En consonancia con decisiones adoptadas por la Unión Europea, el Consejo de Ministros ha aprobado la ampliación de todas las ayudas y moratorias a empresas aprobadas durante la pandemia que vencían el próximo 31 de diciembre.

La persistencia de la pandemia en el entorno europeo y la vulnerabilidad de las empresas en los sectores más afectados en la incipiente fase de recuperación hacen precisa la extensión de algunas de las medidas excepcionales, con el fin de garantizar que las empresas viables puedan aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece esta nueva etapa de expansión económica.

El real decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, establece la prórroga de una serie de disposiciones cuya vigencia se extenderá más allá de diciembre de 2021, con el fin de proporcionar un marco de seguridad jurídica que otorgue estabilidad económica y apoye a las empresas en esta fase de la recuperación.

Hasta el 31 de diciembre de 2021.

DISOLUCIÓN POR PÉRDIDAS.

• No se tendrán en cuenta las pérdidas a los efectos de la causa legal de disolución.

A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021. Si en el resultado del ejercicio 2022 se apreciaran pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la celebración de Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente o reduzca el capital en la medida suficiente

Hasta el 30 de junio de 2022.

AVALES ICO.

• Los autónomos y empresas podrán acceder a financiación garantizada a través de las Líneas de Avales para cubrir sus necesidades de liquidez o financiar sus proyectos de inversión.

Desde la puesta en marcha de la Línea de Avales de Liquidez en marzo de 2020 por importe de 100.000 millones de euros y con la posterior aprobación de la segunda Línea de Avales para Inversión y Liquidez por importe de 40.000, se han garantizado hasta el 18 de noviembre de 2021, 1.137.891 operaciones y desplegado avales por importe de 101.945 millones de euros, que han permitido movilizar 133.975 millones de euros en financiación hacia el tejido productivo. A estas cifras hay que añadir los 1.385 avales formalizados que se ha destinado a garantizar 81 operaciones de empresas que cotizan en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y que han movilizado 1.978 millones de euros.

• Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán devolver el remanente de las transferencias de ayudas directas previstas en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo.

MORATORIA CONCURSAL

• Los deudores que se encuentran en situación de insolvencia no tendrán el deber de solicitar la declaración de concurso

• Los acreedores no verán admitidos a trámite las solicitudes de concurso necesario

Esta prórroga se corresponde con la ampliación del marco temporal de ayudas concedido por la Comisión europea en su Decisión de 18 de noviembre de 2021 y proporciona seguridad jurídica hasta que se complete la tramitación legislativa en curso para la modernización del régimen concursal español en el marco de la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.

Hasta 31 de diciembre de 2022.

Continúa la suspensión del régimen de liberalización de las inversiones extranjeras, en determinados sectores, procedentes de países de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio en sociedades cotizadas en España o en sociedades no cotizadas, si la inversión es superior a 500 millones de euros.

La ampliación de la vigencia de esta medida tiene como objetivo proteger la seguridad, salud y orden público, así como garantizar la seguridad jurídica de los operadores económicos.

Otras medidas.

Igualmente, se hace preciso establecer disposiciones que garanticen un régimen de precios aplicable en el caso del cambio de suministrador de gas, así como la viabilidad económica y financiera de las empresas comercializadoras de último recurso. En este sentido, se adoptan tres medidas urgentes en materia energética, particularmente en el ámbito de los hidrocarburos.

• En primer lugar, se amplía la cobertura para los suministros esenciales de gas natural que no dispongan de contrato de suministro, situación que se da, por ejemplo, ante la desaparición súbita de la comercializadora con la que tengan contratado el suministro. En el caso de los consumidores esenciales, se considera imprescindible extender la obligación de suministro de los comercializadores de último recurso a estos clientes un máximo de 6 meses o, preferentemente hasta que los mismos dispongan de un contrato de suministro con un comercializador

La situación actual de elevados precios del gas natural, cuya cotización en los mercados internacionales se ha multiplicado por cuatro en los últimos meses, ha incrementado el riesgo de insolvencia y disolución de comercializadoras de gas, como consecuencia de las mayores necesidades de tesorería requeridas para operar en los mercados en la actualidad.

• En segundo lugar, se refuerza la garantía de cobro por parte de las comercializadoras de último recurso de gas natural de los déficits que puedan surgir como consecuencia de la limitación del incremento de la tarifa de último recurso (TUR) de gas establecida por el Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.

Con objeto de solventar diversos problemas contables que pudieran afectar a las comercializadoras de último recurso, se incluye al sistema gasista como garante subsidiario de las cantidades adeudadas.

Esta modificación legal debe estar operativa antes de la formulación de cuentas anuales de las compañías, de manera que esta deuda pueda ser calificada como un activo regulatorio, lo que exige su aprobación urgente mediante un real decreto-ley con entrada en vigor antes de finalizar este ejercicio.

• Por último, para fomentar el despliegue de la infraestructura de acceso público de recarga rápida de vehículos eléctricos, se introduce una prohibición de las cláusulas de exclusividad en los contratos de suministro de estaciones de servicio.

Por otro lado, ante la situación crítica que sufre el Mar Menor, la iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Marco de Actuaciones Prioritarias para recuperar el Mar Menor, iniciativa en colaboración con los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, Industria, Comercio y Turismo, y Ciencia e Innovación, abarca un amplio conjunto de medidas de distinta índole, orientadas a atajar la crítica situación que atraviesa la laguna, con unos principios orientadores comunes: la restauración del buen estado ecológico de la laguna mediante el restablecimiento de su dinámica natural, la restauración y renaturalización en diferentes ámbitos y la aplicación de soluciones basadas en la naturaleza. Mediante este real decreto-ley se instrumenta la declaración de interés general de determinadas obras necesarias para la protección y recuperación ambiental del Mar Menor.

Finalmente, el Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras, fija el plazo para la extinción de la relación laboral para realizar las labores de cierre y rehabilitación del espacio natural afectado por el cierre de la mina antes del 31 de diciembre de 2021. Este plazo no permite acompasar el régimen de las ayudas al ritmo de ejecución de los trabajos de abandono de labores y restauración, de modo que se otorgue la cobertura pretendida a los trabajadores del sector. La modificación que se propone del Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, pretende evitar que estos trabajadores se vean perjudicados por el desarrollo de las necesarias labores de cierre y restauración, permitiendo el acceso de estas ayudas a aquellos trabajadores que estén realizando labores de cierre y rehabilitación en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025.

Pich aduce que el gravamen a la riqueza complica atraer talento.
Los expertos creen que el calendario electoral dificulta cambios de calado.
De los tributos sobre la riqueza solo se debaten los que aportan el 15% de ingresos.

“No parece razonable que nuestro país se empeñe en mantener el actual formato de un impuesto como Patrimonio que dificulta la atracción y mantenimiento de talento y ahorro, e introduce excesivas distorsiones de equidad dentro de nuestro territorio”, sostuvo este miércoles el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich. Sus declaraciones, durante unas jornadas sobre la reforma fiscal del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), coincidieron con la conclusión de los principales ponentes, que abogaron por suprimir Patrimonio, dado que España es el único país de la UE que lo aplica, y por armonizar el cobro de Sucesiones y Donaciones entre las comunidades autónomas.

Así lo defendieron durante el debate el catedrático de Hacienda Pública y Régimen Fiscal de la Empresa en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Juan José Rubio, y el director del Instituto de Economía de Barcelona (IEB) y profesor de la Universidad de Barcelona, José María Durán. Este último recordó que la riqueza en España está gravada por una batería de tributos que incluye el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), “que existe en todos los sistemas fiscales de referencia” y es la principal fuente de ingresos de los ayuntamientos; el de Transmisiones y Actos Jurídicos que también se da en la gran mayoría de países; el de Sucesiones y Donaciones, que es una figura redistributiva clásica en el ámbito comunitario (pese a haber sido suprimido en Suecia, Noruega, Portugal, Austria y en la Republica Checa); y el de Patrimonio, que en la UE se cobra “únicamente en España”, aunque existe en Noruega y Suiza. “En Francia existe un impuesto sobre la riqueza inmobiliaria, y en Italia sobre los activos reales y financieros que los residentes tienen fuera del país”, matizó Rubio.

En España, de hecho, Patrimonio fue eliminado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, aunque la figura fue recuperada temporalmente tras la crisis financiera y prorrogada anualmente por los sucesivos Ejecutivos hasta que el de coalición de PSOE y Unidas Podemos lo ha recuperado de forma estructural. Comunidades como Madrid, sin embargo, lo bonifican al 100% lo que limita mucho su ya exigua capacidad recaudatoria.

