Que la Agencia Tributaria conoce la mayoría de los ingresos y gastos que tienen los autónomos incluso antes de que declaren el IVA, IRPF o Sociedades, no es un secreto para nadie, sobre todo desde la reciente aprobación del sistema de cotización por ingresos reales.

Los datos fiscales del trabajador por cuenta propia son su seña de identidad, como el DNI de cualquier persona. El autónomo los necesita para poder trabajar, facturar y, sobre todo cobrar. Pero ¿cuáles son? ¿Para qué sirven? ¿Dónde puedo consultar o modificar esta información?

La tecnología se ha convertido en una herramienta imprescindible para Hacienda. La introducción de herramientas como el Big Data le han servido no solo para poder comprobar la legalidad de las facturas registradas por los trabajadores autónomos sino también para realizar una radiografía detallada de su situación fiscal.

Autónomo. Persona física.

La Agencia Tributaria dispone de mucha información, además de cualquier cambio en su situación personal, que pueda afectar al pago de impuestos (datos de los que indefectiblemente somos nosotros mismos los suministradores), los cruces de información que facilitan las nuevas tecnologías le afianzan aún más en su papel de “Gran hermano”, como ya lo concebía George Orwell hace casi 40 años “ojo todopoderoso y omnipresente que vigila sin descanso”.

Casi nada es secreto para el Fisco, desde los préstamos solicitados y los apuntes de ingresos de sus cuentas bancarias, hasta los rendimientos de trabajo, los ingresos por actividades económicas diferenciados por pagador, las prestaciones o ayudas que hayan cobrado, las rentas de cualquier tipo, las inversiones realizadas, los pagos con tarjeta e incluso los abonados en efectivo de más de 1000 euros.

Fuentes

La principal fuente de información sobre los autónomos son las declaraciones de sus propio clientes sobre las retenciones practicadas en las facturas por operaciones realizadas durante el ejercicio anterior. Respecto a los asalariados, más fácil todavía, los buscan en modelos informativos presentados por terceros obligados. Por ejemplo, «los empleadores en rendimientos de trabajo (modelo 190), o de las Entidades Financieras en rendimientos de capital mobiliario o transmisión de activos financieros»

Pero, la labor inspectora de Hacienda va mucho más allá. Además de en sus propias declaraciones, la Agencia Tributaria recurre a todos los registros públicos, las notarías, el SEPE, el catastro, la Seguridad Social, la información sobre procedimientos judiciales, los datos bancarios, las líneas de crédito, los ingresos y retiradas e incluso a la DGT o a las comunidades autónomas, que aportan datos de familias numerosas o deducciones autonómicas.

Consulta on line

Para visualizar sus datos fiscales, acceda a la página de la Agencia Tributaria, localice el apartado «Gestiones destacadas» y pulse el enlace «Datos fiscales».

En la siguiente ventana indique su DNI / NIE para entrar con Cl@ve PIN o con número de referencia. O bien, puede identificarse con certificado o DNI electrónico.

Si ingresa con certificado/DNI electrónico, la casilla NIF – NIE aparecerá cumplimentada con los datos del titular del certificado o DNIe. Pulse «Acceder».

Si opta por identificarse con Cl@ve PIN o número de referencia, tras indicar el DNI / NIE deberá informar también el dato de contraste requerido en función de su número de documento: fecha de validez para DNI, fecha de expedición para DNI permanente o nº de soporte en caso de NIE. A continuación, pulsa «Continuar».

Tras identificarse con cualquiera de los sistemas habilitados, si es la primera vez que accede a los Servicios de Renta, se mostrará una ventana para que ratifique o modifique, si fuese necesario, los datos de su domicilio habitual.

Una vez ratificado el domicilio, se mostrarán los datos fiscales que le constan a la Agencia Tributaria en ese momento.

Si necesitas consultar los datos fiscales de un ejercicio anterior, puede entrar desde el apartado «Ejercicios anteriores» y seleccionar el ejercicio que corresponda.

Autónomo Societario.

La información sobre datos fiscales no sólo alcanza a las personas físicas. La Agencia Tributaria también ha desarrollado una opción de consulta para que los autónomos al frente de sociedades puedan acceder a la información que Hacienda tiene sobre su negocio.

Datos

Los datos disponibles en la Agencia Tributaria son los procedentes de:

  • Declaraciones informativas u otras fuentes de información derivadas de terceros.
  • Autoliquidaciones y declaraciones informativas del propio contribuyente.
  • Declarados en el modelo 200 correspondientes a importes pendientes de aplicar en ejercicios futuros.
  • Sanciones y recargos emitidos y notificados por la AEAT, intereses de demora abonados por la AEAT y por otras Administraciones.
  • Epígrafes del IAE en los que consta dado de alta el contribuyente, incluyendo el Código Nacional de Actividad Económica (CNAE) equivalente.

Cotización por ingresos reales.

Tenga en cuenta que, a partir del 1 de enero de 2023, con la aprobación del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores autónomos, Hacienda controlará las cifras de ingresos y deducciones de los trabajadores por cuenta propia para fijar las bases y tipos de cotización.

Esto implica un nuevo reconocimiento legal del papel fiscalizador de la Agencia Tributaria a la hora de determinar sus ingresos reales.

El sistema que tendrán que aplicarse a los 3,4 millones de trabajadores por cuenta propia que hay en España, cuenta con un periodo de transición de nueve años hasta que en 2032 sea ya definitivo y tiene 15 tramos de rendimientos netos y bases de cotización que van desde una cuota mínima de 230 hasta los 500 euros.

La regularización correspondiente a cada ejercicio económico se llevará a cabo a ejercicio vencido y se realizará en función de los datos comunicados tanto por la Agencia Tributaria, como por las Administraciones forales.

Igualmente, el papel del fisco será crucial a la hora de conocer y aplicar las diferentes deducciones a las que el trabajador autónomo tiene derecho a la hora de fijar sus ingresos netos sobre los cuales se aplicará la cotización en tablas.

Fuente: CISS Contable Mercantil (Ainoa Iriarte Ibargüen)

Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad (BOE 27-07-2022)

 

Obligación de declarar IRPF.

La disposición final primera del Real Decreto-ley 13/2022, modifica el artículo 96.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, para establecer la obligación de declarar para todas aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. Indicamos en la siguiente tabla los cambios realizados:

Art. 96.2 LIRPF hasta 31-12-2022.

Artículo 96. Obligación de declarar.

2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta:

a) Rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anuales.

b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.

Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible.

c) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de esta Ley, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.

En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros

(.…)

Art. 96.2 LIRPF desde 1-1-2023.

Artículo 96. Obligación de declarar.

(…)

2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta:

a) Rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anuales.

b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.

Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible.

c) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de esta Ley, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.

