El 20 y el 21 de abril, el diario económico Expansión publicó dos artículos relativos al ranking de las firmas de auditoría.

A continuación, el presidente del REA Auditores, Emilio Álvarez Pérez-Bedia, extrae las principales conclusiones expuestas y declaraciones al respecto:

Se destaca un crecimiento de un 11,1% de las auditoras medianas alcanzando los 868 millones de ingresos. Si se incluyen las cuatro grandes empresas, el sector de auditoría ha facturado 3.527 millones de euros, un 5,79% más.

Los efectos de la pandemia han sido y continúan siendo muy graves, lo son en todo lo relacionado con la salud y la sanidad y, también, a nivel económico. Los datos que se acompañan siguen estando afectados por esta crisis, provocando variaciones en las cifras de negocio y de informes de auditoría que no son homogéneos respecto a ejercicios anteriores y, por ello, deben tenerse en cuenta en cuanto a las conclusiones.

Considera que los grandes héroes de la pandemia han sido los profesionales del sector sanitario y de las fuerzas de seguridad del Estado, pide también poner en valor el esfuerzo de los auditores de cuentas y economistas. La auditoría de cuentas es una actividad basada en el trabajo en equipo y de un día para el siguiente sufrió el confinamiento de sus empleados, sin tiempo de preparación y con los medios tecnológicos existentes. Una vez más, hemos sido un referente en la economía ayudando a las empresas en un entorno adverso y con numerosos cambios normativos día tras día. Nuestra preocupación, que no es nuestro objetivo, era prevenir fraudes y trasmitir confianza a los mercados en cuanto a la gestión continuada de las empresas.

Es necesario atraer y retener el talento en nuestros despachos. No es un problema de nuestra actividad, existe en otros sectores profesionales y debemos adaptarnos a la realidad social y la demanda de los auditores más jóvenes. La auditoría de cuentas es una actividad muy atractiva profesionalmente, podemos decir que no hay paro y las pequeñas y medianas firmas de auditorías son las que pueden dar cumplidas en mayor parte sus expectativas, en cuanto a formación, planes de carrera y compatibilizar su vida personal con la profesional.

De cara al futuro de la profesión, incide en la importancia de estrechar los lazos con el mundo universitario y el regulador. En la última convocatoria del examen del ROAC de 2021, se presentaron 575 aspirantes y solo aprobaron 168. A la vista de estas cifras no parece sostenible un sector en el que cada dos años-que es cuando se realiza el examen de acceso al ROAC- acceden al mismo menos de 200 personas.

La tecnología supone un desafío que, a su vez, aporta muchas oportunidades de creación de valor en los despachos y clientes, mejora la eficiencia de los despachos y por todo ello, no la debemos de dejar de lado.

La adecuada gestión de los recursos humanos es fundamental y muy relevante en esta actividad. Es importante y primordial organizar nuestro principal recurso, que es, por otra parte, el motor de crecimiento y de generación de valor. El equipo humano que forma nuestros despachos debe ser objeto de constante atención, debemos invertir en su formación, incorporar nuevos perfiles, como los tecnológicos y establecer políticas adecuadas de retención del talento a través del mantenimiento de una relación estrecha y proactiva.

La necesidad de ajustar los honorarios a este esfuerzo es una obligación de todos los auditores de cuentas y, además, los agentes económicos deben desconfiar de honorarios de auditoría anormalmente bajos frente a otras propuestas recibidas, ya que en esos casos la reducción del gasto puede perjudicar gravemente a la credibilidad de la imagen fiel de las empresas.

Por último, hace una llamada de atención para poner en valor el papel de los auditores en los debates económicos del país, dado su profundo conocimiento de la información corporativa de las empresas. Como, por ejemplo, el caso de los fondos “Next Generation”, donde los auditores podrían colaborar con la Intervención General del Estado (IGAE) y con las distintas administraciones territoriales.

Expansión. Ranking de Auditorías.

Expansión. Los Auditores crean empleo.

 

 

Fuentes: Consejo General de Economistas. REA Auditores. Expansión.

 

Estas expectativas supervisoras constituyen el entendimiento que tiene el supervisor sobre la adecuada interpretación de las disposiciones de organización interna de los auditores de cuentas contenidas en el Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas aprobado por el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero.

El 1 de abril de 2022 se publicó en la página WEB del ICAC el «Comunicado de expectativas supervisoras sobre la entrada en vigor de las disposiciones del reglamento de auditoría de cuentas sobre organización interna de los auditores de cuentas».

Su finalidad es facilitar la actualización de la organización interna de los auditores y sociedades de auditoría y una transición gradual a las nuevas disposiciones sobre organización interna recogidas en el Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (en adelante LAC), aprobado por Real Decreto 2/2021, de 12 de enero (en adelante, RLAC), cuya vigencia comienza el 1 de julio de 2022.

Recordemos que el RLAC regula estas cuestiones en:

  • El capítulo IV. Organización Interna (arts. 66 a 71) del Título II. Del ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas.
  • La sección 4.ª Organización interna y del trabajo (art. 87) en relación con auditorías de entidades de interés público del Capítulo VI. De la auditoría de entidades de interés público (arts. 75 a 87) del Título II. Del ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas.

Estas expectativas supervisoras constituyen el entendimiento que tiene el supervisor sobre la adecuada interpretación de las disposiciones de organización interna de los auditores de cuentas.

En el presente documento únicamente se desarrollan aquellas cuestiones que pueden suscitar dudas en cuanto a su implementación, pero no se incluyen otras cuestiones muy relevantes, como las recogidas en los artículos 69 (archivo de auditoría y documentación del trabajo) y 87 (estructura organizativa en relación con las auditorías de entidades de interés público) cuya redacción parece suficientemente detallada.

Para acceder al documento pinchar aquí

Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

 

Fuente: CISS Contable Mercantil (Alfonso Saiz Marquínez)

El plan de choque aprobado por el Consejo de Ministros con medidas por valor de 6.000 millones en ayudas directas y rebajas fiscales y 10.000 millones más en créditos ICO durará, en la mayoría de los casos, 3 meses. Hasta el 30 de junio.

