El alto Tribunal sienta jurisprudencia y se posiciona en contra del criterio de Hacienda en materia de trabajo por cuenta propia. “No son obsequios gratuitos y forman parte de la actividad comercial”.

El Tribunal Supremo ha sentenciado que los autónomos podrán deducirse los gastos financieros, como los intereses de un préstamo, aunque éstos no hayan servido para generar ingresos.

El alto Tribunal sienta jurisprudencia y se posiciona en contra del criterio de Hacienda en materia de trabajo por cuenta propia. “No son obsequios gratuitos y forman parte de la actividad comercial”, dice el fallo.

“La sentencia supone un avance, ya que muchos de los gastos que tienen no están directamente relacionados con el negocio”, explica María Teresa González Martínez, abogada defensora, para quien el costo de un préstamo “no es un regalo y es totalmente deducible incluso si no se utiliza directamente para generar ingresos”.

Hacienda tumba en algunos casos estas desgravaciones porque, aparentemente, no sirven directamente para generar beneficios y, por tanto, los considera como “liberalidades” o “donativos”, califica la sentencia.

Los magistrados extienden así a los gastos financieros la misma doctrina que ya había utilizado a principios de este año para respaldar la deducibilidad de los gastos de representación.

Entonces, reconoció que no era necesario que los gastos derivados de pagar una comida con un cliente en un restaurante sirvieran directamente para generar un ingreso.

En cualquier caso, “el gasto está ahí, vinculado a la actividad y son costes para el negocio, aunque luego no tenga retorno”, puntualiza González.

Para la letrada, este fallo supone un cambio de paradigma y ofrece una visión más amplia, ya que hasta ahora la Agencia Tributaria pedía al trabajador estrictas justificaciones. Pero no será aplicable en todos los casos, recuerda. “Se deben cumplir las condiciones generales de contabilidad y credibilidad de deducción de gastos, es decir, cuentas registradas, aplicación de normas y prueba documental”, concluye.

 

 

Fuente: CISS Portal de Actualidad. Consejo General de Economistas.

Qué variables determinan el importe final de la inversión inicial, cuáles son los principales gastos una vez se inicia la actividad, qué partidas suelen pasar desapercibidas al franquiciado…

Aclaremos, en primer lugar, que en la inversión inicial que las marcas comparten con los potenciales asociados hay que añadir siempre la coletilla de “aproximada”, ya que entran en juego diferentes variables que determinarán su importe definitivo. Digamos que es un punto de partida para que ambas partes empiecen a hablar.

En este sentido, desde Halcón Viajes explican que, más allá del canon de adhesión con el que identifican esa inversión inicial, piden al franquiciado una situación financiera solvente. “La fianza que solicitamos para la firma del contrato es un aval bancario de 20.000 euros, que se mantiene durante la vigencia de la franquicia por las características de los procedimientos de venta y cobro en nuestro sector», explica José Ignacio Rosales, director comercial de Franquicias del Grupo Ávoris, que integra las otras redes de agencias B The Travel Brand y Viajes Ecuador. «Hay que pensar que una vez que el negocio está en marcha, el asociado sólo debe ocuparse en vender, ya que la relación, condiciones y crédito con los diferentes proveedores lo ofrece el franquiciador”.

La obra civil es otra de las partidas clave para definir el importe final de la inversión que nos permitirá abrir nuestro negocio asociado. Por lo general su cuantía es elevada y oscila según el estado del local, de ahí que algunas centrales no incluyan este concepto en la inversión inicial que comunican a los potenciales asociados, como en Alfa Inmobiliaria. “Cuando una marca exige un estándar de imagen, sabe qué costes puede suponer una reforma”, aclara su vicepresidente Jesús Duque. “Por nuestra parte, no existe ninguna imposición, salvo el rótulo luminoso. El dato que aportamos de 30.000–40.000 euros [de obra civil] se basa en una reforma de adaptación de tabiques para tener sala de reuniones, adaptación iluminaria, pintado, mobiliario, rótulo… Este importe podrá ser mucho menor o mayor, según el tamaño del local y las mejoras a implantarse, pero siempre por decisión del franquiciado, no por imposición de Alfa Inmobiliaria”.

En Zafiro Tours, «como no se exige un local estándar, algunas agencias comenzaron a rodar con un gasto de apenas mil euros en este ámbito y otras cuya inversión es mayor», explica Lola Martín, del Departamento de Expansión. «A partir de aquí, el mínimo es colocar el rótulo y el importe dependerá de su rotulista. Siempre consejamos que contrate a proveedores de cercanía y que revise con, al menos, tres empresas».

Advierten desde La Fábrica del Cartucho que no hay un comportamiento lineal en este aspecto. «Podemos movernos desde 100 euros hasta los 10.000 según las condiciones y estado de cada local; lo cierto es que no hay una horquilla estable», detalla Joan Gimeno, responsable de la cadena. «Por eso, precisamente, asesoramos a los franquiciados a la hora de escoger y seleccionar el local, tanto desde del punto de vista de la comerciabilidad como de minimizar el impacto de la obra civil para conseguir una mayor y más rápida rentabilidad».

PARTIDAS QUE SUELEN PASAR DESAPERCIBIDAS

Dentro de la inversión existen una serie de conceptos relevantes que con demasiada frecuencia no son tenidos en cuenta por el franquiciado. Y aquí toman la delantera los gastos relacionados con el arrendamiento del local. “Tras varios años de experiencia, hemos detectado que las licencias de apertura y las garantías que piden los propietarios de los locales de alquiler son los principales puntos que pasan inadvertidos para los franquiciados”, explica Gimeno.

En línea con lo anterior, “existen varios gastos fijos que, por la naturaleza de los mismos, generan una inversión continua y puede ocasionar problemas si no se realiza un estudio y control exhaustivo de los mismos, como el alquiler del local”, señala Víctor Muro, responsable del Departamento de Expansión de Ecomputer. “Si el franquiciado se compromete aquí con un coste demasiado alto, por las expectativas de la zona donde se encuentra al generar un retorno e inmediatez rápidos, esto puede ocasionarle un gasto elevado que a veces es difícil de recuperar en los primeros meses”.

Y UNA VEZ COMIENZA LA ACTIVIDAD…

Otro aspecto a considerar tiene que ver con aquellos gastos que uno debe afrontar desde el instante en el que levante la persiana física o virtual, algo que el franquiciado también debería conocer al milímetro. A continuación, alguno de los más relevantes.

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Fuente: Emprendedores

Ser un profesional autónomo no es fácil. La carga tributaria y las dificultades de financiación son mayores que en las empresas y las desgravaciones y deducciones son pocas. Eso sin mencionar que responde ante las deudas con su patrimonio personal. ¿Ha pensado alguna vez en pasar de ser autónomo a constituir una Sociedad Limitada? ¿Tiene claro cuándo debe hacerlo? ¿Sabe cuáles son los trámites a seguir?

Momento.

El momento de cambio no es susceptible de cálculos matemáticos, pueden ser todos o ninguno, depende de cada situación.

Es cierto que el inicio de una actividad emprendedora es más fácil bajo la forma jurídica del autónomo, la simplicidad de los trámites avalan esta afirmación. Sin embargo, de manera general los expertos insisten en que, a medio, largo plazo son cinco las causas que le conducirán a la adopción de una figura societaria. Más concretamente a la de la sociedad de responsabilidad limitada.