En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.

No obstante lo anterior, estarán en cualquier caso obligadas a declarar todas aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

(…)

 

Gestión tributaria.

La disposición final segunda del Real Decreto-ley 13/2022, modifica el artículo 117 de la Ley General Tributaria para asegurar un adecuado funcionamiento del sistema de regularización previsto en el artículo 308 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, incluyendo como competencias de los órganos de gestión tributaria la comprobación de los regímenes tributarios especiales de atribución de rentas. Indicamos en la siguiente tabla los cambios realizados:

Art. 117.1.c) LGT hasta 31-12-2022.

Artículo 117. La gestión tributaria.

(…)

1. La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

(…)

c) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento.

(…)

Art. 117.1.c) LGT desde 1-1-2023.

Artículo 117. La gestión tributaria.

(…)

1. La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

(…)

c) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios e incentivos fiscales, así como de los regímenes tributarios especiales, mediante la tramitación del correspondiente procedimiento de gestión tributaria.

(…)

 

Deducción por contribuciones a sistemas de previsión social empresarial.

La disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 13/2022, aclara la aplicación de la deducción por contribuciones a sistemas de previsión social empresarial prevista en la Ley del Impuesto sobre Sociedades a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, estableciendo que los autónomos con personas a su cargo podrán practicar la deducción prevista en el artículo 38 ter de la LIS, en los términos y condiciones previstos en el artículo 68.2 de la LIRPF.

 

 

Fuente: CISS Fiscal

Consulta Vinculante V0983-22, de 4 de Mayo de 2022, de la SG de Tributos Locales.

Una asociación de empresas de promoción inmobiliaria, que adquiere un terreno y sobre el mismo construye uno o varios edificios, bien de uso residencial, comercial u otro, sin identidad entre el inmueble adquirido (parcela de terreno) y los inmuebles transmitidos (viviendas, locales comerciales, etc., constituidos por terreno más construcción), cuestiona cómo debe calcular el incremento del valor.

A la hora de transmitir uno de los inmuebles resultantes de la promoción, por ejemplo una vivienda, habrá de calcular la proporción que represente en la fecha del devengo el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total de la vivienda, aplicar esta proporción al valor de transmisión consignado en el título que documente la transmisión y comparar este valor de transmisión del terreno con el valor de adquisición del terreno de la vivienda.

A efectos de determinar el “valor de adquisición del terreno de la vivienda” no hay que aplicar la proporción entre los valores catastrales, ya que lo adquirido en su día solo fue terreno. No se puede tomar el valor de adquisición de la totalidad de la parcela adquirida, sino el porcentaje de ese valor que corresponda a la vivienda que se transmite, aplicando para ello el porcentaje que corresponda a la vivienda en la escritura de división horizontal del inmueble adquirido.

Si en la fecha del devengo del impuesto, es decir, la fecha de la transmisión del inmueble resultante de la división horizontal de la construcción, el inmueble no tiene determinado el valor catastral, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

En los casos de construcción de un edificio, con la consiguiente división en régimen de propiedad horizontal del mismo, y la transmisión de los inmuebles resultantes de dicha división, es bastante habitual que, en el momento de la transmisión, los inmuebles resultantes no tengan determinado un valor catastral lo que se soluciona siendo el Ayuntamiento quien practique la liquidación del impuesto cuando se haya determinado el valor catastral del inmueble, referido a la fecha del devengo. Ahora bien, si el contribuyente considera que no se ha producido un incremento de valor del terreno por comparación entre los valores de transmisión y adquisición, o bien considera que el incremento obtenido puede ser inferior al importe de la base imponible podrá pedir que la Administración practique la correspondiente liquidación cuando se determine el valor catastral del inmueble.

 

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

Son las primeras cuentas anuales a depositar afectadas por la reforma del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

Junto a la labor diaria, los desvelos por el cierre del ejercicio y la formulación de cuentas, las principales obligaciones contables que debe cumplir su negocio se inician, en la mayoría de los casos, a finales del mes de marzo y concluyen cuando casi todos los españoles nos vamos de vacaciones, el 31 de julio. Pues bien, superada la pandemia, el año 2022 no es una excepción.

Las fechas clave que debe tener en cuenta, salvo que el ejercicio económico de su empresa no coincida con el año natural son las siguientes:

ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES: 31 de marzo del año siguiente, es decir, tres meses posteriores al cierre.

LEGALIZACIÓN DE LOS LIBROS CONTABLES (libro diario, libro de inventarios y cuentas anuales): hasta el 30 de abril de 2022 (cuatro meses después del cierre).

APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES: hasta el 30 de junio de 2022 (seis meses posteriores al cierre).

DEPÓSITO: hasta el 30 de julio de 2021.

En la Orden JUS/616/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación se recogen novedades, con relación al modelo actualmente vigente, derivadas del artículo 1 del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

PGC PYMES

A pesar de que el cierre contable de 2021 está protagonizado por la última reforma del Plan General de Contabilidad, las modificaciones que afectan a las pymes son pocas.

Recuerde que los cambios introducidos por el artículo 2 del Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, que reforman el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y medianas empresas y que no afectan a los modelos oficiales, se refieren a:

  • El marco conceptual respecto al valor razonable,
  • Las normas de registro y valoración en cuanto a la introducción de un apartado relativo a “intereses y dividendos recibidos de activos financieros” y
  • Las normas de elaboración de las cuentas anuales en el sentido de considerar capital y prima de emisión solo si se ha inscrito en el Registro mercantil con anterioridad a la formulación de las cuentas.

PGC

Las modificaciones de los modelos de depósito de aquellas empresas que aplican el PGC, si son de calado y están motivados principalmente por la adaptación parcial a la Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF-UE 9) correspondiente a instrumentos financieros y por la adaptación completa de la Norma Internacional de Información Financiera 15 (NIIF-UE 15) en materia de reconocimiento de ingresos.

Estas normas NIIF entraron en vigor para las sociedades con valores emitidos admitidos a negociación, para sus cuentas consolidadas desde el 1 de enero de 2018 en virtud del Reglamentos (UE) 2016/2067 (modificado por el Reglamento (UE) 2018/498) y del Reglamento (UE) 2016/1905 (modificado por el Reglamento (UE) 2017/1987).

Hoja de Declaración COVID 19

Con objeto de analizar a nivel granular empresarial los efectos de la pandemia y valorar las medidas de política económica puestas en marcha, para las cuentas del ejercicio 2021, con carácter excepcional y transitorio, se mantiene la obligatoriedad de presentar la hoja de declaración COVID19.