El Real Decreto-ley 6/2022 de 29 de marzo por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, protege a familias, trabajadores, personas desplazadas; cuenta con medidas para apoyar al tejido económico y empresarial y se dirige a los sectores más afectados: agropecuario, pesquero, del transporte, ciberseguridad y energía.

Se trata de limitar los costes económicos y sociales de la distorsión de naturaleza geopolítica en el precio del gas, atajar de raíz el proceso inflacionista y facilitar la adaptación de la economía a esta situación de naturaleza temporal, reforzando al mismo tiempo las bases de la recuperación económica y de la creación de empleo de calidad.

Si bien algunas ayudas de carácter social como la bonificación de combustibles, el incremento del ingreso mínimo vital o los límites a la revisión del precio de los arrendamientos pueden resultar novedosas, de cara a las empresas y autónomos la hoja de ruta diseñada por la Moncloa responde a viejas recetas ya utilizadas durante la pandemia. Tal y como dicen fuentes expertas “El grueso de plan vuelve a ser dinero en forma de crédito en vez de en ayudas directas”

Extensión de los plazos de vencimiento y carencia de los avales ICO.

Los sectores más afectados por el encarecimiento de los combustibles podrán solicitar una carencia en la devolución de los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) durante la pandemia.

Según datos del ICO, hay unas 380.000 empresas con periodos de carencia que debían concluir en este segundo trimestre del año, con lo que ahora, tras la entrada en vigor de esta nueva norma y la correspondiente aprobación en Consejo de Ministros, lo harán muy probablemente en octubre, noviembre y diciembre. Seis meses después.

La medida, eso sí, no será para todas las empresas, sino solo para las de los «sectores más afectados» por la crisis de precios energéticos. En principio los de: agricultura, ganadería, pesca y transportes.

Igualmente, el vencimiento de los préstamos blindados concedidos por la Covid 19, que rondan los 100.000 millones de euros, podrá ampliarse sin necesidad de que la facturación haya caído más del 30% en 2020 con respecto a 2019.

Nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones para necesidades de liquidez por el encarecimiento de la energía.

Para para cubrir las necesidades de liquidez provocadas por el aumento temporal del coste de la energía y los combustibles se ha aprobado una nueva línea de avales de créditos ICO por 10.000 millones de euros.

Esta nueva línea, como ayuda de Estado dirigida a mitigar las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania, debe ser autorizada por la Comisión Europea, por lo que no podrá otorgarse ningún aval con cargo a la misma hasta que se haya producido esta autorización.

Las condiciones aplicables y los requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se establecerán por acuerdo de Consejo de Ministros.

La nueva línea ICO se suma a la desplegada como consecuencia de la pandemia. Recordemos que ya hace casi dos años se habilitaron avales por 140.000 millones de euros. 100.000 millones para dotar de liquidez a autónomos y empresas y 40.000 para impulsar la inversión. Economía reconoce que solo se han otorgado 104.000 millones de euros, de manera que todavía están sin usar 36.000 millones.

Apoyo al sector primario y a la industria gran consumidor de energía.

Además de las prórrogas y nuevas líneas en materias de avales para el crédito de las empresas, el Ejecutivo ha aprobado una serie de apoyos al sector primario y al campo español. En este apartado se incluyen 430 millones de euros: 362 millones de ayudas directas al sector de la agricultura y la ganadería y otros 68 millones para el sector pesquero.

Igualmente, la norma aprobada por el Consejo de Ministros recoge, una serie de actuaciones destinadas a socorrer a la industria gran consumidora de energía por un importe de 488 millones de euros:

  • Reducción en la factura eléctrica del 80% del coste correspondiente a los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad.
  • 125 millones de euros para ayudas directas a empresas gasintensivas.
  • Concesión de las subvenciones para compensar los cargos de la factura eléctrica destinados a la financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares.

También se aprueba un aumento de 65 millones de euros para compensar el coste de emisión de CO2 para este año.

Medidas para el sector transporte.

El plan también refleja el acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), con un paquete de medidas por el que:

  • Se inyectan más de 1.000 millones de euros.
  • Se rebaja 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible (para toda la población).
  • Se crea un nuevo fondo de 450 millones de euros en ayudas directas a las empresas de transporte de mercancías y de pasajeros, en función del tipo de vehículo (1.250 euros por camión, 900 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros por taxi, VTC o ambulancia).
  • Se establece un crédito extraordinario para duplicar las cuantías destinadas a las ayudas al abandono de la profesión de transportista, que permitirá que un mayor número de autónomos de elevada edad pueda afrontar el abandono de la actividad con mayores recursos.
  • Se reduce de tres a un mes el plazo de devolución del impuesto sobre hidrocarburos.
  • Se asume el compromiso de aprobar una ley que permita a los transportistas trabajar con un precio justo. Antes del 31 de julio, el Ministerio de Transportes presentará un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la Ley de la Cadena Alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector.

ERTE sin despidos.

El alza de los precios de la energía no podrá ser causa de despido en las empresas que reciban ayudas. Y, en el caso de que el empleador “subvencionado” recurra a estos despidos tendrá que devolver todo lo recibido. Esto es:

a) Las empresas beneficiarias de las ayudas directas no podrán justificar despidos objetivos basados en el aumento de los costes energéticos.

b) Las empresas que se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público no podrán utilizar estas causas para realizar despidos.

En realidad, sí se podrá despedir, igual que se ha podido durante la pandemia, lo que ocurre es que ha sido, y seguirá siendo más caro durante los próximos meses. Si no se puede considerar procedente un despido objetivo por causas económicas tendrá que ser un Tribunal el que dictamine si debe ser declarado nulo y, por tanto, la empresa tendría que readmitir al trabajador o improcedente (con una indemnización de 33 días por año).

Fuente: CISS Contable Mercantil (Ainoa Iriarte Ibargüen)

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Una política restrictiva en el uso de los tipos reducidos del IVA, el incremento del límite conjunto IRPF-Patrimonio, la limitación de los beneficios fiscales de algunas formas societarias y la tan traída y llevada armonización de la fiscalidad patrimonial de las Comunidades Autónomas, parecen ser algunas de las líneas de actuación propuestas por el Comité de expertos encargado de elaborar el informe sobre la reforma fiscal.

