Su incidencia en el IRPF se producirá en las declaraciones correspondientes a los ejercicios en que aquellas cuotas se incluyeron.

¿Cuál es el criterio de imputación temporal de la devolución por la TGSS del exceso pagado por cuotas del RETA sobre la tarifa plana que puede aplicar con carácter retroactivo un trabajador autónomo socio de una entidad, si las cuotas satisfechas por la entidad las había reflejado como rendimiento del trabajo en especie y también como gasto deducible?

El 20 de julio de 2020, la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones de la TGSS comunicó el cambio de criterio en la interpretación del artículo 31 del Estatuto del Trabajador Autónomo, como consecuencia de la nueva jurisprudencia del Tribunal Supremo que considera aplicables los beneficios de cotización de la llamada tarifa plana también a los trabajadores autónomos socios de sociedades anónimas o limitadas, con carácter retroactivo, y obliga a la Seguridad Social a devolver el importe del exceso cotizado.

En el supuesto planteado, el autónomo societario, había declarado en el IRPF las cotizaciones como rendimientos del trabajo en especie y se las había deducido como gasto en el ámbito de esos rendimientos.

La regla general para los rendimientos del trabajo es su imputación al período impositivo en que sean exigibles por su perceptor.

Por tanto, la devolución de cotizaciones no tiene incidencia en la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio en que la devolución se apruebe y realice.

Al tratarse de unos importes indebidamente abonados a la TGSS y que son reintegrados al socio y por éste a la sociedad (mediante el pago directo por parte de la TGSS al empleador), su incidencia en el IRPF se producirá en las declaraciones correspondientes a los ejercicios en que aquellas cuotas se incluyeron como retribución en especie y como gasto, lo que dará lugar, en su caso, a la solicitud de rectificación de las autoliquidaciones o a las declaraciones complementarias correspondientes.

Normativa/Doctrina

  • Artículo 31 Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo.
  • Artículo 14.1 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF.
  • Artículo 120.3 y 122 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
  • Consulta Vinculante de la DGT V2887-21, de 18 de noviembre.
  • Sentencia TS 3-12-2019, Rec. 5252/2017 y otras posteriores.

Fuente: AEAT

Si crees que el Cash Management es la simple gestión del efectivo de tu negocio, no sigas leyendo. Porque en este artículo descubrirás cinco pilares sobre los que se asienta la verdadera gestión de Tesorería.

“Las empresas mueren por la caja no por la cuenta de resultados”. Todavía recuerdo esta frase de mi profesor de Economía de la Empresa en la Universidad. Esta simple afirmación cambió mi percepción sobre lo que hasta entonces había considerado buenos o malos negocios.

La mayoría de las personas siguen valorando el éxito o fracaso de una empresa por su cuenta de resultados: beneficio o pérdida. Sin embargo, esa no es la auténtica vara de medir. El verdadero rasero se encuentra en la capacidad de generar cash, de generar dinero. Porque vender es importante, pero cobrar, lo es más.

En el mundo de los negocios la venta es el arte supremo, si no vendes no hay negocio, pero no basta con vender. Si tras la venta no hay una contraprestación monetaria a tu producto o servicio, ¿para qué vendes?

La mayoría de las acciones que preceden a una venta suponen un coste, un compromiso de pago para aquel que genera un producto o servicio. Una vez generado, la venta se convierte en un compromiso futuro de cobro para aquel que vende. Un “premio” por su trabajo. Sin esa recompensa, el mundo de las empresas y los negocios con ánimo de lucro no tendría sentido.

La gestión del dinero, que se intercambia en forma de cobros y pagos, es el corazón del Cash Management, pero esta definición sería demasiado básica para ti que sigues leyendo este artículo. Por ello, a partir de ahora hablaremos de Cash Management como el conjunto de medidas estratégicas y organizativas que afectan a los flujos monetarios y a los resultados financieros de una empresa o negocio.

Como ya habrás adivinado, el Cash Management o la gestión de Tesorería es una actividad que tolera mal los errores, siempre caros en el sentido más monetario de la palabra. Sin embargo, su buena gestión aporta la satisfacción de ese valor añadido diferenciador que nos hace ser percibidos como buenos profesionales y que permite a nuestro negocio u organización ser más competitivo en un entorno cada vez más exigente.

Si hablamos de beneficio y cash, podemos establecer cuatro tipos de situaciones que se pueden dar en un negocio:

  1. No tener beneficios ni generar cash: negocio herido de muerte o zombi.
  2. No tener beneficios y generar cash: el no tener beneficios puede deberse a una situación puntual como un exceso de inversiones en activos amortizables.
  3. Tener beneficios y no generar cash: por ejemplo, por una mala gestión de los períodos de cobro/pago.
  4. Tener beneficios y generar cash: un negocio muy saludable.

