El número de ocupados crece en 278.000 personas, pero el paro sube al 12,87%.
Las alertas se encienden con la destrucción de puestos de trabajo de alto valor añadido.

El brío que fue mostrando la evolución del mercado laboral durante buena parte del pasado 2022, tras la puesta en marcha de la reforma laboral, presentó síntomas de agotamiento en los tres últimos meses del ejercicio.

De esta manera, la inflación, que en los meses del verano pasado registró máximos en varias décadas con niveles superiores al 10%, ha torcido el brazo a la fortaleza del mercado laboral español.

En el conjunto del año, el balance es positivo, si bien la trayectoria ha ido de más a menos. España generó 278.900 empleos en 2022, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, entre septiembre y diciembre se destruyeron 87.900 empleos, frente a la creación de 153.900 en el mismo periodo de 2021 y el avance de 77.000 entre junio y septiembre.

Hay que remontarse, de hecho, a 2013, cuando España aún peleaba por salir de la crisis financiera, para encontrar un cierre de año tan negativo para el empleo. La inflación ya hizo mella en las cifras del tercer trimestre (tanto en términos de PIB como de empleo) y los temores se han confirmado en el cuarto. Así, el ritmo de creación de empleo ha agudizado la ralentización que empezó a mediados de año, coincidiendo con el pico de inflación. Ha pasado del 4,05% (en 12 meses) del segundo trimestre al 2,57% en el tercero y un 1,38% en el cuarto.

La tasa de paro queda, así, en el 12,87% frente al 12,67% del trimestre anterior y el 13,33% con el que terminó 2021, y el número de parados vuelve a quedar por encima de los tres millones, en concreto en 3,024 millones de personas. En 12 meses, con todo, el balance vuelve a ser positivo, con una reducción anual de 79.900 personas. La diferencia entre la bajada del paro y el alza del empleo obedece a que en 2022, un total de 199.000 personas se incorporaron al mercado laboral. La tasa de actividad está en el 58,52% a cierre de año, ligeramente por debajo del 58,65% al cierre de 2021.

Debido a la elevada factura que supone la inflación para los hogares, el mal dato ha estado asociado a partidas íntimamente ligadas al consumo y lógicamente ello ha tenido repercusión en los empleos de sectores ligados a este consumo.

Así, se han destruido 277.000 empleos en hostelería, restaurantes y servicios de alojamiento, que pese al alivio que supuso el levantamiento pleno de las restricciones a las que se vio sometido el sector durante la pandemia, se ha delatado insuficiente para consolidar la recuperación de este sector, cuyo dato es prácticamente igual al del cuarto trimestre de 2021 (periodo comparable dada la estacionalidad de muchas actividades). Y en el comercio, ligado a la campaña navideña, el balance mejora al de finales de 2021.

La campaña agrícola, de hecho, ha castigado más el empleo, al crear 120.000 empleos menos que el ejercicio pasado. Detrás de esta tendencia se encuentran los efectos nocivos que la sequía ha ejercido durante buena parte del año sobre la producción del sector, al tiempo que los efectos derivados del encarecimiento de la energía y los carburantes ha reducido la rentabilidad de estas actividades, cuya principal consecuencia ha sido una menor contratación.Sin este impacto, el empleo habría subido.

Las señales que da el mercado laboral tampoco son positivas. Las empresas están recortando empleo en puestos de alto valor añadido, lo que sugiere un parón inversor. La industria pasa de crear 41.600 empleos el año pasado a perder 3.600, la construcción pierde 21.600 puestos de trabajo.

Se destruye empleo en categorías de valor añadido como comunicaciones, informática y farmacia, y en actividades profesionales España pasa de crear 36.900 empleos en 2021 a destruir 32.100. Derecho, consultoría, investigación también arrojan saldos negativos. En todo caso, hoy el INE tendrá que confirmar estas tendencias en consumo e inversión. Por otro lado, el empleo crece en 20.000 personas en el sector público, pero baja en 101.900 en el privado.

Los datos del trimestre arrojan también una clara distribución por grupos poblacionales: crece el empleo entre las mujeres y los extranjeros (55.000 ocupados más en cada caso) y baja en hombres y españoles (pérdida de 137.000 en ambas categorías). Por edad, la destrucción de empleo se ha concentrado totalmente en los más jóvenes: en las personas de más de 24 años el empleo crece. En paralelo, la reforma de la normativa laboral sigue mejorando la estabilidad en el trabajo, que ha sido su mayor aportación. En el último trimestre, el empleo a tiempo completo crece en 366.100 personas, bajando en 397.800 los temporales.

La tasa de temporalidad baja al 17,93%. El balance en el año es aún más llamativo, con 1,6 millones de contratos fijos más que a cierre de 2021 y un descenso de 1,19 millones en los contratos temporales. La campaña navideña se ha dejado notar en el trimestre, con el aumento del empleo a tiempo parcial (241.500 personas más) a costa del tiempo completo (159.600 menos). En el balance del año, no obstante, ha crecido el empleo a jornada completa (235.200 personas más, con descenso de 43.700 en los temporales).

