Ser un profesional autónomo no es fácil. La carga tributaria y las dificultades de financiación son mayores que en las empresas y las desgravaciones y deducciones son pocas. Eso sin mencionar que responde ante las deudas con su patrimonio personal. ¿Ha pensado alguna vez en pasar de ser autónomo a constituir una Sociedad Limitada? ¿Tiene claro cuándo debe hacerlo? ¿Sabe cuáles son los trámites a seguir?

Momento.

El momento de cambio no es susceptible de cálculos matemáticos, pueden ser todos o ninguno, depende de cada situación.

Es cierto que el inicio de una actividad emprendedora es más fácil bajo la forma jurídica del autónomo, la simplicidad de los trámites avalan esta afirmación. Sin embargo, de manera general los expertos insisten en que, a medio, largo plazo son cinco las causas que le conducirán a la adopción de una figura societaria. Más concretamente a la de la sociedad de responsabilidad limitada.

– Ingresos anuales superiores a 40.000 €. (Para reducir el porcentaje de gravamen fiscal, tributando a un tipo fijo por el Impuesto de Sociedades, en lugar de un porcentaje creciente por IRPF)

– Protección del patrimonio personal.

– Facilidad para trabajar con grandes empresas

– Agilidad en la obtención de créditos bancarios.

– Formalización de relación con colaboradores habituales.

Estos son solo las cinco razones más frecuentes por las que un autónomo se convierte en Sociedad Limitada, pero hay más y en general suelen ir de la mano con el crecimiento del negocio.

El Paso.

Para pasar de ser autónomo a crear una sociedad limitada, debe seguir exactamente los mismos trámites que si fuera a crear una sociedad desde cero, con una primera gestión añadida que no es otra que la de solicitar la baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

ATENCIÓN: La baja se hace efectiva desde el primer día del mes siguiente al que se solicita y este trámite se puede ejecutar online con certificado digital o en persona.

Tenga en cuenta además, que aunque siempre podrá encargar la creación de su Sociedad Limitada a un Punto de Atención al Emprendedor (PAE) acreditado por el Ministerio de Economía e Industria, si decide hacerlo usted mismo, tendrá que llevar a cabo las siguientes gestiones:

Solicitar el nombre de la Sociedad.

Deberá acudir al Registro Mercantil Central y pedir el certificado negativo de denominación social, que acredite que el nombre que ha elegido para su empresa no está siendo usado por otra. Si lo prefiere, puede hacerlo también de forma online. https://www.rmc.es/privado/CertificacionesDenominaciones.aspx

La solicitud debe contener una terna de posibles nombres. Expedida la certificación de que no figura registrada la denominación solicitada, ésta quedará registrada a su nombre durante el plazo de SEIS MESES, contados desde la fecha de expedición.

La certificación negativa tendrá una vigencia de TRES MESES a efectos de otorgamiento de escritura, contados desde la fecha de su expedición por el Registrador Mercantil Central. Caducada la certificación el interesado podrá solicitar su renovación con la misma denominación. A la solicitud deberá acompañar la certificación caducada.

Transcurridos los SEIS MESES de reserva de denominación sin haberse realizado la inscripción en el Registro Mercantil Provincial correspondiente, la denominación causará baja en la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central, por lo que debe solicitarse una nueva.

Abrir una cuenta bancaria a nombre de la SL.

A continuación debe ir a una entidad financiera, y abrir una cuenta bancaria a nombre de la Sociedad Limitada. En ella tiene que ingresar el capital mínimo inicial, esto es, 3.000 euros. En la propia entidad le facilitarán un certificado de dicho ingreso, para que posteriormente lo entregue en la notaría.

Redactar los estatutos sociales.

Las normas que regirán su Sociedad se denominan estatutos sociales, y van incorporados a la escritura pública de constitución que será firmada posteriormente.

Los estatutos deben redactarse por los propios socios de la empresa, pero también se puede delegar esta tarea en un asesor o en el propio notario.

Entre otros, los aspectos clave que deben recoger los estatutos son los siguientes:

– La denominación de la sociedad.

– La actividad a la que se va a dedicar la empresa.

– El capital social.

– La domiciliación social.

– El número de participaciones en la que se divide y el valor nominal de cada una

– El sistema de administración de la sociedad.

Firmar la escritura pública de constitución.

Hechos los trámites anteriores, tiene que acudir a una Notaría para la firma de la escritura pública de constitución. El precio de este trámite, normalmente es un porcentaje del capital escriturado. Para ello, hay que aportar los siguientes documentos:

  • Los estatutos sociales.
  • El DNI original de cada uno de los socios.
  • El original de la certificación negativa del Registro Mercantil Central.
  • La certificación del banco de la aportación al capital social.
  • La declaración de inversiones exteriores, si algún socio es extranjero.

Acudir a la Agencia Tributaria.

Lo siguiente que debe hacer es cumplir con unas gestiones en Hacienda:

a) Solicitar el Número de Identificación Fiscal (NIF) provisional de su SL, además de las etiquetas y tarjetas definitivas, presentando:

  • Una fotocopia de tu DNI.
  • Una fotocopia de la escritura de constitución.
  • El modelo 036 cumplimentado solicitando.

b) Pedir el alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.

Todo ello, previo al inicio de la actividad y antes de la emisión o recepción de cualquier factura o encargo a nombre de la sociedad.

c) Darse de alta en el IAE

El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) es un tributo local que grava la actividad de las empresas, los profesionales y los artistas. Hacen falta tantas altas como actividades se vayan a realizar. Para darse de alta en el IAE, hacer una modificación o causar baja, deberá presentar:

  • El NIF provisional de la sociedad
  • El modelo 840

ATENCIÓN: No tendrán que pagar este gravamen aquellos cuya cifra de negocio sea inferior a 1 millón de euros anuales. A estos sujetos solo se les exigirá que aporten el modelo 036, especificando aquellos epígrafes IAE a los que se quieran acoger.

d) Realizar la declaración censal (IVA)

En la declaración censal se refleja el comienzo en la actividad, pero también la modificación o el cese en la misma, en su caso. Deben presentarla los empresarios, profesionales, artistas y todas las personas que tengan obligaciones tributarias. A la hora de solicitarla, hay que aportar estos documentos:

  • El NIF provisional de tu SL.
  • El modelo 036.
  • El documento que recoge el alta en el IAE.

Inscribir la SL en el Registro Mercantil.

Debe inscribir su sociedad en el Registro Mercantil de la provincia donde tenga su domicilio social. Tiene un plazo de dos meses desde la firma de la escritura de constitución. Los documentos que debe entregar al Registro son los siguientes:

  • Una copia auténtica de la escritura de constitución.
  • Una copia del NIF Provisional.
  • La certificación negativa de denominación social.

Acudir a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para:

a) Dar de alta en la Seguridad Social de todos los administradores y socios de la S.L. de forma que coticen y puedan realizar sus tareas conforme a la ley. El periodo para realizar estas altas es de 30 días naturales desde que la empresa inicia su actividad

b) Pedir el número de patronal para, en su caso, proceder a la contratación de trabajadores

Recabar en el Ayuntamiento la licencia de apertura del local (en su caso)

Solicitar el NIF definitivo.

En último lugar tendrá que volver a la Agencia Tributaria, y canjear la tarjeta provisional de NIF por la definitiva.

Contabilidad.

Las obligaciones contables que ha tenido como autónomo son infinitamente menores que las que le van a corresponder como Sociedad Limitada.

Como autónomo estaba obligado a llevar tres libros-registro. El de facturas emitidas, el de facturas recibidas y el de bienes de inversión.

Como Sociedad Limitada tendrá que llevar una contabilidad ordenada, ajustada al Código de Comercio y basada en el Plan General Contable. Será de obligatoria cumplimentación el libro de inventario y cuentas anuales y el libro diario.

EL TRASPASO.

De activos.

El traspaso de los activos con los que cuenta como empresario individual se puede realizar de varias formas:

– Mediante su arrendamiento: Seguir siendo propietario de los bienes y alquilárselos a la nueva empresa.