Posibles líneas del informe sobre reforma fiscal elaborado por el Comité de expertos independiente:

Materias afectadas:

  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • Impuesto sobre el Patrimonio.
  • Impuesto sobre Sociedades.
  • Impuesto sobre el Valor Añadido.
  • Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
  • Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
  • Impuestos medioambientales.

A escasos días, teóricamente, de que el informe elaborado por el Comité independiente de expertos, sobre los pilares en los que debe apoyarse la siguiente reforma del sistema tributario español vea la luz, se atisban algunas líneas que podrían incorporarse al dictamen definitivo.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

En materia de imposición indirecta se baraja una limitación del uso de los tipos reducidos del IVA con la finalidad de elevar la recaudación total. En este sentido, productos que en la actualidad disfrutan de un gravamen reducido (10 %) o incluso superreducido (4 %) pasen al tipo impositivo general del 21 %, escenario este que implicaría una subida del IVA de los productos básicos, que son los habitualmente beneficiados.

IRPF-PATRIMONIO

Se pretende modificar el límite conjunto en las cuotas de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre el Patrimonio, que en la actualidad impide superar una tributación conjunta equivalente al 60 % de la base imponible del IRPF.

Esta proposición seguiría la senda marcada por las legislaciones forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco, en los que se ha producido una elevación de dicho límite hasta el 65 %.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Sobre este punto no ha trascendido demasiada información, si bien todo apunta al establecimiento de limitaciones al uso de las distintas formas societarias para optimizar el tratamiento fiscal.

ARMONIZACIÓN FISCAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

En este ámbito, se planteará la fijación de una horquilla de tributación mínima y máxima que no podrían rebasar las diferentes legislaciones autonómicas, para evitar la competitividad entre territorios, sobre todo en materia de Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que es donde las autonomías realizan sus mayores esfuerzos para ofrecer las tarifas más bajas, reducciones propias o mayores bonificaciones para los diferentes grupos familiares.

NUEVA BATERÍA DE IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

Entre ellos se encontrarían nuevos gravámenes sobre los carburantes, impuestos a los billetes de avión, a los gases fluorados o al plástico de un solo uso.

 

Fuente: CISS Fiscal

El 2 de febrero de 2022, mediante resolución de la misma fecha, el ICAC ha sometido al trámite de información pública las siguientes normas de gestión de calidad interna de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría:

— NIGC1-ES: La Norma Internacional de Gestión de la Calidad 1 para su aplicación en España “Gestión de la calidad en las firmas de auditoría que realizan auditorías de estados financieros”. Esta norma es el resultado de la adaptación para su aplicación en España de la Norma Internacional de Gestión de Calidad 1.
— NIGC2-ES: La Norma Internacional de Gestión de la Calidad 2 para su aplicación en España “Revisiones de la calidad de los encargos de auditoría de estados financieros”. Esta norma es el resultado de la adaptación para su aplicación en España de la Norma Internacional de Gestión de Calidad 2.
— NIA-ES 220 (Revisada): Norma Técnica de Auditoría para su aplicación en España “Gestión de la calidad de una auditoría de estados financieros”. Esta norma es el resultado de la adaptación para su aplicación en España de la Norma Internacional de Auditoría NIA 220 (Revisada).
¿A qué normas sustituirán?

Las normas sustituidas son las siguientes:

— La NIGC1-ES y la NIGC2-ES vienen a sustituir a la Norma de Control Calidad Interno de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría (NCCI) publicada por Resolución del ICAC de 26 de octubre de 2011
— La NIA-ES 220 (Revisada) viene a sustituir a la Norma Internacional de Auditoría adaptada para su aplicación en España 220. Control de Calidad de la Auditoría de Estados Financieros (NIA-ES 220) publicada en Resolución del ICAC de 15 de octubre de 2013
¿Cuándo serán sustituidas?

Las normas de entrada en vigor que se establecen en la resolución son las siguientes:

— NIGC1-ES: Los sistemas de gestión de la calidad de los auditores y sociedades de auditoría de cuentas deberán estar diseñados e implementados de conformidad con los requerimientos establecidos en la NIGC1-ES el 1 de enero de 2023. La evaluación del sistema de gestión de la calidad en la forma requerida en los apartados 53-54 de dicha Norma se realizará en el plazo de un año a partir de dicha fecha.
— NIGC2-ES: La NIGC2-ES será de aplicación en los trabajos de auditoría de cuentas sobre estados financieros correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2023.
— NIA-ES 220 (Revisada): Será de aplicación a los trabajos de auditoría de cuentas sobre estados financieros correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2023.

ATENCIÓN: En todo caso, las citadas normas serán de aplicación a los trabajos de auditoría de cuentas contratados o encargados a partir del 1 de enero de 2024, independientemente de los ejercicios económicos a los que se refieran los estados financieros objeto del trabajo.

Resolución (pincha aquí)

 

Fuente: CISS Contable Mercantil (Alfonso Saiz Marquínez)

El Plan para 2022 contempla la modificación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, la adaptación de la LGT a la DAC 7, nuevas obligaciones de información en el IVA, intercambio de información sobre deudores, así como reglamentos que desarrollan recientes modificaciones legales, como por ejemplo, la regulación de los requisitos del software contable y de facturación o las notificaciones electrónicas.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de enero el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2022, que prevé las siguientes normas tributarias:

Control del tabaco.

Ley del mercado de tabacos.

Objetivo: Modernizar el régimen actual previsto en la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria, a través de una legislación del mercado de tabacos moderna que promueva la lucha contra toda clase de comercio ilícito, reforzando el cumplimiento de los tratados y convenios internacionales de la OMS relacionados con el tabaco y las normas europeas, especialmente la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados y por la que se deroga la Directiva 2001/37/CE (Directiva de Productos de Tabaco) y el Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.° 765/2008 y (UE) n.° 305/2011 (Reglamento de Vigilancia del Mercado).