Más hogares en paro.

Otro de los datos que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) y que ejerce un valor de barómetro tanto de la evolución de la economía como del mercado de trabajo, es el de la evolución y situación de los hogares españoles y la situación en la que se encuentran sus integrantes.

El dato pone de relieve como el último trimestre de 2022 fue peor que los dos anteriores, lo que enfatiza como tras los buenos registros tras la aplicación de la reforma laboral. El número de hogares con todos sus integrantes en paro cerraron 2022 en 1,047 millones, tras el aumento de 70.100 frente al tercer trimestre, lo que supone un incremento del 7,17%. Frente al mismo trimestre de 2021, el aumento fue de 23.600 hogares.

Por el contrario, los hogares en los que todos los integrantes tienen un puesto de trabajo se incrementaron en 183.300, lo que supuso el 1,66% más, hasta totalizar 11,255 millones. Aquellos con al menos un integrante activo, aumentaron en el conjunto del año en 119.700, el 0,87%, para cerrar el año en 13,846 millones.

Aquellos domicilios en los que no hay ningún integrante activo totalizaron los 5,354 millones tras crecer en 91.100 en el conjunto del ejercicio, tendencia que se modera en los tres últimos meses a un ritmo del 0,98%, 52.100 más. Más de 5,35 millones de domicilios acabaron sin ningún miembro activo, tras incrementarse el 1,73% frente a 2021, 91.100 hogares más.

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Fuente: Cinco Días

Para poder adherirse las empresas deberán tener el domicilio fiscal y el centro de prestación de las soluciones en la Unión Europea y una facturación acumulada de, al menos, 100.000 euros en los dos años anteriores o 50.000 en el año anterior en proyectos similares.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha creado un registro de empresas proveedoras de soluciones tecnológicas para modernizar el transporte por carretera, en el marco del programa de ayudas a autónomos y pymes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado con 110 millones de euros.

Con el fin de facilitar la gestión de las ayudas, la búsqueda de los servicios acordes a las necesidades de las empresas beneficiarias y la implantación de las soluciones de modernización subvencionadas, el Ministerio ha creado la figura de Proveedores de Soluciones de Modernización, que determinará las únicas empresas que podrán prestar las soluciones de modernización subvencionadas a las pymes y autónomos beneficiarios de las ayudas.

Así, las empresas del ámbito tecnológico y digital que sean proveedoras de alguna de las soluciones de modernización incluidas en las ayudas al sector del transporte por carretera, podrán solicitar su adhesión al programa de ayudas, mediante el procedimiento publicado en la sede electrónica del Ministerio.

Para poder adherirse, entre otros requisitos, las empresas deberán tener el domicilio fiscal y el centro de prestación de las soluciones en la Unión Europea y una facturación acumulada de, al menos, 100.000 euros en los dos años anteriores o 50.000 en el año anterior en proyectos similares (70.000 o 35.000 euros de facturación, respectivamente, para autónomos sin trabajadores a su cargo).

 

 

Fuente: IIILA LEY. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

El ciudadano pasa a ser responsable de todo ese dinero acumulado.
Al tomar esa decisión ha de asumir ciertos peligros y riesgos.

Aunque parezca una práctica de otros tiempos, mucha gente sigue guardando dinero en efectivo en sus hogares. Las razones pueden ser diversas y van desde la preferencia de tener una pequeño fondo de emergencia hasta, por ejemplo, la desconfianza en los bancos y una sensación de seguridad en casa.

No existe legislación alguna que ponga límites a esta práctica, ya que es completamente legal guardar el dinero en casa, lo que se conoce también como guardar el dinero ‘bajo el colchón’. Lo único que debe tener claro el ciudadano que así lo haga es que, desde el momento en que deja ese efectivo en su domicilio, se convierte en el responsable de la seguridad de ese dinero.

Es por eso que, al tomar la decisión de guardar el dinero ‘bajo el colchón’, el ciudadano asume ciertos riesgos y peligros. La preferencia por tener ese dinero a mano no evita que, en ocasiones, este tipo de almacenamiento tenga ciertos inconvenientes.

El portal especializado HelpMyCash ha publicado en su página web un pequeño listado de peligros que amenazan al dinero en efectivo cuando el ciudadano lo guarda ‘bajo el colchón’. Dos destacan por encima del resto:

Inflación.

Es uno de los temas de moda (desgraciadamente para los consumidores) y aunque los niveles de inflación actuales no son los de mediados de 2022 lo cierto es que el mantenimiento de la inflación subyacente hace que los ciudadanos que guarden el dinero ‘bajo el colchón’ pierdan poco a poco el valor de ese dinero.