El Gobierno ha avanzado su intención de armonizar este impuesto y el de Sucesiones en la reforma fiscal que diseñará el próximo año, tras recibir en febrero el dictamen del comité de expertos, para activar en 2023. Durán destacó que los impuestos a debate apenas aportan el 15% de recaudación sobre la riqueza (10% Sucesiones y 5% Patrimonio), pues el grueso lo generan IBI (50%) y Transmisiones (35%).

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Fuente: Cinco Días

Novedades que se incluirán en las declaraciones informativas que se presentan en el año 2022 y notas recordatorias como la información sobre los ERTES o las transmisiones lucrativas.

NOTA: Las novedades están supeditadas a la aprobación de la normativa que se encuentra actualmente en tramitación.

Modelo 156. Declaración Informativa Anual. Cotizaciones de afiliados y mutualistas a efectos de la deducción por maternidad.

Se modifica la orden ministerial del modelo 156, al objeto de introducir una precisión técnica relativa a la preceptiva identificación de la declaración complementaria que se hubiera presentado, en su caso, por el contribuyente. Actualmente, solo es preceptiva la identificación en el caso de declaraciones sustitutivas.

De esta manera, se evitan errores de cumplimentación de los mencionados modelos informativos.

Modelo 180. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos. Resumen anual.

Se modifica la orden ministerial del modelo 180, al objeto de introducir una precisión técnica relativa a la preceptiva identificación de la declaración complementaria que se hubiera presentado, en su caso, por el contribuyente. Actualmente, solo es preceptiva la identificación en el caso de declaraciones sustitutivas.

De esta manera, se evitan errores de cumplimentación de los mencionados modelos informativos.

Modelo 182. Declaración Informativa. Donativos, donaciones y aportaciones recibidas.

Se modifica la orden ministerial del modelo 182, al objeto de introducir una precisión técnica relativa a la preceptiva identificación de la declaración complementaria que se hubiera presentado, en su caso, por el contribuyente. Actualmente, solo es preceptiva la identificación en el caso de declaraciones sustitutivas.

De esta manera, se evitan errores de cumplimentación de los mencionados modelos informativos.

Nota recordatoria:

– Características de los importes en concepto de donativos que pueden ser objeto de inclusión en esta declaración informativa: En esta declaración informativa corresponde incluir exclusivamente los donativos que cumplan los requisitos legales para ser considerados como tales, es decir, únicamente aquellos que sean de carácter voluntario y no supongan una contraprestación por un bien o servicio recibido.

– Cumplimentación del campo de “recurrencia donativos”: El campo de recurrencia se cumplimentará por las entidades beneficiarias de los incentivos regulados en el Título III de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, o bien por Partidos Políticos, Federaciones, Coaliciones o Agrupaciones de Electores en los términos previstos en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de partidos políticos, con las siguientes claves, según exista recurrencia o no en los donativos, donaciones o aportaciones: Valor 1: Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado por el declarado, donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de dicha entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior; Valor 2: Si en los dos períodos impositivos inmediatos anteriores no se hubieran realizado por el declarado, donativos, donaciones o aportaciones con derecho a deducción en favor de dicha entidad por importe igual o superior, en cada uno de ellos, al del ejercicio anterior.

Modelo 187. Declaración Informativa. Acciones y participaciones representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta de IRPF, IS e IRNR en relación con rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de transmisiones o reembolsos de esas acciones y participaciones y derechos de suscripción.

Se modifica el modelo para introducir una modificación técnica en el campo “CLAVE DE ORIGEN O PROCEDENCIA DE LA ADQUISICIÓN O ENAJENACIÓN” (posición 142), para incluir una nueva clave “K” informando del origen de la operación para la entrega de acciones liberadas de sociedades de inversión colectiva.

En este sentido, hay entregas de acciones liberadas de SICAV que no es posible declararlas con IMPORTE ADQUISICIÓN/ENAJENACIÓN = 0 euros (clave de operación = A; clave origen = O), por lo que es preciso crear esta nueva clave de origen para no afectar a los supuestos normales de clave de origen = O (son los casos generales de ventas y reembolsos de IIC).

Modelo 189. Declaración Informativa. Valores, seguros y rentas. Declaración anual.

Se realizan las siguientes modificaciones de cara a mejorar la información requerida para un adecuado funcionamiento de los sistemas de asistencia al contribuyente relativos a la cartera de valores del contribuyente. De esta forma:

  • Se incluye un nuevo campo para informar del “NOMINAL DE LOS VALORES”, campo destinado a tener la misma información que tiene el 198 de los valores negociados para contrastar la información de ambos modelos, recogiendo el valor nominal unitario de los títulos correspondientes.
    Esta modificación es consecuencia de la nueva redacción dada al artículo 39 del RGAT por el Real Decreto 399/2021, de 8 de junio.
  • Por otra parte, se modifica el campo “NÚMERO DE VALORES”, para precisar que debe informarse del total de títulos sobre los que el declarado tenga un determinado porcentaje de participación. En la medida en que existe, asimismo, un campo destinado a informar del porcentaje de participación que tiene el declarado (campo denominado “PORCENTAJE DE PARTICIPACION”), la combinación de ambos campos del modelo posibilita la información precisa del número de valores de cada declarado.

Con esta modificación no cabe cumplimentar este campo con decimales.

Nota informativa:

Con ocasión de mejorar la calidad de la información fiscal del ejercicio 2021 derivada del modelo 189-declaración informativa. valores, seguros y rentas- (cuya presentación se realizará en enero de 2022), la cumplimentación del campo “NUMERO DE VALORES” (posiciones 130 a 145) debe referirse al total de acciones en los que posea una determinada participación el declarado (porcentaje de participación que debe informarse en el campo PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (posiciones 188-192)).

Modelo 190. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de rentas. Resumen anual.

Nota aclaración información sobre ERTE:

Información sobre como informar de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) y prestación extraordinaria por cese de actividad percibidas por los autónomos en el modelo 190.

Naturaleza de las rentas: Se trata de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 en materia de protección por desempleo. Según el artículo 17.1.b) de la Ley de IRPF, las prestaciones por desempleo se califican como rendimientos de trabajo, sujetas a gravamen. Al igual que la prestación «ordinaria» por cese de actividad de los autónomos regulada en los artículos 327 y ss. LGSS, la prestación extraordinaria por cese de actividad es una prestación del sistema de protección de desempleo.

NINGUNA de estas prestaciones está exenta del IRPF.

Cómo se declaran en el modelo 190 estas prestaciones: Las prestaciones satisfechas se deben declarar en el modelo 190, con clave C (desempleo).

Reintegro de ERTE (derivados de pagos indebidos de ERTE en el 2020):

1. PAGOS INDEBIDOS CORRESPONDIENTES A 2020, reintegrados en 2020:

Estos casos debieron comunicarse en 2020, incluyendo en el registro del perceptor del Modelo 190 de 2020 el importe pagado minorado en el importe devuelto.

Por tanto, no debiera declarase en el modelo 190 correspondiente al ejercicio 2021.

2. PAGOS INDEBIDOS CORRESPONDIENTES A 2020 cuyo reintegro se produce en 2021:

Modelo 190 – 2020: se informó de la prestación satisfecha en 2020.

Modelo 190 – 2021: se informará por el pagador de las prestaciones:

– Un registro, en su caso, informando de las prestaciones que el contribuyente haya podido percibir en 2021.

– Reintegros: Un registro diferenciado de perceptor, con clave “C”, en el que constará:

Campo “Percepciones dinerarias no derivadas de incapacidad laboral”: se consigna únicamente el importe BRUTO a reintegrar con signo negativo.

Ejercicio de devengo»: el año en que se pagaron las cuantías indebidas, 2020.

Sin cumplimentar «Gastos deducibles“ ni retenciones.

Modelo 198. Declaración Informativa. Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios

Se modifica el modelo con la finalidad de mejorar la calidad de la información de la Cartera de Valores (al igual que con el modelo 189).

