminando estos cuadros informativos, de contenido a veces complejo, de la declaración del Impuesto sobre Sociedades, se reducen las cargas fiscales indirectas asociadas a la presentación de esta declaración; razones por las que se opta por trasladar la información relativa a operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales, que tradicionalmente se viene incluyendo en la declaración del Impuesto sobre Sociedades, al modelo 232. Esto es, según el Preámbulo existe un traslado de la información que se recogía en el modelo 200 al 232, reduciendo el número de personas afectadas y reduciendo las cargas fiscales indirectas, y al efecto se establece un mayor plazo para su presentación, como se ha indicado contra estas justificaciones la parte recurrente se ha limitado a negarlas con una aportación fáctica que valorada por la Sala de instancia se ha considerado insuficiente, sin que las cuestiones fácticas y de valoración de la prueba puedan constituir materia casacional. Cabe añadir que las modificaciones sobre la información de los cuadros informativos del modelo 200, al 232, también son objeto de atención en el Preámbulo, conteniendo el mismo las razones por las que se produce la citada modificación.

Llegados a este punto, considerando que no procede en el recurso de casación entrar a dilucidar las conclusiones fácticas a las que llegó la Sala de instancia y la valoración probatoria realizada, no ha lugar a entrar en sede casacional a examinar el cuestionamiento que hace la parte recurrente de los hechos declarados probados en la instancia, tornándose el debate en una cuestión estrictamente jurídica.

Desde el plano jurídico debe convenirse que el deber de información contemplado en el artº 93 de la LGT posee un ámbito subjetivo amplísimo. Afecta a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que vienen obligadas a aportar la información requerida dentro de los límites legalmente establecidos, siempre que los mismos posean trascendencia tributaria relacionados con el cumplimiento de obligaciones tributarias propias o de terceros con los que se mantengan relación profesional o financiera, lo cual engarza con la exigencia de la colaboración social en la aplicación de los tributos, que como indica el TC hunde sus raíces en el deber general de contribuir del artículo 31.1 de la CE.. En definitiva, la Administración está constitucionalmente habilitada para exigir la información y la aportación de datos necesarios y relevantes para la aplicación de los tributos. La amplitud con que se contempla legalmente este deber y su fundamento constitucional y su especial relevancia para garantizar la eficacia del sistema fiscal, no encuentra más límites, salvando el respeto de los derechos fundamentales y a los principios sobre los que descansa el sistema fiscal, que la información solicitada posea transcendencia tributaria.

Ciertamente la trascendencia tributaria constituye un concepto jurídico indeterminado que es necesario despejar en cada caso. Como primer presupuesto ha de exigirse que la información sirva o tenga eficacia en la aplicación de los tributos, considerándose suficiente por la jurisprudencia que dicha utilidad sea potencial, indirecta o hipotética. La jurisprudencia desde antiguo ha definido el concepto, sentencias de 21 de junio de 2012 (rec. cas. 236/2010) y de 3 de noviembre de 2011 (rec. cas. 2117/2009) que se remiten a la anterior de 12 de noviembre de 2003 (rec. cas. 1320/2002) como «la cualidad de aquellos hechos o actos que pueden ser útiles a la Administración para averiguar si ciertas personas cumplen o no con la obligación establecida en el artículo 31 de la Constitución de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, y poder, en caso contrario, actuar en consecuencia. Y esta utilidad puede ser directa (cuando la información solicitada se refiere a hechos imponibles, o sea, a actividades, titularidades, actos o hechos a los que la ley anuda el gravamen) o indirecta (cuando la información solicitada se refiere solo a datos colaterales, que pueden servir de indicio a la Administración para buscar después hechos imponibles presuntamente no declarados o, sencillamente, para guiar después la labor inspectora que, no se olvida, no puede alcanzar absolutamente a todos los sujetos pasivos, por ser ello materialmente imposible-hacia ciertas y determinadas personas (en el mismo sentido, sentencia de 14 de marzo de 2007 rec. casa. 1320/2002)».

… En definitiva, lo que interesa, lo que ha de exigirse a la Administración, es que se trate de datos que en sí mismos contengan una trascendencia tributaria potencial (así, sentencias del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2007 y 19 de febrero de 2007), lo que podrá ocurrir siempre y cuando se trate de datos económicos, patrimoniales, no personales (en cuanto a éstos la cuestión está excluida); y, por otra parte, que su petición no esté vedada por una norma legal que impida la entrega del dato o datos solicitados. Si luego cada uno de los datos va a producir o no una actuación concreta de aplicación de los tributos no atañe propiamente a la esfera de la información, sino a la gestión tributaria en su más amplio sentido. No creemos que, en este punto, el artículo 93 LGT conlleve mayores exigencias» (STS 3ª -22/04/2015-4495/2012)».

Bajo estas consideraciones realizadas vía jurisprudencial para identificar qué debe entenderse por trascendencia tributaria, va de suyo que las operaciones vinculadas y aquellas que transcienden la frontera nacional y se realizan en paraíso fiscales, por lo que de complejidad encierran y por las posibilidades reales de ocultación de datos de carácter económico y financiero con relevancia fiscal, al menos potencialmente, son, sin duda, información que poseen trascendencia tributaria al concernir directamente no sólo ya a la aplicación directa de los tributos, sino a su incidencia indirecta en las actuaciones de la Administración Tributaria, afectando sin duda a la capacidad económica de los implicados.

La parte recurrente, en realidad, no viene a negar la trascendencia tributaria de la información que debe plasmarse en el modelo 232, sino que pone en duda su proporcionalidad, y al efecto nos ilustra con varios ejemplos de los que se deriva el notable esfuerzo administrativo y económico a realizar para su pobre resultado.

Tal y como se formula este motivo de impugnación, ha de comenzarse recordando la amplitud con que se contempla en el artº 93.1 de la LGT la obligación general de facilitar información, de suerte que la obtención de información relevante a efectos tributarios, permite, en principio, amparar jurídicamente los instrumentos utilizados para obtener datos de contenido económico o que, de forma directa o interrelacionados con otros, revelen signos de capacidad económica, dirigidos al cumplimiento de un fin de contenido constitucional, artº 31.1 de la CE.