No es casualidad que se llame a la inflación la ‘enemiga silenciosa’ del dinero, ya que hace que de forma progresiva ese dinero pierda valor. La explicación es sencilla: mientras el dinero se queda en casa, la subida de los precios hace que con ese mismo dinero cada vez se puedan comprar menos cosas.

Actualmente la inflación se encuentra en un 5,7% muy alejado del doble dígito que se llegó a acumular en verano, pero la inflación subyacente (aquella que no tiene en cuenta productos energéticos y alimentos no elaborados) está en un 7% y los alimentos han visto incrementado su precio en un disparado 15,7%.

Hacienda.

Es el segundo gran peligro que envuelve al dinero en efectivo ‘bajo el colchón’, porque todas las cantidades que se guarden en casa deben estar correctamente declaradas para evitarnos problemas con la Agencia Tributaria, que vigila muy de cerca el efectivo.

La razón es simple: si el dinero se retira de la cuenta bancaria y pasa a estar en nuestro domicilio hay que comprobar que Hacienda conozca el origen de esas cantidades para evitar que el organismo sospeche que no se ha declarado y que procede de la economía sumergida.

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Fuente: El Economista

El 99,6% de las transmisiones avalan por ahora el valor de referencia.
Hacienda publica los primeros datos del sistema, en vigor desde 2022.

Desde el 1 de enero de 2022 España cuenta con un nuevo valor de referencia en las viviendas que marca la base imponible de los impuestos patrimoniales vinculados a operaciones como la compra, las sucesiones o las donaciones. El motivo de esta tasación fiscal, que a tenor de los primeros datos ha logrado su objetivo, era actualizar el valor real de los inmuebles para evitar que las transmisiones tributasen por cantidades adulteradas y alejadas del valor de mercado. La nueva referencia generó mucho ruido y dudas acerca de su efectividad. Sin embargo, los seis primeros meses de aplicación dejan un saldo más que favorable: tan solo el 0,4% de las operaciones sujetas al valor fiscal han recibido solicitudes de informes para determinar si era necesario algún ajuste.

En el primer semestre de 2022 se registraron en España poco más de un millón de operaciones que tuvieron el nuevo valor de referencia como base imponible. Sin embargo, la Dirección General del Catastro, dependiente de Hacienda, ha recibido únicamente 4.186 solicitudes de informes preceptivos y vinculantes, la forma que tienen los contribuyentes de reclamar al ministerio para que se determine si es necesario introducir ajustes en un inmueble concreto. Es decir, el 99,6% de las operaciones han validado el valor fiscal fijado por el Catastro.

Este saldo tiene dos interpretaciones, según explica Rocío García Ramírez, directora técnica de fiscalidad inmobiliaria en Euro-Funding. “O bien el nuevo valor de referencia es mayor que el valor del mercado pero la diferencia es tan pequeña que no compensa reclamar, o bien la nueva referencia se ajusta al valor real, que es lo más habitual”. Las consecuencias, no obstante, son las mismas: “La gran mayoría de los contribuyentes han aceptado liquidar por el valor de referencia en sus operaciones”, algo que “reduce los pagos en negro y acaba con la litigiosidad derivada de las posibles reclamaciones”.

El valor de referencia, sobre la teoría, debe ser el 90% del valor de mercado de la casa. Es decir, si una vivienda cuesta 200.000 euros deberá tributar al menos por 180.000 euros en estas operaciones, algo que neutraliza la práctica relativamente habitual de escriturar por debajo del valor real para pagar menos impuestos.

De estas 4.186 solicitudes de revisión, el 92,6% estuvieron asociadas al impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP), el tributo que se abona al comprar una vivienda de segunda mano. El resto derivaban del impuesto sobre sucesiones y donaciones (ISD), del impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD) y de las operaciones societarias, según los datos dados a conocer por Hacienda en la evaluación de los efectos de la ley contra el fraude fiscal, un documento publicado recientemente por el departamento dirigido por María Jesús Montero.

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Fuente: Cinco Días

Anteproyecto de Ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores (9 enero 2023).

Recoge las normas específicas para el ejercicio de las acciones de representación resarcitorias, diseñando procedimiento especial, dada la imposibilidad de encajar las piezas procesales necesarias en los cauces del juicio ordinario o del juicio verbal. La estructura procedimental está condicionada por una decisión básica, la mejor manera de articular la tutela de los intereses colectivos de consumidores y usuarios cuando se pretende obtener medidas de reparación o resarcimiento consiste en partir de la premisa de que la acción, el proceso y su resultado vincularán a todos los sujetos titulares de derechos o intereses lesionados por la conducta ilícita que haya motivado su interposición, a no ser que estos soliciten expresamente su desvinculación (mecanismo al que resulta habitual referirse como opt-out).

Como regla, por tanto, los consumidores y usuarios afectados por el ejercicio de una acción de representación resarcitoria se verán afectados por la sentencia que se dicte –o por el acuerdo que se homologue–, a no ser que opten por la exclusión. Solo de forma excepcional –singularmente cuando estén en juego prestaciones de valor elevado– podrá el tribunal decidir que la acción y el proceso de representación solo vinculen a quienes así lo soliciten expresamente (opt-in).