  • Se crean dos nuevos campos: “NIF INTERMEDIARIO” y “APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INTERMEDIARIO”, para identificar al intermediario, en los casos en los que la operación relacionada de contrapartida no la hubiera realizado el propio declarante.
    De esta forma, se evita que queden operaciones sin relacionar de cara a la Cartera de Valores porque la operación de contrapartida la haya realizado otro intermediario distinto al declarante.
  • También se realizan distintas modificaciones técnicas en varios campos del modelo. Los campos afectados que son objeto de modificación son:
  1. El campo “PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN”, eliminando la referencia a la cumplimentación a ceros cuando los distintos declarados de la misma operación tengan el mismo porcentaje de participación, por lo que deben cumplimentarse los distintos porcentajes correspondientes a cada declarado de la operación, aun siendo porcentajes iguales.
  2. Los campos “COMPENSACIÓN MONETARIA ENTREGADA/RECIBIDA” Y “COMPENSACIONES” para excluir la clave de operación “L” (Split y Contrasplit de valores) como una de las claves que permiten su cumplimentación. Estas operaciones no pueden cumplimentar dichos campos.
  3. El campo EJERCICIO OPERACIÓN RELACIONADA, para evitar que queden operaciones sin relacionar porque una de ellas se realice en un ejercicio y la otra en un ejercicio posterior. De esta forma, y tal y como debía informarse hasta el momento, si la operación a relacionar se encuentra pendiente de realización, el campo “Ejercicio operación relacionada” se cumplimenta con la clave 0001. No obstante, en el ejercicio en el que finalmente se realice dicha operación relacionada, debe informar del ejercicio en el que se realizó efectivamente dicha operación (además de informar del número de orden con el que se informó dicha operación previamente realizada).
  4. El campo “CLAVE DE OPERACIÓN”, para precisar que en el caso de la clave “X” (Entrega de acciones liberadas), en la operación de adquisición/suscripción relacionada con dicha entrega realizada en un ejercicio distinto se cumplimente el campo “Ejercicio operación relacionada”.

En este sentido, se puede consultar la nota explicativa de cumplimentación del modelo publicada en mayo de este año en el siguiente enlace:

Nota explicativa de cumplimentación del modelo:

Por último, hay que tener en cuenta en el ejercicio 2021, debido al Convenio firmado entre la AEAT y el Consejo General del Notariado el 3 de febrero de 2020, en virtud del cual la AEAT recibirá información periódica telemática contenida en el índice único notarial, se establece la exoneración en la presentación del modelo 198 para los Notarios en la medida en que dicho suministro de información tenga un contenido equivalente y se remita en los términos y plazos previstos en el citado convenio de colaboración.

Nota recordatoria transmisiones lucrativas:

Se recuerda respecto a la cumplimentación del modelo 198 que el año pasado se implementó un desglose en las claves de origen con la finalidad de diferenciar las operaciones con origen lucrativo mortis causa e intervivos. En concreto:

Se modificó el campo CLAVE DE ORIGEN, desglosando las transmisiones gratuitas inter vivos en dos: operaciones mortis causa y operaciones inter vivos. Se aclara, asimismo, que la entrega de acciones liberadas se considera una operación a título oneroso.

Además de la importancia de este desglose, se hace especial hincapié en la importancia de que se declaren estas operaciones y de que se identifiquen como lucrativas ya que solo con esta identificación se podrán ofrecer:

1. Datos fiscales correctos.

2. Información y funcionamiento correcto en la cartera de valores del contribuyente.

Modelo 289. Declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua (CRS).

Se modifica el modelo 289 relativo a la declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua (CRS), para:

  • Actualizar, al igual que en los ejercicios anteriores, el contenido de los anexos I y II de la orden del modelo a la situación actual de los países comprometidos al intercambio de información, incluyendo en el listado a los países con los que se intercambiará a partir del ejercicio 2022.
    Como novedades a destacar:
  1. Se incluyen Kenia, Maldivas y Jamaica (esta última pendiente de confirmación).
  2. Se modifica la situación de Gibraltar y el Reino Unido (se trasladan de la columna de la UE a la de países terceros).
  • Por otro lado, se modifica también la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, del modelo 289, como consecuencia de la modificación del artículo 4 del RD 1021/2015, de 13 de noviembre (RD de CRS), para recoger la obligación de presentación del modelo 289 incluso en los casos de la inexistencia de cuentas a informar por parte de la institución financiera obligada a declarar tras la aplicación de las normas de diligencia debida.

En estos nuevos supuestos de declaración de cuentas sin comunicar, el contenido del modelo 289 se limita a los conceptos comprendidos en los números 1 a 5 del Anexo III de la Orden HAP/1695/2016, así como del nuevo concepto introducido mediante la presente orden “6.2. Declaración sin cuentas que comunicar” (*).

(*) Para facilitar la presentación del modelo 289 “sin cuentas que comunicar”, se ha habilitado un sencillo Formulario que estará disponible en la Sede Electrónica. No obstante, esta presentación también puede hacerse mediante el Servicio Web ya habilitado.

Novedad: Presentación mediante Web Service.

Modelo 290. Declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses.

Otra de las novedades a destacar es la que tiene relación con el Modelo 290 “Declaración informativa anual de cuentas financieras de determinadas personas estadounidenses” (FATCA). Concretamente la novedad se refiere a la actualización de una de las preguntas frecuentes (FAQs) del citado modelo publicada en la página web de la AEAT.

La pregunta actualizada es la siguiente:

¿Cómo se cumplimenta la información relativa al NIF estadounidense? ¿Y la fecha de nacimiento? ¿Qué consecuencias tiene su no cumplimentación?

Esta pregunta ha sido sustituida por las cuatro que figuran a continuación:

  • ¿Es obligatorio cumplimentar el campo TIN (NIF estadounidense)? ¿Cuál es su formato? ¿Qué consecuencias tiene su no cumplimentación?
  • ¿Cómo se cumplimenta el campo TIN (NIF estadounidense) cuando no se dispone del mismo?
  • Si el tipo de Titular de la Cuenta (Account Holder Type) es FACTA 101, FACTA 102, FACTA 103 ó FATCA 104
  • ¿Cuáles son los pasos a seguir para cumplimentar el campo TIN (NIF estadounidense)?
  • ¿Cómo se cumplimenta la fecha de nacimiento del titular de la cuenta financiera?

El objetivo fundamental de esta modificación se encuentra en la segunda pregunta referida al campo “TIN (NIF estadounidense)” en la que se recogen pautas de cumplimentación facilitadas por el IRS (Internal Revenue Service) que pueden ser tenidas en cuenta para informar o describir el problema que concurre cuando no se dispone del TIN en el momento del cumplimiento de la obligación de información.

Modelo 296. Declaración Informativa. Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta.

Se incluyen dos modificaciones:

1. Se modifica el campo “SUBCLAVE”, para incluir dos nuevas subclaves 12 y 13 para:
12. Dietas y asignaciones para gastos de viaje exceptuados de gravamen (artículo 9 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)

13. El perceptor es un contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español a que se refiere el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

De forma paralela, se modifican las subclaves <<03>> y <<07>>, dado que antes estaban incluidos en estas subclaves más generales los conceptos mencionados en las nuevas subclaves 12 y 13.

2. Se crea un nuevo campo INGRESOS A CUENTA REPERCUTIDOS para consignar el importe de dichos ingresos a cuenta efectuados por el pagador de las retribuciones en especie que hubiera repercutido al perceptor.

Modelo 347.

En relación con este modelo de Declaración anual de operaciones con terceras personas, se incluye dentro en el campo del NIF IVA el código XI:

El 29 de marzo de 2017, el Reino Unido notificó al Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de conformidad con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.

El 14 de noviembre los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido alcanzaron un Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (BREXIT). También se elaboró una Declaración Política que exponía el marco de las relaciones futuras.

Con arreglo al artículo 50 apartado 3 del Tratado de la Unión Europea, los Tratados dejarán de aplicarse al Estado que se retira a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

El Acuerdo de Retirada contemplaba un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, incluyendo un protocolo para Irlanda del Norte en virtud del cual, y exclusivamente para los bienes las entregas y adquisiciones con origen o destino en Irlanda del Norte, seguirán considerándose entregas intracomunitarias de bienes o adquisiciones intracomunitarias de bienes susceptibles de declaración a través de la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, modelo 349.

Para distinguir las operaciones realizadas con Irlanda del Norte, el Reino Unido asignará a los empresarios que puedan acogerse al protocolo de Irlanda del Norte un NIF IVA que comenzará por XI.

El citado protocolo no incluye los servicios en los que una de las partes esté establecida en Irlanda del Norte, por lo que, desde 1 de enero de 2021 deberán declararse, en su caso, a través de la Declaración anual de operaciones con terceras personas.

Para hacer posible la inclusión en la Declaración anual de operaciones con terceras personas de aquellas operaciones con empresarios o profesionales cuyo NIF IVA comience por XI, pero que no estén incluidas en el protocolo para Irlanda del Norte, se introducen en el modelo 347 las modificaciones necesarias en la codificación del NIF IVA.

