Para poder adherirse las empresas deberán tener el domicilio fiscal y el centro de prestación de las soluciones en la Unión Europea y una facturación acumulada de, al menos, 100.000 euros en los dos años anteriores o 50.000 en el año anterior en proyectos similares.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha creado un registro de empresas proveedoras de soluciones tecnológicas para modernizar el transporte por carretera, en el marco del programa de ayudas a autónomos y pymes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dotado con 110 millones de euros.

Con el fin de facilitar la gestión de las ayudas, la búsqueda de los servicios acordes a las necesidades de las empresas beneficiarias y la implantación de las soluciones de modernización subvencionadas, el Ministerio ha creado la figura de Proveedores de Soluciones de Modernización, que determinará las únicas empresas que podrán prestar las soluciones de modernización subvencionadas a las pymes y autónomos beneficiarios de las ayudas.

Así, las empresas del ámbito tecnológico y digital que sean proveedoras de alguna de las soluciones de modernización incluidas en las ayudas al sector del transporte por carretera, podrán solicitar su adhesión al programa de ayudas, mediante el procedimiento publicado en la sede electrónica del Ministerio.

Para poder adherirse, entre otros requisitos, las empresas deberán tener el domicilio fiscal y el centro de prestación de las soluciones en la Unión Europea y una facturación acumulada de, al menos, 100.000 euros en los dos años anteriores o 50.000 en el año anterior en proyectos similares (70.000 o 35.000 euros de facturación, respectivamente, para autónomos sin trabajadores a su cargo).

 

 

Fuente: IIILA LEY. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

Busca tu nombre en Google. Es posible, incluso probable, que entre los resultados encuentres, además de tu DNI y teléfono, la dirección de tu domicilio si trabajas desde casa.

¿No has buscado alguna vez en internet tu nombre para saber que había en la red sobre ti? Seguro que sí. Lo más común es encontrar el acceso a las redes sociales, alguna fotografía y puede que alguna noticia donde se te haya nombrado. Pero, si eres autónomo, la oferta de los buscadores va mucho más allá, podrás encontrar tu nombre, DNI, dirección e incluso el número de teléfono. Todo esto sin haber dado tu consentimiento y sin tener conocimiento de que son públicos.

Los datos personales de los trabajadores autónomos están expuestos de forma sistémica y son incluso comercializados sin que ellos lo sepan. Alrededor de un millón de personas con ingresos iguales o inferiores a los 1.000 euros mensuales pueden encontrar su “vida” en Internet.

Las profesiones más expuestas son principalmente las de ámbito de renta relativamente baja como riders, limpieza, servicios personales, hostelería, comercio al por menor, dibujo, audio y vídeo, reparaciones…

Así lo confirma un informe que ha sido realizado por Xnet, una organización en defensa de los derechos digitales. Todo empieza como te hemos dicho, con una chica que buscó su nombre en Google.

Alba Sierra, nombre ficticio, es diseñadora gráfica y trabajadora autónoma. Un día se buscó a sí misma en Google y, para su sorpresa, se encontró con un portal de información empresarial en el que figuraba su DNI, código postal, domicilio personal, número de teléfono, correo electrónico y un comentario sobre su solvencia económica. Todos estos datos, al alcance de cualquier persona.

¿Cómo es posible?

El procedimiento que genera esta exposición es el que se realiza entre la Agencia Tributaria, la Cámara de Comercio, Camerdata y consultoras privadas.

Como autónomos a la hora de darnos de alta aportamos muchos datos como el DNI, el teléfono o la dirección para acceder a un censo de actividades económicas. Es decir, una base de datos con todos los empresarios de diferentes sectores categorizados por el CNAE. Pero estos datos no se quedan en la Agencia Tributaria, sino que se transfieren a las Cámaras de Comercio que crean un censo público que actúa como directorio.

Artículo 8. Censo público.

Las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación elaborarán un censo público de empresas del que formarán parte las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que ejerzan las actividades comerciales, industriales, de servicios y navieras en territorio nacional, para cuya elaboración contarán con la colaboración de la administración tributaria competente así como de otras administraciones que aporten la información necesaria, garantizando, en todo caso, la confidencialidad en el tratamiento y el uso exclusivo de dicha información. (Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación)

A partir de aquí las Cámaras de Comercio venden estas bases de datos a diferentes páginas web. Estos procesan estos datos y los ofrecen a sus clientes, dando información a todos los que están suscritos. En un primer momento, estos datos están accesibles de manera gratuita, tras un sencillo proceso de registro. Después de varias consultas sí que se tiene que optar por pagar una cuenta mensual o anual.

¿Qué se pretende corregir?

El informe redactado por Xnet propone modificaciones legales para:

1 – Proteger la privacidad de las personas trabajadoras autónomas con ingresos que no les permitan un domicilio profesional diferente del suyo personal.