El principio de proporcionalidad no posee carácter absoluto, sino que ha de ponderarse en relación a cada caso concreto, teniendo en cuenta numerosos factores tanto subjetivos como objetivos; resultando imprescindible en este caso, medir la carga fiscal, en este caso indirecta, que incorpora el modelo 232, en relación con los elementos objetivos y su trascendencia tributaria a obtener, se hace pues preciso un examen de la razonabilidad de la adecuación entre la carga fiscal que incorpora la declaración en el modelo 232 y el fin perseguido.

Para la parte recurrente «para analizar si la medida es proporcionada, ha de dilucidarse si, efectivamente, la trascendencia tributaria de la información requerida es de tal calado como para exigir una obligación masiva a tantos contribuyentes», y al efecto pone el acento en el aumento de los obligados a formalizar el modelo 232 y poner varios ejemplos de la irrelevancia de los datos a obtener. Sin embargo, dichas circunstancias ya fueron valoradas por la Sala de instancia, con el resultado reflejado en la sentencia, contrario a los intereses de la parte recurrente que tacha la valoración de insuficiente, pero que, como se ha dicho, resulta incontrovertible en sede casacional, así se contiene en la sentencia lo siguiente: «Esta alegación de la parte demandante carece de cualquier soporte probatorio, encontrándonos ante una mera opinión, no contrastada y que parte de una afirmación-la creación de una nueva obligación de información-que no se ajusta a la realidad, con referencia al «importe estimado de las cargas que conlleva la aprobación del modelo 232″, por lo que esta Sala no comparte el supuesto aumento de la presión fiscal indirecta de los contribuyentes».

Si a todo lo anterior unimos, tal y como propone el Sr. Abogado del Estado, que no puede obviarse que la información que debe suministrarse en el Modelo 232 ya se exigía anteriormente a través del Modelo 200, sin que la parte recurrente haya realizado el esfuerzo necesario para poder valorar qué incidencia posee en la carga fiscal los nuevos datos que se añaden en el citado modelo 232 respecto del anterior 200; cuando además se confiesa en el Preámbulo que el traslado de datos del modelo 200 al 232 trata de evitar la complejidad de aquel modelo y reducir la carga fiscal indirecta; ha de convenirse que en modo alguno puede considerarse que se ha infringido el principio de proporcionalidad.

CUARTO.- Sobre los principios de tipicidad e irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.

Analicemos el primero de los reproches.

Al respecto la Sala de instancia consideró «(…) tampoco puede reputarse incumplido el principio de tipicidad que rige en el procedimiento sancionador, en el sentido de que a través de la Orden recurrida se hayan introducido nuevos supuestos sancionadores no previstos legalmente. Los artículos 198 y 199 de la LGT tipifican el incumplimiento de la obligación de información con independencia de la forma en la que se haga (a través de la presentación de un modelo concreto, un requerimiento individual etc)», remitiéndose a lo dicho en su sentencia de 3 de octubre de 2013.

Cabe advertir que el artº 92.3.a) de la LJCA, dispone que el recurrente debe «Exponer razonadamente por qué han sido infringidas las normas o la jurisprudencia que como tales se identificaron en el escrito de preparación»; mandato que hace recaer sobre el recurrente la carga de argumentar y justificar suficientemente las razones por las que la pretensión articulada debe prosperar sobre la base de la doctrina que ha de fijar el Tribunal Supremo al dilucidar la cuestión con interés casacional objetivo, carga procesal que asume la parte recurrente y que le obliga no sólo a la exposición de las mismas, sino a explicarlas con la claridad y suficiencia debidas, de suerte que los razonamientos específicamente dirigidos a la justificación del recurso presenta especial trascendencia casacional, lo que nos hace recordar la antigua jurisprudencia sobre le anterior recurso de casación cuando decíamos que «la expresión del concreto motivo casacional en el escrito de interposición del recurso no es una mera exigencia rituaria desprovista de justificación, sino elemento determinante del marco dentro del que ha de desarrollarse la controversia y en torno al que la sentencia debe pronunciarse, sin que el Tribunal pueda suplir la inexcusable carga que sólo a la parte recurrente compete de ofrecer con corrección a las demás partes, en aras de la certeza y seguridad jurídica, los cauces por los que debe discurrir el debate de la casación», de plena actualidad en cuanto no es labor del Tribunal completar las deficiencias e insuficiencias argumentativas, y menos aún, ante la falta de claridad, entrar a especular sobre las razones que habrán querido hacer valer las partes.

Inicia la parte recurrente las alegaciones sobre este tercer bloque afirmando que es el que «merece mayor reproche jurídico…», pues entiende que «se produce una infracción del principio de tipicidad, por cuanto, a través de la Orden, se han introducido nuevas sanciones, no previstas legalmente». El contenido de la expresada Orden HFP/816/2017, anteriormente expuesto, evidencia que en absoluto se introduce ningún tipo de sanción; su naturaleza es completamente ajena al ámbito sancionador; ya se ha dicho que establece un modelo de declaración con la obligación asociada respecto de los responsables, que conforma un supuesto de los contemplados en el artº 29 de la LGT, una obligación formal, dentro del deber de colaboración explicitado anteriormente, de obtención de información del artº 93 de la LGT.

Dicho lo anterior, visto el carácter de la Orden, insistimos ajeno completamente al ámbito sancionador, decae absolutamente la argumentación de la recurrente cuando afirma que «no hay duda de que, en nuestro Ordenamiento, se precisa una norma con rango de ley para establecer infracciones y sanciones», naturalmente es así, y si la Orden hubiera establecido conductas prohibidas merecedoras de un reproche sancionador, conculcaría las garantía del principio de legalidad y de reserva de ley formal, lo que sucede es que es una mera disposición reglamentaria que se limita a aprobar un modelo de declaración.