– Ingresos anuales superiores a 40.000 €. (Para reducir el porcentaje de gravamen fiscal, tributando a un tipo fijo por el Impuesto de Sociedades, en lugar de un porcentaje creciente por IRPF)

– Protección del patrimonio personal.

– Facilidad para trabajar con grandes empresas

– Agilidad en la obtención de créditos bancarios.

– Formalización de relación con colaboradores habituales.

Estos son solo las cinco razones más frecuentes por las que un autónomo se convierte en Sociedad Limitada, pero hay más y en general suelen ir de la mano con el crecimiento del negocio.

El Paso.

Para pasar de ser autónomo a crear una sociedad limitada, debe seguir exactamente los mismos trámites que si fuera a crear una sociedad desde cero, con una primera gestión añadida que no es otra que la de solicitar la baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

ATENCIÓN: La baja se hace efectiva desde el primer día del mes siguiente al que se solicita y este trámite se puede ejecutar online con certificado digital o en persona.

Tenga en cuenta además, que aunque siempre podrá encargar la creación de su Sociedad Limitada a un Punto de Atención al Emprendedor (PAE) acreditado por el Ministerio de Economía e Industria, si decide hacerlo usted mismo, tendrá que llevar a cabo las siguientes gestiones:

Solicitar el nombre de la Sociedad.

Deberá acudir al Registro Mercantil Central y pedir el certificado negativo de denominación social, que acredite que el nombre que ha elegido para su empresa no está siendo usado por otra. Si lo prefiere, puede hacerlo también de forma online. https://www.rmc.es/privado/CertificacionesDenominaciones.aspx

La solicitud debe contener una terna de posibles nombres. Expedida la certificación de que no figura registrada la denominación solicitada, ésta quedará registrada a su nombre durante el plazo de SEIS MESES, contados desde la fecha de expedición.

La certificación negativa tendrá una vigencia de TRES MESES a efectos de otorgamiento de escritura, contados desde la fecha de su expedición por el Registrador Mercantil Central. Caducada la certificación el interesado podrá solicitar su renovación con la misma denominación. A la solicitud deberá acompañar la certificación caducada.

Transcurridos los SEIS MESES de reserva de denominación sin haberse realizado la inscripción en el Registro Mercantil Provincial correspondiente, la denominación causará baja en la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central, por lo que debe solicitarse una nueva.

Abrir una cuenta bancaria a nombre de la SL.

A continuación debe ir a una entidad financiera, y abrir una cuenta bancaria a nombre de la Sociedad Limitada. En ella tiene que ingresar el capital mínimo inicial, esto es, 3.000 euros. En la propia entidad le facilitarán un certificado de dicho ingreso, para que posteriormente lo entregue en la notaría.

Redactar los estatutos sociales.

Las normas que regirán su Sociedad se denominan estatutos sociales, y van incorporados a la escritura pública de constitución que será firmada posteriormente.

Los estatutos deben redactarse por los propios socios de la empresa, pero también se puede delegar esta tarea en un asesor o en el propio notario.

Entre otros, los aspectos clave que deben recoger los estatutos son los siguientes:

– La denominación de la sociedad.

– La actividad a la que se va a dedicar la empresa.

– El capital social.

– La domiciliación social.

– El número de participaciones en la que se divide y el valor nominal de cada una

– El sistema de administración de la sociedad.

Firmar la escritura pública de constitución.

Hechos los trámites anteriores, tiene que acudir a una Notaría para la firma de la escritura pública de constitución. El precio de este trámite, normalmente es un porcentaje del capital escriturado. Para ello, hay que aportar los siguientes documentos:

  • Los estatutos sociales.
  • El DNI original de cada uno de los socios.
  • El original de la certificación negativa del Registro Mercantil Central.
  • La certificación del banco de la aportación al capital social.
  • La declaración de inversiones exteriores, si algún socio es extranjero.

Acudir a la Agencia Tributaria.

Lo siguiente que debe hacer es cumplir con unas gestiones en Hacienda:

a) Solicitar el Número de Identificación Fiscal (NIF) provisional de su SL, además de las etiquetas y tarjetas definitivas, presentando:

  • Una fotocopia de tu DNI.
  • Una fotocopia de la escritura de constitución.
  • El modelo 036 cumplimentado solicitando.

b) Pedir el alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.

Todo ello, previo al inicio de la actividad y antes de la emisión o recepción de cualquier factura o encargo a nombre de la sociedad.

c) Darse de alta en el IAE

El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) es un tributo local que grava la actividad de las empresas, los profesionales y los artistas. Hacen falta tantas altas como actividades se vayan a realizar. Para darse de alta en el IAE, hacer una modificación o causar baja, deberá presentar:

  • El NIF provisional de la sociedad
  • El modelo 840

ATENCIÓN: No tendrán que pagar este gravamen aquellos cuya cifra de negocio sea inferior a 1 millón de euros anuales. A estos sujetos solo se les exigirá que aporten el modelo 036, especificando aquellos epígrafes IAE a los que se quieran acoger.

d) Realizar la declaración censal (IVA)

En la declaración censal se refleja el comienzo en la actividad, pero también la modificación o el cese en la misma, en su caso. Deben presentarla los empresarios, profesionales, artistas y todas las personas que tengan obligaciones tributarias. A la hora de solicitarla, hay que aportar estos documentos:

  • El NIF provisional de tu SL.
  • El modelo 036.
  • El documento que recoge el alta en el IAE.

Inscribir la SL en el Registro Mercantil.

Debe inscribir su sociedad en el Registro Mercantil de la provincia donde tenga su domicilio social. Tiene un plazo de dos meses desde la firma de la escritura de constitución. Los documentos que debe entregar al Registro son los siguientes:

  • Una copia auténtica de la escritura de constitución.
  • Una copia del NIF Provisional.
  • La certificación negativa de denominación social.

Acudir a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para:

a) Dar de alta en la Seguridad Social de todos los administradores y socios de la S.L. de forma que coticen y puedan realizar sus tareas conforme a la ley. El periodo para realizar estas altas es de 30 días naturales desde que la empresa inicia su actividad

b) Pedir el número de patronal para, en su caso, proceder a la contratación de trabajadores

Recabar en el Ayuntamiento la licencia de apertura del local (en su caso)

Solicitar el NIF definitivo.

En último lugar tendrá que volver a la Agencia Tributaria, y canjear la tarjeta provisional de NIF por la definitiva.

Contabilidad.

Las obligaciones contables que ha tenido como autónomo son infinitamente menores que las que le van a corresponder como Sociedad Limitada.

Como autónomo estaba obligado a llevar tres libros-registro. El de facturas emitidas, el de facturas recibidas y el de bienes de inversión.

Como Sociedad Limitada tendrá que llevar una contabilidad ordenada, ajustada al Código de Comercio y basada en el Plan General Contable. Será de obligatoria cumplimentación el libro de inventario y cuentas anuales y el libro diario.

EL TRASPASO.

De activos.

El traspaso de los activos con los que cuenta como empresario individual se puede realizar de varias formas:

– Mediante su arrendamiento: Seguir siendo propietario de los bienes y alquilárselos a la nueva empresa.