Recuerde que la información contenida en la Hoja COVID 19 hace referencia a los siguientes aspectos:

  • Información sobre ERTE. Solicitud de ERTE durante el ejercicio que haya sido motivado por la pandemia. El motivo, número de trabajadores antes del ERTE, número de trabajadores afectados y fecha del inicio y el fin.
  • Información sobre permiso retribuido recuperable. Porcentaje de personal, fijo o temporal, acogido a permiso retribuido recuperable y su duración.
  • Información sobre bajas laborales. Porcentaje de personal fijo afectado por baja laboral por COVID-19
  • Información sobre Alquileres a Terceros acerca de si se han hecho concesiones, reestructuración de deudas, concedido moratorias voluntarias a los arrendatarios, etc.
  • Información ayudas financieras públicas (incluidos avales) para alquiler del local de negocios
  • Información créditos ICO. Importe del aval concedido por el ICO y porcentaje que representa el importe concedido sobre el importe solicitado.
  • Información Ayudas públicas. Describir el plan o programa al que se acoge, el concedente y el sistema (avales, moratoria, aplazamiento, interés bonificado etc.)
  • Información moratoria hipotecaria o no hipotecaria, saber si la empresa se ha acogido.
  • Información acerca de si se ha solicitado flexibilización y suspensión de suministros.
  • Información acerca de si la empresa se ha acogido a las medidas de apoyo del sector del Turismo.

Fuente: CISS Contable Mercantil. (Ainoa Iriarte Ibargüen)

A esta rebaja, se suman las reducciones de los Índices de Rendimiento Neto para el periodo impositivo 2021 en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la IRPF recogidas en la orden del Ministerio de Hacienda publicada en mayo.

El Gobierno ha recordado a los cerca de 900.000 agricultores y ganaderos, ante la finalización en las próximas semanas del plazo para presentar la Declaración de la Renta 2021 y que eligen el sistema de módulos del IRPF para tributar por sus beneficios, que pueden acogerse a la reducción del 20% en el rendimiento neto aprobada para todo el sector agrario en el Real Decreto-Ley 4/2022 de medidas para paliar los efectos de la sequía y el incremento de los costes de producción.

En concreto, a esta rebaja, se suman las reducciones de los Índices de Rendimiento Neto para el periodo impositivo 2021 en el sistema de estimación objetiva del Impuesto sobre la IRPF recogidas en la orden del Ministerio de Hacienda publicada en mayo, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, tras recabar los informes de las comunidades autónomas, de minoración de dichos índices.

El plazo de presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2021 (IRPF 2021) finaliza este 30 de junio para declaraciones tanto a ingresar como a devolver, si bien el plazo en las declaraciones a ingresar con domiciliación bancaria concluirá el 27 de junio.

Agricultura ha estimado que el conjunto de todas estas reducciones de módulos pueda implicar una rebaja de la base imponible del orden de 1.093 millones de euros, que beneficia a los 900.000 agricultores y ganaderos.

El sistema de estimación objetiva agraria es el mayoritario entre los agricultores y ganaderos de España. Las reducciones de módulos aprobadas en esta orden se traducen en una disminución proporcional de la base imponible derivada de los rendimientos de la actividad agraria.

Agricultura ha precisado que estas reducciones reflejan la pérdida de rentabilidad derivada de los efectos negativos provocados por las adversidades climáticas de 2021, como la borrasca Filomena de enero, las heladas de marzo y la falta de precipitaciones a lo largo del año.

La orden recoge la reducción a nivel estatal de los índices de rendimiento neto de todos los sectores ganaderos y del viñedo. Además, se han aprobado un elevado número de reducciones en sectores específicos por comunidades autónomas, provincias y municipios, entre las que destaca la aplicada para los frutos secos en importantes áreas productoras.

Además, de forma extraordinaria para todos los ganaderos que alimenten el ganado con piensos y otros productos adquiridos a terceros, siempre que éstos representen más del 50% del importe total de la alimentación animal se reduce el índice aplicable a las actividades ganaderas. Se estima que la reducción por este concepto puede alcanzar 38 millones de euros. El índice único para todos los sectores ganaderos será del 0,50.

Igualmente y de forma extraordinaria por las dificultades de la situación, por primera vez, se hace extensible a todos los regadíos, y no solo a los de consumo estacional se incrementa la reducción del coeficiente corrector por uso de electricidad para el riego que se ha aplicado en años anteriores.

De esta forma, los agricultores que utilizaran la electricidad para el riego se beneficiarán de una minoración del 25 por ciento en el rendimiento neto para cultivos regables (el año anterior fue el 20 por ciento). Se estima que esta medida supondrá una rebaja de unos 39 millones de euros.

 

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

El proyecto sometido a información pública establece que la primera declaración relativa a las obligaciones de información sobre monedas virtuales se deberá presentar a partir del 1 de enero de 2023. Además, desarrolla reglamentariamente la obligación de informar acerca de criptomonedas situadas en el extranjero.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha lanzado a audiencia e información pública un proyecto de real decreto que modifica, entre otras normas, la Ley General Tributaria y el Reglamento del IRPF en el que establece nuevas obligaciones informativas relativas a la tenencia de monedas virtuales y a las operaciones que se efectúen con ellas, con el fin de mejorar su control tributario.

La titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este martes, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, que existe un problema de regulación respecto a las criptomonedas, que además están sufriendo «turbulencias» en los mercados financieros como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania.

De este modo, Montero ha indicado que lo que pretende el Gobierno es mejorar la regulación, en coordinación con otros países, «para que no se produzca ningún tipo fraude» en relación con las criptomonedas ni tampoco un «efecto indeseable en la economía». En todo caso, ha precisado que no se espera que esto suceda dada la dimensión actual de este producto financiero.

El proyecto sometido a información pública establece que la primera declaración relativa a las obligaciones de información sobre monedas virtuales se deberá presentar a partir del 1 de enero de 2023. Además, desarrolla reglamentariamente la obligación de informar acerca de criptomonedas situadas en el extranjero.

Concretamente, el proyecto determina que las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero que proporcionen servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales tendrán la obligación de presentar una declaración informativa anual referente a la totalidad de las monedas virtuales respecto de las que salvaguarden las mencionadas claves.

La información a suministrar a Hacienda comprenderá el nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de las personas o entidades a quienes correspondan en algún momento del año las claves criptográficas privadas, ya sea como titulares, autorizados o beneficiarios, las claves públicas vinculadas a dichas claves privadas y los saldos a 31 de diciembre.

La información relativa a los saldos incluirá, para cada moneda virtual, el tipo de moneda virtual, el número de unidades de moneda virtual a 31 de diciembre y su valoración en euros.

A efectos de determinar el número de unidades de cada tipo de moneda virtual existente a 31 de diciembre, el proyecto señala que deberá indicarse el número de unidades existentes al inicio del año y el número total de unidades que se han recibido y enviado durante el año en relación con cada clave pública y moneda virtual.