Solo será admisible la demanda en ejercicio de la acción de representación que pretenda que el empresario o profesional demandado cese en el desarrollo de una conducta que estuviera realizando si se acredita que la entidad demandante ha solicitado dicha cesación con una antelación de al menos quince días.

Se crea un Registro Público de Acciones de Representación, cuyo objeto es dar publicidad y difusión de carácter público a través de un portal en Internet, a las resoluciones dictadas en los procesos para el ejercicio de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios que determine la ley, así como a los acuerdos resarcitorios alcanzados en dichos procesos, en los términos que disponga la ley.

Asimismo se creará una base de datos de entidades habilitadas de acceso público a través de su sitio web, que proporcionará información sobre las entidades habilitadas designadas con antelación para ejercitar acciones de representación nacionales y transfronterizas.

Modificaciones:

– Ley de Enjuiciamiento Civil:

Modifica: numeral 8º del artículo 6; apartado 7 del artículo 7; numeral 14º del apartado 1 del artículo 52; primer párrafo del apartado 3 del artículo 222; numerales 4º y 5º del apartado 1 del artículo 249; segundo párrafo del apartado 1 del artículo 257; regla 5ª del artículo 261; añade un nuevo numeral 4º en el apartado 2 del artículo 477; apartado 4 del artículo 521; añade un nuevo numeral 4ª al apartado 1 del artículo 525; artículo 711; introduce un nuevo Título IV en el Libro IV (de los procesos para el ejercicio de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores y usuarios -artículos 828 a 885)

– Deroga: numeral 7º del apartado 1 del artículo 6; artículo 11; artículo 15; numeral 16º del apartado 1 del artículo 52; numeral 1º del apartado 2 del artículo 76; artículo 221; numeral 12º del apartado 1 del artículo 250; numeral 6º del apartado 1 del artículo 256; artículo 519; párrafo cuarto del apartado 3 del artículo 728.

– Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias: artículo 24; artículo 25; letra c) del artículo 37; apartado 9 del artículo 46; rúbrica y contenido del Capítulo I del Título V (procedimientos judiciales y extrajudiciales de protección de los consumidores y usuarios -artículos 53 a 56 quinquies)

– Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: artículo 32; artículo 33; artículo 35

– Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación: apartados 3 y 4 del artículo 11; letra b) del apartado 8 del artículo 11; rúbrica del Capítulo IV (Acciones de representación y de retractación»); artículo 12; artículo 16; artículo 17; artículo 19; artículo 21; artículo 22; disposición adicional cuarta

– Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico: rúbrica y el contenido del Capítulo I del Título V (Acciones de representación y acción individual de cesación)

– Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores: artículo 15

– Ley 43/2007, de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio: artículo 6

– Ley 2/2009, de 31 de marzo, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito: artículo 11

– Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio: artículo 26.

– Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo: artículo 36.

– Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, de adquisición de productos vacaciones de larga duración, de reventa y de intercambio y normas tributarias: artículo 21

– Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios: rúbrica y al contenido del Título X (de las acciones de representación y de la acción individual de cesación)

Mediante esta ley se incorpora al derecho español la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020, relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE.

Entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con excepción de las disposiciones primera (Registro Público de Acciones de Representación) y segunda (Base de datos de entidades habilitadas), que entrarán en vigor cuando se aprueben las normas reglamentarias que las desarrollen.

El ejercicio de una acción de representación suspenderá el plazo de prescripción de las acciones individuales de resarcimiento que puedan ejercitar los consumidores o usuarios frente a las infracciones de los empresarios o profesionales que hayan sido cometidas el 25 de junio de 2023 o después de esa fecha.

Los procesos para la protección de los derechos e intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios pendientes a la fecha de entrada en vigor de esta Ley continuarán sustanciándose, en todas las instancias y recursos extraordinarios, así como la ejecución forzosa, conforme a la legislación procesal anterior.

Fuente: IIILA LEY. Consejo General de Economistas.

El multimillonario cree que el comercio de lavado será el siguiente.
Este tipo de actividad fraudulenta encuentra cobijo en el mundo cripto.
La industria lleva años luchando contra este tipo de criminales.

Mark Cuban lanzó recientemente su predicción personal acerca de la próxima implosión que sufrirá el mundo de las criptomonedas. «Creo que la próxima implosión es el descubrimiento y la eliminación del comercio de lavado en el mercado centralizado», aseguraba el inversor multimillonario al sitio web financiero TheStreet.

El comercio de lavado es una actividad en la que el comerciante compra y vende el mismo activo financiero en numerosas ocasiones, lo que muestra un volumen irreal y hace creer a otros participantes que la demanda es elevada. Esto puede provocar que inviertan dinero real por unas expectativas falsas y deformadas.