Afirma la recurrente que «la infracción tributaria suele ser configurada como una norma penal en blanco. Pero precisamente por ello, el imperativo de lex certa queda muy debilitado cuando, como en el caso que traemos a la Sala, una sanción se establece por remisión a una Orden ministerial que no es clara en cuanto a la obligación que impone. En este sentido, la tipicidad queda francamente notablemente diluida si para la comprensión del presupuesto de hecho de la norma sancionadora ha de acudirse a una Orden que contiene obligaciones complejas para las que incluso hay dos extensas instrucciones de cumplimentación», y a continuación hace referencia a los arts. 198 y 199 de la LGT y manifiesta que «a través de una mera Orden ministerial no se puede crear una nueva obligación tributaria, distinta de la ya establecida, sancionable en sí misma». De estas alegaciones parece desprenderse que la parte se viene a referir a la problemática de las normas sancionadoras en blanco, esto es, a los casos en los que la norma sancionadora con rango de ley se remite a una norma de inferior rango que completa la determinación o definición de la conducta prohibida, insertándose en la propia estructura de la norma sancionadora. Decimos que parece que esta es la alegación que realiza la parte recurrente, en tanto que su argumentación resulta a todas luces oscura y netamente deficiente, así es de observar que no se está refiriendo a las infracciones sino a las sanciones, «una sanción se establece por remisión a una Orden ministerial», que si bien sometidas también al principio de legalidad y reserva de ley, no le es aplicable la dogmática de la tipificación en blanco de los ilícitos sancionadores; habla genéricamente de los arts 198 y 199 de la LGT, artículos que poseen el siguiente contenido sancionador:

198. Infracción tributaria por no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico, por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o por incumplir las condiciones de determinadas autorizaciones.

1. Infracción leve por no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico. Se caracteriza por las dos notas de no presentación en plazo y que no produzca perjuicio económico.

a. Declaraciones censales. Sanción pecuniaria fija.

b. Comunicación que designe al representante de personas o entidades. Sanción pecuniaria fija.

c. Declaraciones exigidas en cumplimiento del deber de suministrar de información (arts 93 y 94 de la LGT). Sanción pecuniaria fija por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma persona o entidad que se haya omitido, con un mínimo y un máximo.

d. Otras. Sanción pecuniaria fija con dos especialidades:

  • Si se presentan fuera de plazo sin requerimiento previo, concurre una atenuante por arrepentimiento espontáneo, y la sanción será la mitad.
  • Si se hubieran realizado varios requerimientos, las sanciones serán compatibles con las establecidas en el artículo 203 de la LGT (resistencia a la actuación de la Administración).

2. Infracción leve por incumplir la obligación de comunicar el domicilio fiscal o el cambio del mismo. Sanción pecuniaria fija.

199. Infracción tributaria por presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio económico o contestaciones a requerimientos individualizados de información:

1. Infracción grave por presentar autoliquidaciones o declaraciones incompletas, inexactas o con datos falsos. La sanción será multa pecuniaria fija.

2. Infracción grave por presentar declaraciones censales incompletas, inexactas o con datos falsos. La sanción será multa pecuniaria fija.

3. Infracción grave por presentar de forma incompleta, inexacta o con datos falsos las declaraciones de suministro de información o declaraciones exigidas de acuerdo con los artículos 93 y 94 de la LGT. La sanción será:

  • Cuando la infracción no tenga por objeto datos expresados en magnitudes monetarias, multa pecuniaria fija por cada dato, o conjunto de datos que se refieran a una misma persona o entidad, omitido, inexacto o falso.
  • Cuando la infracción tenga por objeto datos expresados en magnitudes monetarias, multa pecuniaria proporcional de hasta el 2% del importe de las operaciones no declaradas o declaradas incorrectamente, si éstas representan un porcentaje superior al 10%, 25%, 50% o 75% de las operaciones que debieron declararse, respectivamente. Cuando el porcentaje sea inferior al 10%, se impondrá multa pecuniaria fija. Estas sanciones se incrementarán en un 100% en el caso de comisión repetida.

Sin hacer la parte recurrente esfuerzo alguno para siquiera explicar en qué medida la Orden se inserta en la estructura de las conductas tipificadas en los citados artículos, cuando además se describen tipos, en los casos referidos en las citadas relacionados con el suministro de información, arts 93 y 94 de la LGT.

Cabe añadir que en todo caso los déficits de constitucionalidad de la norma por incumplir el principio de tipicidad, no serían achacables a la Orden, que se limita, al igual que incontables normas de contenido similar, a establecer y aprobar un modelo de declaración, sino a la norma sancionadora con rango legal que se supone que incorpora implícitamente la Orden en la conducta prohibida como elemento típico, esto es, a los arts 198 y 199 de la LGT.

En fin, no entendemos qué quiere decir la parte recurrente cuando habla de que el nuevo modelo 232 por incluir información diferente a la exigida en el modelo 200 ha creado «sanciones por incumplimiento de las obligaciones que esta Orden establece, no sustentadas en Ley alguna», por lo que «serían nulas, por infracción del principio de tipicidad, que procede del aforismo latino, aplicable al derecho sancionador, nulla poena sine lege»; ya se ha dicho que la Orden, único objeto del recurso contencioso administrativo, no posee carácter sancionador, que su base legal la constituyen los arts 29 y 93 de la LGT, en relación con el artº 30 del Real Decreto 1065/2007, y con los arts. 18 y 19 de la LIS y 13.4 y 37 del RIS, y en modo alguno puede considerarse desarrollo ejecutivo de los arts 198 y 199 de la LGT.

La afirmación de la recurrente en el sentido de que «la AEDAF basa su denuncia de infracción del principio de tipicidad y de los arts. 198 y 199 de la LGT, en que estos preceptos no permiten que una obligación, nacida sin sustento legal, pueda ser sancionada», se nos muestra apodíctica, huera, como bien expresa el Sr. Abogado del Estado, vacía de sustantividad. Insistimos, la Orden no posee carácter sancionador, en el supuesto de que se entendiera que los citados artículos sancionadores de la LGT se remiten a dicha norma no sancionadora para completar o definir el tipo, la cuestión se trasladaría a la aplicación de las citadas normas sancionadoras a un determinado supuesto, y los problemas jurídicos que podrían plantearse serían los propios de su aplicación, en los que, desde luego, cabría que se cuestionara su constitucionalidad por quebranto del principio de tipicidad -cosa distinta sería la respuesta que debería de recibir, en la que no entramos-, hasta los propios de pura legalidad en su aplicación, como son los problemas del grado de conocimiento de la norma a la que se remite y los de error, de tipo o de prohibición.

La motivación denegatoria recogida en la sentencia de instancia por las razones apuntadas, resulta correcta para rechazar las alegaciones sobre la infracción del principio de tipicidad.