Si quieres formar parte de las empresas o negocios del tipo 4 y gozar de buena salud, te invito a descubrir cinco pilares del buen Cash Management:

1.-Controla tu posición.

La posición de tesorería es el punto de partida de una buena gestión. Conocer cuáles son y serán los saldos previstos en tus entidades financieras te permitirá poder hacer frente a los pagos comprometidos de tu negocio. Porque no hay nada peor que no saber si tienes liquidez para pagar tus deudas.

El cálculo de la posición de tesorería se realiza combinando los movimientos reales de cobros y pagos junto a las previsiones, todos ellos en fecha valor (fecha desde la que se devengan intereses y a partir de la cual se puede disponer del dinero). Lo habitual es que se realice a diario y que su proyección sea a corto plazo. Este cálculo ayuda a:

  • Detectar con antelación posibles desfases entre cobros y pagos y reajustar las políticas de cobro/pago.
  • Tomar decisiones de financiación o de inversión de fondos con un horizonte más amplio y con cantidades más precisas.
  • Minimizar saldos ociosos que generan ineficiencias en el resultado financiero.
  • Controlar y reclamar las condiciones firmadas con las entidades financieras en nuestra operativa diaria

Si todavía no cuentas con una posición de tesorería periódica y bien definida, es el momento de que te pongas manos a la obra.

2.- Elabora un buen presupuesto.

El presupuesto de tesorería es un paso intermedio entre el presupuesto económico-financiero y la posición de tesorería. Es una herramienta de decisión táctica más que estratégica, informa del uso de la financiación e inversiones y se realiza a nivel de conceptos presupuestarios. Su horizonte temporal suele ser de un año.

Se elabora a partir de los presupuestos realizados por cada área del negocio: compras, ventas, producción, recursos humanos, marketing…, transformando los ingresos/gastos en cobros/pagos.

El presupuesto de tesorería se caracteriza por ser una herramienta que:

  • Cuantifica los medios a disponer por la empresa para alcanzar los objetivos.
  • Facilita identificar desviaciones y tomar medidas correctoras.
  • Tiene carácter participativo.
  • Es flexible, se adapta al cambio.
  • Detecta ineficiencias en la gestión.

Como todo presupuesto que se precie, es una hoja de ruta, una guía que puede verse modificada por diversas variables, tanto internas como externas. Lo más importante es elaborarlo con la mayor precisión posible, en base a la información pasada, presente y futura, e ir analizando el origen de cada una de las desviaciones que se produzcan. Ello te permitirá mejorar poco a poco y evitar una gran cantidad de imprevistos.

Los presupuestos no son más que declaraciones de prioridades. ¿Tienes claras las tuyas?

Leer más…

 

Fuente: Emprendedores

«¿Tengo que cotizar a la Seguridad Social?», esa es la pregunta que se realizan muchas personas. Esta duda nace cuando el trabajador realiza una actividad que puede ser susceptible de no pagar impuestos por el poco dinero que se genera o por el tiempo que se dedica.

Sin embargo, a pesar de que es una pregunta muy frecuente, la respuesta es realmente sencilla. Toda persona que realice una actividad laboral debe cotizar a la Seguridad Social.

El caso de los trabajadores por cuenta ajena, asalariados, es bastante más sencillo. Todos tienen que cotizar al Régimen General de la Seguridad Social. No obstante, el caso de los trabajadores por cuenta propia, autónomos, suscita más dudas.

¿Cuándo tengo que darme de alta como autónomo?

Profesores particulares, trabajadores del hogar, expertos que imparten charlas, entre muchos otros profesionales eventuales, cuyas remuneraciones no son especialmente altas tienen la duda de si deben darse de alta como autónomos.

De nuevo, la respuesta vuelve a ser muy sencilla. Todo aquel que genere ingresos por su actividad debe darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), no importa cuánto dinero facturen.

Sin embargo, sí que hay una excepción y no está ligada a los ingresos del trabajador por cuenta propia, si no a la cantidad de tiempo que le dedican a la actividad y a la periodicidad con la que la realizan.

Aquí entra en juego un término muy utilizado en los debates sobre este tema: habitualidad. Es decir, ¿la actividad se realiza de forma habitual? Este es el verdadero factor que importa a la hora de saber si un trabajador debe darse de alta como autónomo.