CAMPAÑA DECLARACIONES INFORMATIVAS 2021

 

Fuente: CISS Fiscal. (AEAT 25-11-2021)

Tras las fuertes caídas de las bolsas el viernes y la recuperación de ayer lunes, entre los expertos se extiende la idea de una «sobrerreacción».

Si la incertidumbre es la peor consejera para los mercados, los inversores deben ir preparándose para una buena dosis en las próximas semanas porque todo lo que rodea a ómicron es, sobre todo, volátil y difuso.

Tras las fuertes caídas de las bolsas el viernes y la recuperación de ayer lunes, entre los expertos se extiende la idea de una «sobrerreacción» por parte de los inversores, aunque la cautela se impone a la espera de determinar el posible alcance económico de ómicron.

«Una corrección tan violenta tiene que ver con las ganancias acumuladas en el año y con la fecha del mercado. Una reacción así no se habría producido si los mercados no estuvieran tan altos y no nos encontrásemos a las puertas de diciembre», explica Ignacio Cantos, director de Inversiones de Atl Capital, en referencia al tradicional rally de final de año.

En su opinión, lo que se conoce hasta ahora de ómicron es «muy preliminar» como para salir de esa manera tan masiva de las posiciones, por eso cree que los inversores «buscaban más una excusa para vender que una razón respaldada por los hechos» y por eso también pronostica que, «si no hay noticias muy alarmantes en estos días, en dos semanas se acabará recuperando lo perdido».

Una de las cuestiones clave de estos días será calibrar el impacto económico de ómicron y eso tiene que ver con definir su capacidad de contagio y con su resistencia a las actuales vacunas. Los analistas creen que las respuestas a estas preguntas aún tardarán varias semanas en conocerse y mientras tanto, aconsejan no precipitarse a la hora de deshacer posiciones.

En esta línea se sitúan los analistas de Bankinter, quienes estiman que el saldo final de este episodio bursátil «será menos malo de lo que el viernes descontaron las bolsas europeas y que el rebote no tardará en llegar y favorecerá a las tecnológicas, una vez más».

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Fuente: El Mundo

¿Cómo? Según las Directrices que la Unión Europea ha establecido para proteger a trabajadores por cuenta propia o ajena, funcionarios y empleados del sector público, así como exempleados y personas que, aunque todavía no hayan comenzado a prestar servicios, conocen irregularidades denunciables.

El próximo 17 de diciembre termina el plazo concedido para aprobar una ley sobre normas y procedimientos de protección de denunciantes de corrupción en todos y cada uno de los estados de la Unión Europea. Esta iniciativa proviene de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019.

Actualmente, según fuentes oficiales, el Ministerio de Justicia trabaja en un proyecto sobre “el reparto competencial en la materia, dadas las múltiples cuestiones transversales a regular. Todo apunta a que, otra vez, llegaremos con los deberes sin hacer.

Sea como fuere, con o sin sanción, a tiempo o fuera de plazo, se avecinan cambios legislativos de calado. En el caso español, habrá que modificar la normativa de protección de datos y algunos artículos del Código Penal, entre otras reformas.

La Directiva 2019/1937 se aplicará a los denunciantes que trabajen en el sector privado o público y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral, incluyendo, como mínimo a:

  1. las personas que tengan la condición de trabajadores en el sentido del artículo 45, apartado 1, del TFUE, incluidos los funcionarios;
  2. las personas que tengan la condición de trabajadores no asalariados, en el sentido del artículo 49 del TFUE;
  3. los accionistas y personas pertenecientes al órgano de administración, dirección o supervisión de una empresa, incluidos los miembros no ejecutivos, así como los voluntarios y los trabajadores en prácticas que perciben o no una remuneración;
  4. cualquier persona que trabaje bajo la supervisión y la dirección de contratistas, subcontratistas y proveedores.
  5. los exempleados que revelen o informen sobre infracciones cometidas durante el periodo de vigencia de su contrato
  6. los denunciantes cuya relación laboral todavía no haya comenzado, en los casos en que la información sobre infracciones haya sido obtenida durante el proceso de selección o de negociación precontractual.

Las empresas con más de 50 empleados tendrán que crear un procedimiento interno para gestionar las denuncias y mantener la confidencialidad de los denunciantes. Las normas también se aplicarán a las administraciones públicas (a municipios de más de diez mil habitantes), que deberán establecer canales de notificación externos e independientes dejando a los denunciantes elegir entre uno u otro de los cauces. La Directiva contempla, además, la posibilidad de revelar la información en los medios de comunicación, en caso, por ejemplo, de no adopción de los procedimientos adecuados tras la notificación, o por peligro manifiesto o daño irreparable para el interés público. También auxilia a quienes sirvan de fuentes a los periodistas de investigación.

Ámbito.

La Directiva se centra en los siguientes temas:

  • Adjudicación de contratos públicos;
  • Servicios financieros, prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;
  • Seguridad de los productos;
  • Seguridad de los transportes;
  • Protección ambiental;
  • Seguridad tecnológica nuclear;
  • Seguridad de los alimentos y de los piensos para animales, salud y bienestar de los animales;
  • Sanidad pública;
  • Protección de los consumidores;
  • Protección de la privacidad, de los datos de carácter personal, y seguridad de las redes y sistemas de información.

También se aplicará a las transgresiones relacionadas con normas de competencia de la Unión, a los incumplimientos que dañen los intereses financieros y, en vista de su impacto negativo en el correcto funcionamiento del mercado interior, a las infracciones de las normas o acuerdos del impuesto de sociedades cuyo objetivo sea obtener un beneficio fiscal que supere el considerado por la legislación vigente.

¿Qué empresas están obligadas a implementar un canal de denuncias?

  • Las empresas que tengan 50 trabajadores o más.
  • Las empresas que obtengan un volumen de negocio igual o superior a 10 millones de euros.
  • Todas las que se encuentren en el sector de los servicios financieros y puedan sufrir riesgos relacionados con blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

En el sector público:

  • El Estado.
  • Las administraciones regionales y provinciales.
  • Otras entidades de derecho público.
  • Los municipios de más de 10.000 habitantes.

Plazos.

Si su empresa opera en la UE y emplea a 250 personas o más, tienes hasta el 17 de diciembre para cumplir con el plazo y ponerse al día respecto de las exigencias de la Directiva de Protección al Denunciante. Las organizaciones con 50 a 249 empleados también estarán sujetas a la nueva ley, pero tendrán dos años más para adaptarse y cumplir con los requisitos.

Condiciones para la protección de los denunciantes.

Para gozar de protección, el denunciante deberá tener motivos razonables y demostrar que la información que facilita es verídica. Queda excluido de amparo quien denuncia de forma malintencionada, frívola o abusiva o con información incorrecta o engañosa, quien aporta información que sea disponible para el público y los sujetos que apelen a rumores o habladurías no confirmados y sin prueba alguna.

En caso de denuncias anónimas, el denunciante, posteriormente identificado, que sufra represalias deberá ser protegido.

Confidencialidad.

La tutela de la confidencialidad del whistleblower es vital para la eficacia del nuevo sistema y por ello, entre otras, se prevén las siguientes medidas:

  • La obligatoriedad de canales de denuncia que garanticen la confidencialidad de la identidad del alertador, si este lo desea.
  • La posibilidad de control y seguimiento del estado de la denuncia por parte del alertador, aunque este haya decidido permanecer anónimo.
  • La imposición de acuse de recibo de la empresa u organización en un plazo de siete días a partir de la recepción de la denuncia.

La exigencia de Feedback al alertador dentro de los tres primeros meses después de recibir la denuncia.

Prohibición de represalias.

De acuerdo con la nueva norma, los Estados miembros deberán garantizar que los denunciantes tengan acceso a información y asesoramiento completo, independiente y gratuito sobre los recursos disponibles, así como a asistencia jurídica durante los procedimientos.

Las represalias serán sancionadas con rigor. Y si a pesar de ello, los alertadores las sufren, contarán con los recursos adecuados para protegerse. Por ejemplo y entre otras, dispondrán de medidas provisionales para detener el acoso laboral o evitar el despido y también se beneficiarán de la inversión de la carga de la prueba, de modo que corresponda a la persona que adopta medidas contra un denunciante demostrar que no está tomando represalias contra el acto de denuncia de irregularidades.

Asimismo, se contempla que, durante los procedimientos judiciales, los denunciantes de corrupción puedan recibir soporte financiero y psicológico.

Sanciones económicas.