– Previa venta a la nueva empresa, pero con la obligación de pagar los impuestos generados por esta operación: IAJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) y ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) e IVA (Impuesto sobre el valor añadido)

– Por medio de una aportación no dineraria: La más habitual y recomendada por los especialistas. Transmitir sus activos a la sociedad mediante aportaciones no dinerarias. Es decir, en lugar de aportar dinero en efectivo, entregue los activos que usted tenía afectos a la actividad desarrollaba de forma individual.

ATENCIÓN:

– es aconsejable, aunque no obligatorio en Sociedades Limitadas, adoptar precauciones en la valoración de los activos aportados (Informe de Expertos independientes)

– Tanto la constitución como ampliación de capital están exentas del pago de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

De empleados:

El traspaso de los empleados contratados como profesionales autónomos se lleva a cabo a través de una subrogación empresarial, de esa forma se garantizan los derechos adquiridos y las obligaciones de los trabajadores. (Art. 44 ET).

La subrogación es el cambio del empleador del trabajador, es decir, el cambio del empresario o empresa que tiene contratado al trabajador. Esta situación puede ser debida a la compra o absorción de una empresa por otra, o simplemente porque la empresa decide cambiar de denominación.

De créditos, préstamos y pólizas.

Debe comunicar la situación a la entidad financiera para realizar una subrogación. Recuerde que aunque Ud. va a seguir teniendo la obligación de pago, ya no será a título personal si no bajo la forma jurídica de la Sociedad creada.

De local alquilado.

Una vez obtenido el visto bueno del arrendador, puede formalizar una subrogación del contrato o solicitar una cancelación y apertura de uno nuevo.

Si el contrato lo permite, el traspaso o cesión puede llevarse a cabo aún en contra de la voluntad del dueño del local, pero es muy habitual que en el contrato se pacte lo contrario. El titular deberá ser notificado de la cesión obligatoriamente y podrá aumentar la renta hasta un 20%.

 

 

Fuente: CISS Contable Mercantil (Ainoa Iriarte Ibargüen)

Esta sentencia facilita las devoluciones a aquellos que solo impugnaron la inexistencia del incremento del valor en la transmisión sin hacer alusión a la posible inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible de este impuesto.

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de un recurso interpuesto por un particular que pedía a un ayuntamiento la devolución del impuesto de plusvalía, al considerar que esta liquidación «es inválida y carente de eficacia por la inconstitucionalidad de las normas legales de cobertura».

Esta sentencia facilita las devoluciones a aquellos que solo impugnaron la inexistencia del incremento del valor en la transmisión sin hacer alusión a la posible inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible de este impuesto.

En este caso en particular, la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo analiza unos recursos presentados contra el Ayuntamiento de Lleida respecto a unas compraventas de viviendas y locales por valor de 6 millones de euros.

El Alto Tribunal concluye que el pago correspondiente en este caso en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza (IIVTNU) «tiene un alcance confiscatorio de la riqueza gravada».

«Por tanto, cabe declarar que resultan contrarios al principio de capacidad económica y a la prohibición de confiscatoriedad aquellos supuestos en los que, como es el caso litigioso, el importe de la cuota tributaria a abonar en concepto del IIVTNU resulte equiparable, en una proporción materialmente equivalente a la cuantía de la plusvalía realmente obtenida por el obligado tributario, que una vez deducida la cuota que correspondería por IIVTNU es una plusvalía inapreciable en proporción al valor de adquisición», señala la sentencia.

En cualquier caso, esta cuestión (la inexistencia del incremento del valor) ya ha quedado superada actualmente, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el Pleno del Tribunal Constitucional en octubre del año pasado.

Por eso, la sentencia se centra sobre el hecho de que el recurrente no había impugnado la liquidación tributaria amparándose en la posible inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible del tributo, tan solo esa inexistencia de incremento de valor.

No obstante, a los efectos de la declaración de responsabilidad subsidiaria, concluye que la liquidación tributaria por este impuesto, cuya deuda tributaria es objeto de la derivación de responsabilidad, «es inválida y carente de eficacia por la inconstitucionalidad de las normas legales de cobertura para efectuar la liquidación, y no puede servir de fundamento y presupuesto para la declaración de responsabilidad subsidiaria».

 

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

Consulta si en tu Comunidad Autónoma existen deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento, por ser familia numerosa o monoparental o por tener descendientes con discapacidad.

En el siguiente esquema se recogen las principales deducciones que puedes aplicar en la declaración del IRPF 2022, relacionadas con las siguientes situaciones:

1. Nacimiento, adopción o acogimiento.
2. Familias numerosas y monoparentales.
3. Descendientes con discapacidad.

DEDUCCIONES POR NACIMIENTO, ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO

Andalucía.

  • Nacimiento, adopción o acogimiento familiar: 200 € por cada hijo nacido, adoptado o por cada menor en régimen de acogimiento familiar simple, permanente o preadoptivo, administrativo o judicial, en el período impositivo en que se produzca el nacimiento, adopción o acogimiento. Dicha deducción será de 400 € si el contribuyente reside en un municipio con problemas de despoblación.
  • En caso de partos, adopciones o acogimientos múltiples la deducción se incrementará en 200 € por hijo en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple, siempre que no superen los 25.000 euros en tributación individual o 30.000 euros en tributación conjunta.
  • Adopción internacional: 600 € por cada hijo adoptado si no se superan los 80.000 € en declaración individual o 100.000 en conjunta.

Aragón.

  • Nacimiento o adopción. Por primer o segundo hijo: 100 € por el primer hijo y 150 por el segundo. Puede incrementarse hasta 200 y 300 euros, respectivamente, por base en declaración conjunta inferior a 35.000 euros o 23.000 euros en individual; Requisito: residencia en poblaciones inferiores a 10.000 habitantes; Por tercer o sucesivos hijos: 500 € por cada hijo, únicamente en el año en que se produzcan. Puede incrementarse hasta 600 € por base en declaración conjunta menor de 35.000 € o 21.000 en individual; Por hijos con discapacidad igual o superior al 33%: 200 €, compatible con la deducción anterior.
  • Adopción internacional: 600 € por cada hijo adoptado en el año en que se produzca.

Illes Balears.

  • No existe.

Canarias.

  • Nacimiento o adopción: 200 € por el primer o segundo hijo; 400 € por el tercero; 600 € por el cuarto y 700 € por el quinto o sucesivo. Se añaden 400 € por el primer o segundo hijo con discapacidad en grado igual o superior al 65%, y 800 € por el tercer o posterior siempre que sobrevivan los anteriores discapacitados. Aplicable con rentas no superiores a 39.000 € en individual o 52.000 € en conjunta.
  • Acogimiento: 250 € por cada menor en acogimiento familiar de urgencia, temporal o permanente, prorrateándose la cuantía de la deducción por los días reales de convivencia durante el año.
  • Gastos por enfermedad: 10% de los gastos médicos o sanitarios, por prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, salud dental, embarazo y nacimiento de hijos, accidentes e invalidez, propios y de las personas del mínimo familiar. 10% de los gastos por aparatos y complementos, incluidas gafas graduadas y lentillas. Límite anual de 500 € en tributación individual y 700 € en conjunta, incrementándose en 100 € en tributación individual si el contribuyente acredita minusvalía igual o superior al 65%.
  • Como medida excepcional motivada por la erupción volcánica, los contribuyentes con residencia habitual en la isla de La Palma podrán deducir de la cuota autonómica un 35% de los gastos por enfermedad mencionados.

Cantabria.

  • Nacimiento o adopción: 100 € por cada hijo nacido o adoptado en el año correspondiente, siempre que la base liquidable, menos el mínimo personal y familiar, no supere los 31.485 €.
  • Acogimiento: 240 € o el resultado de multiplicar 240 € por el número máximo de menores acogidos simultáneamente en el año, con un límite de 1.200 €. Requisitos: menores seleccionados por entidad pública de protección de menores, no sean parientes del contribuyente y no sean adoptados durante el año.
  • Gastos sanitarios: 10% de los gastos por embarazo y nacimiento de hijos, por enfermedad, salud dental, accidentes e invalidez. Límite anual de 500 € en tributación individual y 700 € en conjunta; incrementándose en 100 € en tributación individual si el contribuyente acredita minusvalía igual o superior al 65% y la base imponible es inferior a 22.946 €. En caso de tributación conjunta el incremento es de 100 € por cada contribuyente con dicha discapacidad siempre que la base imponible sea inferior a 31.485 €.