2 – Corregir los protocolos para que se evite la comercialización de datos personales y se informe correctamente sobre los derechos de las personas autónomas en materia de protección de datos y el destino de sus datos por parte de la Agencia Tributaria y de la Cámara de Comercio en el momento del alta.

A poco más de un mes y medio desde que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitiera la sentencia STJUE de 22 de noviembre, rec. C-37/2020 que impide el acceso público a los registros de titularidad de las empresas al considerarlo una injerencia en la vida privada. (más información) descubrimos que los autónomos están totalmente desprotegidos.

Quizás es cierto lo que algunos expertos denuncian como “Doble rasero en la aplicación de la protección de datos” Esperemos que no sea así y que tal y como se ha anunciado, la Agencia Española de Protección de Datos, tome cartas en el asunto para colmar este vacío legal y proteger la privacidad de los autónomos.

 

 

Fuente: IIILA LEY. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales. (Ainoa Iriarte Ibargüen)

Los salarios en el sector han crecido entre un 15% y un 20% en 2022, con cifras que se sitúan entre los 50.000 euros anuales y los 130.000 entre los puestos más demandados.

El sector tecnológico se ha convertido en el motor del empleo en España. En 2022 ha sido el mayor generador de ofertas laborales gracias al proceso de transformación digital de nuestras empresas. También se sitúa a la cabeza en cuanto a los salarios más altos. De media, la retribución de los puestos de tecnología ha aumentado entre un 15% y un 20% respecto al año anterior y crecen los incentivos no económicos como seguros médicos, formación, flexibilidad horaria y el trabajo 100% en remoto.

La demanda de perfiles cualificados en el sector supera cada vez más a la oferta. La brecha entre la oferta y la demanda hoy es de un 70%, lo que provoca que se hayan quedado 120.000 puestos sin cubrir, según DigitalEs.

Estas son las principales tendencias del empleo en el sector IT, según un informe de Technology by PageGroup.

Perfiles más demandados.

Los perfiles IT más demandados este año han sido los vinculados con proyectos para apoyar e impulsar la presencia de las compañías en el mercado a través de la migración, implementación, fusión e integración de las tecnologías más adecuadas y adaptadas al contexto actual.

En este sentido, perfiles como Contractors o Interim Management, dentro del área de Tecnología Global, han sido los más solicitados.

Además, hay un gran crecimiento en la parte de desarrollo o software, con la figura del software engineer como el perfil más solicitado. Además, en el área de software, también ha aumentado la oferta en perfiles de arquitectura y tech lead, que lideran la estrategia de esta área.

En el área de Big Data, en claro crecimiento también, los perfiles más solicitados han sido los data engineers y architect.

Otra de las profesiones más demandadas es el DevOps, que facilita y acelera el desarrollo y la implantación de las aplicaciones. Una evolución de este perfil, que se comienza a ver con el crecimiento de los entornos Cloud, es el CloudOps.

Por último, se ve crecimiento de los perfiles de CTO y CIO que permiten organizar y dirigir la estrategia global de la compañía en digitalización.

Habilidades digitales más buscadas.

A nivel técnico, respecto a los perfiles de sistemas, cada vez se solicita más que sean de entornos Linux y que tengan una orientación a Devops, vinculado a tecnologías como Docker y Cloud (AWS y Azure); por otro lado, respecto a los perfiles de Networking y Seguridad, lo que se demanda es CISCO y Fortinet.

En los perfiles temporales de IT se busca, principalmente, capacidad de adaptación e integración inmediata tanto en el proyecto como con el equipo de trabajo. También es fundamental la experiencia para alcanzar resultados y conseguir objetivos, con plazos muy marcados.

En términos generales, según Iñigo Fernández, Executive Director de Technology by PageGroup España, a nivel nacional las empresas buscan “perfiles con experiencia consolidada en su ámbito, que hayan trabajado en entornos complejos para poder hacer frente a cualquier tipo de situación».

«En cuanto a los perfiles senior buscan tanto su implicación en la parte técnica como en la gestión de proyectos. En lo que respecta a perfiles operativos, lo más importante son las aptitudes técnicas y su capacidad de entender el proyecto. Respecto a los perfiles de soporte, sí se hace mucho hincapié en los soft skills (persona motivada, proactiva y con iniciativa) que dan clara oportunidad de crecimiento. Igualmente, los soft skills han de ir de la mano de unas buenas aptitudes técnicas”.

Profesiones IT mejor remuneradas y su rango salarial.

Estos son los perfiles que ha experimentado un incremento salarial en el último año, y la horquilla actual en la que se mueven:

Desarrolladores de software con 4-8 años de experiencia: entre 45.000 y 70.000 euros anuales.

Expertos DevOps: entre 65.000 y 90.000 euros anuales.

Arquitectos de Cloud: entre 70.000 y 90.000 euros anuales.