No obstante, vuelve a aparecer otro problema. No existe ninguna norma que especifique cuántas horas de trabajo convierten una actividad en habitual, las leyes solo dicen que cualquier trabajador que realice una actividad por cuenta propia «de forma habitual» debe darse de alta en el RETA.

Leer más…

 

Fuente: El Economista

El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, aprueba una bonificación extraordinaria y temporal en el precio de venta al público de determinados productos energéticos y aditivos.

He realizado un caso práctico sobre tratamiento contable de la bonificación en el combustible. para InfoEC Boletín de Economistas Contables del Consejo de Economistas de España. Boletín núm. 329 de 5 de abril de 2022.

El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, contempla entre diversas medidas para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania. Entre ellas, una bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos energéticos, que se regulan en CAPÍTULO VI de la norma (artículos 15 a 20).

En el artículo 15. Objeto y ámbito de aplicación:

«1. Se aprueba una bonificación extraordinaria y temporal en el precio de venta al público de determinados productos energéticos y aditivos, en los términos establecidos en este capítulo

2. Serán beneficiarios de esta bonificación las personas y entidades que adquieran los productos a que se refiere el apartado 3, siempre que los adquieran, entre los días 1 de abril y 30 de junio de 2022, ambos incluidos, a los colaboradores en la gestión de esta bonificación.

…»

Como resumen, el procedimiento será el siguiente:

  1. Es una medida temporal de tres meses que se aplicará desde el 1 de abril y 30 de junio de 2022.
  2. El colaborador (gasolineras) realizan un descuento de 0,20 euros por litro de combustible que se aplicará sobre el precio de venta al público, que debe constar por separado en la factura o ticket correspondiente.
  3. El colaborador presentará mensualmente, en los primeros 15 días naturales de los meses de mayo, junio y julio de 2022, ante la Administración competente una solicitud de devolución de las bonificaciones efectuadas en el mes anterior.
  4. No obstante, es contempla en la norma la realización de un anticipo por parte de la AEAT. Para ello, el colaborador podrá solicitar a la Administración competente, con anterioridad al 15 de abril de 2022, un anticipo a cuenta, por el importe máximo de la bonificación que ascenderá al 90% del volumen medio mensual de productos incluidos en el ámbito objetivo de esta bonificación vendidos por dicho colaborador en el ejercicio 2021, con un máximo de 2.000.000 euros y un mínimo de 1.000 euros.

Contabilidad desde el punto de vista del colaborador (gasolineras).

El problema se puede plantear en que las gasolineras que quieran solicitar el anticipo, como la norma se aplica a partir del 1 de abril de 2022, tiene que soportar por adelantado la carga del descuento hasta que la AEAT, con posterioridad al 15 de abril de 2022 conceda el anticipo.

Contabilidad, desde el punto de vista de la empresa que se beneficia de la bonificación.

La consulta 1 del BOICAC 122, sobre tratamiento contable de los costes a asumir por las empresas en los ERTEs consecuencia del COVID 19. Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, indicaba que la bonificación en la Seguridad Social para los trabajadores en ERTE se podría contabilizar como una subvención (NRVª 18), como una subvención de explotación. Aunque en la consulta la bonificación era en la Seguridad Social, en nuestra opinión, por similitud se debería aplicar el mismo criterio, de modo que en la cuenta de pérdidas y ganancias no se compensasen gastos por suministro de combustible con la subvención concedida.

No obstante, también se indica en la citada consulta que en el caso de que su importe no fuera significativo, en aplicación del principio de importancia relativa, podría minorarse directamente el gasto correspondiente.

Hemos realizado dos casos prácticos que puede verse pinchando aquí.

Fuente: CISS Contable Mercantil

AUTOR: Gregorio Labatut Serer. Profesor Titular de la Universidad de Valencia.

FUENTE:http://gregorio-labatut.blogspot.com

FECHA: 05/04/2022

En los últimos años Europa está experimentando la desaparición del cheque como instrumento de pago.

En los últimos años Europa está experimentando la desaparición del cheque como instrumento de pago. Por ejemplo, en España en 2020 el cheque fue el instrumento de pago que representó solamente el 0,1 % del total de las operaciones de la SNCE, según informaciones publicadas por Iberpay que es el organismo que gestiona el Sistema Nacional de Compensación Electrónica (SNCE), infraestructura crítica de pagos especializada en el procesamiento, compensación y liquidación de los instrumentos de pago basados en la cuenta corriente bancaria: transferencias, transferencias inmediatas, adeudos, cheques, traspasos y efectos.

