Ser un profesional autónomo no es fácil. La carga tributaria y las dificultades de financiación son mayores que en las empresas y las desgravaciones y deducciones son pocas. Eso sin mencionar que responde ante las deudas con su patrimonio personal. ¿Ha pensado alguna vez en pasar de ser autónomo a constituir una Sociedad Limitada? ¿Tiene claro cuándo debe hacerlo? ¿Sabe cuáles son los trámites a seguir?

Momento.

El momento de cambio no es susceptible de cálculos matemáticos, pueden ser todos o ninguno, depende de cada situación.

Es cierto que el inicio de una actividad emprendedora es más fácil bajo la forma jurídica del autónomo, la simplicidad de los trámites avalan esta afirmación. Sin embargo, de manera general los expertos insisten en que, a medio, largo plazo son cinco las causas que le conducirán a la adopción de una figura societaria. Más concretamente a la de la sociedad de responsabilidad limitada.

– Ingresos anuales superiores a 40.000 €. (Para reducir el porcentaje de gravamen fiscal, tributando a un tipo fijo por el Impuesto de Sociedades, en lugar de un porcentaje creciente por IRPF)

– Protección del patrimonio personal.

– Facilidad para trabajar con grandes empresas

– Agilidad en la obtención de créditos bancarios.

– Formalización de relación con colaboradores habituales.

Estos son solo las cinco razones más frecuentes por las que un autónomo se convierte en Sociedad Limitada, pero hay más y en general suelen ir de la mano con el crecimiento del negocio.

El Paso.

Para pasar de ser autónomo a crear una sociedad limitada, debe seguir exactamente los mismos trámites que si fuera a crear una sociedad desde cero, con una primera gestión añadida que no es otra que la de solicitar la baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

ATENCIÓN: La baja se hace efectiva desde el primer día del mes siguiente al que se solicita y este trámite se puede ejecutar online con certificado digital o en persona.

Tenga en cuenta además, que aunque siempre podrá encargar la creación de su Sociedad Limitada a un Punto de Atención al Emprendedor (PAE) acreditado por el Ministerio de Economía e Industria, si decide hacerlo usted mismo, tendrá que llevar a cabo las siguientes gestiones:

Solicitar el nombre de la Sociedad.

Deberá acudir al Registro Mercantil Central y pedir el certificado negativo de denominación social, que acredite que el nombre que ha elegido para su empresa no está siendo usado por otra. Si lo prefiere, puede hacerlo también de forma online. https://www.rmc.es/privado/CertificacionesDenominaciones.aspx

La solicitud debe contener una terna de posibles nombres. Expedida la certificación de que no figura registrada la denominación solicitada, ésta quedará registrada a su nombre durante el plazo de SEIS MESES, contados desde la fecha de expedición.

La certificación negativa tendrá una vigencia de TRES MESES a efectos de otorgamiento de escritura, contados desde la fecha de su expedición por el Registrador Mercantil Central. Caducada la certificación el interesado podrá solicitar su renovación con la misma denominación. A la solicitud deberá acompañar la certificación caducada.

Transcurridos los SEIS MESES de reserva de denominación sin haberse realizado la inscripción en el Registro Mercantil Provincial correspondiente, la denominación causará baja en la Sección de denominaciones del Registro Mercantil Central, por lo que debe solicitarse una nueva.

Abrir una cuenta bancaria a nombre de la SL.

A continuación debe ir a una entidad financiera, y abrir una cuenta bancaria a nombre de la Sociedad Limitada. En ella tiene que ingresar el capital mínimo inicial, esto es, 3.000 euros. En la propia entidad le facilitarán un certificado de dicho ingreso, para que posteriormente lo entregue en la notaría.

Redactar los estatutos sociales.

Las normas que regirán su Sociedad se denominan estatutos sociales, y van incorporados a la escritura pública de constitución que será firmada posteriormente.

Los estatutos deben redactarse por los propios socios de la empresa, pero también se puede delegar esta tarea en un asesor o en el propio notario.

Entre otros, los aspectos clave que deben recoger los estatutos son los siguientes:

– La denominación de la sociedad.

– La actividad a la que se va a dedicar la empresa.

– El capital social.

– La domiciliación social.

– El número de participaciones en la que se divide y el valor nominal de cada una

– El sistema de administración de la sociedad.

Firmar la escritura pública de constitución.

Hechos los trámites anteriores, tiene que acudir a una Notaría para la firma de la escritura pública de constitución. El precio de este trámite, normalmente es un porcentaje del capital escriturado. Para ello, hay que aportar los siguientes documentos:

  • Los estatutos sociales.
  • El DNI original de cada uno de los socios.
  • El original de la certificación negativa del Registro Mercantil Central.
  • La certificación del banco de la aportación al capital social.
  • La declaración de inversiones exteriores, si algún socio es extranjero.