Ingenieros de SW embebido con experiencia a partir de 3 años: entre 40.000 y 55.000 euros anuales.

Consultor/Desarrollador SAP, Dynamics, Salesforce: desde 42.000 euros anuales hasta 65.000, en función de la experiencia laboral.

Los perfiles en los que la proporción de salario ha subido de una forma más llamativa son los puestos relacionados con Cloud (AWS, Azure y GCP) con salarios de 55.000 a 130.000 euros en función de la experiencia y los Senior Backend Developers (Node.js, Java y Python), donde encontrar perfiles con estas tecnologías por debajo de 50.000 euros es muy complicado.

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Fuente: Emprendedores

Se pone en marcha una aplicación y un servicio telefónico.

La Agencia Tributaria ha puesto a disposición de los ciudadanos un nuevo sistema de búsqueda de bienes inmuebles incluidos en sus procedimientos de subasta, que se publican a través del Portal del Boletín Oficial del Estado (BOE).

El sistema se ha diseñado para localizar cualquier inmueble que se adapte a las necesidades del interesado mediante criterios de búsqueda como la provincia donde radica el inmueble, el tipo de bien o su valoración, según ha explicado la Administración a través de un comunicado.

El buscador, accesible a través de la aplicación móvil y la sede electrónica de la Agencia, permite también ubicar inmuebles a través de la opción ‘mapa’, donde cualquier persona interesada podrá conocer con exactitud el lugar donde se encuentran los inmuebles.

La nueva funcionalidad incorpora, a su vez, la posibilidad de guardar como favoritos los inmuebles seleccionados para facilitar su recuperación en futuros accesos al buscador, o incluso compartirlos por mensajería instantánea de móviles.

Avisos para inmuebles preseleccionados.

Además, en caso de que en un determinado momento ningún inmueble cumpla con los criterios introducidos, se ha habilitado un sistema de suscripción a alertas que avisará al interesado cuando se inicie una subasta que cumpla con esos criterios.

Para acceder al servicio de consulta no se requiere ningún tipo de autenticación. Según ha explicado la Agencia, la suscripción al sistema de avisos de bienes inmuebles sí que requerirá contar con ‘Clave Pin’ para acceder desde la aplicación, mientras que el acceso a través de la sede electrónica se podrá realizar tanto con ‘Clave Pin’, como con certificado o DNI electrónico.

Atención telefónica específica.

El arranque de esta nueva funcionalidad se suma a la implementación de un servicio de información y asistencia telefónica específico para que los interesados en participar en las subastas puedan resolver sus dudas durante todo el procedimiento, desde que son interesados, hasta que se convierten en licitadores o adjudicatarios.

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Fuente: Cinco Días

Con la aprobación de la nueva Ley Crea y Crece, las pequeña y medianas empresas tendrán un plazo de 24 meses, desde la publicación de su desarrollo reglamentario, para incorporar la factura digital a sus negocios y evitar así la imposición de multas.

La Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, más conocida como Ley Crea y Crece, introduce novedades en los trámites y requisitos para la constitución de sociedades en España, pero también, con el objetivo de luchar contra la morosidad, contempla la obligatoriedad del uso de la factura electrónica. Digital Toolkit

Así es, se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos. Esta medida, además de reducir los costes de transacción y suponer un avance en la digitalización de la operativa de las empresas, permitirá obtener información fiable, sistemática y ágil de los plazos efectivos de pago, requisito imprescindible para reducir la morosidad comercial.

En este caso, todo parece apuntar a que el fin buscado Sí justifica los medios. Atento.

A partir de la aprobación del desarrollo reglamentario de esta nueva obligación, las pequeña y medianas empresas tendrán un plazo de 24 meses, para incorporar la factura digital a sus negocios y evitar así la imposición de multas de hasta 10.000 euros.

El texto publicado el pasado 29 de septiembre en el Boletín Oficial del Estado, entre otros muchos cambios, incluye una modificación del artículo 2.bis de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.

9. Las empresas que, estando obligadas a ello, no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir facturas electrónicas o no permitan el acceso de las personas que han dejado de ser clientes, a sus facturas, serán sancionadas con apercibimiento o una multa de hasta 10.000 euros. La sanción se determinará y graduará conforme a los criterios establecidos en el artículo 19.2 de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Idéntica sanción puede imponerse a las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica que no cumplan las demás obligaciones previstas en el artículo 2.1. Es competente para imponer esta sanción la persona titular de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Veinticuatro meses por delante es el tiempo que el Gobierno considera oportuno para que pequeñas y medianas empresas instauren el conocido como Digital Tooltik en sus negocios de manera obligatoria. De este modo, el sector contará con más tiempo para implementar el nuevo sistema de facturación digital, puesto que se estima que pueda resultar más costoso para ellas el periodo de adaptación, antes de que se comience a imponer multas. Así lo dice expresamente en la propia exposición de motivos.