– Previa venta a la nueva empresa, pero con la obligación de pagar los impuestos generados por esta operación: IAJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) y ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) e IVA (Impuesto sobre el valor añadido)

– Por medio de una aportación no dineraria: La más habitual y recomendada por los especialistas. Transmitir sus activos a la sociedad mediante aportaciones no dinerarias. Es decir, en lugar de aportar dinero en efectivo, entregue los activos que usted tenía afectos a la actividad desarrollaba de forma individual.

ATENCIÓN:

– es aconsejable, aunque no obligatorio en Sociedades Limitadas, adoptar precauciones en la valoración de los activos aportados (Informe de Expertos independientes)

– Tanto la constitución como ampliación de capital están exentas del pago de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

De empleados:

El traspaso de los empleados contratados como profesionales autónomos se lleva a cabo a través de una subrogación empresarial, de esa forma se garantizan los derechos adquiridos y las obligaciones de los trabajadores. (Art. 44 ET).

La subrogación es el cambio del empleador del trabajador, es decir, el cambio del empresario o empresa que tiene contratado al trabajador. Esta situación puede ser debida a la compra o absorción de una empresa por otra, o simplemente porque la empresa decide cambiar de denominación.

De créditos, préstamos y pólizas.

Debe comunicar la situación a la entidad financiera para realizar una subrogación. Recuerde que aunque Ud. va a seguir teniendo la obligación de pago, ya no será a título personal si no bajo la forma jurídica de la Sociedad creada.

De local alquilado.

Una vez obtenido el visto bueno del arrendador, puede formalizar una subrogación del contrato o solicitar una cancelación y apertura de uno nuevo.

Si el contrato lo permite, el traspaso o cesión puede llevarse a cabo aún en contra de la voluntad del dueño del local, pero es muy habitual que en el contrato se pacte lo contrario. El titular deberá ser notificado de la cesión obligatoriamente y podrá aumentar la renta hasta un 20%.

 

 

Fuente: CISS Contable Mercantil (Ainoa Iriarte Ibargüen)

La reforma afecta a numerosos aspectos del libro primero, cambia totalmente el sistema de preconcurso en un nuevo libro segundo, y crea un novedoso libro tercero dedicado a los procedimientos de insolvencia de microempresas. Busca agilizar los procedimientos de insolvencia en España, y cumplir con la transposición de la Directiva europea sobre marcos de reestructuración.

Entrada en vigor: en general, el 26 de septiembre de 2022 con excepción del libro tercero del TRLConc (nuevo procedimiento especial de insolvencia de microempresas), y la DA 11ª , referida a los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por la AEAT, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023.

El BOE del 6 de septiembre por fin publica la reforma concursal en su Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).

La aprobación definitiva de la reforma concursal se hizo esperar pero por fin vio la luz en sesión plenaria extraordinaria del Congreso de los Diputados del 25 de agosto, tras rechazar las enmiendas que había introducido el Senado en su votación del 20 de julio.

Objetivos de la reforma.

Se trata de una reforma muy esperada, pues se había cumplido ya la prórroga de un año que el Gobierno solicitó en julio de 2021, fecha en la que finalizada el plazo para transponer la conocida como Directiva de reestructuraciones [Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades]

La reforma busca atacar las principales limitaciones del sistema de insolvencia español, que el Preámbulo agrupa en cuatro bloques: instrumentos preconcursales, recurso tardío al concurso, la excesiva duración de los concursos, que además terminan casi siempre (90% de los casos) en liquidación y no convenio; y escasa utilización de la segunda oportunidad. Se trata de una reforma que “pretende afrontar este conjunto de limitaciones mediante una reforma estructural de calado del sistema de insolvencia”.

Modificaciones en el concurso.

Para ello, introduce numerosos cambios en el Libro primero, el relativo al concurso, entre los que destacan:

  • La nueva regulación del convenio, que elimina la posibilidad de la propuesta anticipada, la junta de acreedores y su tramitación escrita. Además, se introduce la posibilidad de modificación de convenios y se introduce necesariamente la calificación también en esta fase.
  • La eliminación de los planes de liquidación, tal y como se conocían hasta ahora.
  • Nueva regulación de los créditos contra la masa y de la insuficiencia de masa.
  • Nuevas reglas para los concursos sin masa.
  • Consolidación de la redacción del TRLConc sobre la sucesión de empresas por venta de unidad productiva en el concurso, por lo que se cierran las discusiones relativas a que la delimitación del «perímetro» compete al juez del concurso.
  • Importantes novedades que afectan al estatuto de la Administración concursal, en especial a su capacitación y nuevas reglas aplicables a sus honorarios, entre las que destaca la regla de la duración.
  • Se da carta de naturaleza al pre-pack concursal.
  • También se introducen novedades en el BEPI o beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho pierde la “B” de beneficio, porque el legislador quiere incidir en que es “un derecho de la persona natural deudora”. Se simplifican sus trámites, se busca que no siempre sea necesaria la liquidación previa de los bienes del deudor para el perdón de sus deudas, pero se mantiene la imposibilidad de exonerar créditos públicos, excepto un tope de 10.000 euros para Hacienda y otros 10.000 euros de la Seguridad Social. Se prevé expresamente la obligación de las entidades de información crediticia (registros de morosos) de actualizar la información de las personas exoneradas, para que así puedan acceder a financiaciones. También se incluye un nuevo régimen de la vivienda habitual en el (B)EPI.

Nuevo preconcurso: los planes de reestructuración.

El eje del nuevo preconcurso son los planes de reestructuración, que se definen como “una actuación en un estadio de dificultades previo al de los vigentes instrumentos preconcursales, sin el estigma asociado al concurso y con características que incrementan su eficacia”. Su introducción supone un cambio radical del Libro segundo del TRLConc, que dice adiós a los actuales acuerdos de refinanciación y acuerdos extrajudiciales de pago.

El experto en reestructuraciones es también un agente de nueva cuña en el panorama concursal, “cuyo nombramiento contempla la directiva en determinados supuestos”. También destaca la aparición del concepto de probabilidad de insolvencia, “cuando sea objetivamente previsible que, de no alcanzarse un plan de reestructuración, el deudor no podrá cumplir regularmente sus obligaciones que venzan en los próximos dos años.”

En la homologación judicial de estos planes, se introduce la posibilidad de que los acreedores que representen más del 50 % del pasivo afectado soliciten previamente una confirmación judicial facultativa de las clases de acreedore, siendo esencial este nuevo concepto de “clase de acreedores”. Si el plan es aprobado por todas las clases de créditos y por el deudor y sus socios, se introduce como nueva causa de impugnación la prueba del interés superior de los acreedores. Si no ha habido consenso de todos esos agentes, el texto opta por la regla de la prioridad absoluta, una de las opciones que ofrece la directiva y según la cual “nadie puede cobrar más de lo que se le debe ni menos de lo que se merece”.

Procedimiento especial de microempresas.

Se añade un nuevo libro tercero dedicado al procedimiento especial para microempresas, un mecanismo “de insolvencia único y especialmente adaptado” a las necesidades de estas empresas “caracterizado por una simplificación procesal máxima”. A efectos de la reforma concursal se entiende que son microempresas las que empleen a menos de 10 trabajadores y tengan un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros. Para estas compañías, su procedimiento especial aglutina los actuales procesos preconcursales y concursales, de modo que ellas no podrán acceder a los planes de reestructuración.