Si no se llevan a cabo las medidas impuestas por ley para amparar la figura de los whistleblowers, las empresas recibirán sanciones que podrán ser graves o muy graves:

Hasta 50.000 Euros: Sanciones muy graves:

  • Impedir o dificultar el seguimiento de la denuncia.
  • No cumplir con el derecho de confidencialidad del alertador.
  • Practicar cualquier represalia.

Hasta 25.000 Euros: Sanciones graves:

  • No disponer de un canal de denuncia interno.
  • Contar con un canal de denuncias interno sin garantías de confidencialidad.
  • No designar a una persona responsable para la recepción de las denuncias.
  • No revisar periódicamente el procedimiento de denuncia interno.

Todavía está a tiempo de evitar problemas. Aunque la legislación sobre protección al denunciante aún no esté claramente definida en España puede empezar a tomar decisiones:

  1. Instaure un canal seguro para recibir denuncias.
  2. Nombre a un empleado o departamento imparcial para hacer el seguimiento a dichos informes.
  3. Tenga en cuenta que debe proporcionar al denunciante acuse de recibo en un plazo de siete días.
  4. Establezca un registro de cada denuncia, bajo el cumplimiento de la normativa de protección de datos.
  5. Estudie y proporcione al denunciante el feedback correspondiente sobre el seguimiento realizado en los tres meses siguientes a la recepción de la denuncia.

 

Fuente: Fuente: CISS Wolters Kluwers. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

Emplear el subsidio por desempleo para emprender un negocio es posible.

El número total de parados en España se situó en 3.257.068 personas en el pasado mes de octubre, una cifra que, aunque inferior a la de meses precedentes, sigue siendo poco prometedora.

El tsunami que ha ocasionado la pandemia de la Covid-19 en el mercado laboral ha hecho que muchas personas se hayan tenido que reinventar. Y es que, pese a que el de los autónomos es uno de los sectores más castigados o, mejor dicho, más ahogados durante las casi seis olas del virus que llevamos vividas, también ha servido como una salida para aquellos que han perdido su puesto de trabajo o se han visto afectados por un expediente de regulación de empleo temporal. En muchos casos esta crisis va a suponer una oportunidad para emprender nuevos negocios y la capitalización del paro puede ser el empujón que necesiten.

Hay dos vías para iniciar un negocio: capitalizar al 100% la prestación por desempleo o solo una pequeña parte, opción muy interesante en este momento en el que el teletrabajo y su reducción de costes inundan nuestro panorama laboral.

Antes de lanzarse a la aventura hay que saber quién puede optar al pago único, qué se exige, para qué se puede destinar y ser consciente de que si, en algún momento, el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) considera que se ha incumplido algún requisito se deberá devolver.

Se considera como falta muy grave la aplicación de la prestación por desempleo a fines distintos a la actividad objeto de la capitalización. La sanción correspondiente, además de la pérdida de la prestación por desempleo, es la exclusión del derecho a percibir cualquier prestación económica, y en su caso, a la ayuda de fomento de empleo durante un año.

¿Para qué se puede pedir el pago único?

Con el pago único se trata de fomentar iniciativas de empleo autónomo entre personas que estén percibiendo la prestación por desempleo de nivel contributivo, abonando el valor actual del importe de la prestación que reste por percibir a aquellos sujetos que pretendan:

  • Incorporarse de forma estable como socio trabajador o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales ya constituidas, o constituirlas, aunque se haya mantenido un contrato previo con las mismas.
  • Desarrollar una actividad como personas trabajadoras autónomas. No se incluirán en este caso quienes se den de alta como trabajadores autónomos económicamente dependientes, firmando un contrato con una empresa con la que hubieran mantenido una relación contractual inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo o que pertenezca al mismo grupo empresarial de aquella.
  • Destinar el importe a realizar una aportación al capital social de una entidad mercantil de nueva creación o creada en un plazo máximo de 12 meses anteriores a la aportación, siempre y cuando se vaya a poseer el control efectivo de la sociedad, se vaya a ejercer en la misma una actividad profesional y se produzca un alta en la Seguridad Social en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar. Esto es, siempre y cuando se utilice para realizar una aportación al capital social, así como para hacer frente a los gastos de constitución y puesta en funcionamiento de la misma y al pago de las tasas y tributos correspondientes. También se podrá destinar hasta el 15 % de la cuantía del pago único de la prestación a satisfacer servicios específicos de asesoramiento, formación e información relacionados con la actividad a emprender.

Como gastos de puesta en funcionamiento pueden incluirse tanto los correspondientes al activo fijo o inmovilizado como al activo circulante (materias primas incluidas), así como otros derivados del acondicionamiento del local, pago de franquicia, traspaso, gastos de alta de suministros, etc. Igualmente, en opinión de los expertos, también podrá incluirse la parte proporcional al número de acciones o participaciones, de los gastos generados durante los tres primeros meses (alquileres, cánones y suministros incluidos), etc.

¿Qué requisitos se han de cumplir para tener derecho al pago único de la prestación?

  • Ser persona beneficiaria de una prestación contributiva por desempleo por cese total y definitivo de una relación laboral, pendiente de recibir a fecha de solicitud del pago único, al menos tres mensualidades. Las personas beneficiarias de la prestación por cese de actividad es necesario que tengan pendiente de percibir como mínimo seis meses.
  • No haber cobrado el pago único, en cualquiera de sus modalidades, en los cuatro años inmediatamente anteriores.
  • Iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes desde la resolución que conceda el pago único, y siempre en fecha posterior a la solicitud. No obstante, una vez realizada la solicitud, se puede iniciar la actividad y darse de alta en la Seguridad Social antes de la resolución del pago.
  • Si se ha impugnado ante la jurisdicción social el cese de la relación laboral que ha dado lugar a la prestación por desempleo, cuya capitalización se pretende, la solicitud del pago único debe ser posterior a la resolución del procedimiento.
  • Quienes en los 24 meses anteriores a la solicitud del pago único hayan compatibilizado el trabajo por cuenta propia con la prestación por desempleo de nivel contributivo, no tendrán derecho a obtener el pago único para constituirse como trabajadores por cuenta propia o como personas trabajadoras autónomas socias de una sociedad mercantil.
  • Si la cooperativa prevé en sus estatutos la posibilidad de que los socios o socias tengan que superar un periodo de prueba, se tendrá que superar dicho periodo. Aunque el derecho al pago único de la prestación se podrá aprobar, la persona solicitante únicamente lo percibirá cuando presente ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el acuerdo del consejo rector de haber superado dicho periodo.

¿Cómo y cuándo presentar la solicitud?

Se podrá presentar a través de:

  • La sede electrónica del SEPE.
  • En la oficina de prestaciones (pidiendo cita previa en la sede electrónica del SEPE).
  • En cualquier oficina de registro público.
  • Por correo administrativo.

La fecha de la solicitud debe ser anterior a la fecha de incorporación a la cooperativa o sociedad laboral o a la del inicio de la actividad como persona trabajadora autónoma o como socio o socia de la entidad mercantil. Se considera fecha de inicio la que figura como tal en la solicitud de alta de la persona trabajadora en la Seguridad Social.

La solicitud del pago único siempre se debe presentar antes del inicio de la actividad. Si lo hace después de haber puesto en marcha su proyecto se le denegará.

Puede presentar la solicitud del pago único a la vez que solicita la prestación contributiva por desempleo, o en cualquier momento posterior, siempre que le falten por percibir, al menos, tres mensualidades y no haya iniciado la actividad.

Si se hubiera impugnado el cese de la relación laboral origen de la prestación por desempleo, la solicitud será posterior a la resolución del procedimiento correspondiente.

Se abonará como pago único la cuantía de la prestación, calculada en días completos, restándose el importe que corresponda al interés legal del dinero.

Si no obtiene la prestación en su totalidad, el importe restante lo podrá recibir mediante abonos mensuales para subvencionar su cotización a la Seguridad Social.

Si percibe su prestación en la modalidad de pago único, no podrá volver a percibir prestación por desempleo hasta que no transcurra un tiempo igual al que corresponda la capitalización de la prestación, ni solicitar una nueva capitalización en los cuatro años siguientes.

Asimismo, si solo solicita la subvención de cuotas de Seguridad Social, después no podrá acceder al pago único de la prestación que le reste por percibir.

¿Qué documentación le pedirán?

En todos los casos:

1. Impreso de solicitud de pago único, en modelo oficial.

2. Españoles: Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte.

3. Extranjeros con residencia legal en España:

  • Nacionales de la Unión Europea: Certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea en el que consta el NIE, junto con el pasaporte o documento identificativo en su país de origen.
  • No nacionales de la Unión Europea: Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) en la que consta el NIE, y el pasaporte.