Acudir a la Agencia Tributaria.

Lo siguiente que debe hacer es cumplir con unas gestiones en Hacienda:

a) Solicitar el Número de Identificación Fiscal (NIF) provisional de su SL, además de las etiquetas y tarjetas definitivas, presentando:

  • Una fotocopia de tu DNI.
  • Una fotocopia de la escritura de constitución.
  • El modelo 036 cumplimentado solicitando.

b) Pedir el alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.

Todo ello, previo al inicio de la actividad y antes de la emisión o recepción de cualquier factura o encargo a nombre de la sociedad.

c) Darse de alta en el IAE

El Impuesto de Actividades Económicas (IAE) es un tributo local que grava la actividad de las empresas, los profesionales y los artistas. Hacen falta tantas altas como actividades se vayan a realizar. Para darse de alta en el IAE, hacer una modificación o causar baja, deberá presentar:

  • El NIF provisional de la sociedad
  • El modelo 840

ATENCIÓN: No tendrán que pagar este gravamen aquellos cuya cifra de negocio sea inferior a 1 millón de euros anuales. A estos sujetos solo se les exigirá que aporten el modelo 036, especificando aquellos epígrafes IAE a los que se quieran acoger.

d) Realizar la declaración censal (IVA)

En la declaración censal se refleja el comienzo en la actividad, pero también la modificación o el cese en la misma, en su caso. Deben presentarla los empresarios, profesionales, artistas y todas las personas que tengan obligaciones tributarias. A la hora de solicitarla, hay que aportar estos documentos:

  • El NIF provisional de tu SL.
  • El modelo 036.
  • El documento que recoge el alta en el IAE.

Inscribir la SL en el Registro Mercantil.

Debe inscribir su sociedad en el Registro Mercantil de la provincia donde tenga su domicilio social. Tiene un plazo de dos meses desde la firma de la escritura de constitución. Los documentos que debe entregar al Registro son los siguientes:

  • Una copia auténtica de la escritura de constitución.
  • Una copia del NIF Provisional.
  • La certificación negativa de denominación social.

Acudir a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para:

a) Dar de alta en la Seguridad Social de todos los administradores y socios de la S.L. de forma que coticen y puedan realizar sus tareas conforme a la ley. El periodo para realizar estas altas es de 30 días naturales desde que la empresa inicia su actividad

b) Pedir el número de patronal para, en su caso, proceder a la contratación de trabajadores

Recabar en el Ayuntamiento la licencia de apertura del local (en su caso)

Solicitar el NIF definitivo.

En último lugar tendrá que volver a la Agencia Tributaria, y canjear la tarjeta provisional de NIF por la definitiva.

Contabilidad.

Las obligaciones contables que ha tenido como autónomo son infinitamente menores que las que le van a corresponder como Sociedad Limitada.

Como autónomo estaba obligado a llevar tres libros-registro. El de facturas emitidas, el de facturas recibidas y el de bienes de inversión.

Como Sociedad Limitada tendrá que llevar una contabilidad ordenada, ajustada al Código de Comercio y basada en el Plan General Contable. Será de obligatoria cumplimentación el libro de inventario y cuentas anuales y el libro diario.

EL TRASPASO.

De activos.

El traspaso de los activos con los que cuenta como empresario individual se puede realizar de varias formas:

– Mediante su arrendamiento: Seguir siendo propietario de los bienes y alquilárselos a la nueva empresa.

– Previa venta a la nueva empresa, pero con la obligación de pagar los impuestos generados por esta operación: IAJD (Impuesto de Actos Jurídicos Documentados) y ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) e IVA (Impuesto sobre el valor añadido)

– Por medio de una aportación no dineraria: La más habitual y recomendada por los especialistas. Transmitir sus activos a la sociedad mediante aportaciones no dinerarias. Es decir, en lugar de aportar dinero en efectivo, entregue los activos que usted tenía afectos a la actividad desarrollaba de forma individual.

ATENCIÓN:

– es aconsejable, aunque no obligatorio en Sociedades Limitadas, adoptar precauciones en la valoración de los activos aportados (Informe de Expertos independientes)

– Tanto la constitución como ampliación de capital están exentas del pago de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

De empleados:

El traspaso de los empleados contratados como profesionales autónomos se lleva a cabo a través de una subrogación empresarial, de esa forma se garantizan los derechos adquiridos y las obligaciones de los trabajadores. (Art. 44 ET).

La subrogación es el cambio del empleador del trabajador, es decir, el cambio del empresario o empresa que tiene contratado al trabajador. Esta situación puede ser debida a la compra o absorción de una empresa por otra, o simplemente porque la empresa decide cambiar de denominación.

De créditos, préstamos y pólizas.