Castilla-La Mancha.

  • Nacimiento o adopción: 100 € por partos o adopciones de un hijo; 500 € por dos hijos; y 900 € por tres o más hijos. Requisito: que el contribuyente genere derecho al mínimo por descendientes.
  • Acogimiento: 500 € por el primer menor en acogimiento familiar no remunerado y 600 € por el segundo o sucesivo. Requisitos: base imponible no superior a 12.500 € en tributación individual y 25.000 € en conjunta y no se perciban ayudas públicas vinculadas al acogimiento.

Castilla y León.

  • Nacimiento o adopción: 1.010 € por el primer hijo; 1.475 € por el segundo hijo; y 2.351 € por el tercero o sucesivos. El doble si el hijo tiene una minusvalía igual o superior al 33%. Incremento del 35% para los residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes. Aplicable a bases imponibles restado el mínimo familiar y personal que no superen 18.900 € en tributación individual o 31.500 € en conjunta.
  • Partos múltiples o adopciones simultáneas: Además de la anterior, la mitad del importe obtenido en aquella, si son dos hijos o bien, o una cuantía equivalente si son tres o más hijos. Además, 901 € durante los dos años siguientes al nacimiento o adopción. Límite: base imponible menos mínimo familiar y personal, 18.900 € en tributación individual y 31.500 € en conjunta.
  • Gastos por adopción: 784 € por cada adopción realizada en el año. 3.625 € en caso de adopción internacional. Compatible con las dos deducciones anteriores.

Cataluña.

  • Nacimiento o adopción: 300 € por hijo en declaración conjunta o en la declaración del progenitor de una familia monoparental; 150 € en individual.

Extremadura.

  • Partos múltiples: 300 € por hijo si la base imponible no supera 19.000 € en tributación individual o 24.000 € en conjunta (28.000 o 45.000 €, respectivamente, para contribuyentes con residencia habitual en municipios con población inferior a 3.000 habitantes).
  • Acogimiento: 250 € por cada menor en acogimiento familiar temporal, permanente o de urgencia, si se convive con el menor 183 días o más en el año; o 125 € si la duración es menos de 183 días y más de 90 días.

Galicia.

  • Nacimiento y adopción: 300 € por cada hijo o 360 € por parto múltiple, si la base imponible menos mínimo personal y familiar es igual o mayor de 22.000,1 €. Si es igual o menor de 22.000 €, 360 € por cada hijo; 1.200 € por el segundo y 2.400 € por tercero o siguientes. Se incrementa un 20% para residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes. La deducción se extiende a los dos años siguientes con 300 € para base entre 22.000,01 € y 31.000 €, y 360 € para bases menores o iguales a 22.000 €; 1.200 € por el segundo y 2.400 € por el tercero o siguientes Las cuantías se duplican por discapacidad del hijo igual o superior al 33%.
  • Acogimiento: 300 € por cada menor en acogimiento familiar simple, permanente, provisional o preadoptivo, administrativo o judicial, si convive 183 días o más durante el año y no hay parentesco. Si se convive más de 90 y menos de 183 días, 150 €.

Madrid.

  • Nacimiento o adopción: 600 € por cada hijo, el año que se produzca y en los dos siguientes. Por partos o adopciones múltiples, se incrementa, el primer año, en 600 € por hijo. Requisitos: base imponible no superior a 30.000 € en tributación individual o 36.200 € en conjunta; no se aplica si la suma de las bases imponibles de toda la unidad familiar supera 60.000 €.
  • Adopción internacional: 600 € por cada hijo adoptado en el año, compatible con la deducción anterior.
  • Acogimiento: 600 € por el primer menor; 750 € por el segundo; y 900 € por tercero o sucesivos. Requisitos: que permanezcan en acogimiento más de 183 días y no hayan sido adoptados el mismo año; la suma de bases imponibles no supere 25.620 € en tributación individual o 36.200 en conjunta.
  • Familias con dos o más descendientes: 10% del importe resultante de minorar la cuota íntegra autonómica en el resto de las deducciones aplicables y la parte de deducciones estatales que se apliquen sobre dicha cuota autonómica. Requisito: la suma de las bases imponibles no supere 24.000 € tanto individual como conjuntamente.

Murcia.

  • Nacimiento o adopción: 100 € por el primer hijo; 200 € por el segundo; y 300 € por el tercero o sucesivos. Requisito: la suma de bases imponibles no supere 30.000 € en declaración individual o 50.000 en conjunta.

Valencia.

  • Nacimiento o adopción: 270 € por cada hijo. Aplicable en los dos años posteriores si la suma de la base liquidable general y del ahorro no supera 25.000 € en tributación individual o 40.000 € en conjunta.
  • Nacimiento o adopción múltiples: 224 €, si cumplen los requisitos para aplicar el mínimo por descendientes estatal y la suma de bases imponibles no supera 25.000 € en tributación individual o 40.000 € en conjunta.
  • Nacimiento o adopción de hijo discapacitado: 224 € si es el único hijo con discapacidad; 275 € si tiene un hermano discapacitado físico o sensorial. Requisito: discapacidad física o sensorial al menos del 65% o psíquica al menos del 33%; suma de bases imponibles inferior a 25.000 € en tributación individual o 40.000 € en conjunta.
  • Acogimiento: 270 € para todo el periodo impositivo, prorrateándose, en caso contrario, los días que dure el acogimiento. Requisito: suma de la base liquidable general y del ahorro no supere 25.000 € en tributación individual o 40.000 € en conjunta.
  • Conciliación del trabajo con la vida familiar: 418 € por cada hijo o menor en acogimiento permanente mayor de 3 y menor de 5 años. Se aplica a la madre o acogedora. Requisitos: los niños generen derecho al mínimo por descendientes; la madre o acogedora esté de alta en la SS o mutualidad y la suma de bases imponibles no supere 25.000 € en tributación individual o 40.000 € en conjunta.
  • Contribuyentes con dos o más descendientes: 10% del importe de la cuota íntegra autonómica una vez deducidas de la misma las minoraciones para determinar la cuota líquida autonómica, excluida la presente deducción. Requisito: la suma de las bases imponibles de los contribuyentes, descendientes que dan derecho al mínimo y la de todos los miembros de la unidad familiar, no supere 24.000 €

NOTAS: Las 3 primeras deducciones son compatibles entre sí y con la deducción por familia numerosa. / En las 5 primeras deducciones anteriores, existen límites y coeficientes de aplicación para otros niveles de base imponible.

DEDUCCIONES POR FAMILIAS NUMEROSAS O MONOPARENTALES

Andalucía.

  • Familia monoparental: 100 € por hijos menores de edad excepto si viven independientes de los padres con su consentimiento. También por hijos mayores de edad con discapacidad a quienes, por resolución judicial, asista un curador. Se incrementa en 100 euros por cada ascendiente mayor de 75 años que conviva con la familia monoparental.
  • Familia numerosa: 200 € las de categoría general y 400 € las de categoría especial. Requisito: base imponible no supere los 25.000 € en tributación individual y 30.000 en conjunta.

Aragón.

  • No existe.

Asturias.

  • Familia numerosa: 505 € las de categoría general y 1.010 € de categoría especial. Requisito: base imponible no supere 25.009 € en tributación individual y 35.240 € en conjunta.
  • Familia monoparental: 303 € sobre la cuota autonómica por descendientes a cargo y no se conviva con otra persona ajena a los descendientes, salvo ascendientes por los que se aplique el mínimo por ascendientes.

Illes Balears.

  • No existe.

Canarias.

  • Familia monoparental: 100 € si no se convive con otra persona distinta de los descendientes, salvo ascendientes por los que se aplique el mínimo por ascendientes. Requisitos: renta no supere 39.000 € en tributación individual o 52.000 € en conjunta.
  • Familia numerosa: 450 € las de categoría general y 600 € de categoría especial. Si algún cónyuge o descendiente tiene una discapacidad igual o superior al 65%, serán 1.000 € y 1.100 € respectivamente.

