Ayuda a las pymes a tener una información financiera con garantías, tomar decisiones empresariales estratégicas y prevenir futuros riesgos como el de insolvencia.

La auditoría voluntaria no tiene su origen en una obligación legal y suele ser acordada por los órganos de gobierno de la sociedad.

Las circunstancias que hacen que una empresa esté en la obligación de auditarse son de diversa índole: volumen de cifra de negocios, importe total de activos, número de empleados, sector de actividad, haber recibido subvenciones o ayudas con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas o a fondos de la Unión Europea, entre otras.

No obstante, existen muchas pequeñas y medianas empresas que, si bien no cumplen los requisitos obligatorios para auditar sus cuentas anuales, sí les gustaría obtener un informe de auditoría con la opinión de un profesional independiente.

¿Por qué una empresa realiza una auditoría aún no estando obligada a ello?

Una auditoría de cuentas voluntaria otorga garantías y transparencia sobre la información financiera de la empresa. Sin embargo, preguntas como ¿es rentable una auditoría voluntaria? o ¿cuál es la utilidad del auditor?, son dudas que puede plantearse la dirección ante la toma de decisión sobre si someter sus cuentas anuales al examen de una auditoría externa.

En una auditoría, las cuentas anuales lleva asociado un coste económico (los honorarios por los servicios realizados del auditor) y de tiempo (el empleado en atender al auditor). Sin embargo, podemos asegurar que las ventajas y beneficios de la auditoría voluntaria, superan con creces a estos coste.

¿Cuáles son las ventajas asociadas a la realización de una auditoría voluntaria?

  • Información financiera de calidad.
  • Facilitar la obtención de financiación, ayudas y subvenciones.
  • Detección de debilidades de control interno y riesgo de fraude.
  • Detección de posibles contingencias de carácter fiscal.
  • Fortalece a la empresa ante en el riesgo de insolvencia.
  • Ayuda en la toma de decisiones estratégicas.
  • Ayuda a eliminar disputas o controversias entre accionistas, propietarios, administradores y gestores de la empresa.

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Fuente: Cinco Días

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que aspira a captar los 140.000 millones en subvenciones y créditos europeos con los que dejar atrás la crisis del Covid-19. Un aspecto clave de la hoja de ruta de inversiones y reformas es el mecanismo de fiscalización del uso de las ayudas comunitarias, que no solo deberá garantizar un correcto y eficiente uso de los recursos comunitarios sino que será clave para garantizar su llegada, pues los desembolsos estarán condicionados al cumplimiento de objetivos. Una delicada tarea para la que el Gobierno baraja contratar a auditoras privadas.

El sistema de fiscalización ideado por el Gobierno busca conjugar los mecanismos de control ya existentes en las administraciones públicas, reforzándolos, junto con otros de nueva creación que permitan verificar “la fiabilidad de los hitos y objetivos” marcados, y evitar “las irregularidades relativas al fraude, la corrupción, el conflicto de intereses o la doble financiación”. Se articulará en tres niveles con la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la cúspide de la pirámide.

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Fuente: Cinco Días