Para efectuar la valoración en euros, se tomará la cotización media a 31 de diciembre que ofrezcan las principales plataformas de negociación o, en su defecto, se utilizarán mecanismos que proporcionen una estimación razonable del valor de mercado en euros de la moneda virtual a 31 de diciembre.

En el caso de que las personas o entidades dejen de prestar el servicio de salvaguarda de claves criptográficas privadas, se informará de esta circunstancia, sin perjuicio de que se suministre igualmente la información requerida.

OBLIGACIÓN DE INFORMAR SOBRE OPERACIONES CON CRIPTOMONEDAS

El proyecto determina además que las personas y entidades residentes en España y los establecimientos permanentes en territorio español de personas o entidades residentes en el extranjero que proporcionen servicios de cambio entre monedas virtuales y moneda fiduciaria o entre diferentes monedas virtuales o intermedien de cualquier forma en la realización de dichas operaciones tendrán la obligación a presentar una declaración informativa anual referente a las operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia de criptomonedas, sea cual sea la contraprestación pactada así como los cobros y pagos realizados en dichas monedas.

La información a suministrar a Hacienda comprenderá el nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal de los sujetos que efectúen las operaciones, con indicación de su fecha de registro inicial en la plataforma de los sujetos obligados a presentar la declaración informativa.

Respecto de cada operación se incluirá el tipo y la fecha de la operación, las claves públicas o direcciones públicas de origen y destino asociadas a las monedas virtuales recibidas o entregadas, el tipo y el número de unidades de moneda virtual adquirida, transmitida, permutada o transferida, el valor en euros por el que se efectúa la operación y, en su caso, las comisiones y gastos asociados a la operación.

En el caso de que exista contraprestación y el sujeto obligado a proporcionar la información sea quien la satisfaga o perciba, el proyecto establece que deberá informar de si ésta consiste en moneda fiduciaria, en otra moneda o activo virtual, en bienes o servicios o en una combinación de las anteriores.

Cuando la operación no lleve aparejada contraprestación en moneda fiduciaria en su totalidad y, por tanto, resulte necesario efectuar la valoración de la operación en euros, los sujetos obligados tomarán la cotización media que ofrezcan las principales plataformas de negociación en la fecha en la que se haya efectuado la operación o, en su defecto, se servirán de mecanismos comúnmente utilizados de valoración que proporcionen una estimación razonable del valor de mercado en euros de la moneda virtual en la fecha en la que se haya efectuado la operación.

Al mismo tiempo, tendrán la obligación de presentar esta declaración informativa anual quienes realicen ofertas iniciales de nuevas monedas virtuales. No obstante, cuando éstas se realicen mediante intermediarios, la declaración informativa anual deberán realizarla estos últimos, cualquiera que sea su residencia.

OBLIGACIONES TAMBIÉN PARA CRIPTOMONEDAS SITUADAS EN EL EXTRANJERO

El proyecto contempla además la obligación de presentar estas declaraciones informativas anuales sobre la totalidad de las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que se sea titular, beneficiario o persona autorizada a 31 de diciembre de cada año.

Dicha obligación también se extiende a quienes hayan sido titulares, autorizados, o beneficiarios de las citadas monedas virtuales, o hayan tenido poderes de disposición sobre las mismas, o hayan sido titulares reales en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que hubieran perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año.

Además del nombre y apellidos o la razón social o denominación completa, el número de identificación fiscal del país de residencia fiscal de la persona o entidad, y su domicilio, se deberá informar a Hacienda de la clave pública vinculada a las monedas virtuales objeto de declaración; la identificación completa de cada tipo de moneda virtual; y los saldos de cada tipo de moneda virtual a 31 de diciembre expresados en unidades de moneda virtual y su valoración en euros.

No existirá obligación de informar sobre ninguna moneda virtual cuando los saldos a 31 de diciembre valorados en euros no superen, conjuntamente, los 50.000 euros. En caso de superarse dicho límite, deberá informarse sobre todas las monedas virtuales.

Esta obligación deberá cumplirse entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a aquel al que se refiera la información a suministrar. La presentación de la declaración en años sucesivos solo será obligatoria cuando el saldo conjunto hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto al de la última declaración.

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

Son ingentes las dudas que se plantean en relación a las deudas registradas en contabilidad y a los derechos de cobro, así como a su prescripción civil y tributaria, a las deudas registradas con socios y administradores, al valor probatorio de la inspección de hacienda en cuanto a los saldos registrados y no registrados, etc.

A menudo nos encontramos ante situaciones que vienen a motivar una reflexión profunda, y que normalmente derivan de mala praxis contable y/o fiscal, deudas existentes y/o inexistentes que se vienen arrastrando, interpretaciones forzadas de la norma contable y fiscal, etc.

Son ingentes las dudas que se plantean en relación a las deudas registradas en contabilidad y a los derechos de cobro, así como a su prescripción civil y tributaria, a las deudas registradas con socios y administradores, al valor probatorio de la inspección de hacienda en cuanto a los saldos registrados y no registrados, etc.

A tenor de estas dudas, conviene matizar lo siguiente, en cuanto a la prescripción civil de las deudas:

— La Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, venía a modificar el artículo 1964 del Código Civil, en cuanto a los plazos de prescripción para las acciones personales pasando de 10 años a 5 años.
— La Disposición Transitoria 5ª de la Ley 42/2015 de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, dispone la aplicación del nuevo plazo a las acciones que no tengan término especial de prescripción, y hayan nacido después de la fecha de entrada en vigor de dicha ley, concretamente el 07 de octubre de 2015, y para las obligaciones nacidas antes del 07 de octubre de 2015, dispone que prescribirán a los 5 años de esta fecha, es decir el día 07 de octubre de 2020.

Cuidado, pues cuando hablamos de deudas en general, debemos de contemplar algunas distinciones:

— Como por ejemplo la deuda por servicios profesionales a la que alude el artículo 1967 del Código Civil, entre los que se incluyen los servicios de asesoría, pues aquí la prescripción civil opera a los 3 años por tratarse de servicios que se consideran profesionales.
— Igualmente conviene matizar lo siguiente, en cuanto a la prescripción tributaria de las deudas: El artículo 66 de la Ley General Tributaria, viene a regular el plazo de prescripción de la deuda tributaria, disponiendo que una deuda tributaria prescribe a los 4 años a contar desde el día siguiente en el que finaliza el plazo reglamentario para presentar la declaración o autoliquidación pertinente, no obstante, este plazo se interrumpirá si la Administración inicia cualquier acción de investigación o reclamación.
Una vez matizados los plazos de prescripción civil y tributaria, estaríamos en disposición de plantearnos algunas cuestiones del día a día, así como su posible resolución tanto a nivel contable como a nivel fiscal. A continuación, paso a detallar algunos posibles escenarios ante los que nos podríamos encontrar, y a los que deberíamos de intentar dar respuesta:

1.- ¿Qué ocurriría si me encuentro en contabilidad con una deuda existente de un proveedor que nunca llegó a pagar?