El cheque sustituyó como instrumento de pago al denominado talón después de la entrada en vigor de la Ley Cambiaria y del Cheque (LCCH) en el año 1985. El cheque es un instrumento de pago sustitutorio del dinero y no un documento de crédito, debido a las normas sobre previa provisión de fondos al banco para atender las órdenes del librador. El cheque es un título abstracto, formal y completo que incorpora un mandato de pago incondicional, que permite al librador (firmante del cheque) retirar en su provecho o en el de un tercero (acreedor/tomador) parte de los fondos que tiene disponibles en poder del librado (banco) para realizar el pago de una deuda. Puede observarse pues que el cheque reúne las siguientes características:

  • Es un título valor, ya que incorpora un derecho que es inseparable al documento.
  • Es un documento formal, o sea debe extenderse conforme a los requisitos exigidos en la LCCH.
  • Es un título completo al señalar el propio documento la amplitud del derecho que incorpora.
  • Contiene una orden de pago pura y a la vista, ya que no admite condiciones y el cheque debe ser pagadero en el momento de la presentación.
  • Es necesario un acuerdo entre el librador y la entidad bancaria para disponer de los fondos mediante la emisión de cheques. Este convenio es el que presta el banco mediante el contrato de cuenta corriente.
  • Exige una previa provisión de fondos por parte del librador al librado; aunque la inexistencia de la provisión no implica la desaparición de la obligación de pago por parte del firmante.
  • Es un título transmisible por endoso a menos que figure la cláusula “no a la orden”.
  • Es pagadero desde el momento de su emisión así que es un título con vencimiento a la vista.

En el cheque intervienen forzosamente tres personas: en primer lugar, el librador que es la persona que crea el documento y lo firma; en segundo lugar, el librado que es la entidad bancaria obligada al pago del cheque si hay fondos suficientes en la cuenta del librador; y, en tercer lugar, el tomador que es la persona que tiene el documento, bien porque es un cheque al portador o porque se ha emitido a su favor y lo presenta al pago. El tomador puede transmitir el título a un tercero a través del endoso, lo que daría lugar al último tenedor que presentaría al cobro el cheque y que sería ajeno a la relación negocial entre librador y primer tomador. Además, el cheque debe cumplir unos requisitos formales. El cheque para se un instrumento de pago válido debe reunir seis requisitos para su plena validez según dice el art. 106 de la LCCH (pero como los talonarios de cheques son impresos por los bancos no puede haber muchos errores). No obstante, algunos de estos requisitos son subsanables según dicta el art. 107. A continuación, relacionamos los seis requisitos y como se pueden subsanar las posibles carencias.

1. La denominación de cheque inserta en el propio título en el idioma que se emplea para la redacción de dicho documento.

2. El mandato puro y simple de pagar una cantidad en euros o divisa convertible.

3. El nombre del que ha de pagar, denominado librado que necesariamente ha de ser una entidad bancaria.

4. El lugar de pago; lo habitual es que venga impresa la dirección completa junto con el nombre del banco. A falta de indicación especial será el designado junto al nombre del librado, y si se designan varios lugares, será pagadero en el que figure en primer lugar. De todas maneras, el cheque deberá pagarse en todo caso en el lugar en el que ha sido emitido y si en él no tiene el librado ningún establecimiento, en el lugar donde el librado tenga el establecimiento principal.

5. La fecha y lugar de emisión; la fecha de emisión determina el momento desde el que debe contarse el plazo de presentación y el lugar de emisión la ley nacional a aplicar. Si no aparece el lugar de emisión en su defecto se considerará el que figure al lado del nombre del librador. El peligro en el cheque en que no aparezca el lugar de emisión, ni junto a la fecha ni junto al nombre del librador, conforme a lo establecido en el primer párrafo del art. 107 LCCH, es que el título no pueda considerarse cheque, constituyendo solamente un documento probatorio de la existencia de la deuda, pero sin efecto cambiario alguno.

6. La firma autógrafa del que expide el cheque, denominado librador (en caso de personas jurídicas como S.L. hay que introducir en la antefirma el “p.p” y el sello de la sociedad representada).
Aunque curiosamente, el art. 106 LCCH no se refiere expresamente a ellos, existen dos otros requisitos de uso común para completar un cheque: el primero, hay que escribir la cantidad a pagar en cifras y en letra; vale la pena decir que cuando figure el importe en letra y cifras y exista diferencia de cantidad entre ambas, siempre prevalece la expresada en letra. En los cheques de talonario ya está indicado que hay que escribir la fecha de emisión en letra junto al lugar de libramiento. Y el segundo, el citado artículo no incluye ninguna referencia a la denominación de la persona a la que se ha de pagar el cheque, o sea no existe una obligación ineludible de indicar quien es el tomador del título, toda vez que el último párrafo del art. 111 señala que: “El cheque que, en el momento de su presentación al cobro, carezca de indicación de tenedor, vale como cheque al portador”. Consiguientemente la ley supone la presunción legal de que, si se presenta al cobro y carece de indicación del tenedor, es como si se tratara de un cheque al portador.