Cobran particular relevancia los planes de continuación, equivalentes a los convenios del concurso, pero en los que cambian las reglas de juego y rige el principio de que “quien calla, otorga”, de modo que “se entenderá que el acreedor que no emite voto alguno lo hace a favor del plan”, buscando con ello incentivar la participación de los acreedores en estos procesos.

En caso de liquidación, se prevé la utilización de una plataforma de liquidaciones cuyo desarrollo se encomienda al Ministerio de Justicia y debería estar lista en 6 meses. En todo caso, se vincula la aplicación del procedimiento especial a la puesta en marcha de esta plataforma.

En caso de que el deudor-microempresa sea persona natural, se reconoce expresamente su derecho a la asistencia jurídica gratuita, para todos los trámites del procedimiento especial. Asimismo, téngase en cuenta que la Ley Orgánica 7/2022 atribuye competencia para conocer de estos procedimientos a los jueces mercantiles.

Nuevas tecnologías asociadas a los procedimientos de insolvencia.

Además de la citada plataforma de liquidaciones de los procedimientos especiales de insolvencia, la reforma aparece impregnada de tecnología, con previsiones de herramientas que habrán de ver la luz en un futuro que parece cercano:

  • Un programa de cálculo automático del plan de pagos, accesible en línea y sin coste para el usuario, con inclusión de distintas simulaciones de plan de continuación.
  • Antes de la entrada en vigor del Libro tercero, deberán estar listos los formularios oficiales, accesibles en línea y sin coste, previstos para la gestión e impulso del procedimiento especial de microempresas.
  • Un servicio de asesoramiento a pequeñas y medianas empresas en dificultades en un estadio temprano de dificultades con el propósito de evitar su insolvencia. Este servicio se prestaría a solicitud de las empresas, tendrá carácter confidencial y no impondrá obligaciones de actuación a las empresas que recurran a él ni supondrá asunción de responsabilidad alguna para los prestadores del servicio.
  • Web para el autodiagnóstico de salud empresarial que permita a las pequeñas y medianas empresas evaluar su situación de solvencia.
  • Portal de liquidaciones en el Registro público concursal. En el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la reforma : figurarán en él una relación de las empresas en fase de liquidación concursal y cuanta información resulte necesaria para facilitar la enajenación del conjunto de los establecimientos y explotaciones o unidades productivas.

Normas transitorias y entrada en vigor.

La DF 19ª prevé la entrada en vigor, en general, el 26 de septiembre de 2022 con excepción del libro tercero del TRLConc (nuevo procedimiento especial de insolvencia de microempresas), y la DA 11ª , referida a los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por la AEAT, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2023.

Además, las DT 1ª a 6ª establecen las reglas transitorias, entre las que destaca, por ejemplo, que los concursos declarados antes de la entrada en vigor de la reforma se regirán por lo establecido en la legislación anterior, pero con excepciones que afectan, entre otros aspectos: al informe de la administración concursal, acciones rescisorias, propuestas de convenio o modificaciones de convenio posteriores a dicha entrada en vigor; liquidación de masa activa con apertura posterior a la entrada en vigor; o solicitudes de (B)EPI posterior a la entrada en vigor (aunque el concurso del que procedan sea anterior).

Ley Orgánica del Poder Judicial.

El día 30 de junio, último día de la moratoria concursal, el Pleno del Congreso aprobó también la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para descargar los Juzgados de lo Mercantil de las acciones colectivas de consumidores, usuarios y viajeros, que pasarán a los Juzgados de Primera Instancia, a la vez que se libera a estos de los concursos de personas físicas no empresarias, que volverán a los Juzgados Mercantiles. Esta reforma fue aprobada el 20 de julio y se recoge en la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil.

Otras modificaciones normativas.

  • La Disposición derogatoria deroga los artículos 6 a12 del Código de Comercio,
  • La Disposición final primera modifica el art. 92.7, el primer párrafo del art. 914bis y el art. 1365.2º CC.
  • La Disposición final segunda modifica los arts. 3 y párrafo primero del art. 82 LH.
  • La Disposición final tercera añade un nuevo apartado g) al artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, reconociendo el derecho a la asistencia jurídica gratuita, para todos los trámites del procedimiento especial, a los deudores personas naturales que tengan la consideración de microempresa a los que resulte de aplicación el procedimiento especial previsto del libro tercero TRLConc, siempre que acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
  • La Disposición final cuarta modifica el art. 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
  • La Disposición final quinta modifica la numeración del actual apartado 3 del artículo 589 LEC, que pasa a ser apartado 4, y se introduce un nuevo apartado 3, según el cual, si el ejecutado no señala bienes susceptibles de embargo o el valor de los señalados es insuficiente para el fin de la ejecución, el LAJ dictará decreto advirtiendo al ejecutado de que, en caso de probabilidad de insolvencia, de insolvencia inminente o de insolvencia actual, puede comunicar al juzgado competente el inicio o la voluntad de iniciar negociaciones con acreedores para alcanzar un plan de reestructuración, con paralización de las ejecuciones durante esa negociación en los términos establecidos por la ley; y que, si encontrándose en estado de insolvencia actual no lo hace, tiene el deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer ese estado de insolvencia.
  • La Disposición final sexta introduce un apdo. 8 en el art. 8 del texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
  • La Disposición final séptima modifica el apartado 1 y se añade un apartado 3 al artículo 365 TRLSC 2010, y da también nueva redacción a su art. 367, relativo a la responsabilidad de las deudas sociales.
  • La Disposición final octava introduce un nuevo art. 10 bis a la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social:
  • La Disposición final novena introduce cuatro nuevos apartados al art. 4 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.
  • La Disposición final décima modifica el apartado 4 del art. 144 TRLGSS.

Reglamentos previstos.

Además, en sus disposiciones finales decimotercera a decimosexta, la reforma concursal prevé la aprobación de los siguientes Reglamentos en el plazo máximo de 6 meses desde la entrada en vigor de la ley, es decir, antes del 26 de marzo de 2023:

  • Reglamento de la administración concursal:. Esyte Reglamento establecerá el acceso a la actividad, el nombramiento de los administradores concursales y su retribución.
  • Reglamento del Registro público concursal: en materia de estructura, contenido y sistema de publicidad, así como los procedimientos de inserción y de acceso a este registro y la interconexión con la plataforma europea. Contemplará las condiciones para la publicación de las retribuciones fijadas para el administrador concursal en cada procedimiento en el que resulte designado.
  • Reglamento de comunicaciones entre la Fiscalía y el Gobierno o entre la Fiscalía y los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
  • Reglamento sobre estadística concursal: determinará las estadísticas que han de elaborarse para analizar adecuadamente la eficacia y eficiencia de los instrumentos preconcursales y concursales, y cumplir con lo dispuesto en el artículo 29 de la Directiva (UE) 2019/1023, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132.

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

La moratoria ha agravado la situación de las empresas.
Los concursos exprés representaron en julio un 74% del total.

Tras un agosto tranquilo a causa del periodo estival, España se enfrenta a un otoño duro a causa del fin de la moratoria concursal. Tras dos años en suspensión como medida para mitigar los efectos de la pandemia, las empresas se ven ahora en el disparadero y sin margen de maniobra. Junio y julio fueron un aviso sobre lo que puede ocurrir, y es que el número de concursos aumentó un 21,3% y un 25%, respectivamente, en relación a los mismos meses del 2021.