En primer lugar, debería de analizar el tiempo transcurrido, y posteriormente si aún no ha transcurrido el plazo de prescripción civil, analizar si dicha deuda ha sido o no reclamada.

Si ha transcurrido el plazo de prescripción civil (5 años) se podría entender condonada dicha deuda, pero de no haber transcurrido dicho plazo, no se podría entender condonada la deuda por el mero paso del tiempo sin haber sido reclamada (Recurso Tribunal Superior de Justicia de Madrid 798/2016, de 15 de noviembre de 2018).

Por tanto, cuando nos encontremos ante una deuda existente, con el pertinente registro contable, y no pagada habiendo transcurrido el plazo de prescripción civil (5 años), se podría cancelar contablemente como un ingreso excepcional (Cta. Contable: 778) sin ajuste fiscal alguno, pues se trataría como un ingreso plenamente tributable (condonación de deuda) DGT V0398-04.

Pero, ¿Qué ocurriría si además de transcurrir el periodo de prescripción civil de la deuda, ha transcurrido el periodo de prescripción tributaria de la deuda (5 + 4 años), es decir, 9 años?

En este caso, y siempre que la Administración Tributaria no hubiera iniciado ninguna actuación de investigación o reclamación, podríamos cancelar la deuda del proveedor con abono a reservas (Cta. Contable: 113), como si de un error contable se tratara, sin ajuste fiscal alguno, pues no se consideraría ingreso tributable.

2.- ¿Qué ocurriría si me encuentro en contabilidad con un derecho de cobro existente de un cliente que nunca llegué a cobrar?

Al igual que ocurría en el supuesto anteriormente planteado, transcurrido el plazo de prescripción civil (5 años), se contabilizaría la pérdida definitiva del crédito (Cta. Contable: 650) sin ajuste fiscal alguno, pues se trataría de un gasto fiscal plenamente deducible.

Si además de transcurrir el periodo de prescripción civil de la deuda, hubiera transcurrido el periodo de prescripción tributaria de la deuda (5 + 4 años), es decir, 9 años, este ejercicio ya estaría prescrito tributariamente desde que operó la prescripción civil, y por tanto, se cancelaría el derecho de crédito del cliente con cargo a reservas (Cta. Contable: 113), no procediendo ajuste fiscal alguno, pues no se consideraría gasto fiscal alguno.

3.- ¿Qué ocurriría si me encuentro en contabilidad con una deuda desconocida y/o inexistente?

A diferencia de los supuestos planteados anteriormente, aquí la cuestión cambiaría, pues no podríamos hablar de prescripción civil de la deuda al ser inexistente.

Cabe señalar, que conforme a lo dispuesto en el art. 121 de la LIS, “se presumirá la existencia de rentas no declaradas, cuando hayan sido registradas en los libros de contabilidad del contribuyente deudas inexistentes. El importe de la renta consecuencia de dicha presunción, se imputará al periodo impositivo más antiguo de entre los no prescritos, excepto que el contribuyente pruebe que corresponde a otro u otros”.

Si justo en este momento, optamos por cancelar la deuda con abono a reservas (Cta. Contable: 113), aquí sí que procedería ajuste fiscal positivo, pues este abono a reservas tributaría, y justo a partir de este momento empezaría a correr el plazo de prescripción tributaria (4 años).

En este supuesto, la Administración Tributaria podría considerar esta operación como comercial, y por tanto, podría exigir el IVA correspondiente, de no haber trascurrido el plazo de prescripción tributaria desde que se canceló la deuda.

4.- ¿Qué ocurriría si la Inspección Tributaria descubre ventas no declaradas y regularizadas?

Imaginemos que la Inspección Tributaria descubre ventas no declaradas y exige el IVA de dichas ventas.

Pues bien, en este caso, si la entidad no puede repercutir el IVA de estas ventas no declaradas por haber transcurrido más de un año, el importe descubierto por la inspección tributaria se entenderá IVA incluido (TS, nº 1373/2019, de 17 de diciembre de 2020).

5.- ¿Qué ocurriría si la Inspección Tributaria descubre deudas existentes y/o inexistentes y les otorga el tratamiento de beneficios no tributados?

Imaginemos que la Inspección Tributaria descubre saldos acreedores que se vienen arrastrando desde hace años y entiende que se tratan de beneficios que en su día no tributaron, e imputa la totalidad del saldo acreedor al periodo más antiguo de entre los no prescritos con abono a reservas, procediendo ajuste fiscal positivo, pues este abono a reservas tributaría.

En este caso, el contribuyente tendría que demostrar que estos saldos se contabilizaron en un ejercicio prescrito, por ejemplo, aportando los libros contables legalizados en el Registro Mercantil, y además, que el beneficio no declarado corresponde también a un ejercicio ya prescrito. Si se consigue demostrar lo indicado anteriormente, en este caso el abono a reservas no tributará (TEAC, 21 de marzo de 2013).

Igual ocurriría si hablamos de ventas no declaradas, si conseguimos demostrar que corresponden a un ejercicio prescrito (TS, 05 de octubre de 2012).

6.- ¿Qué ocurriría si me encuentro en contabilidad con una factura falsa y la descubre la inspección tributaria?

Imaginemos que nos encontramos con una factura inexistente que contabilizó una empresa hace 8 años, generándose una base negativa, y ahora decide eliminarla con abono a reservas, procediendo ajuste fiscal positivo, pues este abono a reservas tributaría.

Recordemos que la Inspección Tributaria podrá comprobar la base imponible negativa generada (10 años para comprobarla), pudiendo únicamente eliminar las bases negativas compensadas en los últimos 4 años no prescritos.

7.- ¿Qué ocurriría si la Inspección Tributaria descubre activos ocultos sin reflejo contable?

Imaginemos que la inspección tributaria descubre activos ocultos en una empresa, y la entidad no dispone de título que permita determinar, precio de adquisición, fecha, etc…

La inspección tributaria, en este caso, propondría a la entidad registrar dicho activo por su valor razonable con abono a reservas, procediendo ajuste fiscal positivo, pues este abono a reservas tributaría.

Por el efecto de la amortización, se podrían deducir con cargo a reservas, vía ajustes fiscales negativos, los importes relativos a la amortización fiscal correspondiente a cada uno de los ejercicios en los que no hubiera operado la prescripción tributaria.

8.- ¿Qué tratamiento podría darse a la cuenta con socios y administradores?