Con todo normalmente se suele añadir al cheque el nombre de la persona a la que debe pagarse el cheque o la indicación de “al portador”. No obstante, si el nombre del tomador queda en blanco en el cheque no pierde su eficacia. La falta de alguno de los requisitos esenciales en el título emitido provoca que éste pierda su consideración de cheque a los efectos establecidos por la LCCH y no se podrían ejercer las acciones cambiarias correspondientes, pero sin perjuicio de su validez en una reclamación extracambiaria, ya que sería un documento de prueba a favor del acreedor. No obstante, la ley consagra la validez del cheque en blanco o destinado a ser posteriormente completado con una disposición en el art. 119 de la LCCH que reza: “Cuando un cheque, incompleto en el momento de su emisión, se hubiese completado contrariamente a los acuerdos celebrados, el incumplimiento de estos acuerdos no podrá alegarse contra el tenedor a menos que éste haya adquirido el cheque de mala fe o con culpa grave”.

El librador del cheque garantiza el pago y nunca puede exonerarse de la obligación mediante una cláusula en el documento; en caso de que estuviera se considerará no escrita. Al propio tiempo si un cheque contiene firmas de personas incapaces de obligarse, o falsas o que no produzcan obligación, las obligaciones de los demás firmantes seguirán siendo válidas. Si alguien firma un cheque, como representante de una persona física o jurídica (p. ej. en el caso de sociedades) pero en realidad es un falso apoderado, quedará personalmente obligado para el pago del cheque en virtud de su firma. Lo mismo sucede para el representante que hubiera excedido sus poderes, sin perjuicio de la responsabilidad cambiaria del representado dentro de los límites del poder. Cuando un cheque, incompleto en el momento de su emisión, se hubiera completado contrariamente a los acuerdos celebrados, el incumplimiento de estos acuerdos no podrá alegarse contra el tenedor a menos que éste hay adquirido el cheque de mala fe o con culpa grave. Esta disposición está pensada para salvaguardar los derechos del tenedor de buena fe.

Además de los requisitos formales esenciales para que el título tenga la consideración de cheque, es posible incluir cláusulas facultativas como “sin gastos”, “con protesto”, “no a la orden” o “para abonar en cuenta”. Ahora bien, el art. 147.2 indica que:” No obstante, las cláusulas facultativas que se incorporen al cheque, para su validez, deberán venir firmadas expresamente por persona autorizada para su inserción, sin perjuicio de las firmas exigidas en la presente Ley para la validez del título”. Hay que hacer notar que la fecha de emisión es un elemento esencial y no sustituible, por lo que deberá tener una fecha posible (cuidado con un cheque emitido el 30 de febrero ya que no sería válido) aunque no sea la verdadera.

En la práctica mercantil nos podemos encontrar con cheques antedatados, que son aquellos cuya fecha de emisión es anterior a la fecha real de entrega del documento al tomador; el objetivo del emisor es reducir el plazo para presentar el documento y existe el peligro que llegue a manos del acreedor pasado el plazo legal de presentación, y también con cheques postdatados, que son aquellos que se entregan al tomador con una fecha de emisión posterior a la de su entrega real (librados en una fecha anterior a la que figura como de emisión en el documento); el objetivo del firmante es ampliar el plazo de presentación para conseguir fondos suficientes para cubrir el importe del cheque. En definitiva, utilizar el cheque como si fuera un pagaré. Es importante destacar que la Ley no establece la invalidez de títulos antedatados o postdatados, si bien anula la postdatación declarando que el cheque presentado al pago antes del día indicado como fecha de emisión, es pagadero el día de la presentación puesto que la LCCH entiende que los cheques se emiten ya vencidos.