Para ello, se incorporan medidas que facilitarán el control sobre toda la cadena de distribución, que permitirá a las autoridades públicas luchar más eficazmente contra el comercio ilícito y los incumplimientos de la normativa, a la vez que se asegura la legalidad de los productos que lleguen al consumidor. Asimismo, se persigue reforzar los principios de transparencia, neutralidad y eficacia en la actuación de los poderes públicos y en las relaciones con los operadores del mercado y la industria.

Tributación de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo.

Ley por la que se modifica la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Objetivo: Actualizar la tributación de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo.

Presupuestos 2023.

Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.

Objetivo: Sentar las bases de la política económica y presupuestaria del ejercicio.

IRNR: Instituciones de Inversión Colectiva.

Ley por la que se modifica el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

Objetivo: Adaptar al Derecho de la Unión Europea la exención del artículo 14.1.l) del Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, relativa a los dividendos y participaciones en beneficios percibidos por instituciones de inversión colectiva.

Adaptación a la DAC 7.

Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la Directiva (UE) 2021/514 del consejo, de 22 de marzo de 2021, que modifica la Directiva 2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad.

Objetivo: Transponer la Directiva de referencia. Se modifican los artículos 27, 28, 174 y 188 de la citada ley, relativos a recargos por autoliquidaciones, declaraciones extemporáneas, sanciones tributarias, simplificación del régimen de recargos del período ejecutivo y la atribución de la competencia a un único órgano para resolver el procedimiento de declaración de responsabilidad, así como el establecimiento de un nuevo sistema que facilite a los obligados tributarios la rectificación de los errores cometidos en las autoliquidaciones presentadas.

Nuevas obligaciones de información en el IVA.

Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se establecen determinadas obligaciones de información a los proveedores de servicios de pago.

Objetivo: Transposición de la Directiva (UE) 2020/284 del Consejo de 18 de febrero de 2020 por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a la introducción de determinados requisitos para los proveedores de servicios de pago.

El objetivo es permitir a los Estados miembros conocer información sobre las transacciones de pago referentes al comercio electrónico del IVA para garantizar el control y el ingreso del IVA de las operaciones.

Gestión del impuesto de gases fluorados de efecto invernadero.

Ley del Impuesto Especial sobre los gases fluorados de efecto invernadero.

Objetivo: Simplificar la gestión del impuesto y garantizar un adecuado control del mismo.

Intercambio de información sobre deudores.

Real Decreto del punto neutro de embargos.

Objetivo: Desarrollo reglamentario a afrontar de la disposición adicional cuarta de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, con el que pueda intercambiarse la información sobre deudores de las Administraciones y los pagos a los mismos entre la Agencia Tributaria, los órganos de recaudación de la Comunidades Autónomas y Entidades Locales, la Tesorería General de la Seguridad Social y los órganos pagadores de las Administraciones públicas, con el objeto de realizar las actuaciones de embargo o compensación que procedan en una única plataforma omnicomprensiva para todas las Administraciones. La Agencia Tributaria creará y administrará la plataforma informática para el desarrollo de los intercambios de información y las actuaciones de gestión recaudatoria que se dispongan, gestionando su crecimiento por fases conforme a los posibles desarrollos informáticos. Se están realizando los trabajos de actualización y revisión para que la herramienta y los preceptos normativos generales permitan, a través de este Proyecto de Real Decreto el establecimiento de las bases de un servicio con vocación de generalidad para el conjunto de Administraciones Públicas.

Exenciones IVA: fuerzas armadas.

Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento por el que se desarrollan las exenciones fiscales relativas a las fuerzas armadas de los Estados miembros afectadas a un esfuerzo de defensa en el ámbito de la política común de seguridad y defensa y se establece el procedimiento para su aplicación.

Objetivo: Desarrollo reglamentario del procedimiento para la aplicación de la Directiva (UE) 2019/2235 del Consejo de 16 de diciembre de 2019, que ha establecido la exención del IVA a la importación, a las operaciones interiores y para las adquisiciones intracomunitarias de bienes efectuadas por las fuerzas armadas de cualquier Estado miembro distinto de España, para uso de dichas fuerzas o del personal civil a su servicio, o para el abastecimiento de sus comedores o cantinas siempre que dichas fuerzas estén afectadas a un esfuerzo de defensa realizado para llevar a cabo una actividad de la Unión en el ámbito de la política común de seguridad y defensa.

Entrada en domicilio, Registro de extractores de depósitos fiscales y rectificación de autoliquidaciones.

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el reglamento general de la actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.

Objetivo: Con el fin de favorecer la eficiencia administrativa se modifican los criterios de atribución de competencias en el ámbito de las Administraciones tributarias (artículo 59 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio).

– Tras las modificaciones efectuadas en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, en relación al régimen jurídico de la entrada en el domicilio constitucionalmente protegido, se introducen una serie de cambios a nivel reglamentario (artículo 172 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio).

– Registro de extractores de depósitos fiscales de productos incluidos en los ámbitos objetivos de los Impuestos sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas o sobre Hidrocarburos. Medida anti-fraude que pretende limitar el impacto del abuso realizado por parte de organizaciones de fraude al IVA del régimen de los Depósitos Fiscales (artículos 3, 9, 10, 144, 145 y 146 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio).

– Contemplar un nuevo sistema que facilite a los obligados tributarios la rectificación de los errores cometidos en las autoliquidaciones presentadas. La solicitud de rectificación se presentaría en el mismo modelo utilizado para la presentación de la autoliquidación, contando con los mismos servicios de ayuda disponibles para la confección de esa autoliquidación.

Impuestos Especiales.

Real Decreto por el que se modifican el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, y otras normas tributarias.

Objetivo: Trasposición de Directivas.

Infracciones por contrabando.

Real Decreto por el que se desarrolla el título II de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando, relativo a las infracciones administrativas de contrabando

Objetivo: Actualización del texto a los diversos cambios normativos que se han producido desde su entrada en vigor, así como la modificación de la Ley Orgánica de contrabando. Regular el abandono de las mercancías para adecuar nuestro ordenamiento jurídico que actualmente se rige por las Ordenanzas de Aduanas con el marco jurídico de la Unión, artículos 198 y 199 del Código Aduanero de la Unión, y el sistema de subastas de bienes decomisados por infracciones de contrabando y abandono.