“Dado que son las empresas pequeñas las que sufren en mayor medida las malas prácticas en relación con los plazos de pago, urge que la implementación de las iniciativas que incentivan los pagos sin demora se introduzca en primer lugar en el plano de las grandes empresas, con el fin de reducir sus comportamientos en lo que respecta a la gestión de pago a proveedores. Al mismo tiempo, es razonable conceder a las empresas de menor tamaño un mayor periodo de tiempo para adaptarse a esta obligación. El despliegue del mencionado Digital Toolkit permitirá a las empresas de menor tamaño tener un periodo de transición para adaptarse y contar con el apoyo necesario habida cuenta de que el proceso de digitalización de la factura puede conllevar un mayor esfuerzo para las empresas de menor tamaño. Por tanto, resulta lógico que las pymes cuenten con un periodo transitorio de dos años desde la aprobación de su desarrollo reglamentario para la implementación de la factura electrónica obligatoria, mientras que las grandes empresas, con mayor músculo financiero, encaren la transición en una primera etapa conforme a lo indicado en la disposición final octava”.

Disposición final octava.

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a excepción del Capítulo V que entrará en vigor a partir del 10 de noviembre de 2022 y del artículo 12, relativo a la facturación electrónica entre empresarios y profesionales que producirá efectos, para los empresarios y profesionales cuya facturación anual sea superior a ocho millones de euros, al año de aprobarse el desarrollo reglamentario. Para el resto de los empresarios y profesionales, este artículo producirá efectos a los dos años de aprobarse el desarrollo reglamentario. La entrada en vigor del artículo 12 está supeditada a la obtención de la excepción comunitaria al artículo 232 de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido.

Para apoyar esta medida en la Agenda Digital 2025 y en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se han propuesto programas de subvenciones que permitirán la adquisición e implantación masiva de soluciones de digitalización, en particular el Programa Digital Toolkit dotado con más de 3.000 millones de euros en subvenciones. A través de un diagnóstico previo del nivel de madurez digital, las empresas podrán identificar sus necesidades de digitalización, entre ellas la de adopción de la factura electrónica, obteniendo una subvención para emplear en la contratación en el mercado de productos o servicios de facturación electrónica y asegurar su implantación efectiva.

Los que no se adapten a la facturación electrónica quedarán fuera del mercado.

Tal y como ha manifestado recientemente Rosa María Prieto, directora del departamento de Gestión Tributaria de la AEAT la digitalización de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) podría suponer un cambio radical para muchos pequeños negocios en los próximos años. Las futuras obligaciones fiscales que se avecinan, como el uso de la factura electrónica o los softwares de facturación homologados por Hacienda, podrían llegar a poner en peligro a todos aquellos negocios tradicionales que no sean capaces de adaptarse y seguir el ritmo de la Administración.

SIGUIENTE PARADA: Aprobación del Reglamento de desarrollo.

Se habilita a los Ministerios de Asuntos Económicos y Transformación Digital y de Hacienda y Función Pública para determinar los requisitos técnicos y de información a incluir en la factura electrónica a efectos de verificar la fecha de pago y obtener los periodos medios de pago, los requisitos de interoperabilidad mínima entre los prestadores de soluciones tecnológicas de facturas electrónicas, y los requisitos de seguridad, control y estandarización de los dispositivos y sistemas informáticos que generen los documentos.

Estos requisitos técnicos deberán tener en cuenta la realidad actual del uso de facturas electrónicas estructuradas basadas en estándares globales de forma que se minimice, en lo posible, el esfuerzo de cumplimiento y adaptación de las empresas que ya usan facturas electrónicas estructuradas basadas en dichos estándares.

El plazo para aprobar estos desarrollos reglamentarios será de seis meses a contar desde la publicación en el BOE de la nueva ley. Esto es, antes del 29 de marzo de 2023.

Previo a la aprobación del desarrollo reglamentario, el Gobierno abrirá un período de exposición pública del reglamento regulador de la factura electrónica, a efecto de presentación de alegaciones por parte de los interesados. Tendremos que estar muy atentos.

 

 

Fuente: CISS Contable Mercantil. (Ainoa Iriarte Ibargüen)

La iniciativa busca formar a 95.000 directivos de pequeñas y medianas empresas y 33.000 agentes expertos en transformación digital con el objetivo de mejorar la productividad e internacionalización de la pequeña empresa española.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado sábado 12 de noviembre las bases reguladoras y las primeras convocatorias del programa Generación Digital Pymes.

Un paquete de ayudas de hasta 356 millones de euros destinadas a la formación en digitalización de pymes y emprendedores.

Normas.

Se trata de las siguientes Disposiciones:

• Orden ICT/1081/2022, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el Programa «Generación Digital Pymes: personas de equipos directivos y cualificación de personas empleadas en Pymes», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se procede a su convocatoria en el año 2022.