Ahora bien, la ante datación de un cheque puede comprometer el plazo de presentación al pago (que para cheques emitidos en España es de quince días) por lo que un cheque antedatado puede ser revocado por el librador. Otro perjuicio es que un cheque antedatado que es presentado al cobro pasada la fecha de presentación, si es devuelto por falta de fondos no puede ser protestado, lo que impediría acciones legales del tenedor contra el endosante. En cuanto al libramiento del cheque, la LCCH establece distintas formar de girar un cheque: la primera, a favor o a la orden del propio librador; es el caso en el que coinciden las figuras de librador y tomador, o sea cuando una persona utiliza un cheque para obtener fondos de su propia cuenta bancaria; las segunda, por cuenta de un tercero; en este caso el librador, previamente autorizado para ello, emite un cheque con cargo a los fondos del titular de la cuenta corriente. Este es el caso de un mandatario que paga con un cheque los bienes adquiridos por su mandante. Y la tercera, contra el propio librador, siempre que el título se emita entre distintos establecimientos del mismo banco (cheques bancarios).

El tenedor (o tomador) es la persona a la que debe pagarse el cheque, bien por estar expedido a su nombre, o por ser el portador o el endosatario. El cheque se puede emitir designando al tomador del título de las siguientes maneras: en primer lugar, a favor de una persona determinada, con o sin cláusula “a la orden”. En estos títulos el tenedor aparece identificado con su nombre. Pueden ser transmitidos por endoso. Aunque el cheque esté emitido sin cláusula “a la orden” se puede endosar. En segundo lugar, a favor de una persona determinada “no a la orden”; el título recoge el nombre del tomador, pero la inclusión de la cláusula “no a la orden” impide su transmisión mediante endoso, por lo que sólo es transmisible por cesión ordinaria. En tercer lugar, emitidos al portador; no designan a persona alguna y su transmisión es por simple entrega del documento ya que puede cobrarlo cualquier tenedor. No obstante, el tenedor del cheque al portador que pretenda cobrarlo en ventanilla deberá identificarse cuando su importe sea superior a 3.000 euros. En tercer lugar, a favor de una persona determinada incorporando detrás del nombre de la persona a favor de la cual se ha extendido el cheque la mención “o al portador”. En este caso se considera el título también al portador. Y, en cuarto lugar, dejando en blanco el nombre del tenedor lo que también será cheque al portador.

 

 

Fuente: http://blogcanalprofesional.es. Entrada original publicada en perebrachfield.com (Pere Brachfield)

Disponibles en la AEAT los formularios para solicitar las ayudas previstas en el RDL 6/2022.

Ya se encuentran disponibles en la sede de la Agencia Tributaria el formulario para la solicitud del anticipo a cuenta de la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos energéticos y el formulario para la solicitud de ayuda directa al transporte, previstos en el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

 

Fuentes: CISS Fiscal. AEAT.

El plan de choque aprobado por el Consejo de Ministros con medidas por valor de 6.000 millones en ayudas directas y rebajas fiscales y 10.000 millones más en créditos ICO durará, en la mayoría de los casos, 3 meses. Hasta el 30 de junio.

El Real Decreto-ley 6/2022 de 29 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, protege a familias, trabajadores, personas desplazadas; cuenta con medidas para apoyar al tejido económico y empresarial y se dirige a los sectores más afectados: agropecuario, pesquero, del transporte, ciberseguridad y energía.

Se trata de limitar los costes económicos y sociales de la distorsión de naturaleza geopolítica en el precio del gas, atajar de raíz el proceso inflacionista y facilitar la adaptación de la economía a esta situación de naturaleza temporal, reforzando al mismo tiempo las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo de calidad.

Si bien algunas ayudas de carácter social como la bonificación de combustibles, el incremento del ingreso mínimo vital o los límites a la revisión del precio de los arrendamientos pueden resultar novedosas, de cara a las empresas y autónomos la hoja de ruta diseñada por la Moncloa responde a viejas recetas ya utilizadas durante la pandemia. Tal y como dicen fuentes expertas “El grueso de plan vuelve a ser dinero en forma de crédito en vez de en ayudas directas”

Extensión de los plazos de vencimiento y carencia de los avales ICO.

Los sectores más afectados por el encarecimiento de los combustibles podrán solicitar una carencia en la devolución de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) durante la pandemia.

Según datos del ICO, hay unas 380.000 empresas con periodos de carencia que debían concluir en este segundo trimestre del año, con lo que ahora, tras la entrada en vigor de esta nueva norma y la correspondiente aprobación en Consejo de Ministros, lo harán muy probablemente en octubre, noviembre y diciembre. Seis meses después.

La medida, eso sí, no será para todas las empresas, sino solo para las de los «sectores más afectados» por la crisis de precios energéticos. En principio los de: agricultura, ganadería, pesca y transportes.