Pago en especie, aplazamiento, fraccionamiento, compensación, garantías y declaraciones de responsabilidad.

Real Decreto de modificación del Reglamento General de Recaudación.

Objetivo: Propuesta de modificación del Reglamento General de Recaudación, con el objeto de adaptar la citada norma reglamentaria a los cambios normativos realizados con posterioridad a su última modificación efectuada con ocasión de la promulgación del Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y a mejorar técnicamente el citado texto, esencialmente en el ámbito de los procedimientos de enajenación. Se trata de abordar una reforma del Reglamento General de Recaudación que se subdivide en dos:

1. Necesario ajuste de dicha norma reglamentaria a las modificaciones realizadas en la Ley General Tributaria (LGT) por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego, fundamentalmente las que derivan de la modificación del artículo 161.2 de la LGT, que tienen incidencia en los preceptos reguladores de las solicitudes de pago en especie, aplazamiento, fraccionamiento y compensación.

2. Realizar determinadas mejoras técnicas imprescindibles que la práctica ha demostrado como necesarias para mejorar la eficacia y eficiencia de los procedimientos administrativos, al haberse apreciado algunas incidencias en los últimos tiempos que es conveniente atajar a la mayor brevedad, así la realización de una actualización de la regulación para lograr una mejor adaptación a los tiempos actuales. Concretamente, se proponen modificaciones en el ámbito del sistema de ingresos a la Hacienda Pública, el cálculo de los importes de las garantías en solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento en período ejecutivo, compensaciones de oficio de deudas de entidades públicas, declaraciones de responsabilidad en liquidaciones vinculadas a delito y en los procedimientos de enajenación.

Regulación de los requisitos del software contable.

Real Decreto por el que se aprueba el reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de empresarios y profesionales, así como las facturas, y la estandarización de formatos de los registros de facturación.

Objetivo: Desarrollo reglamentario previsto en artículo 29.2.j) de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, de las especificaciones técnicas que deban reunir los dispositivos electrónicos y los sistemas y programas informáticos o electrónicos que soporten los procesos contables, de facturación o de gestión de quienes desarrollen actividades económicas, así como también los requisitos para estar debidamente certificados y sus formatos estandarizados para su legibilidad.

Interconexión de sistemas y programas informáticos o electrónicos que soportan los procesos contables, fiscales y de gestión empresarial, y su compatibilidad con los sistemas de clientes, proveedores y administraciones públicas. Aseguramiento de la calidad de la información, la confianza en la inalterabilidad indebida de los datos, la trazabilidad de los mismos y la interdicción del uso del llamado software de supresión y manipulación de ventas.

Aduanas.

Real Decreto por el que se regula la organización y la actividad del servicio de vigilancia aduanera.

Objetivo: El objetivo perseguido es actualizar el actual marco normativo que regula la actividad del Servicio de Vigilancia Aduanera, en tanto la normativa actual adolece de dispersión y de notable antigüedad, de forma que en no pocas ocasiones la determinación de la norma aplicable a determinados aspectos de la actividad de Vigilancia Aduanera resulta compleja y no satisface adecuadamente los cánones de claridad y seguridad jurídica propios del ordenamiento jurídico de un Estado de Derecho.

Adaptación de diversos reglamentos tributarios a las modificaciones producidas por la Ley contra el fraude fiscal.

Real Decreto por el que se modifican el reglamento general de desarrollo de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, el reglamento general de recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, el reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, el reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por el Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre, el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el real decreto 439/2007, de 30 de marzo.

Objetivo: La finalidad básica de este real decreto la constituye la incorporación al Derecho positivo de una serie de modificaciones reglamentarias a resultas de diversos cambios efectuados a nivel legal por la Ley 11/2021, de 9 de julio, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego, modificaciones que inciden en tres de los reglamentos de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre.

Además, se introducen modificaciones en los Reglamentos reguladores del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con el fin de que los residentes en Estados miembros de la Unión Europea o de Estados que formen parte del Espacio Económico Europeo con normativa sobre asistencia mutua en materia de intercambio de información tributaria y de recaudación no necesiten nombrar representantes en España ante la Administración Tributaria en relación con sus obligaciones por el citado impuesto, del Impuesto sobre el Valor Añadido, una modificación técnica de los libros registros de factura emitidas, y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para clarificar las consecuencias del incumplimiento del fraccionamiento especial del pago de la deuda tributaria.

Notificaciones tributarias electrónicas.

Real Decreto por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Objetivo: La aprobación de normas específicas sobre notificaciones electrónicas en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de acuerdo con el artículo 14.3 y la Disposición Adicional 1ª. 2. a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Disposición adicional 10ª del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

1. Compilación (controles sobre el archivo de auditoría de cuentas).

Entra en vigor el 1 de julio de 2022 y será aplicable a los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales correspondientes a ejercicios económicos cerrados con posterioridad a dicha fecha. Por tanto, si tenemos alguna auditoría que cierre en agosto o septiembre de 2022 (caso por ejemplo de muchas cooperativas), ya les aplica.

2. Aplicación de la NIA-ES 540 (Revisada) sobre estimaciones contables.

Esta norma aplica para las auditorías de los ejercicios 2021 en adelante, así que el personal de la firma que se encargue de las revisiones debe ya conocerla y haberla profundizado. O formarse a la mayor brevedad. Quizá es el desafío que más urgencia corre.

3. NIA-ES 315 (Revisada) sobre identificación y valoración del riesgo de incorrección material.

Si bien no es urgente (lo mismo ocurre con la NIA-ES 250 Revisada y la NIA-ES 610 Revisada), pues será de aplicación obligatoria para los trabajos de auditoría de ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2022, conviene ir haciendo unas primeras lecturas y aproximaciones importantes, pues tomará relevancia sobre todo a partir de los preliminares en octubre. De especial interés es la importancia que se le da a la valoración relacionada con Tecnologías de la Información. Y es que ello nos indica seriamente que debemos aprender técnicas de valoración de riesgos en un entorno complejo de TI o bien contar con expertos independientes que nos ayuden a ello.

