Los juzgados de lo Mercantil, en las ciudades en que existan más de cinco y las Secciones de las Audiencias Provinciales, siempre que haya más de una, podrán especializarse única y exclusivamente en concursos de acreedores o en materia de propiedad intelectual e industrial, competencia desleal y publicidad.

Así, se establece en el Anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de Julio, del Poder Judicial, en materia de eficiencia en los juzgados de lo Mercantil, que actualmente ultima el Ministerio de Justicia.

Menos competencias.

Así, los juzgados mercantiles dejarán de tener competencia para conocer sobre las acciones colectivas previstas en la legislación sobre condiciones generales de la contratación y en la legislación sobre defensa de los consumidores y usuarios.

En la misma línea, se prevé que quedarán fuera del alcance de las competencias de los juzgados Mercantiles, una vez que la Ley entre en vigor, los litigios sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos o en los viajes por ferrocarril, barco o autocar.

Los pasajeros, en cuanto contratantes y usuarios de estos servicios de transporte, podrán ejercitar ante los juzgados de Primera Instancia todas aquellas pretensiones que consideren legítimas.

Con esta reforma, Justicia busca que los juzgados de lo Mercantil y las Secciones especializadas de las Audiencias Provinciales se liberen de un alto número de asuntos que distorsionan su actuación. Así, la futura Ley pretende descargar de competencias a estas sedes judiciales, así como a las Secciones especializadas de la Audiencias Provinciales que creó la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio.

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Fuente: El Economista

Los concursos de acreedores siguen una senda de crecimiento que se irá incrementando en el segundo semestre y más en 2022, sobre todo en los sectores más afectados por la pandemia como son la hostelería y el comercio. Así lo creen economistas y registradores a la vista de los últimos datos hechos públicos ayer. El número de deudores concursados en el segundo trimestre de 2021 fue de 2.620, un 85% más respecto al mismo periodo del año pasado, según la estadística de Registradores de España. En tasa trimestral, la variación con respecto al primer trimestre fue de un -6,4%. En el comercio crecieron las empresas concursadas un 19,3%; en la construcción, un 16%; y en la hostelería, un 15,9%, entre abril y junio.

Para José Miguel Tabarés, vicedecano de Registradores de España, al igual que para Juan Carlos Robles, presidente del Registro de Economistas Forenses (Refor), lo válido es comparar los datos de este año con los de 2019 ya que el año pasado fue totalmente atípico. Y al hacerlo “se ve una imagen mucho más real, en la que el número de concursos muestra una marcada senda alcista, aunque algo más moderada”, declara Tabarés.

Las cifras, además, están condicionadas en extremo por la moratoria fijada por el Gobierno: desde abril de 2020 y hasta el próximo 31 de diciembre está suspendida la obligación de pedir concurso en caso de insolvencia y establece la inadmisión de las solicitudes presentadas por acreedores. Si con la moratoria en vigor han crecido los concursos (los voluntarios o solicitados por el deudor, un 4,5% más que en el segundo trimestre de 2020), “creemos que el año que viene se producirá una avalancha y que también habrá muchos más a partir de septiembre”, asegura el presidente del Refor. El vicedecano de Registradores de España coincide en que habrá un gran crecimiento de los concursos “sobre todo en aquellos sectores más golpeados por la crisis sanitaria”.

Significativos son, asimismo, los datos definitivos del cuarto trimestre de 2020 publicados ayer por el INE: los deudores concursados fueron 2.987 y en tasa anual aumentaron un 5,8%, lo que demuestra que los últimos meses del año, como apunta Robles, son los más proclives a la presentación de concurso ante la proximidad del cierre del ejercicio.

Juan Carlos Robles afirma que “el Gobierno sabe que se va a producir una gran subida en el número de concursos y por eso está elaborando la nueva ley concursal con cierta celeridad”. El Consejo General de Economistas ha criticado que el periodo de audiencia pública del anteproyecto de ley dure solo 15 días, del 5 al 25 de agosto, y que se haya fijado en plenas vacaciones. “La tramitación de una ley es larga y se pretende que ya esté vigor en enero de 2022 para suceder inmediatamente a la moratoria”, señala Robles.