Sobre el problema de irretroactividad planteado, la Sala de instancia recuerda la doctrina del TC sobre la retroactividad de las disposiciones sancionadoras o desfavorables, para concluir que «Trasladada al caso de autos la doctrina constitucional transcrita, ha de concluirse que la Orden impugnada en absoluto vulnera el principio constitucional de irretroactividad de las normas sancionadoras o restrictivas de derechos individuales, ni por supuesto, tampoco lo hace la Disposición Transitoria».

La parte recurrente considera que la Orden ha infringido los arts. 10 y 178 LGT y 9.3 CE, sobre el presupuesto de que la Orden ha establecido un régimen sancionador a aplicar a situaciones nacidas a partir de 1 de enero de 2016, cuando la Orden entró en vigor el 31 de agosto de 2017.

Sin embargo, como ha quedado expuesto ut supra, la Orden no posee tal carácter sancionador, se limita a establecer una obligación formal que engarza con lo establecido en el artº 29.2.f) de la LGT, en relación con el artº 93 de dicho texto. El debate planteado queda de todo punto desenfocado, más cuando estamos ante una disposición de naturaleza formal que como regla general sí puede ser aplicada retroactivamente; sin poder obviarse que en todo caso la Orden que nos ocupa posee su base legal en los preceptos de la LGT citados, arts. 29 y 93, los cuales prevén las obligaciones formales y el deber de información y formas para su obtención, y el artº 30.2 del Real Decreto 1065/2007, viniendo la Orden a constituir manifestación de las referidas previsiones normativas; sin que en todo caso pueda identificarse retroactividad con transitoriedad, aún la conexión existente entre ambos conceptos, resultando definitivo al respeto identificar el objeto de regulación y la necesidad de adoptar el tránsito normativo que en este caso se produciría entre el modelo 200 y el 232 en el contenido de las obligaciones impuestas en este. En definitiva, la obligación formal y de informar poseen rango legal, que se concretan en el impuesto sobre sociedades sobre la materia objeto del modelo 232, en los mandatos contenidos en los arts. 18 y 19 de la LIS y 19 y 37 del RIS, en régimen transitorio contenido en la Orden, sin entrar en otras consideraciones que no han sido objeto de atención en el escrito de interposición de la Orden, lo que hace es procurar el tránsito normativo del modelo 200 al 232, y en todo caso los problemas suscitados no se encuadran dentro de la retroactividad denunciada, que al partir del presupuesto visto carece de virtualidad alguna en el presente debate en los términos en que se plantea por la parte recurrente.

QUINTO.- Doctrina jurisprudencial.

Las razones expuestas en los fundamentos anteriores deben llevarnos a concluir que la Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, respeta los principios de legalidad y reserva de ley, en cuanto que las obligaciones impuestas tienen como base normativa lo dispuesto en los arts. 29.2.f) y 93 de la LGT, en relación con los arts. 30.2 del Real Decreto 1065/2007, y los arts. 18 y 19 de la LIS y 13.4 y 37 de la RIS; respetándose, así mismo, el principio de proporcionalidad en función de la transcendencia tributaria de la información a obtener por la obligación formal impuesta. Al no poseer naturaleza sancionadora la citada Orden, carece de virtualidad para quebrantar el principio de tipicidad propia del ámbito sancionador.

SEXTO.- Sobre las costas.

Procede, pues, desestimar el recurso de casación, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 93.4 LJCA, no procede declaración expresa de condena a las costas del recurso de casación, al no apreciarse mala fe o temeridad en la conducta procesal de ninguna de las partes.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

Primero.- Fijar los criterios interpretativos expresados en el fundamento jurídico quinto de esta sentencia.

Segundo.- No ha lugar al recurso de casación núm. n.º 4727/2020, interpuesto por la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ASESORES FISCALES (AEDAF), representada por la procuradora de los Tribunales Dª. María del Valle Gili Ruiz, contra la sentencia de 25 de mayo de 2020, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Séptima) de la Audiencia Nacional, pronunciada en el recurso nº. 802/2017, contra la Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales, por ser conforme con el ordenamiento jurídico.

Tercero.- No hacer imposición de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer

En los últimos años, se han modificado diferentes aspectos del IRPF. En el siguiente listado destacamos las cuestiones que te recomendamos revisar a la hora de afrontar tu declaración de la Renta y las de tus clientes.

1. Importe exento de las becas públicas y de las concedidas por entidades beneficiarias del mecenazgo para cursar estudios: el importe exento de la beca para cursar estudios reglados es de 6.000 € anuales. Cuando la beca tenga por objeto compensar gastos de transporte y alojamiento para la realización de estudios reglados del sistema educativo, hasta el nivel de máster incluido, la exención sube a 21.000 € anuales. Respecto de las becas para la realización de estudios de doctorado, la exención será de 21.000 €. Y cuando los estudios se realicen en el extranjero, el importe exento es 24.600 €.

2. Límite de la exención de las indemnizaciones por despido del trabajador: 180.000 €. La STS 5-11-2019, Rec. 2727/2017 reconoció como indemnización obligatoria para los directivos y exenta del IRPF la cantidad de 7 días de salario por año de trabajo con un límite de 6 mensualidades.

3. Ya no existe la exención hasta 1.500 € anuales de los dividendos y participaciones en beneficios contemplados en las letras a) y b) del art. 25.1 LIRPF.

4. Están exentas las rentas mínimas de inserción establecidas por las Comunidades Autónomas, así como para otras ayudas públicas, por un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el IPREM.

5. Exención de la prestación no contributiva de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital, con el límite conjunto de las rentas de inserción y otras ayudas de 1,5 veces el IPREM.

6. Exenciones por catástrofes:

  • Exención de las ayudas excepcionales por daños personales provocados por la borrasca Filomena y por las erupciones del volcán en La Palma.
  • También están exentas las ayudas públicas por la destrucción de elementos patrimoniales causada por la erupción del volcán en la isla de La Palma
  • Exención de cantidades percibidas por los familiares de las víctimas del accidente del vuelo de Germanwings GWI9525, del 24 de marzo de 2015, en concepto de responsabilidad civil, las ayudas voluntarias satisfechas a aquéllos por la compañía aérea o por una entidad vinculada a esta.

7. Exención del 50% de los rendimientos de trabajo percibidos por los tripulantes de buques canarios inscritos en el Registro Especial de Buques y Empresas Navieras de Canarias.