Debe comunicar la situación a la entidad financiera para realizar una subrogación. Recuerde que aunque Ud. va a seguir teniendo la obligación de pago, ya no será a título personal si no bajo la forma jurídica de la Sociedad creada.

De local alquilado.

Una vez obtenido el visto bueno del arrendador, puede formalizar una subrogación del contrato o solicitar una cancelación y apertura de uno nuevo.

Si el contrato lo permite, el traspaso o cesión puede llevarse a cabo aún en contra de la voluntad del dueño del local, pero es muy habitual que en el contrato se pacte lo contrario. El titular deberá ser notificado de la cesión obligatoriamente y podrá aumentar la renta hasta un 20%.

 

 

Fuente: CISS Contable Mercantil (Ainoa Iriarte Ibargüen)

Hay que conocer el riesgo que se asume y las comisiones ocultas en un producto sin TAE.

Las subidas de tipos de interés que ha emprendido el Banco Central Europeo (BCE) van a provocar una avalancha de ofertas en productos de ahorro. A los tradicionales depósitos y cuentas corrientes de los bancos se empiezan a sumar las aseguradoras, que tienen todo un catálogo de pólizas que permiten ahorrar e invertir. Conocer bien en qué consisten esos seguros es fundamental para no llevarse sorpresas desagradables.

La fórmula bajo la que se articulan los productos financieros del sector asegurador suele ser la misma, aunque hay muchas tipologías jurídicas y fiscales detrás. Se trata siempre de un capital, que se aporta de golpe o poco a poco, para contratar un seguro de vida.

En estos seguros de vida-ahorro, la indemnización que cubre la póliza de vida en caso de fallecimiento es residual. En cambio, la mayor parte del capital tiene un componente puramente financiero: la aseguradora lo guarda en nombre del cliente y se dedica a conseguir una rentabilidad para él.

Las modalidades de estos seguros de vida-ahorro son múltiples: planes individuales de ahorro sistemático (PIAS), seguros individuales de ahorro a largo plazo (Sialp), rentas vitalicias, unit linked… Las denominaciones pueden echar para atrás. Cada uno de ellos tiene sus propias especificidades en cuanto a cómo tributan, qué liquidez tienen y cuánto riesgo pueden asumir en nombre del cliente.

En España ya hay 184.730 millones de euros en seguros de vida-ahorro, de acuerdo con los datos de Unespa –la patronal aseguradora–, correspondientes a junio. De hecho, hay más dinero ahorrado por esta vía que en planes de pensiones (117.000 millones).

TODAS LAS MODALIDADES SEGUROS DE VIDA-RIESGO

  • Sialp. Los seguros individuales de ahorro sistemático son la modalidad más conservadora de los seguros de vida-riesgo. Y también la figura más joven. Desde su creación en 2015 se han acumulado 4.000 millones de euros en este producto. Como la compañía debe garantizar el 85% de la inversión, las rentabilidades son siempre comedidas. El tope máximo de aportación son 5.000 euros y si se rescata a partir del quinto año no hay que tributar por los rendimientos generados.
  • Pias. Los planes individuales de ahorro sistemático se crearon en 2007 para fomentar que la gente fuera haciendo aportaciones mensuales a su producto de vida-ahorro. Los primeros años predominaron los PIAS que ofrecían rentabilidades garantizadas, pero con los bajos tipos de interés se extendieron más los PIAS flexibles, que ya no dan un tipo garantizado y entrañan más riesgo. El dinero se puede recuperar en cualquier momento, pero puede haber penalizaciones. El tope máximo de aportación es de 8.000 euros al año. Hay 14.000 millones ahorrados aquí.
  • Unit linked. Es lo más parecido a un fondo de inversión que hay dentro del mundo asegurador. El tomador asume todo el riesgo de los activos subyacentes. Hay 20.000 millones bajo esta fórmula.
  • Rentas vitalicias. Se aporta un capital y la aseguradora se compromete a abonar una renta mensual hasta el momento del fallecimiento, ya sea con cargo al capital aportado o solo con los rendimientos que se generan. Cuando la persona es muy anciana no compensa su contratación. Las aseguradoras tienen 86.000 millones bajo esta fórmula.
  • Capitales diferidos. Lo utilizan las empresas para los planes de incentivos de sus empleados. Acumulan 45.000 millones.

El punto en común de todos estos productos es que se basan en una póliza de vida. Pero las diferencias son tan grandes que conviene entender muy bien el producto que se contrata. Además, los problemas que ha atravesado la banca en los últimos años han hecho que hayan potenciado mucho la venta de estos seguros, que muchas veces son difíciles de explicar.

Retorno y costes.