En agosto el dato de destrucción de empresas ha sido especialmente preocupante (16.735 empresas menos que en julio), ya que se trata del segundo mayor descenso desde 2013. Un dato que encaja con el entorno complejo e incierto que está afrontando la empresa, en especial las pymes y autónomos, y que se caracteriza por la fuerte presión a la baja sobre los márgenes debido a las importantes alzas de los costes, que sólo son transmitidas parcialmente a los clientes con el fin de no perjudicar la demanda. De hecho, indicadores adelantados como los PMI reflejan que los nuevos pedidos en el sector manufacturero español volvieron a disminuir notablemente en agosto, al tiempo que en el sector servicios se apunta que también un cambio de signo en los volúmenes de nuevos pedidos.

En este contexto, el previsible freno de la actividad en este otoño complica el escenario para las empresas españolas, que afrontan un encarecimiento generalizado de los costes, especialmente de la energía y materias primas y un endurecimiento de las condiciones financieras, como consecuencia del incremento de los tipos de interés y la mayor cautela de las entidades financieras a la hora de conceder créditos, debido a la creciente incertidumbre, lo que puede poner en riesgo la viabilidad de muchas compañías, sobre todo las de menor dimensión, que cuentan con recursos más limitados para afrontar estas dificultades.

Además, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana empresa (Cepyme) advierte de que cabe esperar un incremento de mortalidad empresarial en los próximos meses, también auspiciada por el fin de la moratoria concursal el pasado 30 de junio. Por el momento, los concursos exprés, que implican la solicitud conjunta del concurso y la disolución de una empresa, representaron un 73,68% del total en agosto. Una cifra elevada, que preocupa, sobre todo, porque en agosto el descenso porcentual del número de empresas fue especialmente intenso entre las pequeñas y las medianas empresas, parte sustancial del tejido empresarial.

Fuentes de Cepyme consultadas por elEconomista.es comentan que «el año 2022, lejos de convertirse en un ejercicio que permitiese a las empresas generar recursos para curar las heridas del pasado, se ha caracterizado por una explosión importada de la inflación que ha disparado los costes y ha tensionado todavía más los márgenes y, sobre todo, la liquidez de las empresas en dificultades».

En paralelo, el endurecimiento de los tipos de interés y el aumento de la incertidumbre complica mucho el acceso a la financiación externa para las empresas que viven una situación más complicada. Ante esta realidad y a la sombra del fin de la moratoria concursal, cabe esperar un número importante de concursos de acreedores en la recta final de 2022, manteniendo la tendencia exprés de disolución en el día que se presenta.

«Eximiendo a las compañías en dificultades a entrar en concurso, no se ha hecho más que alargar, y por tanto empeorar, la delicada situación de estas»

Desde el despacho Abencys, firma jurídica especializada en insolvencia y restructuraciones, se alerta del aumento del número de empresas que, a pesar de haber intentado continuar su actividad amparadas por la moratoria que el eximía de la obligación de presentar concurso, no han podido hacer frente a su actividad en condiciones normales.

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Fuente: El Economista

La desaparición de cookies de terceros anunciada por Google para 2024 y las nuevas leyes de protección de datos, conducen a una situación en la que las empresas deberán disponer de sus propias bases de datos.

Hoy en día, la recolección de datos se ha convertido en un proceso imprescindible para las empresas ya que les permite ofrecer a sus clientes y usuarios un servicio más personalizado que incrementa las ventas y consolida su posición en el mercado.

Ahora bien, teniendo en cuenta que cada día se generan en el mundo alrededor de 2.5 quintillones de bytes de datos, la cuestión no es si las empresas pueden recoger datos sino cómo deben hacerlo para obtener sólo aquellos que realmente les interesen.

“Para desarrollar una correcta estrategia de recopilación de datos, continua e ininterrumpida, es fundamental que ésta se base en recoger first y zero-party data, que son aquellos datos que los usuarios ofrecen de forma voluntaria. De esta forma, las marcas que elaboran campañas de marketing centradas en este tipo de recolección de datos, pueden aprovechar esa información para generar engagement con su comunidad e incrementar su fidelidad”, señala Antonio Molina, CMO de Qualifio, plataforma SaaS líder en Europa de recopilación de datos, marketing interactivo y fidelización.

Además, desde la compañía, recuerdan que la desaparición de cookies de terceros anunciada por Google para 2024 y las nuevas leyes de protección de datos, conducen a una situación en la que las empresas deberán disponer de sus propias bases de datos. Algo para lo que desde Qualifio recomiendan llevar a cabo la siguiente estrategia de recogida de información, basada en cuatro pasos:

1. Adquisición. Las nuevas leyes de protección de datos han obligado a las empresas a replantearse el sistema de recopilación de información que utilizaban hasta ahora. Actualmente, la mejor opción que tienen los negocios para disponer de una base de datos fiable es recolectar la información por sí mismos. De este modo, pueden conocer a su público y comprender mejor sus expectativas y comportamiento. Para ello, las empresas deben tener una herramienta de recopilación de datos que, preferiblemente, les permita ofrecer a los usuarios juegos y formatos interactivos ya que el 69% de los consumidores afirma que están más dispuestos a interactuar con las marcas que los ofrecen en sus webs.

2. Además, también es importante contar con una herramienta para la explotación de los datos y realizar con frecuencia pruebas A/B con las que probar diferentes fórmulas de recopilación.

3. Enriquecimiento. Tras esta primera fase, las empresas suelen disponer ya de un número relevante de perfiles recopilados, registros en la newsletters, tasas de apertura…lo que les permitirá comenzar a comunicarse con su audiencia y ofrecerles información personalizada. No hay que olvidar que, según Forbes, el 74% de los consumidores reconoce sentirse frustrado por recibir mensajes de marketing que no son relevantes para ellos. De ahí, la importancia de conocer bien a tu audiencia y ofrecerle el contenido que mejor se ajusta a sus necesidades e intereses.

4. Desde Qualifio afirman que la clave para personalizar bien las comunicaciones es contar con las herramientas adecuadas para procesar los datos recogidos de una fuente única y que dichos datos permitan generar un perfil de los clientes. Para ello, la compañía recomienda a las empresas realizar campañas de marketing interactivas que les ayuden a recoger first y zero-party data. Los first-party data son la información que los clientes proporcionan a los negocios para realizar una compra o acceder a un servicio (como el historial de compra, los datos de contacto…), mientras que, los zero-party data son los datos compartidos intencional y proactivamente por los clientes como, por ejemplo, las intenciones de compra, las preferencias en la comunicación, su contexto personal…

5. Refuerzo del embudo de conversión. En este punto, Qualifio recuerda dos datos importantes: que las webs tienen solo 15 segundos para captar la atención de un usuario antes de que abandone la página y que, entre el 97 y el 98% de los visitantes son anónimos. Por ello, es clave que las empresas optimicen el embudo de conversión para que los usuarios dejen de ser anónimos. Para conseguirlo se pueden realizar acciones de retargeting, utilizando un DMP y una buena secuencia de pop-ups; optimizar los formularios con campos adicionales o implementar una solución SSO (single-sign on) en la web para tener una visión unificada de los datos que se recopilan, garantizando la calidad de los datos y permitiendo la elaboración de perfiles progresivos.