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Fuente: Cinco Días

Los economistas critican que se mantengan los privilegios de las deudas de Hacienda y Seguridad Social en la segunda oportunidad.

El REFOR califica de irrisorio el plazo establecido para las alegaciones.

El Registro de Economistas Forenses (REFOR) (órgano especializado del Consejo General de Economistas de España en materia de insolvencias) califica de irrisorio el plazo establecido para hacer aportaciones a la reforma concursal, cuyo tramite de audiencia se inicia hoy y concluirá el próximo 25 de agosto.

Además, el principal reproche por parte de los economistas forenses del REFOR ha venido a cuenta de la no exención del crédito público en segunda oportunidad; un aspecto este decepcionante, especialmente en el caso de autónomos y emprendedores.

Según Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, «pese a entender las prisas del Gobierno para acometer las reformas comprometidas con Bruselas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, consideramos que una reforma que afecta a la supervivencia de nuestras empresas merece un período de reflexión algo más amplio (como el que se ha dado, por ejemplo, a otra norma de gran trascendencia -y también acordada con la Comisión Europea- como es el Anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, cuyo plazo para aportaciones vence el 6 de septiembre pese a haber sido publicado el 27 de julio), máxime si tenemos en cuenta que la reforma concursal lleva aparejada, además, una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial».

Explica, Juan Carlos Robles, presidente del REFOR, por su parte, que «debería haberse llegado al menos a una posición intermedia, ya que, si bien el TS adoptó un criterio extensivo en la interpretación de la exención del crédito público, el legislador, por su parte, ha vuelto a reiterar en este Anteproyecto su tradicional e injustificada sobreprotección de dicho crédito, lo que, de no dar marcha atrás, impedirá a miles de empresas y empresarios particulares alcanzar soluciones de viabilidad en sus procedimientos concursales o el acceso a la exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de personas físicas». Una sobreprotección que, a juicio de Robles, «es, en buena parte, responsable del acreditado fracaso de la gestión de las insolvencias en España».

Un avance legislativo.

Los economistas consideran que la reforma concursal supone, en líneas generales, un avance, pero critican que no se aborde con seriedad la implantación del mecanismo de alertas tempranas, que no se garantice la gestión profesionalizada en los nuevos procedimientos para microempresas y que no se haya avanzado en la exención del crédito público.

Entre las mejoras introducidas en el Anteproyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, los economistas del REFOR) destacan que el nuevo texto impulsa los planes de reestructuración, con el consiguiente desarrollo de la fase preconcursal, para tratar de evitar así el mayor número posible de liquidaciones, dado que las empresas en España llegan tarde al concurso.

Así mismo, también supone un avance la inclusión de un procedimiento específico para microempresas como existe en otros países, si bien no se garantiza la gestión profesionalizada de estos procesos. Otro punto a favor es la clarificación del concepto de probabilidad de insolvencia.

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Fuente: El Economista

Los paquetes de ayuda y las medidas de protección empresarial no están siendo suficientes, numerosas empresas han desaparecido desde el estallido de la crisis.

Ya hace más de dos años que el Diario Oficial de la Unión Europea publicó la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones. Se trata de una norma que obliga a los Estados miembros, entre ellos España, a poner en marcha una serie de mecanismos en materia de insolvencia empresarial, no solo para prevenirla, sino también para proteger al deudor «de buena fe».

El principal objetivo del texto comunitario es ampliar las posibilidades de éxito en la resolución de las crisis empresariales por motivos de insolvencia. Se trata de dar un impulso al conjunto de procesos extrajudiciales orientados a reestructurar las deudas de las compañías viables en situación de crisis.

Con la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 se van a abordar aspectos fundamentales como el impulso a los planes de soluciones anteriores al concurso, la regulación para dotar de mayor agilidad a la deuda de unidades productivas y la introducción de mejoras de eficiencia procesal.

¿Qué se espera de la nueva regulación concursal?

Una de las reformas previstas afecta al preconcurso.

Como seguramente ya sabe, las sociedades con problemas financieros, acogidas a leyes concursales, tienen la opción de suspender cualquiera de las ejecuciones singulares pendientes (embargos, ejecuciones judiciales, intervenciones tributarias…) para favorecer las negociaciones de un «plan preventivo de reestructuración». Pues bien, en la actualidad este procedimiento tiene una duración de cuatro meses y con la trasposición de la Directiva podría ampliarse hasta un año (art. 6 Directiva (UE) 2019/1023).