8. Exención de las ayudas públicas destinadas a la rehabilitación energética de edificios, que establece el RD 691/2021, de 3 de agosto, RD 737/2020, de 4 de agosto, y RD 853/2021, de 5 de octubre.

9. Los socios personas físicas de las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil no tributan en el régimen de atribución de rentas. Las sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto mercantil son contribuyentes del IS.

10. Las ayudas públicas recibidas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España para primera instalación de jóvenes agricultores, se pueden imputar como rendimiento de actividad económica por cuartas partes. Y se imputa por cuartas partes como ganancia patrimonial si la ayuda pública se da a un joven agricultor para la adquisición de participaciones de una empresa agrícola.

11. Reducción por obtención de rendimientos del trabajo del art. 20 LIRPF: el límite de rendimientos netos para aplicarla es 16.825 €; para contribuyentes con rendimientos netos inferiores a 13.115 €, la reducción es de 5.565 € anuales.

12. La reducción por rendimientos irregulares (trabajo, capital inmobiliario, capital mobiliario, actividades económicas), está fijada en el 30% exigiéndose además que la imputación del rendimiento se produzca en un único periodo impositivo y con el límite de 300.000 €.

13. Cuantía fija de deducción para todos los trabajadores de 2.000 € para determinar sus rendimientos netos. Esta cantidad se incrementa en casos de aceptación de un puesto de trabajo en otro municipio (2.000 euros más) o de trabajadores activos con discapacidad (3.500 euros hasta 65% de discapacidad o 7.750 euros más del 65% de discapacidad).

14. Retribución en especie por gastos de estudio para la capacitación o reciclaje del personal exentos: también están exentos los financiados por otras empresas o entidades distintas del empleador, siempre que dichas empresas o entidades comercialicen productos para los que resulte necesario disponer de una adecuada formación por parte del trabajador.

15. Rendimientos del trabajo exentos por gastos por comedores de empresa: la cuantía diaria exenta de los vales-comida, tarjetas o documentos similares de pago que se entregan al trabajador para atender dicha necesidad es de 11€. Se aplica también por gastos de comedores de empresas a través de fórmulas indirectas de prestación de dicho servicio, se preste el servicio en el propio local del establecimiento de hostelería o fuera de éste, previa recogida por el empleado o mediante su entrega en su centro de trabajo o en el lugar elegido por aquel para desarrollar su trabajo en los días en que este se realice a distancia o mediante teletrabajo.

16. Reducción del 60% para los arrendamientos de vivienda. Esta reducción solo es aplicable sobre los rendimientos netos positivos que hayan sido calculados por el contribuyente en una autoliquidación presentada antes de que se haya iniciado un procedimiento de verificación de datos, de comprobación limitada o de inspección que incluya en su objeto la comprobación de tales rendimientos. Y en ningún caso sobre aquellos que se regularicen en alguno de dichos procedimientos.

17. Para ser considerado saldo de dudoso cobro y ser deducible como gasto del rendimiento íntegro del capital inmobiliario, basta que hayan transcurrido 3 meses desde el momento de la primera gestión de cobro realizada por el contribuyente y el de la finalización del período impositivo.

18. La distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones cuando se trate de valores no negociados, tributa con el límite de la diferencia entre el valor de los fondos propios de las acciones o participaciones y su valor de adquisición.

19. Las personas físicas que alquilan los locales en los que se desarrollan determinadas actividades económicas vinculadas al sector turístico, la hostelería y el comercio y acuerden voluntariamente rebajas en la renta arrendaticia correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2021, podrán computar como gasto deducible para el cálculo del rendimiento del capital inmobiliario del IRPF la cuantía de la rebaja de la renta acordada durante tales meses.

20. Si un autónomo utiliza parte de su vivienda habitual en su actividad económica, puede deducir los gastos de suministros (agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, etc.) correspondientes a la parte de la vivienda habitual que se encuentra afecta a su actividad económica, en el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.

21. Rendimientos procedentes de una entidad de profesionales en cuyo capital participe el contribuyente: son rendimientos de actividad económica siempre que el contribuyente esté incluido a tal efecto en el Régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social o mutualidad alternativa.

22. Actividad de arrendamiento de bienes inmuebles: Solo se exige tener una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa, dedicada a la gestión del arrendamiento para tener la consideración de actividad económica no exigiéndose el requisito del local exclusivamente destinado para llevar a cabo la gestión de la actividad.

23. En el régimen de estimación directa simplificada, respecto a los gastos de difícil justificación y provisiones la cuantía deducible es de 2.000 € anuales.

24. Para los contribuyentes que determinen su base imponible conforme a las normas del IS, estimación directa normal y simplificada, para empresas de reducida dimensión, serán deducibles fiscalmente las pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores, cuando hayan transcurrido 3 meses.

25. Límites cuantitativos para tributar en régimen de estimación objetiva en IRPF.

  • Volumen de ingresos en el año inmediato anterior superior a 250.000 € para el conjunto de actividades económicas, excepto agrícolas, ganaderas y forestales. Se computan todas las operaciones, exista o no obligación de expedir factura. Las operaciones en las que exista obligación de expedir factura cuando el destinatario sea empresario, no pueden superar 125.000 €.
  • Volumen de ingresos para el conjunto de actividades agrícolas, forestales y ganaderas superior a 250.000 €.
  • Volumen de compras en bienes y servicios en el año inmediato anterior, excluidas las adquisiciones de inmovilizado, superior a 250.000 €. Dentro de este límite se tienen en cuenta las obras y servicios subcontratados y se excluyen las adquisiciones de inmovilizado.

La Orden de Módulos para 2021 (Orden HAC/1155/2020) mantiene la cuantía de los signos, índices o módulos de ejercicios anteriores, y las instrucciones de aplicación. También mantiene la reducción del 5% sobre el rendimiento neto de módulos derivada de los acuerdos alcanzados en la Mesa del Trabajo Autónomo y la reducción del 20% sobre el rendimiento neto para las actividades económicas desarrolladas en Lorca.

El RDL 4/2022, incrementa la reducción prevista en la disposición adicional primera de la Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, para el rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva en el año 2021. Dicha reducción será del 20% (en lugar del 5%) para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales incluidas en el anexo I de la citada orden.