4. Memoria explicativa sobre el proyecto de la actividad a desarrollar y de la inversión a realizar, salvo que se solicite exclusivamente la modalidad de subvención de cuotas a la Seguridad Social.

Además, dependiendo de la actividad que se proponga iniciar, se deberá presentar:

Si se pretende la constitución de una entidad mercantil:

1. Documento firmado por las futuras personas socias en el que conste:

  • Su identidad.
  • La manifestación de su voluntad de constituir una sociedad de capital con elección de un tipo social determinado.
  • El valor y número de acciones o participaciones a suscribir por cada socio o socia.
  • La identidad de la persona o personas que tengan atribuidas las funciones de dirección y gerencia de la sociedad.
  • La actividad profesional a realizar por la persona solicitante y que esta va a poseer el control efectivo de la sociedad.

2. Proyecto de Estatutos Sociales donde conste:

  • La denominación de la sociedad.
  • El objeto social.
  • El capital social.
  • Las participaciones o las acciones en que se divida su valor nominal y su numeración correlativa.

3. Cualquier otra documentación que pueda acreditar la inversión a realizar y/o la viabilidad del proyecto.

En el caso de que la persona trabajadora pretenda su incorporación a una sociedad mercantil constituida en los últimos doce meses:

1. Escritura de constitución de la empresa y justificante de su inscripción en el Registro Mercantil.

2. Certificación del órgano de administración de la sociedad donde se indique:

  • Que la persona trabajadora ha solicitado su ingreso en la misma.
  • Las condiciones en que se producirá dicho ingreso para la realización de una actividad profesional encuadrada como persona trabajadora por cuenta propia en la Seguridad Social y que poseerá el control efectivo de la misma.
  • El valor de adquisición de las acciones o participaciones de la sociedad.
  • Fecha prevista en que la persona solicitante efectuará su aportación al capital social.
  • La identidad de la persona o personas que tengan atribuidas las funciones de dirección y gerencia de la sociedad.

3. Memoria del proyecto si se trata de incorporación a una sociedad mercantil que aún no ha iniciado la actividad.

4. Cualquier otra documentación que pueda acreditar la inversión a realizar.

Si se pretende la constitución de una cooperativa o sociedad laboral:

1. Documento privado firmado por quienes vayan a constituir la cooperativa o sociedad laboral, en el que figure:

  • La identidad de los socios.
  • La manifestación de su voluntad de constituir la cooperativa o sociedad laboral.
  • Condiciones de trabajo estable.
  • Si se fija o no periodo de prueba y duración del mismo.
  • Aportación obligatoria y, en su caso, voluntaria de la persona socia trabajadora a la cooperativa, así como en su caso, cuota de ingreso, o el valor y número de acciones o participaciones a suscribir por el socio o socia de la sociedad laboral anónima o de responsabilidad limitada.

2. Proyecto de estatutos de la cooperativa o sociedad laboral, donde conste:

  • El capital social.
  • La distribución en aportaciones, acciones o participaciones.
  • Posibles formas y plazos para efectuar el desembolso.
  • Las condiciones de trabajo estable y aportaciones de los socios.

3. Cualquier otra documentación que pueda acreditar la inversión a realizar y/o la viabilidad del proyecto.

En el caso de que se pretenda la incorporación a una cooperativa o sociedad laboral ya constituida:

1. Certificación del consejo rector de la cooperativa u órgano de administración de la sociedad laboral donde conste:

  • Que la persona trabajadora ha solicitado su ingreso en la cooperativa o sociedad laboral.
  • Condiciones en que se producirá dicho ingreso.

2. Condiciones de trabajo estable y si se fija o no periodo de prueba y su duración.

3. Importe de la aportación obligatoria y, en su caso, de la voluntaria. Asimismo, importe de la cuota de ingreso a la cooperativa o valor de adquisición de las acciones o participaciones de la sociedad laboral. Estos datos no son necesarios si se solicita exclusivamente la capitalización para la subvención de cuotas a la Seguridad Social.

4. Memoria del proyecto explicativa de la actividad a realizar, si se trata de incorporación a una cooperativa o sociedad laboral creada anteriormente, pero que aún no ha iniciado la actividad.

En el caso del inicio de actividad autónoma:

La solicitud deberá acompañarse de:

1. La memoria explicativa sobre el proyecto de la actividad a desarrollar y de la inversión a realizar, salvo que se solicite exclusivamente la modalidad de subvención de cuotas a la Seguridad Social.

2. Cualquier documentación que justifique que el proyecto puede llevarse a cabo.

¿Cómo debe Justificar la inversión?

En los supuestos de pago único concedido para el ejercicio de una actividad por cuenta propia, se justificará que el importe del pago único se ha destinado a dicha actividad mediante la presentación de todo tipo de documentos contables (facturas, recibos de alquiler, escrituras, contratos de compraventa o traspaso, etc.), donde figuren las cantidades abonadas por cada uno de los conceptos.

Las aportaciones dinerarias al capital social se justificarán mediante la certificación del depósito de las correspondientes cantidades a nombre de la sociedad, en la entidad de crédito que la notaría haya incorporado a la escritura de constitución o de ejecución del aumento del capital social. En esta certificación además constarán las aportaciones realizadas por cada socio o socia y se describirán las aportaciones no dinerarias, así como su valoración en euros.

Si se hubiera destinado parte del pago único a hacer una aportación voluntaria a una cooperativa, se deberá acreditar que se ha destinado al capital social, mediante certificación de su órgano de gobierno, así como el compromiso adquirido por la persona trabajadora ante la cooperativa de que dicha aportación voluntaria permanecerá en la cooperativa el mismo tiempo que la aportación obligatoria, o al menos, el mismo tiempo durante el que se hubiera percibido la prestación contributiva, de haberla percibido mes a mes.

¿Qué obligaciones asume?

1. Una vez percibido el importe de la prestación, iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes.

2. Presentar ante el Servicio Público de Empleo Estatal la documentación que justifique el inicio de la actividad, en el plazo de un mes según la actividad que inicia y las modalidades de pago único que se conceden:

3. Pago a tanto alzado:

  • Socios de cooperativas cuando se trate de incorporación a una cooperativa preexistente.

           – Acuerdo de admisión como socio trabajador de la cooperativa.

           – Justificante de haber realizado las aportaciones a la cooperativa, incluyendo la cuota de ingreso.

           – Documento de alta de la persona trabajadora en la Seguridad Social.

       – Certificado del previo acuerdo del Consejo Rector de la cooperativa por el que se le admitirá como socio trabajador con carácter estable en caso de superación del periodo de prueba, en el supuesto de que la cooperativa prevea en sus estatutos dicho periodo.

  • Socios o socias de cooperativas cuando se trate de una cooperativa de nueva creación.

           – Escritura pública de constitución de la cooperativa y estatutos de la misma.

           – Documento justificativo de la inscripción en el Registro de Cooperativas.

           – Documento de alta de la persona trabajadora en la Seguridad Social.

  • Miembros de sociedades laborales o mercantiles, cuando se trate de incorporación a una sociedad laboral o mercantil preexistente.

          – Acuerdo de admisión como socio/a trabajador/a de la sociedad.

          – Justificante de haber desembolsado el importe correspondiente para la adquisición de acciones o

participaciones.

         – Documento de alta de la persona trabajadora en la Seguridad Social.

En el caso de sociedades mercantiles, justificante de la fecha de constitución de las mismas y de no haber mantenido vínculo contractual previo.

         – Miembros de sociedades laborales o mercantiles, cuando se trate de una sociedad laboral o mercantil de nueva creación.

  • Escritura pública de constitución de la sociedad y estatutos de la misma.
  • Documento justificativo de la inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil y Registro de Sociedades.
  • Documento de alta de la persona trabajadora en la Seguridad Social.

          – Personas trabajadoras autónomas.

  • Documento de alta en la Seguridad Social como autónomo o autónoma o certificado de ingreso en el Colegio Profesional correspondiente, en el caso de actividades no sujetas a cotizaciones a la Seguridad Social.
  • Justificantes de la inversión realizada.

           – Subvención de cuotas:

  • Boletín de cotización o justificante bancario de su ingreso, correspondiente al mes de inicio de la actividad, si figura de alta como autónomo o autónoma.
  • Copia de la nómina del mes de inicio de la actividad, si figura de alta como persona trabajadora por cuenta ajena en la Seguridad Social.

¿Cómo tributa el pago único?

Las prestaciones por desempleo percibidas en la modalidad de pago único están exentas del Impuesto sobre la renta, siempre y cuando la actividad se mantenga durante 5 años. Si al poco tiempo de poner en marcha el proyecto y antes de presentar la Declaración de la Renta, es consciente de su inviabilidad, lo aconsejable es declarar lo percibido como rendimiento del trabajo, tal y como se debe hacer con las prestaciones por desempleo.