Una actividad fraudulenta.

Como una demanda elevada suele conducir también a unos precios altos, quienes recurren a esta práctica pueden hacer que el precio suba de acuerdo con sus expectativas, para cobrar una suculenta cantidad y entonces abandonar, dejando a otros inversores con expectativas delante de un activo que caerá progresivamente en su valor.

Además, a pesar de que esta práctica lleva siendo ilegal en los mercados financieros estadounidenses tradicionales durante décadas, el espacio cripto brinda a nuevas oportunidades para llevarla a cabo con impunidad. «Poner una cantidad fija en el comercio de lavado cripto es mucho más complicado que en las finanzas tradicionales, pues los mercados varían enormemente y además estás descentralizados», explica el jefe de operaciones de la compañía de vigilancia de mercado Solidus Labs, Chen Arad.

El ejemplo paradigmático, Bitcoin, es una divisa que se intercambia en miles de plataformas, las cuales son centralizadas y descentralizadas, reguladas y desreguladas. Arad asegura que los criminales pueden jugar con estos intercambios y usar las posibilidades de las criptomonedas para manipular el mercado de forma sofisticada.

El uso de Bitcoin por los delincuentes.

El último análisis de intercambios cripto en el mundo, llevado a cabo por Forbes, muestra que algo más del 50% de canjes declarados son falsos. Para su realización, la revista se sirvió de cuatro compañías de medios sobre criptodivisas: CoinGecko, Nomics, Messari y CoinMarketCap. También se fijó en gran cantidad de intercambios de este activo digital.

Volviendo a Cuban, el cual advirtió primero de que no posee detalles para apoyar su pronóstico, este señaló que presuntamente existen decenas de millones de dólares en canjes para fichas digitales que apenas tienen uso. Asegura que no es capaz de ver cómo se pueden convertir todos los activos de ese tipo en dinero de forma sencilla.

Y Arad le da la razón con respecto al problema del comercio de lavado: «Si no se impide esta práctica criminal, entonces las criptomonedas nunca alcanzarán su potencial de convertirse en servicios financieros accesibles y seguros».

Las dificultades de combatir esta práctica.

Para poder identificar casos de comercio de lavado en el universo de los criptoactivos, Arad dice que se debe contar con expertos técnicos, financieros y en criptomonedas que usen tecnología especializada, y así encontrar la manipulación.

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Fuente: El Economista

El bloque de los 27 afronta numerosos retos económicos y políticos para 2023, entre ellos la defensa y la seguridad energética y alimentaria.

En el contexto de la recuperación pospandémica y la crisis energética, el 2022 colocó a los países de la Unión Europea en una espiral de volatilidad económica. La inflación desbocada en la eurozona, que alcanzó su techo en octubre de 2022 con un alza del 10,6%, fue antagonista de su tímido crecimiento económico regional del 0,2% en el tercer trimestre. No obstante, el proyecto europeo sigue creciendo, con 10 países candidatos que quieren formar parte de esta comunidad, y el fortalecimiento de sus relaciones internas se perfila como la mejor opción del bloque para afrontar los retos del 2023.

Los 27 buscan una posición global en un contexto en el que Estados Unidos, Rusia y China mueven fichas tanto en el tablero económico como en el geopolítico. Específicamente, la invasión rusa a Ucrania ha agitado un escenario mundial en el que el bloque encontraba difícil posicionarse. “La UE siempre se ha considerado un poder blando, una potencia posmoderna. Ahora se encuentra en un marco geopolítico mucho más determinado por los poderes duros, sobre todo el militar y por una rivalidad entre grandes potencias”, explica Miguel Otero, investigador del think tank español Real Instituto Elcano, y experto en economía internacional. Otero detalla que la disyuntiva, por tanto, queda si las instituciones comunitarias encontrarán en sus vecinos cercanos y en el otro lado del Atlántico el impulso necesario para romper con la polaridad política y económica.

La guerra frente a casa.

La invasión a Ucrania y las sucesivas sanciones económicas europeas y estadounidenses contra el gigante euroasiático son un factor que ha reconfigurado la región. Específicamente en el campo energético regional, el precio del gas en el mercado neerlandés, referente de los mercados europeos, se llegó a disparar por encima de los 340 euros/MWh en agosto de 2022.
Esta crisis ha obligado a Europa, antes adicta al combustible ruso, a salir de su zona de confort y reposicionarse en el mercado energético mundial para reconfigurar totalmente su matriz energética. En este contexto, los países que recibían la mayoría de sus envíos desde Rusia (en algunos casos casi la totalidad), ahora dependen de la red de gas europea. Mientras tanto, el bloque se acerca a proveedores próximos como Azerbaiyán y Argelia para negociar nuevos acuerdos que puedan sustituir a los de Moscú.