En sendos RDL, se prevé reducción de los índices de rendimiento neto por los daños provocados por la erupción del volcán de la Palma y por la borrasca Filomena así como para las explotaciones y actividades agrarias en las que se hayan producido daños como consecuencia de la sequía.

26. La renuncia a módulos en 2020 y 2021 no vincula durante 3 años. Los contribuyentes del IRPF que hayan renunciado para el ejercicio 2020 al método de estimación objetiva, pueden volver a determinar el rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación objetiva en el ejercicio 2021 o 2022, siempre que cumplan los requisitos para su aplicación.

27. Posibilidad de disposición anticipada de derechos consolidados para contribuyentes afectados por la erupción volcánica de la isla de La Palma durante el periodo comprendido entre el 6-10-2021 y el 5-7-2022.

28. Tributan como rendimientos de capital mobiliario las reducciones de capital de valores no admitidos a negociación con devolución de aportaciones y no procedentes de beneficios no distribuidos.

29. Están exentas las ganancias obtenidas por personas mayores de 65 años en la transmisión de elementos patrimoniales, siempre que el importe total obtenido por la transmisión se destine en el plazo de 6 meses a constituir una renta vitalicia asegurada a su favor, la cantidad máxima total que podrá destinarse a constituir la renta vitalicia será de 240.000 €.

30. Ya no existen coeficientes de actualización de valores de adquisición en la transmisión de inmuebles. Para los coeficientes de abatimiento o reductores en la transmisión de elementos patrimoniales adquiridos antes de 31-12-1994, hay un límite o «Cupo Vital» por contribuyente de 400.000 € del valor de transmisiones, aplicable al conjunto de transmisiones durante toda la vida del contribuyente, con independencia de que la transmisión de cada bien se produzca en distintos periodos. Rebasado el cupo, al exceso ya no se aplica los coeficientes de abatimiento. El límite es del valor de las transmisiones, no de las ganancias.

31. Cuando un contribuyente pierde su residencia fiscal en España, las ganancias patrimoniales tributan por las diferencias positivas entre el valor de mercado de las acciones o participaciones en cualquier tipo de entidad, incluidas instituciones de inversión colectiva, y el valor de adquisición.

32. Importe obtenido por transmisión de derechos de suscripción procedentes de valores admitidos a negociación: se califica como ganancia patrimonial sometida a retención para el transmitente en el período impositivo en que se formalice la transmisión, cualesquiera que sean las condiciones de cobro pactadas retención que debe efectuar la entidad depositaria y, en su defecto, el intermediario financiero o fedatario público que haya intervenido en la operación, siendo el tipo de retención el 19%.

33. En la exención por reinversión en vivienda habitual, el plazo de dos años previsto para la reinversión en una nueva vivienda del importe obtenido en la venta de la vivienda antigua, se paraliza el cómputo de dicho plazo desde el 14-3-2020 hasta el 30-5-2020, debido al estado de alarma.

34. Desde 11-7-2021, el adquirente de un bien a través de un contrato o pacto sucesorio se subroga en el valor y fecha de adquisición que tenía dicho bien en el causante, siempre que el mismo se transmita antes del transcurso de 5 años desde la celebración del pacto sucesorio o del fallecimiento de este último.

35. Integración en la renta del ahorro de todas las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales, con independencia de su plazo de generación. Solo se integran en la renta general las ganancias y pérdidas patrimoniales que no deriven de la transmisión de elementos patrimoniales.

36. Ventanas de liquidez de los derechos consolidados de los planes de pensiones, sistema individual y asociado, y de los derechos económicos de las mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados y planes de previsión social empresarial, sin necesidad de que se produzcan las contingencias cubiertas, cuando correspondan a aportaciones, primas o contribuciones satisfechas con más de 10 años de antigüedad, para los derechos económicos o consolidados correspondientes a aportaciones, primas o contribuciones realizadas hasta el 31-12-2015, serán disponibles a partir del 1-1-2025.

37. En la declaración se indicará, en la casilla 1626, si se trata de monedas virtuales, dentro del apartado Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de transmisiones de otros elementos patrimoniales – datos del elemento patrimonial transmitido.

38. Límite del 25% para la compensación del saldo negativo que resulta de integrar y compensar entre sí las ganancias y pérdidas patrimoniales que se integran en la renta general, con el saldo positivo de los rendimientos e imputaciones de rentas de la propia renta general.

Posibilidad de compensar el 25% del saldo negativo de rendimientos del capital mobiliario de la renta del ahorro con saldos positivos de ganancias y pérdidas de la renta del ahorro y viceversa. De la misma forma y con el mismo límite se permite la compensación en sentido inverso, es decir, del saldo negativo de ganancias y pérdidas patrimoniales con el saldo positivo de rendimientos del capital mobiliario.

39. Se ha reducido a 2.000 € el importe de aportaciones máximas del partícipe a planes individuales o de empleo. Se amplía el límite conjunto de reducción cuando se trate de aportaciones del partícipe y de la empresa. Se fija la reducción adicional por aportaciones a favor del cónyuge en 1.000 € anuales. Régimen transitorio: Los excesos de aportaciones a los sistemas de previsión social correspondientes a los períodos impositivos 2016 a 2020 que se encuentren pendientes de reducción a 1 de enero de 2021, se entenderá que corresponden a contribuciones imputadas por el promotor, con el límite de las contribuciones imputadas en dichos períodos; y el exceso del límite se entenderá que corresponde a aportaciones del contribuyente.

40. Se aplican los mismos importes de los mínimos del contribuyente, descendientes, ascendientes y discapacidad desde 2015. Para aplicar el mínimo por ascendiente que fallezca antes del 31 de diciembre, de 1.150 €, es necesario que el contribuyente haya convivido con aquel, al menos, la mitad del período comprendido entre el inicio del período y la fecha de fallecimiento.

41. Las Comunidades Autónomas de Cataluña, Baleares, Castilla y León, La Rioja y Madrid han regulado estos mínimos. En el caso de Castilla y León, los importes son coincidentes con los estatales y en el caso de Cataluña, la STC 28-10-2021 Rec. 1200/2021 declaró inconstitucional la fijación del mínimo personal incrementado.

42. Se equipara la dependencia a la convivencia, salvo que el contribuyente esté satisfaciendo anualidades por alimentos a favor del descendiente.