¿Qué es el Preconcurso?

El preconcurso, está regulado fundamentalmente en los artículos 583 y ss. TRL Concursal y consiste en la facultad que tiene el deudor para poner en conocimiento del juzgado que se encuentra en situación de insolvencia y que ha iniciado negociaciones con sus acreedores, fundamentalmente con la intención de:

– Evitar un procedimiento concursal consiguiendo un acuerdo que permita la viabilidad de la empresa o

– Conseguir las adhesiones necesarias para una propuesta anticipada de convenio, que agilice, en su caso, la tramitación futura e inevitable del concurso de acreedores.

En resumidas cuentas, consiste en una declaración al juzgado, debidamente redactada y presentada por abogado y procurador, que nos da un plazo de tres meses, más uno, para realizar un último intento de negociación con nuestros proveedores, especialmente con entidades bancarias para tratar de refinanciar la deuda que tenga la sociedad y así poder reflotarla.

Como su propio nombre indica, el preconcurso de acreedores se celebra de forma previa a la declaración de este y con el fin de evitarlo. La ley obliga a acogerse a la ley concursal pasados los dos meses siguientes al momento en que el deudor tenga conocimiento de su insolvencia. Ese es el momento en el que podrá decidir si comunica la situación preconcursal o si solicita directamente el concurso de acreedores.

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Fuente: CISS Contable Mercantil

Esta primera ola de procedimientos concursales que se ha producido en los meses de marzo y abril seguramente es una señal de alerta de la avalancha de insolvencias de derecho que se avecina para los próximos meses.

El tsunami de concursos de acreedores que se nos echará encima envía una primera ola.

Dicen los expertos en maremotos que un gran tsunami se suele anunciar enviando una primera ola de considerable tamaño como aviso a navegantes. Hace unos días se dispararon las alarmas que avisan cuando se aproxima un tsunami de concursos de acreedores en España. En el mes de abril los concursos de acreedores registraron un aumento interanual del 968% respecto al mismo mes de 2020 llegando a registrarse 470 procesos concursales en todo el Estado Español según se desprende de la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores. El ranking mensual de insolvencias de derecho lo lidera la Comunidad Autónoma de Cataluña con 112 concursos de acreedores, seguida por la Comunidad Valenciana con 101. El tercer lugar es para la Comunidad de Madrid con 81 concursos de acreedores; mientras que La Rioja, Navarra, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no registraron ningún concurso de acreedores. En el mes de marzo los concursos de acreedores registraron un aumento interanual de casi el 100% al publicarse 624 concursos de acreedores. Esta tendencia al incremento de las insolvencias de derecho se empezó a observar en el mes de febrero, que pesar de ser un mes con solo 28 días, marcó un récord en el registro de concursos ya que un total de 532 empresas se declararon en situación de insolvencia, lo que supuso un incremento del 18% con respecto al mismo mes del año anterior.

Además, en el cómputo acumulado de enero a abril de este año, los concursos de acreedores sumaron un total de 2.114, lo que supone un 72% más que en el primer cuatrimestre del año 2020. El número de deudores concursados en el conjunto del año 2020 fue de 6.718, un 13,6% inferior al registrado en 2019, año en el que se registraron un total de 7.772 concursos de acreedores. A primera vista puede parecer que los 6.718 procedimientos concursales son una cifra sorprendentemente pequeña si tenemos en cuenta la crisis económica provocada por la pandemia, por lo que cabía esperar un tsunami de insolvencias de derecho. Y aparenta ser todavía más baja si la comparamos con los 9.310 concursos registrados en 2013, año en el que se alcanzó un máximo histórico.