En esta línea, la Comisión Europea ha confirmado en diciembre de 2022 que se están desarrollando nuevas infraestructuras para la importación de gas natural licuado (GNL) desde EE UU (su principal proveedor) y África en países como Alemania, Irlanda, Francia, Italia, Polonia y Grecia, así como nuevos gasoductos para conectar su red con el norte de África y los países del Cáucaso.

No obstante, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) advierte de que la Unión Europea se enfrenta a un déficit potencial de casi 30.000 millones de metros cúbicos de gas natural en 2023. Un informe de diciembre advierte de que este año bien puede resultar ser “una prueba aún más dura para Europa” porque los envíos rusos podrían caer aún más y los suministros mundiales de GNL serán escasos. Esto se puede agravar especialmente si la demanda china de GNL se recupera, y las temperaturas inusualmente suaves observadas al comienzo del invierno europeo no duran.

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Fuente: Cinco Días

La caída mensual del 6,5% de la energía confirma el descenso generalizado.
La inflación subyacente pica al alta y avanza dolores de cabeza para el BCE.
España logró mantener en diciembre la inflación más baja de la Eurozona.

La inflación de la Eurozona se relajó en diciembre más de lo esperado. El IPC conjunto de las economías de la zona euro descendió del 10,1% interanual de noviembre al 9,2%, según los datos adelantados este viernes por Eurostat en su lectura preliminar. Una caída mayor a la prevista por los analistas, que esperaban un dato entre el 9,5% y el 9,7%. La bajada de los precios de la energía en las últimas semanas ha favorecido esta dinámica. Sin embargo, el susto lo da el IPC subyacente (excluye energía y alimentos frescos), que repunta desde el 5% hasta el 5,2%, otro máximo histórico, telegrafiando una inflación más persistente y pegajosa.

En el cómputo mensual, la caída de la inflación general ha sido del 0,3%, mientras que la subyacente ha avanzado un 0,6%. La caída mensual del 6,5% de la energía es lo que confirma el descenso generalizado. La subcategoría de comida, alcohol y tabaco subió un 0,7% en diciembre y ya refleja un 13,8% interanual. Por países, España luce el dato general más bajo con un 5,6% armonizado. El dato más alto es el de Letonia, con un 20,7%.

La tendencia en el dato global ya la iban dibujando unos datos de IPC de diciembre a la baja en las principales economías europeas después de que en noviembre el IPC de la Eurozona lograse bajar desde el pico del 10,6%. Era el primer descenso en 17 meses.

La primera ‘alegría’ de diciembre fue la de España la pasada semana, registrando una bajada del 6,8% al 5,8%; si bien la subyacente se elevó a un preocupante 6,9%. El segundo vino este martes desde Alemania: caída del 10% al 8,6%. La dinámica se vio aún más reforzada con el dato de Francia: el IPC pasó del 6,2% al 5,9% y sorprendió positivamente a los analistas. Este jueves, Italia informó de un 11,6% en diciembre frente al 11,8% previo. La ‘guinda’ fue el IPP (Índice de Precios al Productor) de noviembre, moderándose al 27,1% interanual frente al 30,5% previo.

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Fuente: El Economista

Reducción temporal del tipo impositivo del IVA para alimentos, prórroga de los tipos reducidos para los sistemas de calefacción, electricidad, mascarillas y vacunas, percepción de la deducción por maternidad y beneficios fiscales en la Palma y en las zonas afectadas por los incendios de 2022.

Real Decreto-Ley 20/2022

El Real decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre aprueba un paquete de medidas orientadas a contener los precios en cinco ámbitos principales: energía, alimentos, transporte, industria de gas intensiva, estabilidad económica y financiera y escudo social. También se adoptan medidas dirigidas a extender la protección a los afectados todavía por la erupción de la isla de La Palma y otra de carácter urgente. En el ámbito tributario, se adoptan las siguientes medidas:

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Combustibles usados en sistemas de calefacción.

Se prorroga hasta 31 de diciembre de 2023 la reducción al 5% del tipo impositivo del IVA que recae sobre las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de gas natural, briquetas y «pellets» procedentes de la biomasa y a la madera para leña. El tipo del recargo de equivalencia aplicable, durante el ámbito temporal mencionado en el apartado anterior, a las entregas de briquetas y «pellets» procedentes de la biomasa y a la madera para leña será el 0,625% (art. 1 RDL 20/2022).

Energía eléctrica.

Se prorroga hasta 31 de diciembre de 2023 la aplicación del tipo impositivo del 5% para los consumidores con potencia contratada hasta 10 kW, con independencia del nivel de tensión del suministro y la modalidad de contratación, siempre que el precio medio del mercado diario correspondiente al último mes natural anterior al del último día del periodo de facturación haya superado los 45 €/MWh.

Se prorroga hasta 31 de diciembre de 2023 la aplicación del tipo impositivo del 5% para los consumidores que sean perceptores del bono social de electricidad y tengan reconocida la condición de vulnerable severo o vulnerable severo en riesgo de exclusión social (art. 3 RDL 20/2022).

