Medidas Fiscales en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022.

Se prevén medidas tributarias tales como la minoración en IRPF del límite general por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, la prórroga de módulos, establecimiento de una tributación mínima en el Impuesto sobre Sociedades, la reducción de la bonificación en este impuesto para las entidades dedicadas al alquiler de vivienda, nuevo epígrafe en el IAE, actualización de las Tasas o establecimiento de beneficios fiscales a las actividades de interés general y grandes eventos.

El Presupuesto se reduce desde los 713 millones hasta los 75 millones.

La mejora de la situación económica en España en los últimos meses ha permitido al Gobierno ir replegando las ayudas otorgadas a empresas y trabajadores durante la pandemia con el objetivo de conservar en esos meses los puestos de trabajo y la actividad empresarial. Así, ante una expectativa de crecimiento del 6,5% para este año y del 7% para 2022, el Gobierno prevé en consonancia una menor necesidad de aprovisionar fondos para algunas de estas ayudas extraordinarias concedidas por el impacto de la crisis sanitaria. Entre ellas, se encuentra la prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos, donde el Gobierno recorta en un 89,5% el dinero para esta partida, que pasará de los 713 millones de euros de este año a 75 millones para el ejercicio próximo.

Tal y como apunta el Gobierno en el detalle presupuestario de la partida, la prestación por cese en la actividad tiene por finalidad compensar la pérdida de ingresos como consecuencia del cese en la actividad del trabajador autónomo, cuando de forma involuntaria, éste se haya producido, entre otros, por motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos que hagan inviable continuar con la actividad económica o profesional; cuando se den causas de fuerza mayor que determinen el cese temporal o definitivo de la actividad económica o profesional; pérdida de la licencia administrativa, etc.

Prórroga hasta febrero.

Así, señalan desde el Ejecutivo, que «para el ejercicio 2022 se ha dotado un crédito por importe de 75 millones de euros, lo que supone una disminución con respecto al ejercicio anterior como consecuencia del elevado volumen de prestaciones extraordinarias reconocidas en 2021 con ocasión de la crisis sanitaria», debido a las mejores condiciones económicas experimentadas desde el segundo trimestre y que se espera que se extiendan durante el próximo año.

Como producto del reciente acuerdo entre el Gobierno y las entidades representantes de los trabajadores por cuenta propia, la prestación extraordinaria se prorrogará hasta febrero de 2022 y se otorgará a los negocios y trabajadores que puedan justificar una caída de ingresos de al menos el 75% en comparación al primer trimestre de 2020 y que además no superen rendimientos por encima del 75% del valor del SMI entre el segundo y tercer trimestre del presente ejercicio.

Así podrán solicitar la prestación extraordinaria aquellos trabajadores por cuenta propia que «no tengan rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad por cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre de 2021 superiores al 75% del salario mínimo interprofesional y «acreditar en el año 2021 un total de ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia inferiores al 75% por ciento de los habidos en el primer trimestre del 2020».

Leer más…

 

Fuente: El Economista

¿Está pensando cerrar su empresa por deudas? Cuando se empieza a acumular impagos, es normal planteárselo.

Ya estamos en el último trimestre del 2021. Los estragos de la pandemia parece que remiten a medida que aumenta el número de vacunados. Las restricciones sanitarias se alejan y la actividad económica progresa. Pero no se engañe, aunque es cierto que “cuando llueve siempre escampa” muchas veces quitarnos la humedad y el frío es muy difícil. Así es, aunque el horizonte esté más despejado, no significa que proyecte una recuperación inminente, y mucho menos para los trabajadores autónomos, uno de los colectivos más golpeado por la covid-19. Según el último barómetro realizado por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) “Solo uno de cada tres asegura que su actividad ha alcanzado los niveles prepandemia, y entre los que no lo han logrado, cerca de la mitad se plantean cerrar su negocio”.

Dejando atrás los símiles meteorológicos, a nadie se le escapa que la situación actual está propiciando que muchos empresarios se planteen el cierre definitivo. No son pocos los negocios que están acumulando impagos por la falta de ingresos y el cierre es el único camino a seguir.

Existen dos vías para echar el candado, la elección del procedimiento depende de las deudas

Cuando no hay pasivos acumulados, lo único que tiene que hacer es liquidar la compañía. Es decir, terminar de realizar los pagos que hay pendientes y proceder a darse de baja en la Seguridad Social o, en el caso de ser una sociedad, iniciar la disolución, liquidación y extinción mercantil.

En situaciones de disolución “con solvencia”, es decir, cuando existe capacidad de pago, el proceso de cierre se suele realizar por conducto notarial, requiriéndose para ello la previa aprobación del acuerdo por la Junta General de socios o accionistas.