Cantabria.

  • Familia monoparental: 200 € anuales si la base liquidable, menos el mínimo personal y familiar, es inferior a 31.485 €.

Castilla-La Mancha.

  • Familia numerosa: 200 € las de categoría general y 400 € de categoría especial. Si algún cónyuge o descendiente tiene una discapacidad igual o superior al 65%, serán 300 y 900 € respectivamente.
  • Familia monoparental: 200 euros por hijos menores de edad excepto si viven independientes de los padres con su consentimiento o hijos mayores de edad que tengan establecida alguna de las medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.

Castilla y León.

  • Familia numerosa: 500 € con carácter general. Si algún cónyuge o descendiente tiene una discapacidad igual o superior al 65%, será de 1.000 €. Se incrementa en 820 € por cada descendiente, a partir del cuarto inclusive, al que se aplique el mínimo por descendiente.

Cataluña.

  • No existe.

Extremadura.

  • No existe.

Galicia.

  • Familia numerosa: 250 € las de categoría general y 400 € de categoría especial. Si algún cónyuge o descendiente tiene una discapacidad igual o superior al 65%, serán 500 € y 800 € respectivamente.

Madrid.

  • No existe.

Murcia.

  • No existe.

La Rioja.

  • No existe.

Valencia.

  • Familia numerosa y monoparental: 300 € las de categoría general y 600 € de categoría especial. Requisitos: base imponible total inferior a 25.000 € en tributación individual o 40.000 € en conjunta para categoría general, e inferiores a 30.000 € o 50.000 €, respectivamente, para especial. Existen límites y coeficientes de aplicación para otros niveles de base imponible. Compatible con la deducción por nacimiento, adopción o acogimiento familiar, por nacimiento o adopción múltiple o por nacimiento o adopción de hijo discapacitado.

DEDUCCIONES POR ASISTENCIA O CUIDADO DE DESCENDIENTES CON DISCAPACIDAD

Andalucía.

  • 100 € por descendientes con discapacidad. Requisitos: suma de bases imponibles no supere 80.000 € en tributación individual o 100.000 en conjunta. Asimismo, el 20% del importe satisfecho a la SS en las cuotas a empleados de hogar, con límite de 500 € anuales. Aplicable también a ascendientes.

Aragón.

  • 150 € por descendientes con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, cuando convivan con el contribuyente, al menos la mitad del período impositivo. Requisitos: la persona dependiente no puede tener rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 € y la suma de las bases imponibles, menos el mínimo por contribuyente y descendientes, no supere los 35.000 € en tributación conjunta o 21.000 en individual.

Asturias.

  • No existe.

Illes Balears.

  • Minusvalía física o sensorial: 80 €, grado igual o superior al 33% e inferior al 65% y 150 €, grado igual o superior a 65%; Minusvalía psíquica: 150 €, grado igual o superior al 33%. Se aplica también por discapacidad de los propios declarantes. Requisito: la suma de bases imponibles no supere 13.750 € en tributación individual y 27.500 € en conjunta.

Canarias.

  • 500 € por descendiente con un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Requisitos: suma de bases imponibles no supere 39.000 € en tributación individual o 52.000 en conjunta. Aplicable también a ascendientes.
  • Los contribuyentes con residencia habitual en la isla de La Palma, podrán practicar una deducción en la cuota íntegra autonómica equivalente al resultado de aplicar el tipo de gravamen del primer tramo de la escala autonómica, sobre una base constituida por el 10% de la cuantía correspondiente al mínimo por discapacidad del descendiente, siempre que hayan sido desalojados de forma definitiva de los inmuebles donde residían o los inmuebles donde se ubicaban sus lugares de trabajo hayan sido destruidos como consecuencia de la erupción volcánica. Aplicable también a discapacidad de ascendientes o del propio contribuyente.

Cantabria.

  • 100 € por cada descendiente menor de 3 años, por cada ascendiente mayor de 70 y por cada ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano con discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 65%, si conviven más de 183 días del año (salvo los menores de 3) y no tengan rentas brutas anuales superiores a 6.000 € o del 1,5 del IPREM en caso de discapacidad.

Castilla-La Mancha.

  • 300 € por cada descendiente con un grado de minusvalía igual o superior al 65% y que genere derecho a mínimo por discapacidad. Aplicable a ascendientes.

Castilla y León.

  • No existe.

Cataluña.

  • No existe.

Extremadura.

  • 150 € por cada descendiente con discapacidad igual o superior al 65%. Requisitos: convivencia ininterrumpida durante al menos la mitad del año y la base imponible no supere 19.000 € en tributación individual o 24.000 € en conjunta (28.000 o 45.000 €, respectivamente, para contribuyentes con residencia habitual en municipios con población inferior a 3.000 habitantes). La deducción será de 220 € para descendientes o ascendientes con reconocimiento de ayuda a la dependencia.

Galicia.

No existe.

Madrid.

No existe.

Murcia.

No existe.

La Rioja.

No existe.

Valencia.

No existe.

 

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

Que la Agencia Tributaria conoce la mayoría de los ingresos y gastos que tienen los autónomos incluso antes de que declaren el IVA, IRPF o Sociedades, no es un secreto para nadie, sobre todo desde la reciente aprobación del sistema de cotización por ingresos reales.

Los datos fiscales del trabajador por cuenta propia son su seña de identidad, como el DNI de cualquier persona. El autónomo los necesita para poder trabajar, facturar y, sobre todo cobrar. Pero ¿cuáles son? ¿Para qué sirven? ¿Dónde puedo consultar o modificar esta información?

La tecnología se ha convertido en una herramienta imprescindible para Hacienda. La introducción de herramientas como el Big Data le han servido no solo para poder comprobar la legalidad de las facturas registradas por los trabajadores autónomos sino también para realizar una radiografía detallada de su situación fiscal.

Autónomo. Persona física.

La Agencia Tributaria dispone de mucha información, además de cualquier cambio en su situación personal, que pueda afectar al pago de impuestos (datos de los que indefectiblemente somos nosotros mismos los suministradores), los cruces de información que facilitan las nuevas tecnologías le afianzan aún más en su papel de “Gran hermano”, como ya lo concebía George Orwell hace casi 40 años “ojo todopoderoso y omnipresente que vigila sin descanso”.

Casi nada es secreto para el Fisco, desde los préstamos solicitados y los apuntes de ingresos de sus cuentas bancarias, hasta los rendimientos de trabajo, los ingresos por actividades económicas diferenciados por pagador, las prestaciones o ayudas que hayan cobrado, las rentas de cualquier tipo, las inversiones realizadas, los pagos con tarjeta e incluso los abonados en efectivo de más de 1000 euros.

Fuentes

La principal fuente de información sobre los autónomos son las declaraciones de sus propio clientes sobre las retenciones practicadas en las facturas por operaciones realizadas durante el ejercicio anterior. Respecto a los asalariados, más fácil todavía, los buscan en modelos informativos presentados por terceros obligados. Por ejemplo, «los empleadores en rendimientos de trabajo (modelo 190), o de las Entidades Financieras en rendimientos de capital mobiliario o transmisión de activos financieros»

Pero, la labor inspectora de Hacienda va mucho más allá. Además de en sus propias declaraciones, la Agencia Tributaria recurre a todos los registros públicos, las notarías, el SEPE, el catastro, la Seguridad Social, la información sobre procedimientos judiciales, los datos bancarios, las líneas de crédito, los ingresos y retiradas e incluso a la DGT o a las comunidades autónomas, que aportan datos de familias numerosas o deducciones autonómicas.

Consulta on line

Para visualizar sus datos fiscales, acceda a la página de la Agencia Tributaria, localice el apartado «Gestiones destacadas» y pulse el enlace «Datos fiscales».

En la siguiente ventana indique su DNI / NIE para entrar con Cl@ve PIN o con número de referencia. O bien, puede identificarse con certificado o DNI electrónico.

Si ingresa con certificado/DNI electrónico, la casilla NIF – NIE aparecerá cumplimentada con los datos del titular del certificado o DNIe. Pulse «Acceder».