43. A efectos de los mínimos se equipara a los descendientes aquellas personas vinculadas al contribuyente por razón de tutela y acogimiento en los términos previstos en la legislación civil o, fuera de los casos anteriores, a quienes tengan atribuida por resolución judicial su guarda y custodia.

44. Se ha modificado la escala general del IRPF, estableciéndose un nuevo tramo. A partir de 300.000 € de base liquidable el tipo estatal será el 24,50%, que, si añadimos un tramo autonómico equivalente, estas rentas se pueden colocar en una tributación del 49% en el 2021.

45. Todas las Comunidades Autónomas han aprobado su propia escala general del IRPF. Algunas de estas escalas son más progresivas que el 50% de la estatal, como son las CCAA de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Murcia, o Valencia. Otras tienen tarifas autonómicas menos progresivas como son los casos de Castilla y León y Madrid.

46. Incremento del tipo de gravamen del ahorro, estableciéndose un nuevo tramo. A partir de 200.000 € de base liquidable, se tributa al 26% (tramo estatal más autonómico).

47. Tres nuevas deducciones temporales por obras que mejoren la eficiencia energética, aplicables desde 6-10-2021. Las aplicables a viviendas estarán vigentes hasta 31-12-2022 y la aplicable a edificios estará vigente hasta 31-12-2023. Se incluyen en el Anexo A.2 del modelo de declaración.

48. El porcentaje de deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación, es del 30% y la base máxima es de 60.000 €.

49. Suprimidas las deducciones por cuenta ahorro empresa, por alquiler de la vivienda habitual y por inversión en vivienda habitual (estas dos últimas, con un régimen transitorio). En el modelo de declaración para la campaña de Renta 2021, se suprimen las casillas correspondientes a la modalidad de construcción de la vivienda habitual, por haber finalizado el plazo de 4 años, prorrogable otros 4 años adicionales, en los que el contribuyente debía terminar la construcción de su vivienda habitual para tener derecho al régimen transitorio de esta deducción. Para minimizar la posibilidad de error respecto de su aplicación se han incorporado, en el caso de obras de ampliación o rehabilitación y de obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de personas con discapacidad, casillas para indicar la fecha de inicio y fin de las obras. En el caso de que se trate de la modalidad de construcción, se solicitará la fecha de la escritura de adquisición o de obra nueva de la vivienda.

50. No olvides la deducción por inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material y por inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas.

51. Deducción por donativos: 20% de las cuotas de afiliación y aportaciones a partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores con una base máxima de 600 € anuales.

52. Deducción por donaciones para entidades beneficiarias del mecenazgo: 80% de los 150 primeros euros invertidos en un proyecto, y el 35% de la cantidad restante. Este último porcentaje de deducción se eleva al 40%, si en los 2 ejercicios inmediatamente anteriores se hubieran efectuado donaciones por el mismo importe o superior a favor de la misma entidad.

Se ha modificado la definición de entidades sin fines lucrativos contenida en el artículo 2 de la Ley 49/2002.

La recuperación del Patrimonio Cultural de la isla de La Palma tendrá, durante el ejercicio de 2021, la consideración de actividad prioritaria de mecenazgo. (

53. Se han modificado, desde 11-7-2021, los requisitos del art. 14.2.h) LIRPF, respecto de los rendimientos procedentes de operaciones de capitalización y de contratos de seguro de vida o invalidez Unit Linked (contratos de seguros de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión).

54. En cuanto a las deducciones por incentivos y estímulos a la inversión empresarial:

  • La LPGE 2021 introduce nuevas deducciones en el ámbito empresarial vinculadas a acontecimientos de excepcional interés público.
  • Se modifica la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y de series: los certificados requeridos son vinculantes para la AEAT con independencia de su fecha de emisión; se extiende a contribuyentes que participen en la financiación; el límite incrementado al 50% se aplica también si se supera 10% de la cuota íntegra reducida en las deducciones para evitar la doble imposición internacional y las bonificaciones. Y se establecen los límites para estas inversiones en Canarias.

55. Todas las Comunidades Autónomas tienen establecidas deducciones propias o modifican las estatales.

56. En el 2021, el límite para la obligación de declarar es de 22.000€ cuando las rentas procedan de un solo pagador y de 14.000 € si las rentas proceden de varios pagadores, para los perceptores de rendimientos del trabajo. Se exime de la obligación de presentar declaración cuando se obtengan rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 € anuales.

57. Percepción de atrasos: cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban en períodos impositivos distintos a aquellos en que fueran exigibles, deberán declararse cuando se perciban, pero imputándolos al período en que fueron exigibles, mediante la correspondiente autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. La autoliquidación se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se perciban los atrasos y el final del plazo inmediato siguiente de presentación de autoliquidaciones por el IRPF. Así, si los atrasos se perciben entre el 1 de enero de 2022 y el inicio del plazo de presentación de las declaraciones del IRPF correspondiente al ejercicio 2021, la autoliquidación complementaria deberá presentarse en dicho año antes de finalizar dicho plazo de presentación (hasta el 30 de junio de 2022), salvo que se trate de atrasos del ejercicio 2021, en cuyo caso se incluirán en la propia autoliquidación de dicho ejercicio. Para los atrasos que se perciben con posterioridad al inicio del plazo de presentación de declaraciones del ejercicio 2021, la autoliquidación complementaria deberá presentarse en el plazo existente entre la percepción de los atrasos y el final del plazo de declaración del ejercicio 2022. Importante: la autoliquidación complementaria deberá ajustarse a la tributación individual o conjunta por la que se optó en la declaración originaria.

58. La deducción por maternidad: se incrementa en 1.000 € adicionales (además de los 1.200 €), cuando se tenga que soportar gastos por la custodia del hijo menor de 3 años en guarderías o centros educativos autorizados.

59. Se aplican deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo, y a favor del cónyuge no separado legalmente con discapacidad.