Suele ser común sobre todo en pymes y micropymes, el uso de esta cuenta contable al objeto de dotar de liquidez puntual a las partes implicadas, ante necesidades inminentes de tesorería.

El saldo de la cuenta corriente con socios y administradores debería tender a 0 al cierre de cada ejercicio, en ningún caso, abusando de su uso sistemático, pues podríamos tener problemas con la Administración Tributaria de no ser así.

8.1. ¿Qué ocurriría si el socio percibe liquidez de la sociedad y no la devuelve?

La Administración Tributaria lo podría tratar como un dividendo de la sociedad al socio (retribución de fondos propios). En este caso, se abonaría la cuenta con socios y administradores con cargo a reservas, no procediendo ajuste fiscal alguno, debiendo tributar el socio dicha retribución de fondos propios.

8.2. ¿Qué ocurriría si el socio aporta liquidez a la sociedad y ésta lo devuelve?

Se exigirían intereses a valor de mercado, por tratarse de una operación vinculada, debiendo el socio tributar por la percepción de dichos intereses, pudiendo la sociedad deducir el pertinente gasto por intereses financieros.

8.3. ¿Qué ocurriría si el socio aporta liquidez a la sociedad y ésta no lo devuelve?

Si la sociedad no dispone de fondos, o no pretende devolver el dinero a los socios vía préstamo, se podría optar bien por llevar a cabo una ampliación de capital para compensar la deuda, o como alternativa, se podría previa aprobación en Junta General, acordar su transformación en aportaciones de socios formando parte de los fondos propios de la compañía (Cta. Contable: 118), de conformidad a lo establecido en Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital, de forma que la cantidad aportada únicamente podrá ser reintegrada al socio previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para el reparto del beneficio distribuible.

Debemos de tener especial cuidado, pues si la aportación se realiza proporcionalmente al porcentaje de participación del socio en la sociedad, para el socio se consideraría mayor valor de adquisición de la participación, y para la sociedad incremento de sus fondos propios, en cambio, de no hacerse de forma proporcional al porcentaje de participación del socio en la sociedad, para el socio se consideraría mayor valor de adquisición de la participación por su porcentaje de participación, y liberalidad por el resto (Donación), y para la sociedad incremento de sus fondos propios por el porcentaje de participación, e ingreso por el resto.

 

Fuente: CISS Contable-Mercantil. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales. (Pascual López Villén. http://blogcanalprofesional.es)

Durante cinco años, los autónomos deben guardar todas sus facturas y gastos declarados tanto en materia de IVA como IRPF si no se quieren enfrentarse a sanciones tributarias graves.

La vida del autónomo no es fácil. Estar siempre en el punto de mira de Hacienda ha desarrollado en muchos un miedo enorme a que aparezca en cualquier momento un inspector en la puerta de su negocio. Aunque, en la mayoría de los casos, no tienen nada que oculta, la carga burocrática que soportan les genera un gran temor a haber pasado algo por alto. Por ejemplo, alguna factura perdida.

Esto, sin olvidar las bondades que la tecnología ha supuesto para el Fisco. El uso del Big Data, por ejemplo, está a la orden del día y el cruce de información también. Tenga en cuenta que si Hacienda detecta alguna irregularidad en su facturación recurrirá, como mínimo, a su información bancaria y seguirá buscando. Por eso es muy importante que guarde justificantes de todos los movimientos realizados. Las facturas, los tiques o los mensajes de texto podrían ser muy útiles a la hora de hacer las comprobaciones.

Los trabajadores por cuenta propia tienen que ser muy cuidadosos. Es común que a final de cada trimestre su cartera esté repleta de tiques y recibos que tienen relación con los gastos necesarios para su actividad y con los ingresos recibidos. Conservarlos es una obligación legal y de supervivencia.

Por ejemplo, en relación al IVA, los empresarios y profesionales deberán conservar con su contenido original, y ordenadamente los siguientes documentos:

  • Facturas recibidas.
  • Copias o matrices de las facturas expedidas.
  • Justificantes contables en las operaciones en las que sea de aplicación la inversión del sujeto pasivo cuando el proveedor no esté establecido en la Comunidad.
  • Recibos justificativos del reintegro de la compensación del Régimen especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca, tanto el original de aquél, por parte de su expedidor, como la copia, por parte del titular de la explotación.

Esta obligación incumbe asimismo a los empresarios o profesionales acogidos a los regímenes especiales del Impuesto sobre el Valor Añadido, así como a quienes, sin tener la condición de empresarios o profesionales, sean sujetos pasivos del Impuesto, aunque en este caso sólo alcanzará a las facturas recibidas y a las copias o matrices de las facturas expedidas.

Los diferentes documentos, en papel o formato electrónico, se deberán guardar por cualquier medio que permita garantizar al obligado a su conservación la autenticidad de su origen, la integridad de su contenido y su legibilidad, así como el acceso a ellos por parte de la Administración tributaria sin demora, salvo causa debidamente justificada, pudiendo cumplirse esta obligación mediante la utilización de medios electrónicos.

Para que la conservación de las facturas por medios electrónicos en un país tercero con el que no exista un instrumento jurídico relativo a la asistencia mutua se considere válida, deberá haberse comunicado con carácter previo a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Cuando las facturas recibidas o expedidas se refieran a adquisiciones por las cuales se hayan soportado cuotas del IVA cuya deducción esté sometida a un período de regularización, deberán conservarse durante su correspondiente período y los cuatro años siguientes.

Los empresarios o profesionales que realicen operaciones que tengan por objeto oro de inversión, deberán conservar las copias de las facturas correspondientes a dichas operaciones durante un período de cinco años.

Sanciones.

Si ante el requerimiento de la Inspección de Hacienda el trabajador por cuenta propia no responde con todas las facturas, estará incurriendo en una infracción grave a ojos de la Agencia Tributaria.

Este incumplimiento se sanciona con una multa sobre el 2% de la facturación no justificada. Es más, en caso de no saber cuál era la cantidad que carece de prueba documental, la sanción ascenderá a 300 euros por cada una de las operaciones.

Puede ocurrir también, que el autónomo no tenga ninguna factura del ejercicio, lo que supondría una sanción del 4% del volumen de operaciones del negocio, es decir, que, si ha facturado, por ejemplo 80.000 euros en todo el ejercicio, la sanción será de 3.200 que no es poco…

¿Cuánto tiempo debo guardar mis facturas?

En su negocio a diario se crean o reciben diferentes tipos de documentos: facturas, contratos, nóminas, libros de contabilidad… Muchos de ellos deben ser conservados por imposición legal. Sin embargo, no todos tienen que cumplir con los mismos tiempos. El Código de Comercio, las normas fiscales y laborales o la regulación específica sobre subvenciones establecen diferentes condiciones de custodia. Veamos cuáles son:

Según el Código de Comercio.