Si opta por identificarse con Cl@ve PIN o número de referencia, tras indicar el DNI / NIE deberá informar también el dato de contraste requerido en función de su número de documento: fecha de validez para DNI, fecha de expedición para DNI permanente o nº de soporte en caso de NIE. A continuación, pulsa «Continuar».

Tras identificarse con cualquiera de los sistemas habilitados, si es la primera vez que accede a los Servicios de Renta, se mostrará una ventana para que ratifique o modifique, si fuese necesario, los datos de su domicilio habitual.

Una vez ratificado el domicilio, se mostrarán los datos fiscales que le constan a la Agencia Tributaria en ese momento.

Si necesitas consultar los datos fiscales de un ejercicio anterior, puede entrar desde el apartado «Ejercicios anteriores» y seleccionar el ejercicio que corresponda.

Autónomo Societario.

La información sobre datos fiscales no sólo alcanza a las personas físicas. La Agencia Tributaria también ha desarrollado una opción de consulta para que los autónomos al frente de sociedades puedan acceder a la información que Hacienda tiene sobre su negocio.

Datos

Los datos disponibles en la Agencia Tributaria son los procedentes de:

  • Declaraciones informativas u otras fuentes de información derivadas de terceros.
  • Autoliquidaciones y declaraciones informativas del propio contribuyente.
  • Declarados en el modelo 200 correspondientes a importes pendientes de aplicar en ejercicios futuros.
  • Sanciones y recargos emitidos y notificados por la AEAT, intereses de demora abonados por la AEAT y por otras Administraciones.
  • Epígrafes del IAE en los que consta dado de alta el contribuyente, incluyendo el Código Nacional de Actividad Económica (CNAE) equivalente.

Cotización por ingresos reales.

Tenga en cuenta que, a partir del 1 de enero de 2023, con la aprobación del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, Hacienda controlará las cifras de ingresos y deducciones de los trabajadores por cuenta propia para fijar las bases y tipos de cotización.

Esto implica un nuevo reconocimiento legal del papel fiscalizador de la Agencia Tributaria a la hora de determinar sus ingresos reales.

El sistema que tendrán que aplicarse a los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en España, cuenta con un periodo de transición de nueve años hasta que en 2032 sea ya definitivo y tiene 15 tramos de rendimientos netos y bases de cotización que van desde una cuota mínima de 230 hasta los 500 euros.

La regularización correspondiente a cada ejercicio económico se llevará a cabo a ejercicio vencido y se realizará en función de los datos comunicados tanto por la Agencia Tributaria, como por las Administraciones forales.

Igualmente, el papel del fisco será crucial a la hora de conocer y aplicar las diferentes deducciones a las que el trabajador autónomo tiene derecho a la hora de fijar sus ingresos netos sobre los cuales se aplicará la cotización en tablas.

Fuente: CISS Contable Mercantil (Ainoa Iriarte Ibargüen)

CONSEJO PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

Mecanismos para mejorar las posibilidades de rectificación de errores por parte de los sujetos pasivos sin sufrir la imposición de sanciones. Se propone una reforma de la LGT basada en medidas que ya existen en la legislación francesa: exención de la deuda y reducción del interés de demora.

I.- Presentación.

El 19 de mayo de 2022 se celebró la tercera sesión del Foro de debate técnico IEF/CDC, dedicada, en este caso, al derecho al error, reconocido en la normativa francesa. La finalidad perseguida consistía en examinar las posibilidades que existen de incorporar tal derecho o, al menos, algunos de sus aspectos, al ordenamiento tributario de nuestro país.

Partiendo del debate suscitado en el citado Foro, el Pleno del Consejo para la Defensa del Contribuyente (en adelante, CDC) tiene a bien formular una propuesta dirigida a mejorar las posibilidades de rectificación de errores por parte de los sujetos pasivos sin sufrir la imposición de sanciones. Todo ello como parte de una estrategia tendente a incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.

En las páginas que siguen a continuación vamos a exponer, en primer lugar, la regulación francesa sobre este denominado derecho al error. A continuación, vamos a examinar, en términos abstractos, cómo debería configurarse tal derecho en nuestro ordenamiento jurídico, en caso de que se decidiera su incorporación. En tercer lugar, parece razonable analizar cuáles son las medidas de incentivo al cumplimiento voluntario y de regularización que ya existen en nuestro Derecho, al objeto de delimitar el margen de maniobra existente. Finalmente, partiendo de este doble análisis, formularemos una propuesta concreta de mejora.

II.- Posibilidades de incorporar el derecho al error al ordenamiento tributario español.

1.- El derecho al error en la normativa francesa.

El parlamento francés aprobó la Ley núm. 2018-727, de 10 de agosto de 2018, sobre «Un Estado al servicio de una sociedad de confianza» (Loi pour un État au service d’une société de confiance, https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/8/10/CPAX1730519L/jo/texte).

Dicha norma, según Gérald Darmanin, Ministro en ese momento de Acción y Cuentas Públicas y que defendió el entonces proyecto, parte de dos pilares fundamentales. De un lado, la introducción de un derecho a cometer errores para todos, con el objetivo de transitar hacia una Administración de consejo y servicio. De otro, la simplificación, en profundidad, de los procedimientos, corrigiendo el celo regulador que, como cualquier exceso, es dañino, impulsando, a su vez, mecanismos de control de la actuación administrativa.

Resulta muy relevante que no se trata de un marco conceptual restringido a la materia tributaria, incorporándolo en uno general de actuación y servicio público. Varios aspectos destacan del mismo en nuestro ámbito. De un lado, la incorporación del derecho a la fijación definitiva de la posición administrativa, como integrante del modelo de cumplimiento cooperativo. De otro, la utilización, sin complejos, de algo ajeno a la práctica normativa habitual española: la introducción de medidas con carácter experimental, sujetas a evaluación de resultados y control posterior.

La idea que sustenta el «derecho al error» (droit à l’erreur), el emblema de la norma y, como veremos más adelante, más un eslogan propagandístico que una realidad, es que obedece a un principio de sentido común. En definitiva, la posibilidad de que cada francés se equivoque en su actuar ante la Administración, en particular, cuando presente sus declaraciones tributarias, sin arriesgarse a una sanción desde la primera violación. Por tanto, debe poder rectificar, espontáneamente o durante un control, cuando su error se ha llevado a cabo de buena fe, es decir, cuando no haya ignorado, «deliberadamente una regla aplicable a su situación» (art. 123-2 del Code des Relations entre le public et l’Administration). Para ello, se revierte la carga de la prueba, correspondiendo a la Administración demostrar su mala fe. Ahora bien, no resulta aplicable a reincidentes o defraudadores, ni como un derecho a incumplir obligaciones tributarias de forma tardía.

En este sentido, la Ley supone, en primer lugar, la asunción de la dificultad de aplicar el sistema tributario, susceptible de conducir a incumplimientos involuntarios de los ciudadanos. Ello lo pone de manifiesto la propia exposición de motivos al vincular sus previsiones con «la complejidad de las normas y de los procedimientos».

La generalización del régimen de autoliquidaciones (como expresión del traspaso de la responsabilidad de aplicación de los tributos de la Administración a los contribuyentes), está siendo acompañada de un refuerzo de los instrumentos de información y asistencia. Ahora bien, este traspaso ha de impactar también en el régimen sancionador, lo que se reconoce con el derecho que comentamos, sin que le afecte la existencia de tales instrumentos.

En segundo lugar, una muestra de subjetivación del sistema tributario, al configurarse el «derecho al error» como uno más de los reconocidos a los contribuyentes. Para ello se integra en la propia delimitación de la potestad sancionadora, creando una «obligación de regularización», so pena de recibir una sanción.

Ello nos fuerza a denominarlo de otro modo, pues no se reconoce un verdadero «derecho al error», sino a corregirlo, aplicable una vez para el mismo error, ya sea de forma espontánea o a través de un requerimiento administrativo y dentro del plazo que se le haya indicado, incluso cuando se esté siendo objeto de una comprobación o investigación tributaria. De hecho, el nuevo capítulo III del Título II del Código de las relaciones entre el público y la Administración francesa pasa a denominarse «derecho a la regularización en caso de error», y no «derecho al error» como, en general, se nos ha transmitido, de aquí la calificación realizada de slogan propagandístico.