6. Un ejemplo de esto lo vemos en la estrategia desarrollada por la marca líder en cosmética L’Oreal que, utilizando herramientas de Qualifio, ha reforzado su embudo de conversión, incrementando su base de datos y mejorando la calidad de la misma.

7. Fidelización. Tras estos pasos las empresas ya tendrán una base de datos enriquecida que fortalecerá su comunidad, lo que ayuda a establecer y mantener la fidelidad de los clientes. Desde Qualifio recomiendan premiar a la audiencia por todas las interacciones que haga con la marca y no solo por sus compras ya que, es entre un 60 y un 70% más probable que una marca venda a un cliente existente que a un cliente nuevo. Además de que el 87% de los consumidores reconoce estar pendiente de los programas de fidelización.

 

 

 

Fuente: CISS Contable Mercantil.

Una tercera parte de las compras se realizan por impulso. Son adquisiciones de última hora influidas por estrategias de marketing más o menos sutiles.

El cliente que hace cola en la tienda para pagar su compra repasa qué artículos puede haber olvidado, mira con impaciencia cómo avanzan los productos del cliente anterior… y añade a su carrito unas pilas que coge allí mismo, recuerda que necesita recambios para su maquinilla de afeitar al verlos frente a él y coge unos chicles del expositor que está a su derecha. Esto es compra por impulso. Una decisión de última hora que el consumidor toma sin pensar y que los especialistas en marketing intentan potenciar en los puntos de venta.

EMOCIONES EN JUEGO

El 65% de las decisiones de compra se producen en el punto de venta y cuatro de cada diez personas reconocen que gastan más de lo previsto inicialmente. Pero, sin duda, el dato más llamativo corresponde a que el 29% de las compras (una de cada tres) se realice por impulso (el cliente compra y luego busca razones para justificar ese gasto).

Aunque técnicamente algunos expertos sólo consideran compra por impulso la que se produce a última hora en el punto de venta, las campañas de publicidad y las promociones apelan continuamente a nuestras emociones para aumentar un consumo más o menos impulsivo. Esto explica que ese cliente influenciable, que en realidad es cualquiera de nosotros, elija unos chicles determinados, una marca de pilas concreta y unas hojas de afeitar con nombre y apellidos.

Esta decisión espontánea es también fruto de un estímulo concreto, en este caso, previo a su presencia en el lugar de venta. La publicidad de los productos y la manera de promocionarlos influye en la idea inconsciente que nos vamos creando sobre ellos y en la predisposición a incluirlos en nuestra compra.

La seducción de la publicidad.

La primera condición para que un producto acabe formando parte de la cesta de la compra es que el cliente sea capaz de diferenciarlo de los demás. Éste es el mayor desafío para el marketing y el objetivo que persigue cuando recurre a mensajes que tocan la fibra sensible del consumidor

En marketing la objetividad no existe.

Distinguir un producto de otro por una característica técnica en concreto resulta, en muchas ocasiones, prácticamente imposible, y hay que diferenciarlo por un atributo, es decir, una característica que no se pueda medir. Por ejemplo, cuando BMW lanzó el mensaje ¿Te gusta conducir?, no estaba vendiendo un coche sino una experiencia placentera.

La estrategia que sustente esa seducción apelará a valores asociados con los productos.

Ya no manda el comportamiento del producto, sino lo que la marca dice de sí misma.

El punto de venta: la hora de la verdad.

Sin duda, la publicidad en el punto de venta es la más eficaz para activar la compra por impulso.

Una estrategia global atractiva.

El valor no sólo se crea a través de la comunicación, sino también con la reflexión estratégica que hay detrás.

ASÍ INFLUYE EN EL CONSUMIDOR

La seducción es el camino, pero la dificultad surge a la hora de determinar cómo se aborda este trabajo. Algunas de las principales líneas estratégicas desde las que se puede intentar fomentar la compra emocional son:

Establecer un valor ligado al producto superior al que ofrece la competencia. Sin un valor detrás que la empuje, una marca es simplemente un nombre, un envoltorio vacío. El valor en cuestión tiene que ser sencillo y claro, capaz de sintetizarse en una palabra, y, sobre todo, seductor e interesante para el consumidor.

Ejemplos de ello son lo entrañable con el concepto Vuelve a casa por Navidad de los turrones El Almendro, o el silencio relacionado con los aparatos de aire acondicionado de Fujitsu.

Añadir una idea nueva a algo ya existente.

En muchas ocasiones el producto basta por sí mismo, sólo hay que cambiar el punto de vista desde el que se comunica.

Buscar diferencias por la forma de comercializar el producto.

Hay que recordar el gran éxito que consiguieron las máquinas de afeitar desde que apostaron por ubicarse en las góndolas de los puntos de venta, junto a las cajas. Hoy nadie piensa que se puedan encontrar en otro sitio. También el embalaje del producto puede ser decisivo en este empeño.

Orientar todas las acciones de comunicación al marketing emocional.

Los límites del marketing se ensanchan y afectan cada vez a más rincones de la compañía. El responsable de marketing del nuevo siglo es una persona más flexible, que ha de aprender a convivir con la contradicción. Ya no existe la estrategia de tanques, volvemos a las armas blancas, a la guerrilla.

En esta línea se entiende que la estrategia, aunque tenga su parte más visible en la publicidad, se sustenta en otros pilares de comunicación y afecta a toda la política de la empresa hacia el exterior. La empresa Apple ofrece un buen ejemplo de ello: no sólo aporta una herramienta idónea para la creatividad, sino que el propio ordenador es un objeto llamativo y creativo desde el punto de vista del diseño.

Conectar con la realidad.

El producto debe aportar lo que la emoción promete, pero también debe cumplir su función objetiva. Por ejemplo, los relojes Swatch basan su éxito en el diseño, pero también en una tecnología de calidad.

Convertir la compra en parte del ocio.

Para que la estrategia funcione, la experiencia de compra debe ser un acto positivo, incluso se puede convertir en parte de la actividad de ocio del consumidor. La compra debe ser fácil y placentera, no una sucesión de obstáculos.

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Fuente: Emprendedores

Que la Agencia Tributaria conoce la mayoría de los ingresos y gastos que tienen los autónomos incluso antes de que declaren el IVA, IRPF o Sociedades, no es un secreto para nadie, sobre todo desde la reciente aprobación del sistema de cotización por ingresos reales.

Los datos fiscales del trabajador por cuenta propia son su seña de identidad, como el DNI de cualquier persona. El autónomo los necesita para poder trabajar, facturar y, sobre todo cobrar. Pero ¿cuáles son? ¿Para qué sirven? ¿Dónde puedo consultar o modificar esta información?

La tecnología se ha convertido en una herramienta imprescindible para Hacienda. La introducción de herramientas como el Big Data le han servido no solo para poder comprobar la legalidad de las facturas registradas por los trabajadores autónomos sino también para realizar una radiografía detallada de su situación fiscal.

Autónomo. Persona física.

La Agencia Tributaria dispone de mucha información, además de cualquier cambio en su situación personal, que pueda afectar al pago de impuestos (datos de los que indefectiblemente somos nosotros mismos los suministradores), los cruces de información que facilitan las nuevas tecnologías le afianzan aún más en su papel de “Gran hermano”, como ya lo concebía George Orwell hace casi 40 años “ojo todopoderoso y omnipresente que vigila sin descanso”.