Nadie da duros a pesetas. Tampoco las aseguradoras. Hoy por hoy, los tipos que ofrecen los bancos en los depósitos a un año están todavía en el 0,02% (con alguna salvedad, como la promoción del Banco Pichincha, que da un 0,5% anual para captar clientes). Los seguros que ofrecen un tipo de interés garantizado, nunca pueden ofrecer unos tipos que estén muy por encima de esos niveles. Y, si así fuera, mejor desconfiar ya que una mayor rentabilidad será a costa de asumir mayor riesgo.

Por ejemplo, el PIAS 6M de Mapfre está dando una rentabilidad garantizada revisable semestralmente, que ahora está en el 0,30%. Para asegurar un nivel mínimo de rentabilidad, las aseguradores recurren a comprar deuda pública de la máxima calidad, cuyos rendimientos han estado bajo mínimos en los últimos años y han impuesto por tanto muy bajos retornos a los seguros. Pero el alza actual de rentabilidad de los bonos, sí abre ahora la posibilidad de pagar más al cliente.

Banca March lanzó la semana pasada el producto Avantia Ahorro Plus, un seguro a prima única que permite obtener una rentabilidad del 1,25% el primer año. Con un tope de inversión de 50.000 euros y penalización por rescate anticipado. Se trata de un producto gancho, con un interés por encima del mercado.

Carlos Lluch, fundador de la correduría de seguros Lluch & Juelich, explica que “es muy importante que el cliente tenga en cuenta que el dinero que va a generar esa rentabilidad no es exactamente el que pone el cliente”. Así, en el caso de estos seguros de vida-ahorro, del capital aportado hay que descontar la parte que va para suscribir la póliza de vida pura y dura, descontar los gastos de gestión de la aseguradora, y descontar los gastos de comercialización (que cobra el agente, la sucursal bancaria o la correduría). Al final, el cliente que ha puesto 5.000 euros para contratar un seguro se puede dar cuenta de que el interés comprometido solo se aplica sobre 4.500 euros. Puede ser más o menos en función de los gastos aplicados.

Además, una de las peculiaridades de la comercialización de estos productos es que estos gastos de comercialización se pueden cobrar por anticipado. Esto hace que en muchas ocasiones tengan que pasar muchos años hasta que el cliente pueda recuperar al menos el montante total de dinero desembolsado.

Un asesor financiero que ha podido analizar cientos de pólizas de seguros asegura que “en la mayoría de los casos se tarda mucho tiempo hasta que se recupera el capital invertido, porque pesan mucho las comisiones iniciales”. Según comenta, hay algunos productos analizados que, pese a ofrecer un supuesto retorno anual del 6%, con todos los gastos asociados no se llega a generar retornos positivos hasta que no pasan 14 años.

Antonio Luis Gallardo, responsable jurídico de la asociación de defensa de los consumidores Asufin, recuerda que “en muchos de los seguros el gran problema es la liquidez, que está limitada en los primeros años o tiene recargos muy altos”. Este experto recuerda que a veces las compañías venden estos productos “como si fueran cuentas corriente”, sin explicar adecuadamente sus limitaciones.

Nivel de riesgo.

A diferencia de los depósitos o de las cuentas corrientes, que son productos muy estandarizados, los seguros de vida-ahorro presentan muchas modalidades.

En el nivel más bajo de riesgo aparecen los seguros de inversión a largo plazo (Sialp), en los que la aseguradora tienen que garantizar como mínimo el 85% del capital aportado. El tope de aportación es de 5.000 euros al año. En Cuenta Caixafuturo – Sialp, de CaixaBank– se garantiza en la actualidad un tipo de interés del 0,1%. El dinero se puede rescatar en cualquier momento, pero si se mantiene cinco años tiene una cierta ventaja fiscal.

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Fuente: Cinco Días

Esta sentencia facilita las devoluciones a aquellos que solo impugnaron la inexistencia del incremento del valor en la transmisión sin hacer alusión a la posible inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible de este impuesto.

El Tribunal Supremo ha fallado a favor de un recurso interpuesto por un particular que pedía a un ayuntamiento la devolución del impuesto de plusvalía, al considerar que esta liquidación «es inválida y carente de eficacia por la inconstitucionalidad de las normas legales de cobertura».

Esta sentencia facilita las devoluciones a aquellos que solo impugnaron la inexistencia del incremento del valor en la transmisión sin hacer alusión a la posible inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible de este impuesto.

En este caso en particular, la sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo analiza unos recursos presentados contra el Ayuntamiento de Lleida respecto a unas compraventas de viviendas y locales por valor de 6 millones de euros.

El Alto Tribunal concluye que el pago correspondiente en este caso en concepto de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza (IIVTNU) «tiene un alcance confiscatorio de la riqueza gravada».