Este último únicamente opera cuando se haya desobedecido una norma o cometido un error material en la declaración responsable por vez primera, nunca en caso de mala fe o fraude. Tampoco, entre otros, en los procedimientos sancionadores por vulneración del derecho de la Unión Europea.

Por tanto, implica un profundo cambio en la relación que vincula a la Administración francesa y los ciudadanos, tanto en las prácticas a seguir como de filosofía, en torno a un valor clave: la confianza. Es preciso que aquella asesore antes de sancionar; apoye y libere, en lugar de prevenir, y simplifique, en lugar de complicar. En definitiva, apostar por la relación cooperativa. A su vez, su configuración técnica permite algo a lo que nuestro sistema permanece impermeable: una relativa distinción de los contribuyentes en función de su «historial» tributario, salvo los supuestos de reincidencia donde la sanción se incrementa, pero no en sentido contrario.

Por último, la norma incorpora reducciones en los intereses de demora exigidos en Francia. Se trata, en dicho país, de una prestación híbrida que conjuga nuestra prestación accesoria con los recargos por declaración extemporánea.

2.- Presupuestos para la regulación del derecho al error en el ordenamiento español.

Una regulación similar a la descrita podría incorporarse al ordenamiento español, teniendo en cuenta, para evitar confusiones, que no se trata tanto de una auténtica rectificación de errores, como de un mecanismo dirigido a facilitar la regularización voluntaria, excluyendo o mitigando las consecuencias del incumplimiento. No obstante, nos seguiremos refiriendo al derecho a rectificar errores, dado el éxito de la expresión y siempre que se entienda en su sentido usual o coloquial.

Esta idea se refleja en el Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria. Comité de personas expertas, donde se afirma que es «indispensable mejorar la relación de la Administración tributaria con los contribuyentes, evitando trasladar la impresión de culpabilidad y persecución a aquéllos que suelen cumplir sus obligaciones correctamente y que, en alguna ocasión, se retrasaron o se equivocaron en sus relaciones con la Administración. En este contexto, algunos países han adoptado un modelo que permite aliviar la represión sobre determinados incumplimientos o errores. En este sentido, el Comité recomienda que se estudie la posibilidad de aligerar las sanciones en supuestos de fallos o incumplimientos menores, en línea con lo que se hace en otros países como Francia o Singapur».

Debe señalarse, además, que éste es un aspecto sobre el que el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT ya venía trabajando en el ámbito del control extensivo. Y ello porque dicho tipo de control se proyecta sobre millones de contribuyentes –hay 22 millones de declaraciones de IRPF- y es, por ello, donde se verifican los más numerosos casos de pequeños incumplimientos.

Ahora bien, la incorporación de un derecho a rectificar los errores exige que, con carácter previo, definamos sus presupuestos. En primer lugar, debe decidirse, de la forma más nítida posible, qué tipo de errores pueden tener encaje en el mismo. Esto es, debe valorarse si, a estos efectos, es indiferente la buena o mala fe del contribuyente o si su conducta es dolosa o meramente negligente. Como hemos dicho, no se trata, en puridad, de rectificar un error, sino de regularizar un incumplimiento, por lo que debe tomarse esta decisión, relativa al ánimo subjetivo.

En segundo lugar y en relación con lo anterior, los límites de los errores que pueden encajar dentro del hipotético derecho deben perfilarse con la mayor claridad posible. La definición previa de los límites es muy importante para configurar el ámbito del derecho al error sin litigiosidad añadida. Es necesario dejar claros los límites, con homogeneidad y reduciendo al mínimo la posibilidad de discusiones en torno a los mismos.

En tercer lugar, más allá de los límites objetivos, también es necesario precisar los ámbitos cuantitativo y temporal del derecho al error. Esto es, también debe decidirse la cuestión relativa a, dentro de los límites que hayamos definido, cuántos errores son admisibles. Y no sólo eso, sino cuántos errores durante qué plazo de tiempo. Dicho en términos más precisos, se debe delimitar el número de errores que se admiten y cuándo se cancelan los «antecedentes» generados por aquéllos. A partir del transcurso de dicho plazo, habría que cancelar los antecedentes y comenzar a contar el número de errores que se hayan definido.

En cuarto lugar y como clara línea roja, la admisión de un derecho al error nunca puede suponer una reducción de la cuota tributaria, únicamente puede afectar a recargos, intereses y sanciones.

En quinto lugar, también parece que hay que ser exigentes en la rectificación del error, en el sentido de exigir una regularización completa, en la línea de la exención de recargos que prevé la nueva regulación del art. 27 de la LGT.

En sexto lugar, desde un punto de vista subjetivo, también puede plantearse si el derecho al error no sólo se reconoce a los contribuyentes sino también, de modo añadido, a los asesores o intermediarios fiscales, teniendo en cuenta que presentan un elevado número de declaraciones, facilitando la gestión del sistema y, por ello mismo, son especialmente vulnerables a la comisión de meros errores involuntarios. En caso afirmativo, debe decidirse si tal derecho se condiciona o no a la suscripción del Código de Buenas Prácticas Tributarias de profesionales.

Finalmente, también es preciso definir cuál es el instrumento normativo necesario para la incorporación del derecho al error, esto es, si se precisa, en todo caso, una reforma de la LGT o, por el contrario, bastaría con una labor interpretativa de aquélla realizada a través de instrucciones.

3.- Medidas existentes en nuestro ordenamiento dirigidas a facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario.

Una vez establecidas las premisas de la configuración del pretendido derecho, merece la pena realizar un repaso de lo que ya tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, a fin de determinar el margen de maniobra existente.

En primer lugar, es necesario poner en valor los sistemas de información en funcionamiento desde hace años, tanto en la AEAT como en la DGT y el TEAC. Más que rectificar errores, el objetivo primordial debe ser el de intentar que éstos no se cometan, a cuyo servicio se encuentran los referidos servicios de información.

En segundo lugar y en la misma línea preventiva, existen sistemas de ayuda en la confección de declaraciones que cada vez funcionan de manera más efectiva, con un sistema muy robusto de avisos para evitar fallos. Asimismo, habría que hacer mención a los programas de preguntas y respuestas frecuentes que se han implantado respecto a determinadas obligaciones formales, como el SII.

En tercer lugar, puede constatarse la ausencia de medidas de atenuación en el devengo de los intereses de demora. Siendo ello cierto, no lo es menos que tampoco existe limitación alguna cuando el contribuyente se equivoca en su perjuicio. Esto es, el interés de demora tributario está configurado de manera objetiva, por lo que su subjetivización, en caso de considerarse necesaria, se produciría en la doble dirección.

En cuarto lugar, debemos resaltar la exención de recargos introducida en el art. 27 de la LGT, por obra de la Ley 11/2021. Los requisitos introducidos para que opere tal exención están en línea con las premisas que hemos expuesto anteriormente y con lo regulado en el ordenamiento francés.

En quinto lugar, la necesidad de acreditar y motivar la culpabilidad ya se encuentra claramente plasmada en la actual LGT desde 2003.

En sexto lugar, también debe reconocerse la existencia de una exención completa de responsabilidad por la comisión de ilícitos por regularización voluntaria, tanto en el ámbito administrativo como en el penal.

Finalmente, existe un sistema muy generoso de reducción de las sanciones, recientemente mejorado, en particular, mediante la elevación al 40 por ciento, de la aplicable por pronto pago.

4.- Propuesta de incorporación de un derecho a rectificar errores en España.

Sabiendo cuáles son las premisas en la configuración de un hipotético derecho al error, así como la realidad de nuestro ordenamiento, la formulación de cualquier propuesta exige analizar aquellos aspectos del Derecho francés que aportarían alguna novedad. Este último pone una línea roja en la existencia de mala fe o dolo, pero, en sentido contrario a lo que sucede en España, permite una regularización del error tras requerimiento de la Administración. Esta es la gran diferencia entre ambas regulaciones, admitir la buena fe del contribuyente, aunque haya sido requerido.

En Francia también existe una medida general, como es el derecho a solicitar una comprobación para que se emita criterio, que va en la misma línea preventiva que desarrolla la Administración tributaria.