Casi nada es secreto para el Fisco, desde los préstamos solicitados y los apuntes de ingresos de sus cuentas bancarias, hasta los rendimientos de trabajo, los ingresos por actividades económicas diferenciados por pagador, las prestaciones o ayudas que hayan cobrado, las rentas de cualquier tipo, las inversiones realizadas, los pagos con tarjeta e incluso los abonados en efectivo de más de 1000 euros.

Fuentes

La principal fuente de información sobre los autónomos son las declaraciones de sus propio clientes sobre las retenciones practicadas en las facturas por operaciones realizadas durante el ejercicio anterior. Respecto a los asalariados, más fácil todavía, los buscan en modelos informativos presentados por terceros obligados. Por ejemplo, «los empleadores en rendimientos de trabajo (modelo 190), o de las Entidades Financieras en rendimientos de capital mobiliario o transmisión de activos financieros»

Pero, la labor inspectora de Hacienda va mucho más allá. Además de en sus propias declaraciones, la Agencia Tributaria recurre a todos los registros públicos, las notarías, el SEPE, el catastro, la Seguridad Social, la información sobre procedimientos judiciales, los datos bancarios, las líneas de crédito, los ingresos y retiradas e incluso a la DGT o a las comunidades autónomas, que aportan datos de familias numerosas o deducciones autonómicas.

Consulta on line

Para visualizar sus datos fiscales, acceda a la página de la Agencia Tributaria, localice el apartado «Gestiones destacadas» y pulse el enlace «Datos fiscales».

En la siguiente ventana indique su DNI / NIE para entrar con Cl@ve PIN o con número de referencia. O bien, puede identificarse con certificado o DNI electrónico.

Si ingresa con certificado/DNI electrónico, la casilla NIF – NIE aparecerá cumplimentada con los datos del titular del certificado o DNIe. Pulse «Acceder».

Si opta por identificarse con Cl@ve PIN o número de referencia, tras indicar el DNI / NIE deberá informar también el dato de contraste requerido en función de su número de documento: fecha de validez para DNI, fecha de expedición para DNI permanente o nº de soporte en caso de NIE. A continuación, pulsa «Continuar».

Tras identificarse con cualquiera de los sistemas habilitados, si es la primera vez que accede a los Servicios de Renta, se mostrará una ventana para que ratifique o modifique, si fuese necesario, los datos de su domicilio habitual.

Una vez ratificado el domicilio, se mostrarán los datos fiscales que le constan a la Agencia Tributaria en ese momento.

Si necesitas consultar los datos fiscales de un ejercicio anterior, puede entrar desde el apartado «Ejercicios anteriores» y seleccionar el ejercicio que corresponda.

Autónomo Societario.

La información sobre datos fiscales no sólo alcanza a las personas físicas. La Agencia Tributaria también ha desarrollado una opción de consulta para que los autónomos al frente de sociedades puedan acceder a la información que Hacienda tiene sobre su negocio.

Datos

Los datos disponibles en la Agencia Tributaria son los procedentes de:

  • Declaraciones informativas u otras fuentes de información derivadas de terceros.
  • Autoliquidaciones y declaraciones informativas del propio contribuyente.
  • Declarados en el modelo 200 correspondientes a importes pendientes de aplicar en ejercicios futuros.
  • Sanciones y recargos emitidos y notificados por la AEAT, intereses de demora abonados por la AEAT y por otras Administraciones.
  • Epígrafes del IAE en los que consta dado de alta el contribuyente, incluyendo el Código Nacional de Actividad Económica (CNAE) equivalente.

Cotización por ingresos reales.

Tenga en cuenta que, a partir del 1 de enero de 2023, con la aprobación del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, Hacienda controlará las cifras de ingresos y deducciones de los trabajadores por cuenta propia para fijar las bases y tipos de cotización.

Esto implica un nuevo reconocimiento legal del papel fiscalizador de la Agencia Tributaria a la hora de determinar sus ingresos reales.

El sistema que tendrán que aplicarse a los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en España, cuenta con un periodo de transición de nueve años hasta que en 2032 sea ya definitivo y tiene 15 tramos de rendimientos netos y bases de cotización que van desde una cuota mínima de 230 hasta los 500 euros.

La regularización correspondiente a cada ejercicio económico se llevará a cabo a ejercicio vencido y se realizará en función de los datos comunicados tanto por la Agencia Tributaria, como por las Administraciones forales.

Igualmente, el papel del fisco será crucial a la hora de conocer y aplicar las diferentes deducciones a las que el trabajador autónomo tiene derecho a la hora de fijar sus ingresos netos sobre los cuales se aplicará la cotización en tablas.

Fuente: CISS Contable Mercantil (Ainoa Iriarte Ibargüen)

La producción de bienes intermedios cayó un 5% en julio, y la de bienes de consumo no duradero, un 0,7%.

La producción industrial en España aumentó un 1,3% en julio con respecto al mismo mes del pasado año, una tasa 5,3 puntos inferior a la de junio (6,6 puntos) lastrada por los bienes intermedios y los bienes de consumo no duradero.

De acuerdo al índice de producción industrial (IPI) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la producción de bienes intermedios cayó un 5% en julio, y la de bienes de consumo no duradero, un 0,7%.

Estos descensos fueron compensados por los aumentos de producción del resto de componentes del índice: la energía, que creció un 13,2%; los bienes de equipo, un 1,6%, y los de consumo duradero, un 1%.

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Fuente: Cinco Días

Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de Juzgados de lo Mercantil (B.O.E. de 28 de julio de 2022)

La inminente reforma de la Ley concursal plantea algunos ajustes en las competencias de los Juzgados de lo Mercantil. La Ley Orgánica 7/2022, de 27 de julio, vuelve a residenciar en ellos el conocimiento de los concursos de acreedores de las personas naturales que no sean sujetos mercantiles y atribuye a los Juzgados de Primera Instancia la competencia para conocer de las acciones colectivas sobre condiciones generales de la contratación y sobre defensa de los consumidores y usuarios, así como de las pretensiones ejercitadas por los pasajeros del transporte terrestre, marítimo y aéreo.

La reforma del texto refundido de la Ley Concursal para la incorporación a la legislación española de la Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, pendiente de aprobación definitiva en el Congreso de los Diputados, plantea determinados ajustes en el reparto competencial atribuido a los Juzgados de lo Mercantil a fin de conseguir la celeridad y eficiencia procesal requerida por la norma europea.

Ello implica un ajuste en el reparto de materias que actualmente se atribuyen a los Juzgados de lo Mercantil y a las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales, lo que requiere de la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Juzgados de Primera Instancia: condiciones generales de la contratación; consumidores y usuarios; reclamaciones de viajeros.