Además, es importante incluir expresamente en la escritura pública, de aprobación del Balance Final de Liquidación, el importe de la cuota de liquidación de cada socio, pues, en caso de “resurrección de deudas”, por ejemplo, como consecuencia de alguna comprobación tributaria, los socios responderán personalmente hasta el límite de dicha cuota.

En el momento en el que existen deudas e insolvencia sólo hay un itinerario legal: el concurso de acreedores.

Muchos empresarios optan por “dar el persianazo” y dejar a la sociedad inactiva, olvidando que deben liquidar impuestos, presentar cuentas y responder a sanciones, además de correr el riesgo de que un acreedor inste el concurso necesario de la sociedad, aumentando exponencialmente la posibilidad de que el concurso sea calificado como culpable y los administradores se vean obligados a responder con su patrimonio personal.

Cuando se toma la decisión de cerrar el negocio no es suficiente con bajar la persiana.

Son numeras las personas que no quieren pasar por un procedimiento concursal por su elevado coste. Los concursos no son gratuitos, además suelen ser largos e incómodos. Ud. deberá abrirse en canal y exponer su realidad económica frente a un abogado, un procurador y un administrador concursal.

Sin embargo, y a pesar de estos inconvenientes, existen vías para llegar acuerdos con sus acreedores, reducir su deuda y, sobre todo, es ineludible. No olvide que uno de los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico es que una sociedad de capital (anónima o de responsabilidad limitada) no se puede disolver y liquidar si tiene deudas pendientes con cualquier acreedor.

Procedimiento

Es aconsejable comenzar por un preconcurso para tratar de llegar a un acuerdo extrajudicial y a una posible minoración de deuda.

Si las negociaciones no conducen a buen puerto, entonces deberá optar por la vía judicial y acudir al concurso de acreedores voluntario.

El procedimiento se inicia ante el Juzgado de lo Mercantil y consta de las siguientes fases:

• Actos previos. Abarca desde la solicitud del concurso al Juez, que en este caso se plantea por el deudor por ser voluntario, hasta el auto de admisión a trámite del mismo.

• Fase común. En este periodo tiene lugar la declaración del concurso. Tras presentar la documentación, se nombra un administrador concursal que se ocupará de las cuentas de la empresa y elaborará un informe con el pasivo y los créditos.

Leer más…

 

Fuente: CISS Contable Mercantil

Seis de cada diez españoles tienen dificultades para comprender la documentación bancaria.

En las finanzas personales, hay algunos conceptos básicos que se deben conocer, sobre todo para no tener dificultades a la hora de, por ejemplo, contratar una hipoteca. Según un reciente estudio de ING, el 62% de los españoles reconoce que le cuesta comprender la documentación relativa a la formalización de un préstamo hipotecario. Conceptos como TIN y TAE, euríbor, amortización, intereses fijos o variables… pueden suponer un quebradero de cabeza si no se entienden.

Únicamente un 17% de los españoles considera que la documentación para contratar productos y servicios financieros es sencilla. Además, un 23% admite no haberse enfrentado nunca a este tipo de documentación, de acuerdo con la encuesta realizada por el banco, que detalla que, entre aquellos españoles que tienen problemas para interpretar la documentación bancaria, un 25% reconoce que, aunque llega a entenderlo, tiene que invertir tiempo y esfuerzo; y un 19% siente que no siempre resuelve sus dudas, sobre todo cuando la información está relacionada con la contratación de hipotecas y seguros. Por su parte, un 15% de los españoles reconoce no entender la documentación bancaria en ningún caso por considerarla poco accesible.

Con el fin de poder discenir la letra pequeña, a continuación aclaramos algunos de los términos financieros más comunes.

TIN y TAE

Según la encuesta de ING, un 55% confiesa desconocer qué es el TIN, el 29% reconoce no saber qué es la TAE. Pues bien, el TIN (tipo de interés nominal) es el precio que la entidad financiera cobra por prestar o que paga por depositar (en el caso de los depósitos), mientras que el TAE (tasa anual equivalente) incluye, además del TIN, los gastos y comisiones asociados a los productos. Según explica el Banco de España, el TAE permite comparar distintas ofertas de préstamos o créditos, con independencia de sus condiciones particulares.

Euríbor

Es el tipo de interés al que las entidades de crédito están dispuestas a prestarse fondos en euros entre sí y uno de los tipos de referencia de los que depende lo que pagan muchos hogares por su hipoteca.

El 40% de los encuestados por la entidad no tiene claro qué es el euríbor. Además, según un análisis realizado por Rastreator, 6 de cada 10 jóvenes de 18 a 24 años no sabe qué es ni a qué afecta el euríbor.