Igualmente, el vencimiento de los préstamos blindados concedidos por la Covid 19, que rondan los 100.000 millones de euros, podrá ampliarse sin necesidad de que la facturación haya caído más del 30% en 2020 con respecto a 2019.

Nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones para necesidades de liquidez por el encarecimiento de la energía.

Para para cubrir las necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles se ha aprobado una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros.

Esta nueva línea, como ayuda de Estado dirigida a mitigar las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania, debe ser autorizada por la Comisión Europea, por lo que no podrá otorgarse ningún aval con cargo a la misma hasta que se haya producido esta autorización.

Las condiciones aplicables y los requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por acuerdo de Consejo de Ministros.

La nueva línea ICO se suma a la desplegada como consecuencia de la pandemia. Recordemos que ya hace casi dos años se habilitaron avales por 140.000 millones de euros. 100.000 millones para dotar de liquidez a autónomos y empresas y 40.000 para impulsar la inversión. Economía reconoce que solo se han otorgado 104.000 millones de euros, de manera que todavía están sin usar 36.000 millones.

Apoyo al sector primario y a la industria gran consumidor de energía.

Además de las prórrogas y nuevas líneas en materias de avales para el crédito de las empresas, el Ejecutivo ha aprobado una serie de apoyos al sector primario y al campo español. En este apartado se incluyen 430 millones de euros: 362 millones de ayudas directas al sector de la agricultura y la ganadería y otros 68 millones para el sector pesquero.

Igualmente, la norma aprobada por el Consejo de Ministros recoge, una serie de actuaciones destinadas a socorrer a la industria gran consumidora de energía por un importe de 488 millones de euros:

  • Reducción en la factura eléctrica del 80% del coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad.
  • 125 millones de euros para ayudas directas a empresas gasintensivas.
  • Concesión de las subvenciones para compensar los cargos de la factura eléctrica destinados a la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares.

También se aprueba un aumento de 65 millones de euros para compensar el coste de emisión de CO2 para este año.

Medidas para el sector transporte.

El plan también refleja el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), con un paquete de medidas por el que:

  • Se inyectan más de 1.000 millones de euros.
  • Se rebaja 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible (para toda la población).
  • Se crea un nuevo fondo de 450 millones de euros en ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros, en función del tipo de vehículo (1.250 euros por camión, 900 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por taxi, VTC o ambulancia).
  • Se establece un crédito extraordinario para duplicar las cuantías destinadas a las ayudas al abandono de la profesión de transportista, que permitirá que un mayor número de autónomos de elevada edad pueda afrontar el abandono de la actividad con mayores recursos.
  • Se reduce de tres a un mes el plazo de devolución del impuesto sobre hidrocarburos.
  • Se asume el compromiso de aprobar una ley que permita a los transportistas trabajar con un precio justo. Antes del 31 de julio, el Ministerio de Transportes presentará un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector.

ERTE sin despidos.

El alza de los precios de la energía no podrá ser causa de despido en las empresas que reciban ayudas. Y, en el caso de que el empleador “subvencionado” recurra a estos despidos tendrá que devolver todo lo recibido. Esto es:

a) Las empresas beneficiarias de las ayudas directas no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos.

b) Las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.

En realidad, sí se podrá despedir, igual que se ha podido durante la pandemia, lo que ocurre es que ha sido, y seguirá siendo más caro durante los próximos meses. Si no se puede considerar procedente un despido objetivo por causas económicas tendrá que ser un Tribunal el que dictamine si debe ser declarado nulo y, por tanto, la empresa tendría que readmitir al trabajador o improcedente (con una indemnización de 33 días por año).

Fuente: CISS Contable Mercantil (Ainoa Iriarte Ibargüen)

La Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, habilitó, en su disposición adicional primera, al Ministerio de Justicia para aprobar los modelos de presentación de cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil. En uso de esta habilitación, se dicta la Orden JUS/793/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los modelos de presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación. A su vez, la disposición final primera de la Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo, habilitó a la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública para que apruebe las modificaciones que exijan los modelos como consecuencia de reformas puntuales de la normativa contable.

La Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, aprobó los modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales.

Hacienda exigirá el código QR en todas las facturas y premiará a los ciudadanos que alerten de posibles fraudes en las transacciones.

Son dos de las novedades más llamativas del Proyecto de Real Decreto que aprobará el Reglamento sobre los requisitos del software homologado establecido por la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal (L11/2021).

Bajo el pretexto de acabar con la elusión tributaria de pymes y autónomos el Gobierno sigue presionando. A través del código QR, los clientes podrán verificar si sus facturas están bien contabilizadas y si los autónomos y pymes cumplen con sus obligaciones legales.