El artículo 30 del Código de Comercio, establece la obligación de conservar durante 6 años los libros obligatorios (diario, inventario y cuentas anuales y en su caso, libro de actas, registro de acciones nominativas y de socios), así como los no obligatorios (por ejemplo, el mayor, los registros de IVA, etc.), además de la documentación y justificantes en que se soporten las anotaciones registradas en los mismos (facturas emitidas y recibidas, tickets, facturas rectificativas, documentos bancarios, etc.). El término fijado empieza a contar a partir del último asiento realizado.

Otros plazos.

Hay otros documentos que, aunque no tengan plazo específico de custodia legal, es recomendable guardar. Por ejemplo, los referidos a:

  • Prestamos: Hasta que sean devueltos.
  • Garantías: Hasta que se hayan cancelado.
  • Bienes de inversión: Hasta que se haya cumplido el plazo de regularización del IVA (puede llegar a los 9 años).
  • Bases Imponibles Negativas: Hasta pasados 4 años desde su compensación.

La documentación a conservar debe ser original. Las copias no tendrán validez legal en caso de ser requeridas por la Administración. En cuanto a la forma de mantenimiento, los archivos pueden guardarse tanto en papel como en formato electrónico. El único requerimiento es que se garantice su autenticidad, integridad y legibilidad. Además, la Administración debe poder acceder a ellos de forma rápida, sin que se produzca ningún retraso desde que se solicita.

Según normativa tributaria.

Por regla general, la Ley General Tributaria marca un plazo de cuatro años para guardar los archivos. El período empieza a contar desde que finaliza el plazo voluntario de presentación de cada impuesto. Este es el tiempo en el que la Agencia Tributaria puede solicitar su revisión.

Tenga en cuenta además que, la prescripción del derecho a liquidar fijada en cuatro años no afecta al derecho de investigación (artículo 66.bis LGT). Salvo en los supuestos de créditos fiscales, se consagra la imprescriptibilidad del derecho de comprobación de la Administración referido a períodos ya prescritos, cuando los mismos tengan eficacia en ejercicios no prescritos (artículo 115 LGT).

Por ejemplo, si un bien se amortiza en 15 años, deberá conservar su factura de compra no durante cuatro años, sino hasta los cuatro años siguientes al último periodo en que se aplicó la amortización, es decir, durante 19 años.

En el IRPF, hay que conservar los justificantes y documentos acreditativos de las operaciones, rentas, gastos, ingresos, reducciones y deducciones. Entre esta documentación, se encuentran las facturas. El plazo de conservación es el de prescripción de cuatro años, pero como la declaración se presenta al año siguiente, eso nos llevará en muchos casos a más de cinco años.

Igualmente, con las modificaciones introducidas en 2015, el plazo de prescripción para la comprobación de las bases imposibles y las deducciones es de 10 años desde la presentación de la declaración en que se generaron. Esto es, para los ejercicios en que se disfrutaron de tales incentivos, el plazo de prescripción no es de cuatro sino de diez años, salvo que el último ejercicio de aplicación ya haya prescrito. Lo mismo sucede con las pérdidas fiscales, cuyo plazo comenzaría a contar desde que la empresa haya compensado dichos créditos fiscales.

Desde el punto de vista laboral.

Según el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social, el plazo de prescripción de las infracciones en el ámbito laboral es de tres años, mientras que las relacionadas con la seguridad social prescriben a los cinco años. (art. 4 RDl 5/2000)

La documentación a conservar se circunscribe en materia de filiación a bajas, justificantes de pagos salariales, contratos de trabajo o registros de jornada laboral.

Fuente: CISS Contable Mercantil. (Ainoa Iriarte Ibargüen)

En la nueva regulación de la segunda oportunidad el Gobierno solo permitirá quitas de 2.000 euros sobre créditos públicos.

El proyecto de reforma de la norma concursal modifica en profundidad el procedimiento de la tan manida “segunda oportunidad”. Este recurso, como bien sabe, se dirige a personas físicas y autónomos insolventes, y su objetivo es incentivar a sus destinatarios a continuar con su actividad laboral o empresarial.

El beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) es el mecanismo por el que las personas físicas, empresarias o no, pueden ver perdonadas sus deudas si cumplen una serie de requisitos. La Ley Concursal vigente hasta 2020 no lo reconocía, pero una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 entendió que también, entre las deudas que pueden ser redimidas en los BEPI con plan de pagos, se deben incluir los créditos públicos.

El proyecto de Ley introduce medidas adicionales a las previstas en la Directiva de insolvencia que debemos trasponer. Destaca la posibilidad de exoneración sin liquidación previa del patrimonio del deudor y la puesta en marcha de un plan de pagos a los acreedores, permitiendo al deudor, bajo ciertas condiciones, mantener su vivienda habitual y, si fuera autónomo, continuar con su actividad.

Se articulan dos modalidades de exoneración: mediante la liquidación de la masa activa y por el establecimiento de un plan de pagos. Estas variantes son intercambiables, de forma que el deudor que haya obtenido una exoneración provisional con plan de pagos pueda en cualquier momento dejarla sin efecto y solicitar la exoneración con liquidación.

El plan de pagos tendrá una duración máxima de tres años, que se ampliará a cinco cuando no se enajene la vivienda habitual del deudor. Asimismo, se incrementa la relación de deudas exonerables y se eliminan o, mejor dicho, se relajan ciertas restricciones para poder acceder “al perdón”.

Deja de exigirse de manera obligatoria la mediación, de modo que el no acudir a ella no impedirá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho, siempre y cuando el deudor haya abonado además de los créditos contra la masa y privilegiados, el 25% de los créditos ordinarios.

Aumenta la lista de requisitos para obtener la cancelación de las deudas, destacando que se requerirá no haber sido condenado en sentencia firme por delitos que lleven aparejada una pena de privación de libertad superior a 3 años, así como el de no tener infracciones tributarias, de Seguridad Social o de orden social en los últimos 10 años desde que se presenta la solicitud.

Se podrá conceder la exoneración al deudor que se encuentra en situación del “umbral de exclusión” previsto en el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, siempre que hubiera destinado a tal efecto una cuarta parte, o la mitad de sus ingresos embargables.

El nuevo texto también abre la puerta, aunque de forma muy tímida, al perdón de las deudas públicas de las personas naturales que, sin mala fe, hayan fracasado en sus proyectos empresariales.

De las deudas para cuya gestión recaudatoria resulte competente la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrán exonerarse hasta el importe máximo de mil euros y otro tanto, por los créditos contra la Seguridad Social.

Si bien la introducción de este sistema de quitas supone un importante avance para el colectivo, pues por primera vez un texto legislativo recogería la exoneración de deuda pública, resulta claramente insuficiente. Es anecdótica y poco efectiva.