Adicionalmente, existen dos medidas específicamente tributarias, que no están presentes en el ordenamiento español. De un lado, exención de la totalidad de la deuda en varios casos. De otro lado, la reducción del interés de demora, siempre que no haya dolo.

Partiendo de todo lo anterior, los posibles campos de actuación en España son los siguientes:

4.1.- Puede plantearse la posibilidad de excepcionar o reducir los intereses de demora en determinados casos.

Esta exención en los intereses de demora debería estar claramente definida con base a la ausencia de dolo. Ahora bien, ello implica introducir una mora subjetiva, que aproximaría el interés tributario al civil y, probablemente, implicaría un replanteamiento completo de la prestación.

4.2.- Cabe pensar en admitir rectificaciones de errores no dolosos tras requerimiento de la Administración.

No parece que el hecho de que exista una actuación previa de la Administración convierta en más grave el ilícito cometido, sobre todo si estamos hablando de meras negligencias. Por tanto, podría admitirse este tipo de regularizaciones tras el requerimiento administrativo, lo que supondría el cambio más estructural de todos los propuestos. Pero, insistimos, sería un presupuesto inexcusable que los errores no fueran dolosos o de mala fe, sino causados por simples negligencias.

4.3.- Debe objetivarse al máximo posible la regulación del derecho a rectificar el error.

No puede introducirse una medida como la descrita, dirigida a conseguir una aplicación más pacífica del sistema tributario, generando nueva litigiosidad. Ya hemos realizado una primera delimitación, como es la restricción del derecho a aquellos casos de errores no dolosos. Pero deben definirse también cuántos errores se admiten, por impuesto y en cuánto tiempo.

4.4.- Pueden realizarse avances en el sentido de tomar en consideración el historial del contribuyente a la hora de valorar su responsabilidad.

En la actualidad, el comportamiento pasado del contribuyente sólo se toma en consideración como posible agravante por reincidencia, pero cabe realizar avances en la línea de valorar la buena conducta general del obligado como circunstancia atenuante de la responsabilidad. Ello nos conduciría, en última instancia, a categorizara a los contribuyentes en función de dicho historial.

4.5.- Deben intensificarse las actuaciones preventivas que permiten y facilitan la regularización voluntaria.

Nos referimos a medidas como las cartas aviso y las visitas preventivas, que no implican un requerimiento previo y facilitan que el contribuyente sea consciente de sus errores y los rectifique.

4.6.- Desde un punto de vista subjetivo, pueden realizarse avances en la función preventiva, a través de los Códigos de Buenas Prácticas Tributarias.

En el ámbito de las grandes empresas así está sucediendo ya a través del instrumento que define el modelo español de cumplimiento cooperativo, como es el Informe de Transparencia, cuando éste se encuentra correctamente elaborado y brinda toda la información precisa.

Dicho instrumento no se puede utilizar para pequeños contribuyentes, que carecen de capacidad para su elaboración. No obstante, en los Códigos de Buenas Prácticas de autónomos y pymes, ya muy avanzados, se afirma –en su exposición de motivos- que su suscripción será tenida en cuenta a efectos sancionadores, sin que supongan, claro está, un blindaje. Este tipo de cláusulas podrían incorporarse a los Códigos de profesionales.

4.7.- Finalmente y en cuanto al vehículo normativo, parece inevitable que la incorporación del derecho a rectificar el error se realice a través de una reforma de la LGT.

La definición e introducción de un derecho a rectificar errores exige, por seguridad para todas las partes de la relación, su regulación mediante norma con rango de Ley. Ello no es óbice para que algunos aspectos secundarios puedan preverse en disposiciones interpretativas o instrucciones de los departamentos de la Administración tributaria.

Fuente: CISS Fiscal

Esta doctrina permitirá a miles de pequeñas y medianas empresas, deducir en su Impuesto sobre Sociedades, las retribuciones abonadas a sus socios trabajadores.

En dos sentencias dictadas en este mes de julio, el Tribunal Supremo admite que las empresas puedan deducir como gasto, en su Impuesto sobre Sociedades, las retribuciones abonadas a un socio mayoritario que no sea administrador. Sentencias del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2022 (rca. 6278/2020) y de 11 de julio de 2022 (rca. 7626/2020).

Frente a la tesis de la Administración, que entendía que esas cantidades no eran deducibles, por no ser obligatorias (las calificaba de liberalidad), el Tribunal Supremo considera que la retribución del socio trabajador es deducible como gasto, cuando se acredite la correspondiente inscripción contable, se impute con arreglo a devengo y revista justificación documental.

Las sentencias, de las que ha sido ponente el magistrado Dimitry Berberoff, destacan que lo importante es la realidad de la prestación del servicio, su efectiva retribución y su correlación con la actividad empresarial.

La posición de la Administración se basaba en una confusión de personalidades y de propiedades al apuntar que el socio era el “dueño” o “propietario” de la empresa, obviando que existen dos personalidades jurídicas diferenciadas, la de la sociedad y la de sus socios. Para el Alto Tribunal, “desdibujar una premisa -con la finalidad de preservar la integridad del gravamen-, sobre la que, desde hace siglos, ha venido erigiéndose buena parte del Derecho actual, reclama una sólida justificación” que, en este caso, no se produjo.

Para estas sentencias, “la preocupación de evitar o amparar situaciones fraudulentas” subyace en la negativa de la Administración a considerar deducible ese gasto pero advierte el Tribunal Supremo-, la Administración “carece de facultades para calificar un determinado acto o negocio de forma libérrima, sino que, como presupuesto de su actuación tributaria posterior, habrá de ser cuidadosa a la hora de elegir y de aplicar los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición” porque “lo que está en juego es el respeto de los derechos y garantías de los obligados tributarios.”

Recuerda el Tribunal Supremo, que el ordenamiento jurídico proporciona una definición en negativo o excluyente de gastos deducibles, ya que se centra en los “no deducibles”, de modo que la noción de gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades debe construirse “sobre la base de la regla general (deducibilidad)/excepción (no deducibilidad), atendiendo al espíritu y finalidad perseguida por la norma jurídica.”

Finalmente, considera que “en casos como el que nos ocupa, evidentemente, nadie puede pretender que, quien realice la actividad o preste el servicio se desprenda o abstraiga de su condición de socio, accionista o participe, razón por la que, el acento deberá ubicarse en la realidad y efectividad de la actividad desarrollada, más que en la condición de socio, accionista o participe de quien la realiza.”

Esta doctrina permitirá a miles de pequeñas y medianas empresas, deducir en su Impuesto sobre Sociedades, las retribuciones abonadas a sus socios trabajadores.

 

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

Suecia, Noruega, China, Corea, Australia…

El dinero en efectivo está perdiendo terreno a pasos agigantados pero ¿estamos viviendo el fin del ‘cash’?. A medida que las formas de pago alternativas, como la tarjeta de crédito, el pago a través de aplicaciones o con el teléfono móvil van creciendo, el número de personas que siguen usando el formato físico cada vez es menor. Según los datos del Banco de España en su última Encuesta Nacional sobre el Uso del Efectivo, el 35,9% de los ciudadanos reconocieron este como su medio de pago más habitual, mientras que el 54% se decidió por las tarjetas.

Como ha ocurrido en España, es cada vez más común que la tarjeta de crédito tome la delantera y se convierta en el ‘rey’ de las transacciones en los países más digitalizados. Sin embargo, aunque es común oír hablar del fin a corto plazo del efectivo, especialmente tras la pandemia que obligó a muchos negocios a digitalizarse, la realidad es que el ‘cash’ resiste. Según el Banco Central Europeo el 48% de todos los pagos se realizan a través de billetes. En Estados Unidos el efectivo en circulación alcanzó un máximo histórico de 2.09 billones de dólares, según datos de la Reserva Federal.

Este el fin está cerca o no, la realidad es que hay países en el que el debate está apunto de terminarse. Diversas economías ya están probando fórmulas para dar el último empujón al papel como valor moneda para pasar a un modelo digital. Ya sea porque sus ciudadanos han decidido optar por otras alternativas o que los Gobiernos están emprendiendo planes para facilitar esta transición, estos son los casos en los que la muerte del cash está en camino.