Este índice se hizo famoso allá por 2008, cuando alcanzó su máximo histórico (5,5%) y los hipotecados se dieron cuenta de que sus cuotas hipotecarias se disparaban. Y es que la mayoría de las hipotecas variables en España están referenciadas a este indicador, cuyo valor se suma al diferencial que aplican las entidades en los préstamos a tipo variable. Es decir, si el diferencial es del 1% y el euríbor se sitúa por ejemplo en el 3%, entonces el interés a pagar es del 4%.

Además, cuando empezó a bajar y muchos veían que su letra mensual no variaba por tener la llamada cláusula suelo, que impedía beneficiarse de las caídas del euríbor, volvió a tomar relevancia. La banca tuvo que eliminar esas cláusulas por abusivas.

Leer más…

 

Fuente: Cinco Días

Se adoptan diferentes medidas para impulsar la actividad de rehabilitación residencial en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia: medidas en el ámbito de la fiscalidad, mejoras en el régimen de las comunidades de propietarios y medidas en el ámbito de la financiación a las actuaciones de rehabilitación.

Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE 06-10-2021)

Materias afectadas: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Fecha de entrada en vigor: 06-10-2021

Se recogen en este Real Decreto-Ley las diferentes medidas necesarias para impulsar la actividad de rehabilitación residencial.

España tiene importantes retos en materia de rehabilitación y mejora del parque de vivienda. Siendo anteriores a 1980 el 50 % de los edificios residenciales, un porcentaje muy elevado cuenta con una mala calificación energética, lo que hace necesario una rehabilitación energética.

Esto hace necesario adoptar medidas para incrementar la rehabilitación residencial, multiplicando por 10 en la presente década la cifra actual situada en el entorno de las 30.000 rehabilitaciones anuales de vivienda, convirtiéndose la renovación del parque inmobiliario en fundamental, tanto para alcanzar el objetivo a medio plazo de la neutralidad climática de aquí a 2050, como para impulsar a corto plazo el empleo y la actividad en este contexto de recuperación y crecimiento post pandemia.

El 7 de octubre de 2020 se aprobó el marco general del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, regulado posteriormente por el Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que permitirá la realización de reformas estructurales en los próximos años, mediante cambios normativos e inversiones para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID-19.

El Plan tiene un primer eje destinado a reforzar la inversión pública y privada, y un Componente 2 centrado en el impulso de las actuaciones de rehabilitación y mejora del parque edificatorio, tanto en ámbitos urbanos como rurales, asegurando la máxima ambición en el ámbito de la energía y la sostenibilidad, y realizando actuaciones integrales de mejora de la calidad, estado de conservación, accesibilidad y digitalización de los edificios, fomentando la construcción de vivienda en alquiler social.

Son 3 los motivos que hacen necesario adoptar medidas en el ámbito de la fiscalidad, mejoras en el régimen de las comunidades de propietarios y en el establecimiento de medidas en el ámbito de la financiación a las actuaciones de rehabilitación, entre otras, hitos marcados en el del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia:

1º. El grave deterioro del parque edificatorio y de la vivienda.

2º. La importancia de que España responda con la máxima agilidad a los retos nacionales y europeos en materia de rehabilitación edificatoria.

3º. La oportunidad de destinar a corto plazo un importante volumen de recursos en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Deducción en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética en viviendas (art. 1)

Se modifica la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, para introducir tres nuevas deducciones temporales en la cuota íntegra estatal del impuesto aplicables sobre las cantidades invertidas en obras de rehabilitación para la mejora de la eficiencia energética de la vivienda habitual o arrendada para su uso como vivienda:

— 1ª. Deducción por obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de la vivienda habitual o arrendada para su uso como vivienda: deducción de hasta un 20 % de las cantidades satisfechas por las obras realizadas desde el 06-10-2021 hasta el 31-12-2022, con una base máxima de deducción de 5.000 € anuales, siempre que las obras realizadas contribuyan a una reducción de al menos un 7 % en la demanda de calefacción y refrigeración.

— 2ª. Deducción por obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de la vivienda habitual o arrendada para su uso como vivienda: deducción de hasta un 40 % de las cantidades satisfechas por las obras realizadas desde el 06-10-2021 hasta el 31-12-2022, hasta un máximo de 7.500 € anuales, siempre que las obras realizadas contribuyan a una reducción de al menos un 30 % del consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética de la vivienda para obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala de calificación.

— 3ª. Deducción por obras de rehabilitación que mejoren la eficiencia energética en edificios de uso predominante residencial: aplicable sobre las cantidades satisfechas por el titular de la vivienda por las obras realizadas desde el 06-10-2021 hasta el 31-12-2023, en las que se obtenga una mejora de la eficiencia energética del conjunto del edificio en el que se ubica, siempre que se acredite a través de certificado de eficiencia energética, una reducción del consumo de energía primaria no renovable de un 30 % como mínimo, o bien, la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética «A» o «B».

Leer más…

 

Fuente: CISS Contable Mercantil