4. NIA-ES 610 (Revisada) sobre utilización del trabajo de los auditores internos.

La misma urgencia que la NIA-ES 315 (Revisada). Es una norma importante cuando se auditan grandes empresas y grupos con departamentos de auditoría interna. Respecto de la norma original emitida por IFAC, presenta unas adaptaciones hechas por el ICAC de acuerdo con la Ley de Auditoría de Cuentas que conviene leerse con detenimiento por parte del socio de encargo y también por su equipo.

5. NIA-ES 250 (Revisada) sobre consideración de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros.

Misma urgencia que las NIA-ES 315 (Revisada) y 610 (Revisada). La modificación proviene, según IFAC, con objeto de tratar las incongruencias reales o percibidas en el enfoque para identificar y tratar situaciones de incumplimiento o de existencia de indicios de incumplimientos. De las tres nuevas NIA-ES, quizá la menos «traumática» en su acogimiento por las firmas.

6. Nuevo paquete normativo de calidad.

No tardaremos mucho en decirle adiós a la ISQC 1 que tan bien conocemos para acoger el nuevo paquete normativo, conformado por la ISQM 1 (viene a sustituir y ampliar la ISQC 1), la ISQC 2 (norma específica para EQCR) y la NIA 220 Revisada. Un vuelco en el mundo de la calidad con objeto de mostrarle a la sociedad lo bien que realizamos nuestro trabajo y la integración de la calidad en el sistema de gestión de la firma de auditoría. A nivel internacional, esta norma entra en vigor el 15-12-2022, de forma que las firmas deberán estar adaptadas para esa fecha. En España se está trabajando en adaptar la normativa de calidad, es posible que en 2022 sepamos cuándo entra en vigor el nuevo paquete normativo.

7. NIA para PYMES (entidades de reducida dimensión).

No es una norma aplicable todavía en nuestro país, donde tiene adeptos y detractores. Mi percepción es que más de los primeros que de los segundos. Lo que parece claro es que no es una NIA hecha para auditar PYMES, aunque lo parece, pues dentro de las PYMES las habrá sencillitas y otras que tengan mayores complejidades (por ejemplo, ERP complejos o estructuras de gobernanza espinosas). No obstante, habrá que esperar cómo se pronuncia la Unión Europea a este respecto, y en función de ello veremos su traslado a nuestro país.

8. Transición al nuevo PGC 1-1-2021.

A estas alturas, todavía hay profesionales que no tienen clara la transición. Y las empresas tienen que hacerlo YA. Lo voy a explicar de forma resumida. Si no se alteran las categorías valorativas herederas de activos financieros respecto de las categorías anteriores, no habrá efectos en la transición (esto se explica muy bien en la exposición de motivos del RD 2/2021). Respecto de los ingresos, hay tres opciones: compleja (modifico cifras comparativas y toco reservas), a medio camino (no modifico cifras comparativas y toco reservas), y opción simple (no modifico cifras comparativas ni toco reservas, que es lo que creo que hará el 99% de las empresas). Las coberturas contables pueden seguir con criterios de PGC 2007.

9. Ingresos en 2021 en adelante.

No hay giros copernicanos respecto de los ingresos del PGC 2007, pero es una norma creo que bastante bien hecha para aclarar casuísticas distintas de los ingresos. Se recomienda estudiar con profundidad la RICAC de reconocimiento de ingresos, a la par que la nueva NRV inserta en el PGC. Con especial atención, cuestiones como: aprobación requerida de los contratos (requisito más estricto que el concepto de «probable» del PGC 2007), las contraprestaciones variables y cuestiones como licencias y recompra, que aparecen extensamente recogidos en los artículos finales de la RICAC. Les recomiendo que lean un documento que publicó el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña al respecto, que es una delicia.

10. Instrumentos financieros en 2021 en adelante.

Aunque cambia la terminología y las categorías valorativas, no hay demasiados impactos en realidad. Nuevamente recomiendo la exposición de motivos del RD 1/2021 para hacerse una idea de cómo hay que hacerlo. Hay cuestiones puntuales interesantes novedosas (hay muchas más pero muestro las que más me llaman la atención):

  • Las acciones sin valor razonable fiable que antes estaban en «disponible para la venta», ahora deben estar en la categoría de «coste»,
  • los instrumentos financieros híbridos (parte principal + derivado implícito) ahora deberán estar íntegramente registrados en «activos financieros a valor razonable con cambio en PyG»,
  • se simplifica la regulación de las coberturas contables,
  • se regula la baja de los pasivos en el caso de un convenio en un concurso de acreedores, tema interesante sin duda en estos tiempos que corren.

11. ¡Tener tiempo para estudiar!

Si bien tenemos que estar adecuadamente formados, acudiendo a los cursos de las corporaciones representativas de auditores, las firmas deben organizar internamente tiempo al estudio e interiorización de la formación adquirida. A veces sacar tiempo de donde no lo hay es complicado, pero debemos intentarlo.

 

Fuente: CISS Contable Mercantil (Manuel Rejón López, blogcanalprofesional.es)

En el informe se analizan los estudios existentes en los que se exponen tanto argumentos a favor como en contra de la implantación de la auditoría conjunta de forma obligatoria, considerando sus efectos en aspectos como la calidad de la auditoría, su coste y la concentración del mercado de auditoría y se analizan también las alternativas que a nivel internacional se están planteando como, por ejemplo, el tema de la auditoría compartida.

El día 8 de diciembre de 2021, el ICAC ha publicado en su página web el estudio “INFORME SOBRE AUDITORIA CONJUNTA”

La auditoría conjunta o coauditoría consiste en la participación de más de un auditor en una auditoría de cuentas compartiendo responsabilidad y emitiendo un único informe de auditoría.