Suecia y Noruega.

Suecia es uno de los grandes baluartes contra el dinero en efectivo. Su banco central, el más antiguo del mundo con más de 354 años a sus espaldas, lidera desde los inicios de la pasada década una cruzada contra el cash. Desde el año 2011 al 2020 los suecos han reducido el uso de efectivo del 39% al 9%. Según explica el propio país en su página web «Suecia está liderando el camino hacia la sociedad sin efectivo» y añade que «los pagos sin efectivo van de la mano con el estilo de vida sueco».

A pesar de todo Suecia se encuentra en un punto de no retorno y, aunque está a un paso de la eliminación completa del papel moneda, desde el Estado están pidiendo que aumenten el uso del dinero físico porque comercios, bancos y otras organizaciones están acelerando esta transición y negándose a aceptar cash. El problema es que aunque buena parte de la sociedad está lista para una Suecia sin dinero en efectivo, hay núcleos rurales que se resisten a su desaparición y, debido a ello, el Ejecutivo del país busca que la transición no se tan rápida como para que esta gran cambio deje a parte de su población atrás.

Leer más…

 

 

Fuente: El Economista

Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad (BOE 27-07-2022)

 

Obligación de declarar IRPF.

La disposición final primera del Real Decreto-ley 13/2022, modifica el artículo 96.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, para establecer la obligación de declarar para todas aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. Indicamos en la siguiente tabla los cambios realizados:

Art. 96.2 LIRPF hasta 31-12-2022.

Artículo 96. Obligación de declarar.

2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta:

a) Rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anuales.

b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.

Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible.

c) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de esta Ley, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.

En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros

(.…)

Art. 96.2 LIRPF desde 1-1-2023.

Artículo 96. Obligación de declarar.

(…)

2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta:

a) Rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anuales.

b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.

Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible.

c) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de esta Ley, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.

En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.

No obstante lo anterior, estarán en cualquier caso obligadas a declarar todas aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

(…)

 

Gestión tributaria.

La disposición final segunda del Real Decreto-ley 13/2022, modifica el artículo 117 de la Ley General Tributaria para asegurar un adecuado funcionamiento del sistema de regularización previsto en el artículo 308 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, incluyendo como competencias de los órganos de gestión tributaria la comprobación de los regímenes tributarios especiales de atribución de rentas. Indicamos en la siguiente tabla los cambios realizados:

Art. 117.1.c) LGT hasta 31-12-2022.

Artículo 117. La gestión tributaria.

(…)

1. La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

(…)

c) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento.

(…)

Art. 117.1.c) LGT desde 1-1-2023.

Artículo 117. La gestión tributaria.

(…)

1. La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

(…)

c) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios e incentivos fiscales, así como de los regímenes tributarios especiales, mediante la tramitación del correspondiente procedimiento de gestión tributaria.

(…)

 

Deducción por contribuciones a sistemas de previsión social empresarial.

La disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 13/2022, aclara la aplicación de la deducción por contribuciones a sistemas de previsión social empresarial prevista en la Ley del Impuesto sobre Sociedades a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, estableciendo que los autónomos con personas a su cargo podrán practicar la deducción prevista en el artículo 38 ter de la LIS, en los términos y condiciones previstos en el artículo 68.2 de la LIRPF.

 

 

Fuente: CISS Fiscal

Consulta Vinculante V0983-22, de 4 de Mayo de 2022, de la SG de Tributos Locales.

Una asociación de empresas de promoción inmobiliaria, que adquiere un terreno y sobre el mismo construye uno o varios edificios, bien de uso residencial, comercial u otro, sin identidad entre el inmueble adquirido (parcela de terreno) y los inmuebles transmitidos (viviendas, locales comerciales, etc., constituidos por terreno más construcción), cuestiona cómo debe calcular el incremento del valor.

A la hora de transmitir uno de los inmuebles resultantes de la promoción, por ejemplo una vivienda, habrá de calcular la proporción que represente en la fecha del devengo el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total de la vivienda, aplicar esta proporción al valor de transmisión consignado en el título que documente la transmisión y comparar este valor de transmisión del terreno con el valor de adquisición del terreno de la vivienda.

A efectos de determinar el “valor de adquisición del terreno de la vivienda” no hay que aplicar la proporción entre los valores catastrales, ya que lo adquirido en su día solo fue terreno. No se puede tomar el valor de adquisición de la totalidad de la parcela adquirida, sino el porcentaje de ese valor que corresponda a la vivienda que se transmite, aplicando para ello el porcentaje que corresponda a la vivienda en la escritura de división horizontal del inmueble adquirido.

Si en la fecha del devengo del impuesto, es decir, la fecha de la transmisión del inmueble resultante de la división horizontal de la construcción, el inmueble no tiene determinado el valor catastral, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

En los casos de construcción de un edificio, con la consiguiente división en régimen de propiedad horizontal del mismo, y la transmisión de los inmuebles resultantes de dicha división, es bastante habitual que, en el momento de la transmisión, los inmuebles resultantes no tengan determinado un valor catastral lo que se soluciona siendo el Ayuntamiento quien practique la liquidación del impuesto cuando se haya determinado el valor catastral del inmueble, referido a la fecha del devengo. Ahora bien, si el contribuyente considera que no se ha producido un incremento de valor del terreno por comparación entre los valores de transmisión y adquisición, o bien considera que el incremento obtenido puede ser inferior al importe de la base imponible podrá pedir que la Administración practique la correspondiente liquidación cuando se determine el valor catastral del inmueble.

 

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

El trabajo técnico bajo el «Pilar Dos», que introduce una tasa impositiva corporativa mínima global del 15%, «está en gran parte completo», con un Marco de Implementación que se publicará a finales de este año para facilitar la implementación y la coordinación entre las administraciones tributarias y los contribuyentes.

La entrada en vigor del nuevo marco fiscal internacional, incluyendo la aplicación de un impuesto mínimo del 15%, presenta «un ligero retraso» y todo apunta a que tendrá lugar en 2024, en vez de en 2023 como se había previsto, según ha confirmado el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, en un informe dirigido a los ministros de Finanzas del G20 antes de la reunión que mantendrán en Indonesia este fin de semana.

«Se trata de negociaciones complejas y muy técnicas en relación con algunos conceptos nuevos que reforman fundamentalmente los acuerdos fiscales internacionales, para hacerlos más justos y funcionar mejor en una economía mundial cada vez más digitalizada y globalizada», señaló el dirigente australiano de la OCDE, quien defendió que la organización se tomará todo el tiempo que sea necesario «para establecer las reglas correctamente».

En este sentido, indicó que el trabajo técnico bajo el «Pilar Dos», que introduce una tasa impositiva corporativa mínima global del 15%, «está en gran parte completo», con un Marco de Implementación que se publicará a finales de este año para facilitar la implementación y la coordinación entre las administraciones tributarias y los contribuyentes.

De este modo, destacó que todos los países del G7, la Unión Europea, varios países del G20 y muchos otros ya han programado cambios en su legislación nacional para introducir las Reglas Modelo, aunque reconoció que «parece que la mayoría está planeando una entrada en vigor en 2024, lo que representa un ligero retraso».

A este respecto, Cormann apuntó que la probable implementación en 2024 también brindará tiempo suficiente al Marco Inclusivo para desarrollar el Marco de Implementación del Pilar Dos, diseñado para limitar los riesgos de doble imposición y facilitar una buena coordinación entre las administraciones tributarias.

Por otro lado, el secretario general de la OCDE destacó que se han realizado buenos progresos hacia la implementación del «Pilar Uno» del nuevo acuerdo fiscal, que busca asignar los ingresos obtenidos por multinacionales a las jurisdicciones donde se consuman los bienes o servicios vendidos.

Según cálculos de la OCDE, el Pilar Dos, con su impuesto mínimo del 15%, generará anualmente 150.000 millones de dólares (147.264 millones de euros) en ingresos fiscales al año en todo el mundo, mientras que el Pilar Uno reubicará 125.000 millones de dólares (122.720 millones de euros) de beneficios procedentes de las 100 mayores multinacionales del mundo.

 

 

Fuente: CISS Fiscal. Europa Press.