• Orden ICT/1080/2022, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa «Generación Digital: Agentes del Cambio», y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Objetivos.

Se pretende ofrecer los conocimientos y habilidades necesarias para:

• Impulsar la transformación digital de sus empresas.

• Disminuir la brecha digital por cuestiones de género.

• Dotar al tejido empresarial de talento.

• Mostrar cómo la tecnología impacta en los negocios, permitiendo situar al cliente en el centro y dar solución a sus necesidades.

• Ofrecer a los futuros «agentes del cambio» los conocimientos y habilidades necesarias para su incorporación o recualificación en el mercado laboral.

Recorrido.

Esta iniciativa se articula en dos itinerarios formativos:

• uno de “cambio cultural” enfocado en la formación de directivos y cualificación de empleados y

• otro enfocado a «agentes del cambio» para mentorizar a jóvenes desempleados y trabajadores que actúen como guía en la transformación digital de su empresa.

Beneficiarios.

Las ayudas de esta convocatoria, en forma de subvención, van dirigidas a entidades de formación de referencia en España que serán las encargadas de impartir el programa en todo el territorio nacional.

Esta convocatoria se integra dentro del Componente 19, ‘Plan Nacional de Capacidades Digitales’, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que tiene una dotación global de 3.593 millones de euros con el objetivo de garantizar la formación e inclusión digital de la ciudadanía y los trabajadores, no dejando a nadie atrás en el proceso de transformación digital de la sociedad y la economía.

Inversión.

La inversión total prevista para la formación de 95.000 directivos de pymes y 33.000 agentes del cambio expertos en transformación digital asciende a 356 millones de euros procedente de los fondos del Plan de Recuperación y se aplicará hasta diciembre de 2025.

En esta primera convocatoria las cantidades ascienden a los 199 millones: 147,5 millones para «Generación Digital Pymes» y 51,5 millones para «Generación Digital Agentes del Cambio»

Gestión.

Será la EOI la encargada de gestionar la inversión prevista. Próximamente, esta entidad abrirá un período de preinscripción para pymes, directivos, empleados y desempleados que obtendrán un «bono formación» con el que se remunerará a las entidades formadoras que la Administración autorice. El funcionamiento será muy similar al establecido para el kit digital.

La EOI es una fundación del sector público estatal adscrita a la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR), que se dedica a formar profesionales, producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de valor a empresas, emprendedores y administraciones, en los valores de una economía abierta, social, verde y digital.

Plazos.

Las solicitudes para ser Entidad Formativa ya se pueden presentar a través de la sede electrónica de la EOI y el plazo para inscribirse como formador permanecerá abierto un mes, hasta el próximo 12 de diciembre. Para las pymes, trabajadores, directivos o desempleados el plazo se prolongará durante otros 3 meses.

Fuente: CISS Contable Mercantil (Ainoa Iriarte Ibargüen)

Simplificará las peticiones de citas y unificará la atención telefónica en todo el territorio. También se potenciará la atención en determinados servicios mediante las nuevas herramientas, como el chat o la videoasistencia.

La Agencia Tributaria está trabajando en un nuevo modelo único de asistencia con el que pretende simplificar al contribuyente el contacto con la Administración y mejorar el acceso a la prestación de servicios a través de todos los canales, incluyendo la atención presencial, sobre todo dirigida a personas mayores y afectados por la brecha digital.

El nuevo modelo plantea una mejora en la aplicación informática de cita previa, establecimiento un único sistema en la que se integrarán todos los servicios de asistencia (presencial, telefónica y digital (sede electrónica y ‘app’).

La directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández, prevé lanzar una prueba piloto de esta mejora de la aplicación de cita previa entre noviembre y diciembre, con el objetivo de que esté en marcha el próximo año.

Se pretende con este modelo único que la asistencia prestada sea idéntica a nivel nacional con independencia del canal utilizado, presencial, por teléfono o por sede electrónica. El contribuyente podrá obtener los mismos servicios y la misma información en ambas modalidades, presencial y no presencial, lo que favorece la aplicación de criterios uniformes hacia el exterior.

La unificación se materializa adicionalmente, en una atención multiárea y multicanal -presencial, telefónica y digital (sede electrónica y ‘app’), que engloba tanto al área de Gestión como a las de Recaudación y Aduanas, y todo ello independientemente de la distribución territorial o competencial de las materias sobre las que el contribuyente consulte.

En cuanto a la asistencia telefónica, con independencia de a qué teléfono de contacto llame el contribuyente para una materia concreta, la Agencia contestará de forma única en relación con esa materia, reforzando así la unidad de criterio y la calidad del servicio.

Además, la Agencia Tributaria insiste en que el contacto debe ser fácil y rápido, proporcionando una información que sea útil y comprensible, simple y clara, siendo el propio contribuyente el que elija el tipo de canal a través del que quiere relacionarse con la Administración.