¿Qué sucede si fracaso en mi proyecto empresarial?

         – Si ha recibido ya el importe total de su prestación, bien en pago único o bien en cuotas de la Seguridad Social ya no podrá percibir de nuevo el paro, puesto que se ha agotado la prestación.

      – Si le queda un remanente de la prestación por recibir, además de estar de nuevo en situación legal de desempleo, deberá cumplir los siguientes requisitos para poder solicitarlo:

  • Que haya transcurrido un tiempo equivalente a los meses durante los que hubiera recibido el paro si no hubiera pedido el pago único. Por ejemplo, si tiene reconocidos 18 meses de prestaciones a 1.000 euros mensuales y solicita el pago único para financiar 10.000 euros en su nuevo negocio, para poder recuperar el paro que le queda deberán haber pasado 10 meses desde que pidió el pago único, ya que el importe de 10.000 euros lo habría cobrado en 10 mensualidades de no haber pedido la capitalización.
  • Que no hayan pasado 60 meses desde el alta en el caso de haberse dado de alta como autónomo en la Seguridad Social. Durante los primeros 24 meses no será necesario justificar el motivo, y a partir del mes 24 tendrá que cesar en la actividad por motivos ajenos a la voluntad del autónomo (económicos, técnicos, productivos, organizativos, fuerza mayor, pérdida de la licencia para trabajar, cese involuntario del cargo de consejero).
  • Que no hayan pasado 24 meses desde el alta en el caso de haberse dado de alta como autónomo en una mutua alternativa a la Seguridad Social.

Para terminar, recuerde que tras el estallido de la anterior crisis, en el 2009 y con un número de nuevos parados muy similar al actual, un total de 32.695 desempleados capitalizaron su prestación para darse de alta como autónomos.

 

Fuente: CISS Contable Mercantil

El 10 de noviembre entró en vigor la nueva normativa sobre crowdfunding, cuya novedad principal es la llegada de un pasaporte europeo que permitirá operar transfronterizamente en toda la región, eliminando los obstáculos de las normativas nacionales en vigor.

Hasta no hace mucho tiempo, las únicas opciones para hacer frente a un negocio eran muy reducidas: bancos, ayuda familiar o ahorros propios. La llegada de las nuevas tecnologías abrió la puerta a nuevos tipos de financiación no convencional. Así nació el crowdfunding.

Se trata de una fórmula que sirve para poner en contacto a emprendedores y pymes que necesitan fondos con inversores dispuestos a otorgarlos. El crédito puede articularse mediante la concesión de un préstamo o la adquisición de acciones o participaciones.

El funcionamiento, grosso modo, es muy simple. El promotor del proyecto envía su propuesta a una plataforma que es quien la estudia y decide su publicación durante un tiempo determinado para que los potenciales inversores aporten fondos. Si en el plazo convenido no se llega a recaudar la cantidad prevista, se procede a la devolución del dinero.

La importancia de la financiación participativa está en su fácil acceso, en la libertad de decisión del inversor sobre la naturaleza de los proyectos en los que quiere participar y en la agilidad de la operativa digital o “en línea”.

El crowdfunding está siendo una opción cada vez más consolidada. Según consta en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), hay 33 plataformas de financiación participativa registradas oficialmente.

Todavía estamos lejos de los principales líderes mundiales, véase Estados Unidos, Reino Unido y China, esta última, con más de 370.000 millones de facturación, pero todo va a cambiar…

Eñ 10 de noviembre de 2021, entró en vigor el Reglamento (UE) 2020/1503 sobre los proveedores europeos de servicios de financiación participativa

Esta norma será de aplicación directa, sin perjuicio de que los proveedores que ya cuenten con licencia conforme a la legislación nacional puedan continuar prestando servicios conforme a la misma durante un año más, hasta el día 10 de noviembre de 2022.

Hasta ahora hemos convivido con distintos regímenes nacionales, pero con la nueva regulación europea las plataformas de financiación participativa podrán operar en igualdad de condiciones en todo el mercado continental. Es una gran oportunidad y una prueba de fuego, para el sector español porque, aunque resulte obvio decirlo, también será más fácil para las plataformas europeas prestar estos servicios en nuestro país.

Las novedades incluidas en la reforma respecto a la normativa vigente en España (Titulo V de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial) son numerosas y muy “seductoras”. Entre otras, les recordamos las siguientes:

Autorizaciones

Conforme a la normativa nacional, las plataformas de financiación participativa deben contar con autorización de la CNMV y constar inscritas en el registro profesional dependiente de este organismo.

La Ley 5/2015 establece que las PFP para ser autorizadas deberán tener como objeto social exclusivo las actividades enumeradas en la Ley y cumplir unos requisitos similares a los que se exigen a los demás intermediarios financieros:

  • Revestir la forma de sociedad de capital.
  • Tener su domicilio social en la Unión Europea.
  • Cumplir con determinadas condiciones financieras.
  • Disponer de una buena organización, administradores cualificados, medios adecuados, reglamento interno de conducta y planes de continuidad sobre la prestación de servicios tras el cese de actividad.

Por su parte el Reglamento 2020/1503, que remite a la autoridad competente del estado miembro para otorgar su autorización, también fija determinadas salvaguardias prudenciales.

Los proveedores de servicios de financiación participativa deberán contar en todo momento con recursos prudenciales que alcancen 25 000 euros o, de ser más elevada, la cuarta parte de los gastos fijos generales del ejercicio anterior.

Al igual que en la normativa nacional, las salvaguardias prudenciales pueden adoptar la forma de fondos propios, seguro de responsabilidad civil, o bien en una combinación de ambas.

Por su parte, será ESMA (European Securities and Markets Authority) la que mantendrá un registro europeo de proveedores a efectos de transparencia, adicional a los de las autoridades competentes.

Pasaporte europeo

Tal y como hemos indicado líneas atrás, una de las novedades más relevantes, si no la más, es la posibilidad de que los proveedores de financiación participativa se beneficien del pasaporte europeo. Al tratarse de empresas que operan online y siendo Internet un mercado global, la determinación de un marco geográfico europeo era y es clave para que el crowfounding aumente su oferta y se encumbre definitivamente como una alternativa de inversión sólida.

Este pasaporte permitirá operar transfronterizamente en toda la Unión y eliminará los obstáculos de las normativas nacionales. Esta noticia ha sido acogida con entusiasmo por todo el sector. Se espera que el pasaporte sea el trampolín que permita a las plataformas participativas europeas alcanzar los niveles de financiación de otros mercados como el americano y el asiático.

Promotores

En lo que respecta a los promotores, el cambio más importante introducido por el nuevo marco es que el umbral para el importe total de las ofertas de financiación participativa que puede realizar un determinado promotor para un proyecto en una plataforma será como máximo de 5 millones de euros calculados a lo largo de un periodo de 12 meses. Este techo en la norma española se aplica únicamente si el proyecto se dirige en exclusiva a inversores acreditados, quedando establecido el límite máximo por proyecto a nivel general en 2 millones de euros durante el cómputo anual. Esta ampliación se justifica por ser el tope asumido por la mayoría de los países europeos y porque, al no superar los 5 millones, las ofertas no están obligadas a publicar un folleto.

Gestión individualizada

Otra de los cambios del nuevo reglamento de microfinanciación es la posibilidad de ofrecer un servicio de gestión individualizada de carteras de préstamos, lo que permitirá que las plataformas administren de forma discrecional los proyectos en los que una persona desea invertir, hasta una cantidad previamente acordada, en base a un mandato individual otorgado por el inversor.

Protección del inversor

No podemos olvidar que uno de los objetivos principales perseguidos por la regulación del sector financiero, es la protección del inversor. Se instaura un marco de custodia mejorado de información al inversor. Si en España se distingue entre inversor acreditado y no acreditado, a nivel europeo estas figuras se corresponden a las de inversor experto o inexperto. Es alrededor de estos últimos donde se hace mayor hincapié:

  • Deberán pasar unas pruebas que demuestren su cultura financiera.
  • Estas condiciones de entrada tendrán que ser revalidadas cada dos años.
  • Las plataformas serán las responsables de asegurarse de que estos inversores no profesionales sean conscientes y acepten las pérdidas a las que se exponen,
  • Siempre que este inversor quiera destinar más de 1.000 euros a un proyecto o más del 5% de su patrimonio neto, deberá recibir una advertencia de riesgo, manifestar su consentimiento y demostrar que los comprende.