El nuevo texto prevé que sean los Juzgados de Primera Instancia los competentes para conocer de las acciones colectivas previstas en la legislación sobre condiciones generales de la contratación y en la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios; y, estableciendo que, por excepción a la competencia que tienen reconocida los Juzgados de lo Mercantil en materia de transporte terrestre, marítimo y aéreo, no sean estos competentes para conocer de las cuestiones a que se refieren el Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999; el Reglamento (CE) n.o 261/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n.o 295/91; el Reglamento (CE) n.o 1371/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril; el Reglamento (UE) n.o 181/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar, y por el que se modifica el Reglamento (CE) N.o 2006/2004; y el Reglamento (UE) número 1177/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables, y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004. En cuanto contratantes y usuarios de esos servicios de transporte, los pasajeros podrán ejercitar ante los Juzgados de Primera Instancia todas aquellas pretensiones que consideren legítimas con base en esos reglamentos de la Unión Europea.

Asimismo se descarga a las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales, mediante la reconducción a las secciones de lo civil del conocimiento de las materias relativas a las condiciones generales de la contratación: no sólo de los recursos contra las sentencias estimatorias o desestimatorias de las acciones individuales que se hubieran ejercitado ante los Juzgados de Primera Instancia, competencia adicionada, sino también de las acciones colectivas previstas en la legislación sobre condiciones generales de la contratación y en la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios, que era una competencia originaria. No obstante, se permite que el Consejo General del Poder Judicial, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, pueda acordar que una o varias Secciones civiles de la misma Audiencia Provincial asuman el conocimiento de los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Primera Instancia sobre estas materias o sobre cualesquiera otras.

Juzgados de lo Mercantil: concursos de personas naturales que no sean sujetos mercantiles.

También se dispone que en aquellas capitales de provincias en que existan más de cinco Juzgados de lo Mercantil, dos o varios de ellos asuman con carácter exclusivo el conocimiento de determinadas materias de entre las que sean competencia de estos juzgados y en las que exista más de un Juzgado de lo Mercantil y menos de cinco, las solicitudes de declaración de concurso de acreedores de persona natural se repartirán a uno solo de ellos. En segunda instancia, si las Secciones de una misma Audiencia Provincial especializadas en lo mercantil fueran más de una, el CGPJ deberá distribuir las materias competencia de los Juzgados de lo Mercantil entre esas Secciones.

Se vuelve a residenciar en los Juzgados de lo Mercantil el conocimiento de los concursos de acreedores de las personas naturales que no sean sujetos mercantiles, por cuanto el legislador entiende que la condición civil del deudor no constituye argumento consistente para continuar atribuyendo a jueces no especializados la competencia para conocer de estos concursos.

Además, la nueva concepción de la exoneración del pasivo insatisfecho de la que parte la Directiva 2019/1023, de 20 de junio de 2019, que de ser un beneficio ha pasado a ser un derecho cuando concurran determinadas condiciones, aconseja que sean especialistas los que conozcan de estas solicitudes.

Además, en aquellas provincias en las que exista más de un Juzgado de lo Mercantil, los concursos de deudores personas naturales deberán repartirse a uno solo y, si fueran más de cinco, a dos o más igualmente determinados.

Otras modificaciones.

Entre las actualizaciones que la nueva ley orgánica lleva a cabo puede mencionarse la referencia a los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el reconocimiento expreso en la LOPJ de que los Juzgados de lo Mercantil son competentes para conocer de las reclamaciones de daños por infracción del Derecho de la competencia.

Se establece asimismo en el artículo 86 LOPJ un número fijo de habitantes para que el Gobierno, a propuesta del CGPJ y, en su caso, con informe de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia, pueda establecer en un municipio distinto de la capital un Juzgado de lo Mercantil con jurisdicción en ese municipio y en aquellos otros limítrofes que se considere oportuno; y para extender a una provincia la jurisdicción del Juzgado de lo Mercantil de otra limítrofe perteneciente a la misma comunidad autónoma.

También se incorpora a la LOPJ la extensión de la jurisdicción del juez del concurso para conocer de las acciones sociales que tengan por objeto la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que, conforme a la legislación laboral y a lo establecido en la legislación concursal, tengan carácter colectivo, así como de las que versen sobre la suspensión o extinción de contratos de alta dirección.

Asimismo, se incorpora a la LOPJ la extensión de la jurisdicción del juez del concurso para conocer de las cuestiones prejudiciales civiles, sin más excepciones que las establecidas en la legislación concursal, las administrativas y las sociales directamente relacionadas con el concurso de que se trate o cuya resolución sea necesaria para la adecuada tramitación del procedimiento concursal.

La reforma también incluye la atribución a las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales de los recursos que se planteen contra las resoluciones que agoten la vía administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas en materia de propiedad industrial.

Asimismo, para atender a la posibilidad contemplada en la disposición transitoria décima de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de permanencia como Encargados, para algunos de los magistrados que actualmente sirven en Registros Civiles Exclusivos y en el Registro Civil Central, y que cuentan con una mayor experiencia en el cargo, se ha incorporado una nueva disposición transitoria a la LOPJ que regula su destino, sustituyendo la situación actual de excedencia voluntaria por la de servicios especiales.

Se modifica también la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en concordancia con la competencia que se traslada a los Juzgados de lo Mercantil, y se regula la acumulación de acciones, la acumulación de procesos y la reconvención, con el fin de introducir un forum conexitatis a favor de los Juzgados de lo Mercantil para conocer de determinados litigios ajenos a su competencia pero que presentan conexión con el concurso, a fin de evitar resoluciones contradictorias.

Modificaciones legislativas.

— Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial: se modifican los artículos 74.1 i); 82.2 y 3 (nuevo, renumerándose el anterior ap. 3 como ap. 4); 82 bis (nuevo); 85.6 (se suprime); 86; 86 bis; 86 ter; 86 quáter y 86 quinquies (nuevos) y 98 y la disposición transitoria 43ª (nueva).
— Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: se modifican los artículos 45; 52.1.13º; 52.1.13º bis (nuevo); 73.1.1º (nuevos párrafos segundo y tercero); 77.2 (nuevo párrafo segundo); 249.1.4º; 250.3 (nuevo); 406.2 (tres nuevos párrafos); 447 bis (nuevo); 468 y 477.4 (nuevo).
— Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: se suprime el apartado 3 de la disposición adicional primera.
Entrada en vigor y régimen transitorio

La Ley Orgánica 7/2022 entrará en vigor el 17 de agosto de 2022, a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, la modificación de los artículos 74.1 y 82.2. 3.º de la LOPJ, en relación con los recursos contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que pongan fin a la vía administrativa, entrará en vigor el día 14 de enero de 2023.

Se mantendrán los Juzgados de lo Mercantil con jurisdicción en un municipio distinto de la capital de la provincia que ya estuvieran establecidos a la entrada en vigor de la presente ley, aunque ese municipio no supere la cifra de población a que se refiere el artículo 86.3 LOPJ.

En relación con los procedimientos judiciales pendientes, la competencia para conocer de las demandas de las que corresponda conocer a los Juzgados de Primera Instancia y a los Juzgados de lo Mercantil y de las solicitudes de concurso presentadas antes de la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica que estuvieran pendientes de admisión a trámite se determinará por las normas legales vigentes a la fecha de la presentación.

La competencia para conocer de los recursos interpuestos antes de la entrada en vigor de esta Ley Orgánica contra sentencias dictadas por los Jueces de Primera Instancia se determinará por las normas legales vigentes en la fecha en que se remitan los autos a la Audiencia Provincial.

Los procedimientos judiciales en tramitación a la fecha de entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica continuarán tramitándose por el Juzgado que haya sido competente para conocer de ellos.

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.