NUEVA ATENCIÓN TELEFÓNICA DE MÁS FÁCIL ACCESO

Junto con el sistema tradicional de obtención de cita previa para ser atendido presencialmente en una oficina de la AEAT se quiere articular una nueva atención telefónica, de más fácil acceso, y soportada por personal especializado, que tras escuchar la petición del interesado, podrá tanto asistirle en la consecución de una cita presencial, si así lo desea, como solucionar su duda si fuese posible en el mismo momento, evitando así que los contribuyentes tengan que desplazarse innecesariamente a las oficinas.

Del mismo modo, también se potenciará la atención en determinados servicios mediante las nuevas herramientas, como el chat o la videoasistencia, sin olvidar la importancia de la seguridad en el acceso a las nuevas formas de relacionarse con la Administración Pública.

Por último, se fomentará y facilitará la identidad electrónica, vía que permite la autentificación de la identidad de los contribuyentes: el sistema Cl@ve Pin y el certificado electrónico permiten ya dar una asistencia mucho más eficaz en los canales no presenciales, al garantizar la autenticidad de la persona de la misma manera que se garantiza de forma presencial.

 

Fuente: CISS. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

El uso de datos permite realizar un análisis de solvencia económica, conocer el historial de morosidad y conocer el perfil del inquilino por su actividad en redes.

Es un hecho que la crisis actual agrava la preocupación de los propietarios de pisos ante la posibilidad de alquilar a una persona que incurra en el impago de las cuotas del alquiler a tiempo. Una preocupación que tiene realmente una solución sencilla y rápida con el uso de la tecnología. En el mercado ya existen empresas que realizan scoring de inquilinos, las mismas técnicas que utilizan los bancos para identificar el perfil de solvencia de sus clientes antes de ofrecer un crédito.

“En el caso de los alquileres, prevenir los impagos es hoy por hoy y de forma muy clara es la principal preocupación de los propietarios. En la situación que se avecina se torna imprescindible profesionalizar y dinamizar el mercado a través de medidas preventivas para maximizar la rentabilidad y asegurar la tranquilidad de los arrendadores”, explica Alberto Dahl, gerente de operaciones de Wolo, que añade que “también es importante ofrecer a los inquilinos viviendas con los mayores estándares de calidad. Esta es una de las maneras más efectivas de evitar los impagos”.

En este sentido y según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Baleares, Canarias y Cataluña encabezan la lista de las comunidades autónomas con las tasas más altas de desahucios por impago de alquiler. Desde la plataforma especializada en alquileres de larga duración explican que para prevenir la situación es importante contar con una empresa que acompañe al propietario en el proceso de elegir al inquilino, y lo haga de forma meticulosa y transparente.

Scoring económico y social.

“Sin el conocimiento, la tecnología y la experiencia adecuada es difícil estar tranquilo de tenerlo todo controlado y de que nada se escape. La etapa de búsqueda de inquilinos es fundamental y empieza mucho antes del estudio de morosidad y solvencia económica y social. Entender las necesidades del propietario, saber quién es el inquilino ideal para cada piso y perfilar el anuncio hacia el inquilino que estamos buscando, es muy importante”, afirma Alberto Dahl.

Por otro lado, desde Wolo proponen un sistema de validación económica y social. “Esto es algo que aplicamos en nuestros procesos y que nos da excelentes resultados. Se trata de un scoring dual que permite hacer un análisis de solvencia económica y conocer el historial de morosidad de la persona interesada; así como desarrollar un perfil en base a la actividad en redes, experiencias previas con otros propietarios y una presentación que el mismo candidato realiza en su área personal, y que permite conocer con mayor profundidad a la persona que alquilará nuestro piso”. Este estudio es fundamental para minimizar el riesgo de que se produzca un impago en el alquiler.

Seguros de impago.

Otra solución cada día más popular es la contratación de seguros de impago. Un seguro contratado por el propietario pero que recae sobre el inquilino. Su funcionamiento es sencillo: si se produce un impago, se activa la póliza y la entidad aseguradora paga el coste del alquiler durante el período en que el producto esté activo.

Además, la cobertura también se extiende a los daños producidos por un inquilino que no quiere dejar el piso, cambios de cerradura, desahucios, y costes de litigios o procesos judiciales, entre otros.

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Fuente: Emprendedores

En marcha la tercera convocatoria de ayudas Kit Digital para negocios con hasta 2 empleados. El plazo para presentar las solicitudes se inicia el 20 de octubre y estará abierto durante 12 meses o menos, si se agota el crédito presupuestado.