Además, el inversor no experimentado tendrá un periodo de reflexión de cuatro días para echarse atrás.

Finalmente, solo recordar, que el nuevo régimen de conflictos de intereses prohíbe a los directivos, empleados o accionistas de la plataforma e incluso a la propia plataforma participar en los proyectos que publica y prestar servicios de financiación participativa a los consumidores.

Habrá que ver cómo se posicionan las plataformas para aprovechar esta gran oportunidad y adaptan sus procedimientos a la nueva normativa, algo que tendrá que ocurrir antes de que transcurran 12 meses desde la entrada en vigor, esto es, antes del 10 de noviembre de 2022.

 

Fuente: CISS Contable Mercantil

Una de las ventajas de disponer de una tarjeta de crédito es la flexibilidad de pago que ofrece. Sin embargo, además de tener que hacer frente a intereses, es posible que lleven aparejadas comisiones de emisión y de mantenimiento. Pero hay opciones para evitar esos costes.

La tarjeta de crédito suele ser un producto bancario que destaca por su flexibilidad. A diferencia de lo que ocurre con la tarjeta de débito, con la de crédito es posible pagar a plazos sin recurrir al saldo de la cuenta corriente. Al disfrutar de este tipo de financiación, sin embargo, se deberán pagar intereses. Aunque también es posible pagar a fin de mes sin ningún sobrecoste. En cualquier caso, mientras que algunas tarjetas de crédito son gratis, otras tienen comisiones de emisión y de mantenimiento.

Los expertos del comparador financiero HelpMyCash.com señalan que existen diferentes alternativas para eliminar estos costes. Contratar una tarjeta de crédito sin cambiar de banco o vincularse con la entidad son algunos de los consejos que se pueden poner en práctica para dejar de pagar comisiones por la tarjeta.

SOLICITE UNA TARJETA DE CRÉDITO GRATUITA SIN CAMBIAR DE BANCO

Aquellos que no estén satisfechos con las condiciones de la tarjeta de crédito de su banco, ya sea porque no tiene suficientes ventajas, porque su tipo de interés es muy alto o porque tiene comisiones de mantenimiento, pueden contratar una tarjeta de crédito sin domiciliar la nómina o los ingresos en otra entidad. De esta manera, podrán mantener su cuenta actual y, a la vez, tener una tarjeta mejor.

WiZink, por ejemplo, es una de las entidades que no requieren de la apertura de una cuenta ni de la contratación de otros productos para otorgar una tarjeta de crédito. Además, ofrece tarjetas de crédito con ventajas únicas. Muestra de ello eslatarjeta de crédito WiZink Me con una devolución del 3%en las compras realizadas en moda, ocio, viajes o alimentación (el cliente debe escoger dos de las cuatro categorías en las que se le aplicará la bonificación). Eso sí, sólo se podrá conseguir una remuneración de seis euros al mes, para un total de 72 euros al año. Al no ser necesario abrir una cuenta en el banco online, la tarjeta se puede domiciliar en cualquier cuenta.

Leer más…

 

Fuente: El Mundo

Anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda y Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

Se prevé la aprobación de reducciones en el IRPF y recargos en el IBI y también la reducción de la bonificación en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda.

Materias afectadas:

  • Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
  • Impuesto sobre Sociedades.
  • Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Una vez logrado el consenso de los socios de Gobierno, en el pasado Consejo de Ministros del día 26 de octubre, fue aprobado el Anteproyecto de Ley por el derecho a la vivienda, que se tramitará por el procedimiento de urgencia para que pueda ver la luz como ley en el menor plazo posible. El texto incluye medidas de diversa índole con la pretensión de alcanzar los objetivos de mejora del acceso a la vivienda, entre ellas, algunas de carácter tributario con un doble sentido: por un lado, incentivar con reducciones en el IRPF la disminución de las rentas de alquiler por parte de los arrendadores de viviendas sobre contratos anteriores y por el otro, penalizar con recargos en el IBI a los propietarios de viviendas vacías que no las pongan en alquiler.

En paralelo, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, incluye una reducción de la bonificación en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda.

Estímulos fiscales a los caseros.

Bajo el epígrafe de la «Creación de un entorno fiscal favorable para la reducción de los precios del alquiler y el incremento de la oferta a precio asequible», se pretende establecer una mejora de la regulación en el marco del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para incentivar el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles.

Para ello se implementará una reducción modulada del rendimiento neto del alquiler de vivienda habitual partiendo de un porcentaje del 50 %, que podrá incrementarse en función de que se produzcan las siguientes situaciones:

Bajada de la renta en zona tensionada. Cuando se firme un nuevo contrato en una zona de mercado residencial tensionado, con una reducción de al menos un 5 % sobre la renta del contrato anterior: 90 %

Alquiler por primera vez de viviendas en áreas tensionadas a jóvenes. En caso de nuevos contratos de arrendamiento a jóvenes de entre 18 y 35 años en las áreas calificadas como tal: 70 %

Vivienda asequible incentivada o protegida. Vivienda arrendada a la Administración pública o entidad del tercer sector, o acogida a algún programa público de vivienda que limite la renta del alquiler: 70 %

Rehabilitación o mejora. En caso de que se hubiesen llevado a cabo obras de rehabilitación en los dos años anteriores: 60 %

Penalización a las viviendas vacías.

El Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda marca la pauta clara para que los ayuntamientos puedan aplicar el recargo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, siempre y cuando el propietario o titular cuente con un mínimo de cuatro viviendas, salvo causas justificadas de desocupación temporal.

Por otro lado, se establece una modulación progresiva de dicho recargo, que actualmente está situado en el 50 % de la cuota líquida del IBI y que podrá alcanzar el 150 %, en función del tiempo de desocupación y del número de viviendas desocupadas del mismo titular en el término municipal.

Obtención de recursos para pagar los incentivos.

Para poder sufragar los incentivos fiscales a los pequeños propietarios que permitirán bajar los alquileres, ya afectados por la congelación en zonas tensionadas, el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, incorpora una fuerte reducción del 85 % al 40 % de la bonificación fiscal en el Impuesto sobre Sociedades para las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas.

 

Fuente: CISS Wolters Kluwers. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

A partir del sexto año caen los coeficientes máximos y se tributará menos.
Los expertos descartan que los ayuntamientos puedan mantener rebajas.

La venta de un inmueble durante los cinco primeros años desde su adquisición, tributará por el impuesto de Plusvalía (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana -IIVITNIU-) si existe una incremento del valor del terreno, por encima de lo que lo hubiese hecho con el anterior sistema, anulado por el Tribunal Constitucional, en sentencia de 26 de octubre de 2021, y sustituido por el Gobierno a través de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre.

Sin embargo, a partir del quinto año, los índices máximos aplicables son inferiores a los que venían empleándose por los municipios, llegando, por ejemplo a situarse en el 45% del valor catastral en lugar de sobre el 60% , que se aplicaba sobre las valoraciones de compraventa de más de 20 años entre la adquisición y la venta del inmueble.

Alejandro del Campo, asesor fiscal en la firma DMS, legal intelligence explica que «sorprende que se haya introducido una reducción tan importante de la base imponible del Impuesto de Plusvalía (comparando los cálculos objetivos, el de la vieja y el de la nueva plusvalía), a partir de los cinco años siendo propietario del inmueble transmitido (por venta, herencia, etc.)».

Y añade que «la reducción todavía puede ser superior si el cliente rechaza ese cálculo objetivo de la nueva plusvalía porque puede acreditar con escrituras que el incremento es inferior (por lo que respecta al terreno), o incluso no pagar nada si acredita que no ha existido incremento real o se ha producido pérdida».

¿Cómo es el nuevo sistema?

A partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, la base imponible del impuesto pasa a regirse por el nuevo artículo 107 del texto Refundido de las Haciendas Locales (TRLHL), según el cual se aplica el valor catastral del terreno, con un periodo de generación desde el mes +1, puesto que desaparece la exclusión de la tributación de las transmisiones efectuadas en el primer año desde la última transmisión sujeta, hasta un máximo 20 años, computando años completos, salvo que sea inferior al año, en el se prorratea el coeficiente anual teniendo en cuenta los meses completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones de mes. Y, finalmente, se aplican los coeficientes fijados por las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento, sin que puedan exceder de los fijados como máximos en este artículo 107 del TRLHL. La norma busca que el tributo para que refleje en todo momento la realidad del mercado inmobiliario y garantiza que los contribuyentes que no obtengan una ganancia por la venta de un inmueble estarán exentos de pagar el impuesto.

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Fuente: El Economista