«Por tanto, cabe declarar que resultan contrarios al principio de capacidad económica y a la prohibición de confiscatoriedad aquellos supuestos en los que, como es el caso litigioso, el importe de la cuota tributaria a abonar en concepto del IIVTNU resulte equiparable, en una proporción materialmente equivalente a la cuantía de la plusvalía realmente obtenida por el obligado tributario, que una vez deducida la cuota que correspondería por IIVTNU es una plusvalía inapreciable en proporción al valor de adquisición», señala la sentencia.

En cualquier caso, esta cuestión (la inexistencia del incremento del valor) ya ha quedado superada actualmente, como consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad efectuada por el Pleno del Tribunal Constitucional en octubre del año pasado.

Por eso, la sentencia se centra sobre el hecho de que el recurrente no había impugnado la liquidación tributaria amparándose en la posible inconstitucionalidad del método de cálculo de la base imponible del tributo, tan solo esa inexistencia de incremento de valor.

No obstante, a los efectos de la declaración de responsabilidad subsidiaria, concluye que la liquidación tributaria por este impuesto, cuya deuda tributaria es objeto de la derivación de responsabilidad, «es inválida y carente de eficacia por la inconstitucionalidad de las normas legales de cobertura para efectuar la liquidación, y no puede servir de fundamento y presupuesto para la declaración de responsabilidad subsidiaria».

 

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

Consulta si en tu Comunidad Autónoma existen deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento, por ser familia numerosa o monoparental o por tener descendientes con discapacidad.

En el siguiente esquema se recogen las principales deducciones que puedes aplicar en la declaración del IRPF 2022, relacionadas con las siguientes situaciones:

1. Nacimiento, adopción o acogimiento.
2. Familias numerosas y monoparentales.
3. Descendientes con discapacidad.

DEDUCCIONES POR NACIMIENTO, ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO

Andalucía.

  • Nacimiento, adopción o acogimiento familiar: 200 € por cada hijo nacido, adoptado o por cada menor en régimen de acogimiento familiar simple, permanente o preadoptivo, administrativo o judicial, en el período impositivo en que se produzca el nacimiento, adopción o acogimiento. Dicha deducción será de 400 € si el contribuyente reside en un municipio con problemas de despoblación.
  • En caso de partos, adopciones o acogimientos múltiples la deducción se incrementará en 200 € por hijo en caso de parto, adopción o acogimiento múltiple, siempre que no superen los 25.000 euros en tributación individual o 30.000 euros en tributación conjunta.
  • Adopción internacional: 600 € por cada hijo adoptado si no se superan los 80.000 € en declaración individual o 100.000 en conjunta.

Aragón.

  • Nacimiento o adopción. Por primer o segundo hijo: 100 € por el primer hijo y 150 por el segundo. Puede incrementarse hasta 200 y 300 euros, respectivamente, por base en declaración conjunta inferior a 35.000 euros o 23.000 euros en individual; Requisito: residencia en poblaciones inferiores a 10.000 habitantes; Por tercer o sucesivos hijos: 500 € por cada hijo, únicamente en el año en que se produzcan. Puede incrementarse hasta 600 € por base en declaración conjunta menor de 35.000 € o 21.000 en individual; Por hijos con discapacidad igual o superior al 33%: 200 €, compatible con la deducción anterior.
  • Adopción internacional: 600 € por cada hijo adoptado en el año en que se produzca.

Illes Balears.

  • No existe.

Canarias.

  • Nacimiento o adopción: 200 € por el primer o segundo hijo; 400 € por el tercero; 600 € por el cuarto y 700 € por el quinto o sucesivo. Se añaden 400 € por el primer o segundo hijo con discapacidad en grado igual o superior al 65%, y 800 € por el tercer o posterior siempre que sobrevivan los anteriores discapacitados. Aplicable con rentas no superiores a 39.000 € en individual o 52.000 € en conjunta.
  • Acogimiento: 250 € por cada menor en acogimiento familiar de urgencia, temporal o permanente, prorrateándose la cuantía de la deducción por los días reales de convivencia durante el año.
  • Gastos por enfermedad: 10% de los gastos médicos o sanitarios, por prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, salud dental, embarazo y nacimiento de hijos, accidentes e invalidez, propios y de las personas del mínimo familiar. 10% de los gastos por aparatos y complementos, incluidas gafas graduadas y lentillas. Límite anual de 500 € en tributación individual y 700 € en conjunta, incrementándose en 100 € en tributación individual si el contribuyente acredita minusvalía igual o superior al 65%.
  • Como medida excepcional motivada por la erupción volcánica, los contribuyentes con residencia habitual en la isla de La Palma podrán deducir de la cuota autonómica un 35% de los gastos por enfermedad mencionados.

Cantabria.