Esta es la última oportunidad que estábamos esperando. El Boletín Oficial de Estado ha publicado el Extracto de la Resolución de 5 de octubre de 2022, de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P. por la que se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento III (entre 0 y menos de 3 empleados) en el marco de la Agenda España Digital 2026, el Plan de Digitalización PYMEs 2021- 2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU (Programa Kit Digital)

El programa, que impulsa Red.es, ha tenido ya dos “citas” anteriores:

  • La primera en marzo, dirigida a empresas de entre 10 y 49 empleados (segmento I) por un importe máximo de hasta 12.000 euros que ha recibido hasta mediados de septiembre unas 70.000 solicitudes y ya tiene más de 35.000 bonos asignados y
  • Una segunda en septiembre, para pymes de entre 3 y 9 trabajadores (segmento II) por un importe máximo de 6.000 euros que lleva registradas unas 33.400 solicitudes y más de 5.000 ayudas gestionadas.

Esta tercera convocatoria se dirige a pymes y autónomos de menos de tres trabajadores, con subvenciones de hasta 2.000 euros para mejorar su digitalización.

La repercusión de esta ayuda es muy importante. Tenga en cuenta que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de 1,8 millones de empresas españolas no tienen asalariados y más de 920.000 tienen entre 1 y 2 trabajadores. Ni más ni menos que el 56% del tejido industrial español son posibles beneficiarios del bono para digitalización de esta tercera convocatoria.

Requisitos.

Para solicitar el kit digital, el requisito principal es estar dado de alta como autónomo en Hacienda y en la Seguridad Social.

Deberán estar inscritos en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o en el censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, que debe reflejar la actividad económica efectivamente desarrollada a la fecha de solicitud de la ayuda, y tener una antigüedad mínima de 6 meses.

El resto de las condiciones exigidas son las siguientes:

  • No tener deudas con Hacienda.
  • Estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social (como la cuota de autónomo)
  • No estar considerado una empresa en crisis según los criterios del Ministerio de Economía.
  • Cumplir con la Ley de subvenciones y no incurrir en ninguna de sus incompatibilidades.
  • No haber disfrutado de una ayuda ilegal o incompatible con el mercado europeo.
  • Disponer de la evaluación del Nivel de Madurez Digital, de acuerdo con el test de diagnóstico disponible en la plataforma Acelera pyme (https:// www.acelerapyme.gob.es/).
  • Cumplir con el mínimo de empleados contratados. En la gestión de esta obligación, debe tener en cuenta:

a) Que el autónomo cuenta en el cómputo de trabajadores.

b) Que para determinar si el autónomo tiene derecho a la ayuda se calculará la plantilla media de trabajadores de los 12 meses anteriores a la fecha de solicitud. Por ejemplo, un trabajador sólo se contabilizará como un empleado para el Kit Digital cuando esté contratado a 40 horas semanales y un empleado a tiempo parcial se considerará como ‘medio’ de cara a la ayuda.

Procedimiento.

Sólo hay cinco pasos a seguir para enviar la solicitud del Kit Digital:

  • Registrarse en Acelera Pyme y realizar el test de autodiagnóstico para comprobar el nivel de digitalización del negocio.
  • Consultar el catálogo de soluciones digitales del Kit Digital.
  • Solicitar la ayuda en la sede electrónica de Red.es completando el formulario.
  • Elegir la o las soluciones que mejor se adapten al negocio y
  • Firmar un acuerdo de prestación de Soluciones Digitales con los Agentes Digitalizadores que implantarán la solución.

Con el fin de facilitar al máximo el acceso a las ayudas, se ha habilitado la figura del “representante voluntario”, es decir, que cualquier tercero sea persona física o jurídica, debidamente autorizado, podrá solicitar la ayuda por cuenta de la empresa. Esta figura, asumida por distintas organizaciones asesorías o gestorías facilitará la labor de todos los autónomos, pero en particular de aquellos que no están habituados a realizar trámites en un entorno digital.

Si se cumplen los requisitos y no hay problemas en la documentación, el plazo de resolución de los expedientes es de 30 días. Ahora bien, un simple error en la solicitud u omisión en la documentación no sólo puede paralizar la concesión de la ayuda, sino que el autónomo corre el riesgo de perderla como consecuencia de subsanaciones y retrasos. Desde RED.es advierten que muchas solicitudes contienen errores como por ejemplo que no la realice el representante legal del negocio.

Soluciones digitales.

Tras la concesión de la subvención, y para ejercer su derecho a cobro, el beneficiario deberá seleccionar y contratar la solución de digitalización que desee adoptar entre las disponibles del Catálogo de Soluciones de Digitalización del Programa, a formalizar en un acuerdo en un plazo máximo de seis meses desde la notificación de que la ayuda ha sido concedida.