Por tipo de concurso, 6.447 de los 6.718 de 2020 fueron voluntarios y 271 fueron concursos de acreedores necesarios. Atendiendo a la clase de procedimiento, los ordinarios disminuyeron un 31,7% y los abreviados un 11,9%. Asimismo, el 79,2% de las empresas concursadas en 2020 eran Sociedades de Responsabilidad Limitada y el 40,9% de las empresas concursadas se encontraban en el tramo más bajo de volumen de negocio, es decir hasta 250.000 euros de facturación anual. Por actividades, las de Comercio e Industria y energía concentraron el 32,6% del total de empresas concursadas en 2020. Igualmente, las empresas de hostelería fueron las que registraron la mayor variación anual; concretamente del 35,6%. Como información atípica en el ámbito concursal, el 20,8% del total de empresas concursadas en el año 2020 tenían una antigüedad de 20 o más años. Por otro lado, el 24,1% tenían cuatro o menos años de antigüedad. Las comunidades autónomas con mayor número de deudores concursados en 2020 fueron Cataluña (2.003), Comunidad de Madrid (1.099) y Comunidad Valenciana (947). Estas tres concentraron el 60,3% del total de deudores concursados. Por su parte, la comunidad con menor número de deudores concursados fue Comunidad Foral de Navarra (33).

Esta primera ola de procedimientos concursales que se ha producido en los meses de marzo y abril seguramente es una señal de alerta de la avalancha de insolvencias de derecho que se avecina para los próximos meses a pesar de que actualmente en el Estado Español existe una moratoria concursal que fue declarada por el Real Decreto-Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito concursal que estableció la suspensión del deber de solicitar la declaración de concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre de 2020. Y, además, el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo dispuso una nueva ampliación de la moratoria concursal hasta el 31 de diciembre de 2021 (inclusive) la suspensión del deber de solicitar la declaración del concurso de acreedores. A partir de esta fecha se iniciará el cómputo del plazo legal de dos meses para solicitar la declaración de concurso. Igualmente, el Real Decreto-Ley suspende hasta el 31 de diciembre de 2021 la tramitación de las solicitudes de concurso necesario presentadas por los acreedores desde el 14 de marzo de 2020.

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Fuente: CISS Wolters Kluwer

El Registro de Economistas Forenses (REFOR) del Consejo General de Economistas analiza los datos concursales publicados ayer por Registradores y considera que nos encontramos ya ante una senda alcista de concursos de acreedores de empresas, especialmente de autónomos y de personas físicas (para casos de segunda oportunidad) a pesar de moratoria concursal hasta 31 diciembre 2021. También destacan una cierta tendencia alcista de concursos exprés, que ya en el año 2020 se incrementó más de un 11% (datos del CGPJ).

El Consejo General de Economistas de España, CGE a través de su Registro de Economistas Forenses (REFOR) –órgano especializado del citado Consejo en el ámbito de la economía forense–, ha analizado los datos concursales publicados ayer por Registradores (que estrena esta publicación periódica en 2021 tomando el relevo a la publicación que venía tradicionalmente realizando el INE) y considera que nos encontramos ya ante una senda alcista de concursos de acreedores de empresas, especialmente de autónomos y de personas físicas (para casos de segunda oportunidad) a pesar de moratoria concursal hasta 31 diciembre 2021. También destacan una cierta tendencia alcista de concursos exprés, que ya en el año 2020 se incrementó más de un 11% (datos del CGPJ)

Los economistas del REFOR afirman que pese a haberse ampliado la moratoria hasta 31 diciembre 2021 ya puede observarse una tendencia generalizada en las variables concursales hacia un claro incremento concursal. Así, a la vista de los datos estadísticos de procedimiento concursal del 1T 2021, destacan que los concursos de acreedores de personas físicas aumentan un 91,5%; los de los autónomos un 334,4%; los de Sociedades Limitadas (SL) crecen un 49,5%; los de Sociedades Anónimas (SA) un 36,4%, y otros tipos un 25%.

Para el REFOR una primera conclusión que puede extraerse es que cuanto menor es la dimensión de la persona jurídica o del emprendedor se produce un mayor incremento concursal; ello podría deberse a la menor disponibilidad por parte de empresas de pequeña dimensión de operadores económico-empresariales; al contar con menos recursos económico-financieros y herramientas para hacer frente a las situaciones de insolvencia. A este respecto, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, ha subrayado que “el incremento concursal del 91,5% de las personas físicas es un claro indicio de un aumento muy importante de los casos de segunda oportunidad en personas naturales, al tener que pasar por un concurso de acreedores”. El presidente de los economistas ha valorado positivamente las últimas disposiciones y RDLeyes sobre ayudas, código de buenas prácticas y la ampliación de avales publicadas, pero considera “que debe agilizarse su llegada especialmente a autónomos, emprendedores y pymes, y que sería necesario no dilatar su puesta en marcha”.