  • Nacimiento o adopción: 100 € por cada hijo nacido o adoptado en el año correspondiente, siempre que la base liquidable, menos el mínimo personal y familiar, no supere los 31.485 €.
  • Acogimiento: 240 € o el resultado de multiplicar 240 € por el número máximo de menores acogidos simultáneamente en el año, con un límite de 1.200 €. Requisitos: menores seleccionados por entidad pública de protección de menores, no sean parientes del contribuyente y no sean adoptados durante el año.
  • Gastos sanitarios: 10% de los gastos por embarazo y nacimiento de hijos, por enfermedad, salud dental, accidentes e invalidez. Límite anual de 500 € en tributación individual y 700 € en conjunta; incrementándose en 100 € en tributación individual si el contribuyente acredita minusvalía igual o superior al 65% y la base imponible es inferior a 22.946 €. En caso de tributación conjunta el incremento es de 100 € por cada contribuyente con dicha discapacidad siempre que la base imponible sea inferior a 31.485 €.

Castilla-La Mancha.

  • Nacimiento o adopción: 100 € por partos o adopciones de un hijo; 500 € por dos hijos; y 900 € por tres o más hijos. Requisito: que el contribuyente genere derecho al mínimo por descendientes.
  • Acogimiento: 500 € por el primer menor en acogimiento familiar no remunerado y 600 € por el segundo o sucesivo. Requisitos: base imponible no superior a 12.500 € en tributación individual y 25.000 € en conjunta y no se perciban ayudas públicas vinculadas al acogimiento.

Castilla y León.

  • Nacimiento o adopción: 1.010 € por el primer hijo; 1.475 € por el segundo hijo; y 2.351 € por el tercero o sucesivos. El doble si el hijo tiene una minusvalía igual o superior al 33%. Incremento del 35% para los residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes. Aplicable a bases imponibles restado el mínimo familiar y personal que no superen 18.900 € en tributación individual o 31.500 € en conjunta.
  • Partos múltiples o adopciones simultáneas: Además de la anterior, la mitad del importe obtenido en aquella, si son dos hijos o bien, o una cuantía equivalente si son tres o más hijos. Además, 901 € durante los dos años siguientes al nacimiento o adopción. Límite: base imponible menos mínimo familiar y personal, 18.900 € en tributación individual y 31.500 € en conjunta.
  • Gastos por adopción: 784 € por cada adopción realizada en el año. 3.625 € en caso de adopción internacional. Compatible con las dos deducciones anteriores.

Cataluña.

  • Nacimiento o adopción: 300 € por hijo en declaración conjunta o en la declaración del progenitor de una familia monoparental; 150 € en individual.

Extremadura.

  • Partos múltiples: 300 € por hijo si la base imponible no supera 19.000 € en tributación individual o 24.000 € en conjunta (28.000 o 45.000 €, respectivamente, para contribuyentes con residencia habitual en municipios con población inferior a 3.000 habitantes).
  • Acogimiento: 250 € por cada menor en acogimiento familiar temporal, permanente o de urgencia, si se convive con el menor 183 días o más en el año; o 125 € si la duración es menos de 183 días y más de 90 días.

Galicia.

  • Nacimiento y adopción: 300 € por cada hijo o 360 € por parto múltiple, si la base imponible menos mínimo personal y familiar es igual o mayor de 22.000,1 €. Si es igual o menor de 22.000 €, 360 € por cada hijo; 1.200 € por el segundo y 2.400 € por tercero o siguientes. Se incrementa un 20% para residentes en municipios de menos de 5.000 habitantes. La deducción se extiende a los dos años siguientes con 300 € para base entre 22.000,01 € y 31.000 €, y 360 € para bases menores o iguales a 22.000 €; 1.200 € por el segundo y 2.400 € por el tercero o siguientes Las cuantías se duplican por discapacidad del hijo igual o superior al 33%.
  • Acogimiento: 300 € por cada menor en acogimiento familiar simple, permanente, provisional o preadoptivo, administrativo o judicial, si convive 183 días o más durante el año y no hay parentesco. Si se convive más de 90 y menos de 183 días, 150 €.

Madrid.

  • Nacimiento o adopción: 600 € por cada hijo, el año que se produzca y en los dos siguientes. Por partos o adopciones múltiples, se incrementa, el primer año, en 600 € por hijo. Requisitos: base imponible no superior a 30.000 € en tributación individual o 36.200 € en conjunta; no se aplica si la suma de las bases imponibles de toda la unidad familiar supera 60.000 €.
  • Adopción internacional: 600 € por cada hijo adoptado en el año, compatible con la deducción anterior.
  • Acogimiento: 600 € por el primer menor; 750 € por el segundo; y 900 € por tercero o sucesivos. Requisitos: que permanezcan en acogimiento más de 183 días y no hayan sido adoptados el mismo año; la suma de bases imponibles no supere 25.620 € en tributación individual o 36.200 en conjunta.
  • Familias con dos o más descendientes: 10% del importe resultante de minorar la cuota íntegra autonómica en el resto de las deducciones aplicables y la parte de deducciones estatales que se apliquen sobre dicha cuota autonómica. Requisito: la suma de las bases imponibles no supere 24.000 € tanto individual como conjuntamente.