Mascarillas y vacunas COVID.

Se prorroga hasta 30 de junio de 2023 la aplicación del tipo impositivo del 4% a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de las mascarillas quirúrgicas desechables.

Se prorroga hasta 30 de junio de 2023 la aplicación del tipo impositivo del 0% a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados bienes y prestaciones de servicios necesarios para combatir los efectos del SARS-CoV-2, así como a efectos del régimen especial del recargo de equivalencia, prevista en la disposición final séptima del Real Decreto-ley 35/2020 (art. 2 RDL 20/2022).

Alimentos.

Desde 1 de enero de 2023 hasta 30 de junio de 2023, se rebaja del 10 al 5% el tipo impositivo de los siguientes productos:

a) Los aceites de oliva y de semillas.
b) Las pastas alimenticias.
El tipo del recargo de equivalencia aplicable a estas operaciones será del 0,625 por ciento.

Desde 1 de enero de 2023 hasta 30 de junio de 2023, se rebaja del 4 al 0% el tipo impositivo de los siguientes productos:

a) El pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado destinados exclusivamente a la elaboración del pan común.
b) Las harinas panificables.
c) Los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada, pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo.
d) Los quesos.
e) Los huevos.
f) Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo.

El tipo del recargo de equivalencia aplicable a estas operaciones será del 0%.

Ambas reducciones se establecen de forma temporal y extraordinaria desde el 1 de enero de 2023 hasta el 30 de junio de 2023, sujetas a la evolución de la tasa interanual de la inflación subyacente (art. 72 RDL 20/2022).

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD

Se prorroga hasta 31 de diciembre de 2023 la aplicación del tipo impositivo del 0,5% del Impuesto Especial sobre la Electricidad (art. 2 RDL 20/2022).

IMPUESTO SOBRE EL VALOR DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Se prorroga hasta 31 de diciembre de 2023 la suspensión del Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, lo que implica modificar el cómputo de la base imponible y de los pagos fraccionados regulados en la normativa de este tributo (art. 5 RDL 20/2022).

TASAS

Se establece una exención durante seis meses de la tasa portuaria de la pesca fresca al armador del buque o embarcación pesquera y su sustituto, en el caso de que la pesca fresca acceda al puerto por vía marítima (art. 32 RDL 20/2022).

DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD IRPF

Se introduce una nueva DT 37ª en la LIRPF para aclarar el derecho a seguir percibiendo la deducción por maternidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a partir de 1 de enero de 2023, aunque alguno de los progenitores tuviera derecho al complemento de ayuda para la infancia respecto del mismo descendiente (art. 73 RDL 20/2022).

BENEFICIOS FISCALES EN LA PALMA

Se prorrogan para el ejercicio 2022 los beneficios fiscales establecidos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y en el Impuesto sobre Actividades Económicas por el art. 25 del RDL 20/2021, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma (art. 93 RDL 20/2022).

Exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que afecten a viviendas, establecimientos industriales, turísticos, mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones agrarias y forestales, locales de trabajo y similares, dañados por las erupciones. Debe acreditarse que ha sido necesario el realojamiento o que las pérdidas en las producciones agrícolas o ganaderas no tengan cobertura por seguro público o privado.

Reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles, marítimo-pesqueros, turísticos y profesionales cuyos locales de negocio o bienes afectos a esa actividad hayan sido dañados como consecuencia directa de las erupciones. Es requisito que hayan sido objeto de realojamiento o se hayan producido daños que obliguen al cierre temporal de la actividad. La reducción será proporcional al tiempo transcurrido desde el día en que se haya producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad, en los mismos locales, o en otros habilitados al efecto.

BENEFICIOS FISCALES POR LOS INCENDIOS

Como consecuencia de los incendios forestales acaecidos durante los meses de junio, julio y agosto de 2022, el Consejo de Ministros, en su reunión de 23 de agosto de 2022, acordó declarar zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil en diversas comunidades autónomas. Se aprueban los siguientes beneficios fiscales para dichas zonas (arts. 94 y 95 RDL 20/2022):

Exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio 2022 que afecten a viviendas, establecimientos industriales, turísticos, mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones agrarias y forestales, locales de trabajo y similares, dañados como consecuencia directa de los incendios forestales que se relacionan en el Anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 23 de agosto de 2022, cuando se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos, o pérdidas en las producciones agrícolas y ganaderas que constituyan siniestros cuya cobertura no resulte posible mediante formula alguna de aseguramiento público o privado.

Reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al ejercicio 2022 para las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles, marítimo-pesqueros, turísticos y profesionales cuyos locales de negocio o bienes afectos a esa actividad hayan sido dañados como consecuencia directa de los incendios, siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daños que obliguen al cierre temporal de la actividad. La indicada reducción será proporcional al tiempo transcurrido desde el día en que se haya producido el cese de la actividad hasta su reinicio en condiciones de normalidad, ya sea en los mismos locales, ya sea en otros habilitados al efecto.