El programa, financiado con los fondos Next Generation de la Unión Europea, proporciona ayudas para iniciativas como:

  • Sitio web: Máximo 2.000 euros.
  • Ecommerce: Máximo 2.000 euros.
  • Gestión de redes sociales: Máximo 2.000 euros.
  • Gestión de clientes: Máximo 2.000 euros.
  • Analíticas: Máximo 1.500 euros.
  • Gestión de procesos: 2.000 euros.
  • Factura electrónica; máximo 2.000 euros
  • Oficina virtual: Máximo 250 euros por usuario.
  • Ciberseguridad: Máximo 125 euros por dispositivo.
  • Comunicaciones seguras: 125 euros por usuario.
  • Presencia avanza en internet: 2.000 euros.
  • Marketplace: 2.000 euros.

Aunque según el estudio «Radiografía de intereses de la Pyme frente a las Soluciones del Programa Kit Digital», realizado por Cosmomedia hay una clara predisposición a invertir en Soluciones de marketing, por parte de micropymes y autónomos, no olvide que la Ley antifraude y la Ley Crea y Crece, obligan a todos los autónomos y empresas a expedir y remitir facturas utilizando herramientas digitales para garantizar así una mayor trazabilidad y un control de los pagos. Quizás sea mejor aprovechar esta oportunidad para subsanar posibles deficiencias en su sistema de facturación.

Ejecución.

La ejecución de la actividad subvencionada se realizará en dos fases:

  • Una primera con un plazo máximo de tres meses para la instalación y desarrollo de la solución, así como la emisión de la factura por parte del Agente Digitalizador adherido, y
  • Una segunda etapa de un plazo de doce meses, en la que deberá realizarse el mantenimiento de la solución de digitalización elegida, la prestación del servicio de soporte, y la formación necesaria a la persona beneficiaria que le permita la adquisición de conocimientos básicos para su gestión.

Por último, y, aunque no sea para los autónomos señalar que la convocatoria del Kit Digital para el Segmento I de empresas de entre 10 y 49 empleados continúa abierta hasta el 15 de marzo de 2023.

 

 

Fuente: CISS. Consejo General de Economista

El importe de la ganancias o pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto en las transmisiones de las monedas virtuales a cambio de dinero que ha efectuado el contribuyente, constituyen renta del ahorro conforme a lo previsto en el artículo 46. b) de la LIRPF y se integrarán y compensarán en la base imponible del ahorro en la forma y con los límites establecidos en el artículo 49 de la misma ley.

Consulta Vinculante V0975-22, de 4 de Mayo de 2022, de la SG de Operaciones Financieras.

La venta, en el año 2021, de criptomonedas que fueron adquiridas en diferentes años anteriores, y en principio, al margen de una actividad económica y a cambio de euros u otra moneda fiduciaria, debe tomarse como “criptoactivos”, la definición contenida en la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE)2019/1937, de 24 de septiembre de 2020, entendidos como una representación digital de valor o derechos que puede transferirse y almacenarse electrónicamente, mediante la tecnología de registro descentralizado o una tecnología similar, pero en todo caso, es un concepto amplio que puede abarcar distintos tipos de activos virtuales, entre los cuales estarían las criptomonedas.

En relación estricta a las criptomonedas o monedas virtuales, sí existe una definición legal en el artículo 1.5 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, BOE de 29 de abril de 2010; y además, y a los efectos del IRPF, se vienen considerando por la DGT como bienes inmateriales, de modo que su adquisición y venta dará lugar a ganancias o pérdidas patrimoniales.

A estos efectos, y dado que las criptomonedas objeto de las operaciones efectuadas son de diferentes tipos, las ganancias o pérdidas patrimoniales deberán calcularse de manera independiente para cada tipo de criptomoneda.

Las criptomonedas de un tipo, computables por unidades o fracciones de unidades, tienen su origen en un mismo protocolo informático y todas las del mismo tipo poseen las mismas características, siendo iguales entre sí, lo que confiere a las diferentes unidades o fracciones de unidades de la criptomoneda en cuestión la naturaleza de bienes homogéneos.

Cuando existen valores o bienes homogéneos, la LIRPF establece el criterio por el que deben determinarse los valores o los bienes que son objeto de una transmisión o disposición, considerando que los transmitidos o dispuestos son los adquiridos en primer lugar, pero no establece una regla específica diferente para identificar, en el caso de monedas virtuales homogéneas, las que se entienden transmitidas a efectos de determinar la correspondiente ganancia o pérdida patrimonial, por lo que, en el caso de efectuarse ventas parciales de criptomonedas de un mismo tipo que hubieran sido adquiridas en diferentes momentos, debe considerarse que las criptomonedas que se transmiten son las adquiridas en primer lugar.

El importe de la ganancias o pérdidas patrimoniales que se pongan de manifiesto en las transmisiones de las monedas virtuales a cambio de dinero que ha efectuado el consultante, constituyen renta del ahorro conforme a lo previsto en el artículo 46. b) de la LIRPF y se integrarán y compensarán en la base imponible del ahorro en la forma y con los límites establecidos en el artículo 49 de la misma ley.

Fuente: CISS. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.