Murcia.

  • Nacimiento o adopción: 100 € por el primer hijo; 200 € por el segundo; y 300 € por el tercero o sucesivos. Requisito: la suma de bases imponibles no supere 30.000 € en declaración individual o 50.000 en conjunta.

Valencia.

  • Nacimiento o adopción: 270 € por cada hijo. Aplicable en los dos años posteriores si la suma de la base liquidable general y del ahorro no supera 25.000 € en tributación individual o 40.000 € en conjunta.
  • Nacimiento o adopción múltiples: 224 €, si cumplen los requisitos para aplicar el mínimo por descendientes estatal y la suma de bases imponibles no supera 25.000 € en tributación individual o 40.000 € en conjunta.
  • Nacimiento o adopción de hijo discapacitado: 224 € si es el único hijo con discapacidad; 275 € si tiene un hermano discapacitado físico o sensorial. Requisito: discapacidad física o sensorial al menos del 65% o psíquica al menos del 33%; suma de bases imponibles inferior a 25.000 € en tributación individual o 40.000 € en conjunta.
  • Acogimiento: 270 € para todo el periodo impositivo, prorrateándose, en caso contrario, los días que dure el acogimiento. Requisito: suma de la base liquidable general y del ahorro no supere 25.000 € en tributación individual o 40.000 € en conjunta.
  • Conciliación del trabajo con la vida familiar: 418 € por cada hijo o menor en acogimiento permanente mayor de 3 y menor de 5 años. Se aplica a la madre o acogedora. Requisitos: los niños generen derecho al mínimo por descendientes; la madre o acogedora esté de alta en la SS o mutualidad y la suma de bases imponibles no supere 25.000 € en tributación individual o 40.000 € en conjunta.
  • Contribuyentes con dos o más descendientes: 10% del importe de la cuota íntegra autonómica una vez deducidas de la misma las minoraciones para determinar la cuota líquida autonómica, excluida la presente deducción. Requisito: la suma de las bases imponibles de los contribuyentes, descendientes que dan derecho al mínimo y la de todos los miembros de la unidad familiar, no supere 24.000 €

NOTAS: Las 3 primeras deducciones son compatibles entre sí y con la deducción por familia numerosa. / En las 5 primeras deducciones anteriores, existen límites y coeficientes de aplicación para otros niveles de base imponible.

DEDUCCIONES POR FAMILIAS NUMEROSAS O MONOPARENTALES

Andalucía.

  • Familia monoparental: 100 € por hijos menores de edad excepto si viven independientes de los padres con su consentimiento. También por hijos mayores de edad con discapacidad a quienes, por resolución judicial, asista un curador. Se incrementa en 100 euros por cada ascendiente mayor de 75 años que conviva con la familia monoparental.
  • Familia numerosa: 200 € las de categoría general y 400 € las de categoría especial. Requisito: base imponible no supere los 25.000 € en tributación individual y 30.000 en conjunta.

Aragón.

  • No existe.

Asturias.

  • Familia numerosa: 505 € las de categoría general y 1.010 € de categoría especial. Requisito: base imponible no supere 25.009 € en tributación individual y 35.240 € en conjunta.
  • Familia monoparental: 303 € sobre la cuota autonómica por descendientes a cargo y no se conviva con otra persona ajena a los descendientes, salvo ascendientes por los que se aplique el mínimo por ascendientes.

Illes Balears.

  • No existe.

Canarias.

  • Familia monoparental: 100 € si no se convive con otra persona distinta de los descendientes, salvo ascendientes por los que se aplique el mínimo por ascendientes. Requisitos: renta no supere 39.000 € en tributación individual o 52.000 € en conjunta.
  • Familia numerosa: 450 € las de categoría general y 600 € de categoría especial. Si algún cónyuge o descendiente tiene una discapacidad igual o superior al 65%, serán 1.000 € y 1.100 € respectivamente.

Cantabria.

  • Familia monoparental: 200 € anuales si la base liquidable, menos el mínimo personal y familiar, es inferior a 31.485 €.

Castilla-La Mancha.

  • Familia numerosa: 200 € las de categoría general y 400 € de categoría especial. Si algún cónyuge o descendiente tiene una discapacidad igual o superior al 65%, serán 300 y 900 € respectivamente.
  • Familia monoparental: 200 euros por hijos menores de edad excepto si viven independientes de los padres con su consentimiento o hijos mayores de edad que tengan establecida alguna de las medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica.

Castilla y León.