Según la Comisión Europea, las auditorías conjuntas pueden ayudar a «dinamizar» el mercado de la auditoría porque permiten que las sociedades de auditoría más pequeñas tengan la oportunidad de crecer auditando entidades de mayor tamaño (Libro Verde. Comisión Europea, 2010). Tras las propuestas de la Comisión Europea, hubo un amplio debate sobre la implementación de un régimen obligatorio de auditorías conjuntas. Los principales argumentos en contra de la implementación de auditorías conjuntas con carácter obligatorio fueron el incremento de los honorarios de auditoría que supondría la realización de auditorías conjuntas, así como los retrasos que pudiera ocasionar su realización consecuencia de una mayor complejidad del trabajo de auditoría. El sector de la auditoría ante la propuesta adoptó dos posiciones diferenciadas: si bien las Big Four (o cuatro grandes) se posicionaron en contra, las sociedades no pertenecientes a las Big Four no se opusieron a esta propuesta. La Comisión Europea tras considerar las críticas al modelo hizo una nueva propuesta en 2011, en la que se alentaba a realizar auditorías conjuntas, pero con carácter voluntario.

El Parlamento Europeo implementó la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006 relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, que incluyó el carácter voluntario de las auditorías conjuntas. Asimismo, el Reglamento (UE) nº 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público y por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión, permitió extender el periodo máximo de duración del encargo de auditoría, a aquellas entidades que optasen por la auditoría conjunta de sus estados financieros, una vez transcurrida la duración máxima del encargo.

En su continuo análisis del funcionamiento del mercado de auditoría en España, se planteó por el ICAC la creación de un grupo de trabajo, formado por representantes de las dos Corporaciones de Auditores existentes en España, el Consejo General de Economistas de España-Registro de Economistas Auditores y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, y personal del ICAC para el análisis de la situación de la coauditoría en España, convocándose el 10 de septiembre de 2020 a las Corporaciones con el objeto de invitarlas a participar en este proyecto.

En esta primera reunión se fijaron las bases de actuación, correspondiendo a las Corporaciones la aportación de los análisis, informes o estudios de todo tipo de los que dispusieran en relación con este tema, siendo esta documentación la que constituiría el punto de partida a efectos de poder valorar la situación del mercado de la auditoría y la aceptación por parte de los auditores de esta modalidad de auditoría, tarea que sería realizada en su integridad por el ICAC.

A tal efecto, tanto las corporaciones de auditores (Consejo General de Economistas de España- Registro de Economistas Auditores e Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España) como sociedades de auditoría (Deloitte, EY, KPMG, PWC y Mazars) aportaron numerosa documentación incluyendo los estudios, análisis, valoraciones o posiciones tanto a favor como en contra de la fórmula de coauditoría. Esta documentación, unida a la obtenida por el propio ICAC, fue puesta a disposición de las Corporaciones y objeto de presentación el 22 de julio de 2021.

El detalle de la documentación analizada se adjunta en el Anexo al informe que se publica, encontrándose agrupada en las siguientes secciones:

  • Normativa. (Legislación nacional comunitaria y normas profesionales).
  • Concepto, características y proceso de realización de una coauditoría.
  • Informes de organismos nacionales e internacionales.
  • Investigaciones empíricas y artículos doctrinales.
  • Auditoría conjunta versus auditoría compartida.

En una segunda fase del proceso se procedió por ICAC a clasificar, analizar y valorar con rigor, toda la documentación aportada, dando como fruto el presente informe, sin sesgos y pionero como estudio del tema a nivel mundial.

En el estudio se analizan los estudios existentes en los que se exponen tanto argumentos a favor como en contra de la implantación de la auditoría conjunta de forma obligatoria, considerando sus efectos en aspectos como la calidad de la auditoría, su coste y la concentración del mercado de auditoría y se analizan también las alternativas que a nivel internacional se están planteando como, por ejemplo, el tema de la auditoría compartida.

El análisis de la referida documentación ha permitido emitir unas conclusiones sobre la aplicación de esta modalidad de auditoría, las cuales se incluyen en el apartado 6 del informe que se publica.

Para ver el informe íntegro pinchar aquí

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales. (ICAC)

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional sexta del RAC, el ICAC ha decidido la publicación de forma resumida en la web y en el Boletín Oficial del ICAC de una selección de las consultas sobre auditoría y sobre la obligación de depósito de cuentas respondidas directamente a los consultantes respectivos durante el año 2021 al considerar que podrían ser de interés general los criterios recogidos en ellas.

En la carta de servicios del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) figura como uno de los servicios prestados el asesoramiento en materia de contabilidad y auditoría de cuentas. En este sentido, la disposición adicional sexta del Reglamento de desarrollo de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (RAC), aprobado por el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, recoge el procedimiento a seguir para que las personas con competencias para la formulación de cuentas anuales o su verificación puedan efectuar consultas debidamente documentadas al ICAC, respecto de la aplicación de las normas contenidas en el marco normativo de información financiera aplicable y de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, dentro del ámbito de competencias de dicho Instituto.

Las consultas habrán de comprender todos los antecedentes y circunstancias necesarios para que el ICAC pueda formarse el debido juicio. En caso contrario, dicho Organismo podrá rechazar las consultas que se formulen. La contestación emitida tendrá carácter de mera información, no pudiendo los interesados entablar recurso alguno contra la misma.

Asimismo, las consultas podrán ser publicadas en el Boletín Oficial del Instituto o en su página web, siempre que se considere que tienen interés general. La publicación de dichas consultas estará en todo caso sujeta a la normativa de protección de datos personales y, además, no contendrá, en ningún caso, los datos referentes a los sujetos afectados por la consulta.

En el ejercicio 2021 se han recibido en el ICAC numerosas consultas referentes a diversos aspectos relacionados con los siguientes aspectos:

  • Con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.
  • Con diversos aspectos del régimen sancionador aplicable por el incumplimiento de la obligación de depósito de las cuentas anuales en el plazo establecido por parte de las sociedades de capital. Recordemos que el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba eltexto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC) en su artículo 283, otorga la potestad sancionadora por el incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas en el Registro Mercantil al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).

Sobre dichas consultas se ha emitido por el ICAC la correspondiente respuesta que se ha remitido a los consultantes respectivos.

De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional sexta del RAC se ha decidido la publicación de forma resumida en la web y en el Boletín Oficial del ICAC de una selección de estas consultas y respuestas, al considerar que podrían ser de interés general los criterios recogidos en las respuestas de este Instituto a las correspondientes consultas recibidas.

Consultas auditoría.