Los contribuyentes que, teniendo derecho a estos beneficios en IBI e IAE, hubieran satisfecho los recibos correspondientes a dicho ejercicio fiscal, podrán pedir la devolución de las cantidades ingresadas.

Exención de las tasas del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico por la tramitación de las bajas de vehículos solicitadas como consecuencia de los daños producidos por los incendios, y por la expedición de duplicados de permisos de circulación o de conducción destruidos o extraviados por dichas causas, siempre que la persona titular del vehículo acredite disponer del seguro obligatorio de responsabilidad civil del automóvil en el momento en que se produjo el daño.

Exención en Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de las ayudas previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, por daños personales ocasionados por los incendios.

Se podrá autorizar la reducción de los índices de rendimiento neto a los que se refiere la Orden de módulos para 2022, para las explotaciones y actividades agrarias en las que se hayan producido daños como consecuencia directa de los incendios forestales.

 

 

Fuente: IIILA LEY. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

Los materiales serán un 3% más baratos que en 2022, prevé Caixabank.
Sin embargo, seguirá un 15% por encima del previo al Covid-19.

Al esperado enfriamiento de la demanda que va a experimentar en 2023 el sector inmobiliario tras el impulso de 2022 se une el descenso previsto en el precio de los materiales de construcción residencial. Sin embargo, pese a esta circunstancia, los costes de la construcción aún se mantendrán altos, por encima del nivel prepandemia.

Según el último informe Inmobiliario de CaixaBank Research, los costes de la construcción residencial en España se incrementaron de manera significativa desde enero de 2021, como consecuencia de la fuerte reactivación de la demanda global, ante la reapertura de la economía tras la pandemia. La tendencia se agravó con el inicio de la guerra en Ucrania y el incremento de los precios de los materiales básicos para la construcción.

Ya en los últimos meses, los precios de los metales industriales en los mercados internacionales han descendido de forma acusada, con lo que puede esperarse que estos materiales empleados para la construcción de vivienda vayan moderándose en los primeros meses de 2023, para registrar valores negativos a partir de abril. Esta tendencia provocará que el coste de construcción residencial en 2023 sea un 3% inferior frente a 2022, aunque en diciembre de 2023 sería todavía un 15% superior al de enero de 2019, según el modelo elaborado por Caixabank. No se alcanzarían los niveles previos al Covid-19 hasta mediados de 2024.

El año 2022 ha sido especialmente volátil para el precio de las materias primas, a las que hay que añadir la evolución de los metales industriales, que se han visto influenciados por la guerra en Ucrania, la subida del dólar e incluso la reciente desaceleración del crecimiento en China, factores que ha contribuido a tensionar los precios de los materiales que son la base de la construcción de una vivienda.

El London Metal Exchange Index (LME), el índice más utilizado como referencia internacional, subió el 53% entre enero de 2021 y abril de 2022, tras el inicio de la guerra en Ucrania. Desde entonces, el precio ha bajado, pese a lo cual aún sigue un 28% superior a los niveles de prepandemia. La razón se encuentra en los riesgos derivados de la guerra y la posibilidad de un importante desabastecimiento de materias primas que podría parar muchas obras en marcha. Esta situación jugó a favor de nuevos incrementos de precios.

Sin embargo, estas mismas expectativas dieron un giro drástico al no materializarse los peores temores de desabastecimiento de materias primas debido al conflicto y, más tarde, debido al deterioro de las perspectivas de crecimiento en las economías desarrolladas. En paralelo, otro factor importante en el reciente descenso de los precios de los metales es la evolución de la demanda de materias primas por parte de China.

Pero, ¿tendrá efectos en la evolución de los costes de construcción en España esta tendencia en los mercados internacionales? La respuesta es afirmativa. Según los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el coste de los materiales de la construcción residencial era en septiembre pasado un 26,7% superior al registro de enero de 2019, ligeramente por debajo del crecimiento máximo del 27,6% que llegó a alcanzar en junio de 2022.

En septiembre pasado, el cemento y el hormigón eran alrededor de un 20% más caros que a principios de 2019 y la madera, un 28%. El acero llegó a encarecerse el 84%, y en septiembre aún se situaba un 61% por encima del de enero de 2019.

Sin embargo, la curva de futuros del LME hace presagiar que los precios de los metales se mantendrán estables durante 2023. El precio del acero, el hormigón, la madera y el cemento experimentarán un descenso en 2023, moderado en el caso de la madera (2%) y más pronunciado en el acero (23%). Esta diferencia obedece a que el acero participa en mayor medida con el ciclo del mercado inmobiliario que se encuentra en fase de moderación, al tiempo que repuntó mucho más, por los efectos del conflicto de Ucrania, al ser Rusia uno de los mayores exportadores de este metal a nivel mundial.

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Fuente: Cinco Días