Es justamente en el cumplimiento de este requisito (la satisfacción de los créditos públicos) donde la mayoría de los expertos encuentran el principal obstáculo para alcanzar una exoneración plena y real del pasivo insatisfecho. “A nadie se le escapa que este cambio a efectos prácticos hará inútil dicho expediente para la gran mayoría de los casos”.

Según asegura el presidente del REFOR-CGE Juan Carlos Robles en autónomosyemprendedor.es, en estos momentos los trabajadores por cuenta propia que tienen deudas con la Administración están pudiendo salir adelante porque están accediendo a condonaciones de deudas por importes superiores a la pírrica cifra que recoge el proyecto. Sin ir más lejos en una sentencia emitida por el Juzgado Mercantil número tres de Palma de Mallorca se exoneró a una autónoma de pagar el millón de euros que le reclamaba la Administración pública.

Actualmente, un autónomo puede acceder casi a la exoneración total de su deuda pública. “Imaginemos un empresario que debe a Hacienda 100.000 euros: 80.000 corresponde al importe impagado y el resto, 20.000 euros, al coste de recargos e intereses. Este deudor, hoy día puede acceder a una exoneración de hasta 60.000 euros”. En el momento en que se inicia el concurso de acreedores, la cuantía principal queda dividida en: 40.000 como privilegiado, otros 40.000 como ordinario. -El ordinario más los intereses se pueden exonerar-. “Para el resto de deuda se establece un plan de pagos de hasta cinco años, para que el autónomo vaya devolviendo al Estado lo que pueda.

La reforma debe estar en vigor el 30 de junio de 2022, por lo que muchos autónomos y empresarios personas físicas en situación de insolvencia están acudiendo al concurso. Y ello pese a la moratoria concursal prorrogada hasta esa misma fecha, sobre todo si el juzgado competente es uno de los que está perdonando deudas con la Administración que, por otra parte, son la mayoría de ellos salvo escasas excepciones: A Coruña, Bilbao y Oviedo y pocos de los 13 de Barcelona.

Para que lo tenga más claro todavía el artículo 489 del proyecto de reforma concursal dice textualmente:

Extensión de la exoneración.1. La exoneración del pasivo insatisfecho se extenderá a la totalidad de las deudas insatisfechas, salvo las siguientes:

1.º Las deudas por responsabilidad civil extracontractual, por muerte o daños personales, así como por indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo y enfermedad profesional, cualquiera que sea la fecha de la resolución que los declare.

2.º Las deudas por responsabilidad civil derivada de delito.

3.º Las deudas por alimentos.

4.º Las deudas por salarios correspondientes a los últimos sesenta días de trabajo efectivo realizado antes de la declaración de concurso en cuantía que no supere el triple del salario mínimo interprofesional, así como los que se hubieran devengado durante el procedimiento, siempre que su pago no hubiera sido asumido por el Fondo de Garantía Salarial.

5.º Las deudas por créditos de derecho público. No obstante, las deudas para cuya gestión recaudatoria resulte competente la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrán exonerarse hasta el importe máximo de mil euros por deudor. Asimismo, las deudas por créditos en Seguridad Social podrán exonerarse hasta el importe máximo de otros mil euros por deudor. El importe exonerado, hasta el citado límite, se aplicará en orden inverso al de prelación legalmente establecido en esta ley y, dentro de cada clase, en función de su antigüedad.

6.º Las deudas por multas a que hubiera sido condenado el deudor en procesos penales y por sanciones administrativas muy graves.

7.º Las deudas por costas y gastos judiciales derivados de la tramitación de la solicitud de exoneración. 8.º Las deudas con garantía real, sean por principal, intereses o cualquier otro concepto debido, dentro del límite del privilegio especial, calculado conforme a lo establecido en esta Ley.

2. Excepcionalmente, el juez podrá declarar que no son total o parcialmente exonerables deudas no relacionadas en el apartado anterior cuando sea necesario para evitar la insolvencia del acreedor afectado por la extinción del derecho de crédito.

3. El crédito público será exonerable en la cuantía establecida en el párrafo segundo del apartado 1. 5.º de este artículo, pero únicamente en la primera exoneración del pasivo insatisfecho, no siendo exonerable importe alguno en las sucesivas exoneraciones que pudiera obtener el mismo deudor.

La modificación legal está ya en el Congreso y la mayoría de los grupos parlamentarios apuestan por la exoneración del crédito público en sus enmiendas. Esperemos estas enmiendas prosperen antes de que sea demasiado tarde. El objetivo de la Moncloa es tener lista la norma a principios de verano.

Fuente: CISS. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales. (Ainoa Iriarte Ibargüen)

Su incidencia en el IRPF se producirá en las declaraciones correspondientes a los ejercicios en que aquellas cuotas se incluyeron.

¿Cuál es el criterio de imputación temporal de la devolución por la TGSS del exceso pagado por cuotas del RETA sobre la tarifa plana que puede aplicar con carácter retroactivo un trabajador autónomo socio de una entidad, si las cuotas satisfechas por la entidad las había reflejado como rendimiento del trabajo en especie y también como gasto deducible?

El 20 de julio de 2020, la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la TGSS comunicó el cambio de criterio en la interpretación del artículo 31 del Estatuto del Trabajador Autónomo, como consecuencia de la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo que considera aplicables los beneficios de cotización de la llamada tarifa plana también a los trabajadores autónomos socios de sociedades anónimas o limitadas, con carácter retroactivo, y obliga a la Seguridad Social a devolver el importe del exceso cotizado.

En el supuesto planteado, el autónomo societario, había declarado en el IRPF las cotizaciones como rendimientos del trabajo en especie y se las había deducido como gasto en el ámbito de esos rendimientos.

La regla general para los rendimientos del trabajo es su imputación al período impositivo en que sean exigibles por su perceptor.

Por tanto, la devolución de cotizaciones no tiene incidencia en la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio en que la devolución se apruebe y realice.

Al tratarse de unos importes indebidamente abonados a la TGSS y que son reintegrados al socio y por éste a la sociedad (mediante el pago directo por parte de la TGSS al empleador), su incidencia en el IRPF se producirá en las declaraciones correspondientes a los ejercicios en que aquellas cuotas se incluyeron como retribución en especie y como gasto, lo que dará lugar, en su caso, a la solicitud de rectificación de las autoliquidaciones o a las declaraciones complementarias correspondientes.

Normativa/Doctrina

  • Artículo 31 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo.
  • Artículo 14.1 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF.
  • Artículo 120.3 y 122 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
  • Consulta Vinculante de la DGT V2887-21, de 18 de noviembre.
  • Sentencia TS 3-12-2019, Rec. 5252/2017 y otras posteriores.

Fuente: AEAT