Así, respecto a la auditoría se han publicado las siguientes consultas:

— En relación con los honorarios de auditoría de cuentas:

  1. Consulta planteada: Sobre cómo se determinan los honorarios de los auditores de cuentas en general
  2. Consulta planteada: La consulta presentada se refiere a los honorarios correspondientes a la realización de un trabajo de auditoría sobre los estados financieros de una sociedad de capital a raíz del nombramiento por el Registrador Mercantil, solicitando información sobre esta materia.
  3. Consulta planteada: Sobre los honorarios de los auditores de cuentas en sus actuaciones de revisión de las cuentas justificativas de las ayudas o subvenciones concedidas por las Administraciones Públicas.
  4. Consulta planteada: Sobre los honorarios de los auditores de cuentas en sus diferentes actuaciones como experto independiente, de verificación de estados no financieros o en trabajos de valoración de acciones o participaciones sociales.

— En relación con la obligación de auditar las cuentas anuales de una entidad en determinadas circunstancias

  1. Consulta planteada: Sobre las reglas en general para determinar la obligación de someter a auditoría las cuentas anuales de las sociedades de capital, ejercicio y parámetros a tener en cuenta.
  2. Consulta planteada: La cuestión planteada se refiere a si la obligación de auditoría está en función de que en las cuentas anuales haya de presentarse el balance en modelo abreviado o normal.
  3. Consulta planteada: Sobre si las sociedades que se encuentran en disolución o liquidación tienen obligación de formular sus cuentas anuales y someterlas a auditoría.
  4. Consulta planteada: La cuestión planteada se refiere a cómo debe computarse el importe neto de la cifra de negocios en los casos de ejercicios inferiores al año a efectos de determinar la obligación de auditoría.
  5. Consulta planteada: La cuestión planteada se refiere al cómputo del número de trabajadores a efectos de la obligación de auditar las cuentas anuales, en el caso de las cooperativas de trabajo asociado.

— Sobre latasa del ICAC en las actuaciones que realiza el auditor de cuentas distintas a los trabajos de auditoría de cuentas.

  1. Consulta planteada: La consulta se refiere a si las actuaciones que un auditor de cuentas puede realizar que no tienen la naturaleza de auditoría de cuentas, como las de valoración de acciones o participaciones sociales, de verificación de ayudas o subvenciones o de expertos independientes, se encuentran sujetas a la tasa del ICAC prevista en el artículo 87 de la LAC.

— Sobre la red de una sociedad de auditoría, incompatibilidad e información en modelo 03.

  1. Consulta planteada: La consulta se refiere a si en un supuesto concreto detallado en el escrito remitido, dos sociedades forman o no red y las consecuencias en relación con el régimen de incompatibilidades y a efectos del modelo 03 de información anual.

— En relación con el régimen de independencia de los auditores de cuentas.

  1. Consulta planteada: En el escrito remitido a este Instituto se solicita información sobre el régimen de independencia al que se encuentran sujetos los auditores de cuentas, y de una posible situación de incompatibilidad por la existencia de un conflicto de interés entre el auditor de cuentas y algunos accionistas y administradores de la entidad auditada.
  2. Consulta planteada: La cuestión planteada se refiere a si el auditor de cuentas de una entidad puede participar como perito de parte en un proceso judicial en la que ésta se encuentra inmersa. Y si existe norma técnica que regule la actuación del auditor como perito.
  3. Consulta planteada: La cuestión planteada se refiere a si un auditor no ejerciente, empleado en una sociedad de auditoría, que participa en los trabajos de la auditoría de las cuentas anuales de una entidad que está realizando dicha sociedad de auditoría puede ocupar un puesto de trabajo en la entidad auditada en el caso de desvincularse de ésta.

— Sobre los supuestos de revocación del nombramiento de auditor o rescisión del contrato de auditoría, y las obligaciones de comunicación al ICAC en tales supuestos.

  1. Consulta planteada: La cuestión planteada se refiere a la revocación del nombramiento de un auditor de cuentas en el caso de auditoría voluntaria y la obligación de comunicar al ICAC tal circunstancia.
  2. Consulta planteada: La situación planteada se refiere a una sociedad absorbida en una operación de fusión de dos sociedades (la fusión se inscribe en el Registro Mercantil el 1 de septiembre de 2021). Las dudas se plantean en relación con la obligación de la sociedad absorbida de formular las cuentas anuales del ejercicio 2021 y someterlas a auditoría, y a la obligación de comunicar la revocación del nombramiento de auditor de cuentas.

— Sobre circularización externa por medios electrónicos.

  1. Consulta planteada: La consulta presentada se refiere a si un auditor de cuentas en el desarrollo de un trabajo de auditoría puede realizar los procedimientos de confirmaciones externas por medios electrónicos.

Consultas Depósito de Cuentas.

Respecto al régimen sancionador aplicable por el incumplimiento de la obligación de depósito de las cuentas anuales en el plazo establecido por parte de las sociedades de capital, las consultas publicadas son las siguientes:

  1. Consulta planteada: Las consultas planteadas en esta materia han tratado de cuestiones diversas, desde el régimen aplicable en general, hasta aspectos concretos, como, por ejemplo, los criterios de la disposición adicional undécima del RAC, prescripción o si era aplicable a sociedades inactivas.
  2. Consulta planteada: Las consultas planteadas sobre esta cuestión están referidas a la determinación del importe de la sanción en supuestos concretos, y sobre los importes mínimo y máximo.
  3. Consulta planteada: Sobre si en el supuesto de incumplir la obligación de depositar las cuentas anuales consolidadas sería aplicable el régimen sancionador previsto legalmente.
  4. Consulta planteada: Sobre la aplicación del régimen sancionador por la falta de depósito de cuentas anuales en el Registro Mercantil en el supuesto de su presentación con un mes de retraso.
  5. Consulta planteada: Sobre la posibilidad de presentar denuncias sobre el incumplimiento de depositar las cuentas anuales por las sociedades de capital en el Registro Mercantil, si éstas pueden ser anónimas, y forma de presentación.
  6. Consulta planteada: Sobre la obligación de una sucursal de una sociedad extranjera de depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, y el régimen sancionador en caso de incumplimiento.

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales. (Alfonso Saiz Marquínez)