Por su parte, al hilo de estos datos, el presidente del REFOR, Juan Carlos Robles, ha afirmado que “lo más importante es comparar datos del 1T 2021 con el 1T 2019, pues el año 2020 es un año de paralización de la actividad”. En este sentido, la comparativa de datos realizada por el REFOR, a partir de datos de Registradores de 2021 y del INE del año 2019 muestran las siguientes variaciones: concursos de personas naturales crecen un 101,40%; los autónomos un 509,2%; las S.L. un 23,25% y solo las S.A experimentan disminuciones (-10,89%), así como las incluidas dentro de otras formas de empresas (-16,67%).

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Fuente: CISS Contable Mercantil

Los concursos de acreedores en abril mostraron un fuerte repunte del 968,2%, hasta los 470, respecto al mismo mes de 2020, mientras que si se comparan con 2019, los datos muestran un incremento del 62,6%, según se desprende de la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores.

En cuanto a su distinción entre voluntarios y necesarios, los primeros sumaron en abril 341 inscripciones, con un aumento del 2,4% sobre el mes anterior, y los concursos necesarios inscritos fueron 129, con una disminución del 24,1% sobre el mismo mes.

Las comunidades en las que más concursos de acreedores se presentaron fueron Cataluña, con 112, la Comunidad Valenciana (101) y Madrid (81), mientras que La Rioja, Navarra, Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no registraron ninguno.

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Fuente: Expansión

¿Una trampa o una oportunidad para las empresas?

La moratoria hasta el 31 de diciembre aprobada recientemente por el gobierno –la tercera prórroga- quiere evitar que muchas empresas en dificultades por la actual crisis sanitaria se vean obligadas a solicitar concurso de acreedores y puedan tener tiempo para solucionar sus problemas y sobrevivir.

La moratoria concursal y las ayudas estatales están conteniendo el colapso de las empresas. Sin embargo, el remedio puede ser peor que la enfermedad si finalmente a final de año se produce el aluvión de concursos que muchos auguran.

“Que sea un alivio o un simple alargamiento de la agonía dependerá de la situación en la que se encuentre la sociedad”, asegura Javier Castresana, socio de Allen&Overy y especialista en derecho concursal. “Las medidas del Gobierno resultan de ayuda en muchos casos, pero no pueden interpretarse con una solución única para todos los escenarios”, añade.

La moratoria hasta el 31 de diciembre aprobada recientemente por el gobierno –la tercera prórroga- quiere evitar que muchas empresas en dificultades por la actual crisis sanitaria se vean obligadas a solicitar concurso de acreedores y puedan tener tiempo para solucionar sus problemas y sobrevivir.

Y son bastantes las empresas que se están acogiendo a esta opción, a juzgar por los datos del INE: en 2020 se solicitaron un 14,5 por ciento menos concursos de acreedores que el año anterior.

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Fuente: CISS Contable Mercantil

Pericial contable: el Texto Refundido de la Ley Concursal y RDL aprobados con motivo de la Covid-19.

Cada vez tiene más encaje la actuación del perito contable y económico en el ámbito concursal. El TRLC recoge diversos escenarios en los que la figura del auditor de cuentas y la del perito económico y contable toman especial relevancia.

Además, no hay que olvidar que el concurso de acreedores se basa en el principio de insolvencia, siendo éste un concepto económico-contable que deberá concretarse adecuadamente en el proceso.

En paralelo, algunos de los recientes RDLey aprobados con motivo de la pandemia de Covid-19 han configurado un escenario en el que la figura del perito económico-contable toma relevancia a la hora de reclamar ciertos derechos.

En las siguientes líneas pretendemos realizar un breve resumen de la situación existente tras las últimas novedades legislativas, a fin de dejar constancia de la importancia del perito económico y contable en estos procedimientos.

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Información: CISS Contable Mercantil