Estas deducciones se aplican no solo a los contribuyentes que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual estén dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, sino también a los contribuyentes que perciban prestaciones contributivas y asistenciales del sistema de protección del desempleo, pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como los contribuyentes que perciban prestaciones análogas a las anteriores reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones por situaciones idénticas a las previstas para la correspondiente pensión de la Seguridad Social. Son las siguientes deducciones:

a) Por cada descendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes, hasta 1.200 € anuales (100 al mes);

b) Por cada ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo por ascendientes, hasta 1.200 € anuales (100 al mes);

c) Por ser un ascendiente, o un hermano huérfano de padre y madre, que forme parte de una familia numerosa conforme a la Ley 40/2003, o por ser ascendiente separado legalmente, o sin vínculo matrimonial, con 2 hijos sin derecho a percibir anualidades por alimentos y por los que tenga derecho a la totalidad del mínimo previsto en el art. 58, hasta 1.200 € anuales (100 al mes). En caso de familias numerosas de categoría especial, esta deducción se incrementa en un 100%. Esta cuantía se incrementa hasta en 600 € anuales por cada uno de los hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, según corresponda;

d) Por el cónyuge no separado legalmente con discapacidad, siempre que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 € ni genere el derecho a las deducciones previstas en las letras a) y b) anteriores, hasta 1.200 € anuales (100 mensuales).

60. Deducción para unidades familiares formadas por residentes fiscales en Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

61. Porcentaje de la deducción de la cuota por obtención de rentas en Ceuta y Melilla: 60%.

62. Modificada la escala de retenciones e ingreso a cuenta aplicable a los rendimientos de trabajo, con un nuevo tramo de retención del 47% a la parte que exceda de 300.000 €.

63. Retención o ingreso a cuenta del 19% por transmisión de derechos de suscripción preferente, tanto para entidades cotizadas como no cotizadas.

64. Retención o ingreso a cuenta del 15% por los rendimientos de capital mobiliario procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor.

65. Exención de los premios exentos en el gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas: 40.000 €.

66. Contribuyentes fallecidos: Los herederos de la persona fallecida deberán presentar declaración cuando el fallecido haya obtenido rentas y superen los límites establecidos en la obligación de declarar. Los importes que determinan la obligación de declarar se aplicarán en sus cuantías íntegras, con independencia del número de días que comprenda el período impositivo del fallecido, y sin que proceda su elevación al año. Como regla general, en el supuesto de fallecimiento de uno de los integrantes de una unidad familiar, los restantes miembros de la misma podrán optar por la tributación individual o conjunta, sin incluir las rentas del fallecido. La declaración del fallecido deberá presentarse en modalidad individual. No obstante, como excepción, si el fallecimiento se produjo el 31 de diciembre, todos los miembros de la unidad familiar, incluida la persona fallecida, podrán presentar declaración conjunta.

67. Lugar y forma de presentación: La declaración deberá presentarse por medios electrónicos a través de Internet, en la sede electrónica de la AEAT, a través del teléfono, o en las oficinas de la AEAT previa solicitud de cita, así como en las oficinas habilitadas por las CCAA, ciudades con Estatuto de Autonomía y Entidades Locales para la confirmación del borrador de declaración. Si la declaración resulta a ingresar, el contribuyente podrá domiciliar el ingreso, efectuar el pago electrónico previa obtención del número de referencia completo (NRC) o a través de un documento para el ingreso en una entidad colaboradora que deberá imprimir y proceder a efectuar dicho ingreso.

68. Calendario: El plazo de presentación del borrador de declaración y de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, será el comprendido entre los días 6 de abril y 30 de junio de 2022, ambos inclusive, sin perjuicio de que la domiciliación bancaria del pago deba efectuarse entre el 6 de abril hasta el 27 de junio de 2022, ambos inclusive, salvo que se opte por domiciliar únicamente el segundo plazo, en cuyo caso la confirmación y presentación podrá realizarse hasta el 30 de junio de 2022.

69. Servicios de la AEAT: Desde el 9 de marzo de 2022, se puede solicitar el número de referencia que te permitirá gestionar todos los servicios para la Campaña de Renta (no es necesario el número de referencia si estás registrado en Cl@ve). Desde el 5 de mayo hasta el 30 de junio de 2022, la AEAT podrá confeccionar la declaración de Renta 2021 por teléfono (solicitud de cita desde el 3 de mayo hasta el 29 de junio). Desde el 1 al 30 de junio de 2022: la AEAT podrá confeccionar la declaración de Renta 2021 presencialmente en sus oficinas (solicitud de cita desde el 26 de mayo hasta el 29 de junio).

70. Pueden solicitar los servicios de la AEAT los contribuyentes con rentas del trabajo personal hasta 65.000 €; del capital mobiliario hasta 15.000 €; del capital inmobiliario con máximo de 2 arrendamientos o 2 contratos; ganancias y pérdidas patrimoniales, hasta 2 transmisiones; y con algunas excepciones a los regímenes especiales.

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer

Disponibles en la AEAT los formularios para solicitar las ayudas previstas en el RDL 6/2022.

Ya se encuentran disponibles en la sede de la Agencia Tributaria el formulario para la solicitud del anticipo a cuenta de la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos energéticos y el formulario para la solicitud de ayuda directa al transporte, previstos en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

 

Fuentes: CISS Fiscal. AEAT.

La campaña arrancará el próximo 6 de abril para las presentaciones por Internet.

La Agencia Tributaria ya ha publicado el nuevo calendario del contribuyente para hacer la declaración de la Renta correspondiente a los ingresos obtenidos en el ejercicio 2021. Como cada año, la Campaña del IRPF y Patrimonio de 2021 tiene varias fechas clave marcadas en rojo. Además, esta vez hay algunas novedades, como el alza del impuesto para las rentas a partir de 300.000 euros y para los patrimonios de más de 10 millones.

La declaración de la Renta, marcada de nuevo por la pandemia de coronavirus, se podrá presentar de varias maneras: online a través de la web de la Agencia Tributaria, por vía telefónica o de manera presencial.

Para la presentación de las declaraciones por Internet, un medio que que ya utilizan nueve de cada diez contribuyentes, la campaña arrancará el próximo 6 de abril.

Si el contribuyente quiere confeccionar la declaración de manera ordinaria, el plazo se prolongará entre el 1 y el 30 de junio.

En caso de optar por la vía telefónica, el primer día hábil es el 5 de mayo y hasta el 30 de junio. En esta modalidad, es la Agencia Tributaria la que se pondrá en contacto con el contribuyente.

Además, durante todo el mes de junio, coincidiendo con el periodo ordinario de la campaña, los contribuyentes podrán presentar su declaración de manera presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. Con resultado a ingresar y con domiciliación bancaria, el plazo concluye el 27 de junio.

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Fuente: Cinco Días