El proyecto de ley nace para atajar el uso de programas que generan dobles contabilidades. Concretamente persigue un triple objetivo:

  • El desarrollo reglamentario previsto en artículo 29.2.j) de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, de las especificaciones técnicas que deban reunir los dispositivos electrónicos y los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes ejerzan actividades económicas, así como también los requisitos para estar debidamente certificados.
  • La interconexión de sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, fiscales y de gestión empresarial, y su compatibilidad con los sistemas de clientes, proveedores y administraciones públicas.
  • El aseguramiento de la calidad de la información, la confianza en la inalterabilidad indebida de los datos, la trazabilidad de los mismos y la interdicción del uso del llamado software de supresión y manipulación de ventas.

Este reglamento tendría que haber estado operativo en octubre, a los tres meses de la vigencia de la ley, pero se ha retrasado y se ha abierto a consulta y audiencia pública con unos objetivos de mayor amplitud.

Facturas con QR.

A la entrada en vigor de esta nueva norma, todos los sistemas de facturación que se utilicen en España, para ser legales, tendrán que cumplir algunos requisitos específicos como, por ejemplo, permitir que las operaciones se graben en el sistema informático» y posibilitar «la legibilidad de los registros, el análisis automatizado y la simultánea remisión a la Administración tributaria».

La inclusión de un código QR (u otro sistema de verificación digital) en cada una de las facturas permitirá al consumidor final escanearlos y comprobar si verdaderamente el autónomo o empresario ha contabilizado esa operación con los datos correctos.

Esta obligación vinculará a todos los autónomos, ya sean personas físicas o empresas:

  • Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.
  • Contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades económicas.
  • Contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no Residentes que obtengan rentas mediante establecimiento permanente.
  • Entidades en régimen de atribución de rentas que desarrollen actividades económicas, sin perjuicio de la atribución de rendimientos que corresponda efectuar a sus miembros.

Según José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), la idea tiene «un fuerte componente disuasorio y de incentivo al cumplimiento voluntario de las obligaciones por parte de los autónomos y empresas ya que, aunque previsiblemente muchos clientes no vayan a verificar esta información ni a remitir la factura a la Agencia Tributaria, siempre cabrá la posibilidad de que cualquier receptor pueda hacerlo y detectar, tanto él como los técnicos, que no está correctamente contabilizada».

Premio para los que alerte de fraudes.

La duda sobre la posibilidad de que “la colaboración ciudadana” sea efectiva se disipa si tenemos en cuenta que, además en el nuevo reglamento de facturación, la Agencia Tributaria premiará a quienes alerten de posibles fraudes, incentivando al consumidor final a que pida recibos de sus operaciones y “pueda remitir voluntariamente a la Administración Tributaria la información básica de esas facturas para verificar su registro y la exactitud de los datos reflejados en las mismas”.

La Exposición de Motivos de la futura norma dice que pretende “incentivar la concienciación fiscal de los clientes y del público en general favoreciendo la colaboración activa contra los incumplimientos. Se quiere dar una mayor relevancia al papel de los consumidores finales o destinatarios en el nuevo sistema, de manera que cada factura completa o simplificada que reciban, en soporte electrónico o impresas en papel, pueda remitirse a la Administración Tributaria para asegurar el cumplimiento tributario de los obligados a su emisión y respaldar así la recuperación de las economías europeas”.

Los datos recopilados por el fisco servirían para comprobar que las pymes y los autónomos españoles declaran de forma adecuada sus ingresos reales. Sobre las recompensas, Hacienda ha afirmado que, al igual que ocurre en Portugal, su intención es otorgar deducciones y créditos fiscales.

Apelar a la conciencia del consumidor a través del “Sistema de emisión de facturas verificables” o “Sistema VERI*FACTU”, que así se llamaría el programa digital de la AEAT, es diferente al Suministro Inmediato de Información (SII). Este último está enfocado a macroempresas con una facturación por encima de los seis millones de euros, y afecta a todas sus facturas (también a las recibidas), principal diferencia con la nueva propuesta del Gobierno que solo se aplicaría a facturas emitidas.

Y, para terminar, ojo al dato: Álava ya ha facturado 25 millones de euros con la huella digital de TícketBai. Las empresas y comercios de este territorio ya han enviado 41.000 recibos con ‘código QR’ a los servidores de la Hacienda foral.

 

Fuente: CISS Contable Mercantil (Ainoa Iriarte Ibargüen)