  • Familia numerosa: 500 € con carácter general. Si algún cónyuge o descendiente tiene una discapacidad igual o superior al 65%, será de 1.000 €. Se incrementa en 820 € por cada descendiente, a partir del cuarto inclusive, al que se aplique el mínimo por descendiente.

Cataluña.

  • No existe.

Extremadura.

  • No existe.

Galicia.

  • Familia numerosa: 250 € las de categoría general y 400 € de categoría especial. Si algún cónyuge o descendiente tiene una discapacidad igual o superior al 65%, serán 500 € y 800 € respectivamente.

Madrid.

  • No existe.

Murcia.

  • No existe.

La Rioja.

  • No existe.

Valencia.

  • Familia numerosa y monoparental: 300 € las de categoría general y 600 € de categoría especial. Requisitos: base imponible total inferior a 25.000 € en tributación individual o 40.000 € en conjunta para categoría general, e inferiores a 30.000 € o 50.000 €, respectivamente, para especial. Existen límites y coeficientes de aplicación para otros niveles de base imponible. Compatible con la deducción por nacimiento, adopción o acogimiento familiar, por nacimiento o adopción múltiple o por nacimiento o adopción de hijo discapacitado.

DEDUCCIONES POR ASISTENCIA O CUIDADO DE DESCENDIENTES CON DISCAPACIDAD

Andalucía.

  • 100 € por descendientes con discapacidad. Requisitos: suma de bases imponibles no supere 80.000 € en tributación individual o 100.000 en conjunta. Asimismo, el 20% del importe satisfecho a la SS en las cuotas a empleados de hogar, con límite de 500 € anuales. Aplicable también a ascendientes.

Aragón.

  • 150 € por descendientes con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, cuando convivan con el contribuyente, al menos la mitad del período impositivo. Requisitos: la persona dependiente no puede tener rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 € y la suma de las bases imponibles, menos el mínimo por contribuyente y descendientes, no supere los 35.000 € en tributación conjunta o 21.000 en individual.

Asturias.

  • No existe.

Illes Balears.

  • Minusvalía física o sensorial: 80 €, grado igual o superior al 33% e inferior al 65% y 150 €, grado igual o superior a 65%; Minusvalía psíquica: 150 €, grado igual o superior al 33%. Se aplica también por discapacidad de los propios declarantes. Requisito: la suma de bases imponibles no supere 13.750 € en tributación individual y 27.500 € en conjunta.

Canarias.

  • 500 € por descendiente con un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Requisitos: suma de bases imponibles no supere 39.000 € en tributación individual o 52.000 en conjunta. Aplicable también a ascendientes.
  • Los contribuyentes con residencia habitual en la isla de La Palma, podrán practicar una deducción en la cuota íntegra autonómica equivalente al resultado de aplicar el tipo de gravamen del primer tramo de la escala autonómica, sobre una base constituida por el 10% de la cuantía correspondiente al mínimo por discapacidad del descendiente, siempre que hayan sido desalojados de forma definitiva de los inmuebles donde residían o los inmuebles donde se ubicaban sus lugares de trabajo hayan sido destruidos como consecuencia de la erupción volcánica. Aplicable también a discapacidad de ascendientes o del propio contribuyente.

Cantabria.

  • 100 € por cada descendiente menor de 3 años, por cada ascendiente mayor de 70 y por cada ascendiente o descendiente, cónyuge o hermano con discapacidad física, psíquica o sensorial igual o superior al 65%, si conviven más de 183 días del año (salvo los menores de 3) y no tengan rentas brutas anuales superiores a 6.000 € o del 1,5 del IPREM en caso de discapacidad.

Castilla-La Mancha.

  • 300 € por cada descendiente con un grado de minusvalía igual o superior al 65% y que genere derecho a mínimo por discapacidad. Aplicable a ascendientes.

Castilla y León.

  • No existe.

Cataluña.

  • No existe.

Extremadura.

  • 150 € por cada descendiente con discapacidad igual o superior al 65%. Requisitos: convivencia ininterrumpida durante al menos la mitad del año y la base imponible no supere 19.000 € en tributación individual o 24.000 € en conjunta (28.000 o 45.000 €, respectivamente, para contribuyentes con residencia habitual en municipios con población inferior a 3.000 habitantes). La deducción será de 220 € para descendientes o ascendientes con reconocimiento de ayuda a la dependencia.

Galicia.

No existe.

Madrid.

No existe.

Murcia.

No existe.

La Rioja.

No existe.

Valencia.

No existe.

 

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

Es un requisito indispensable para cobrar prestaciones por desempleo.
Las sanciones dependen de la reincidencia de la persona infractora.

Todas las personas que reciben una prestación por desempleo o las que se han quedado recientemente sin trabajo tienen en mente la necesidad de inscribirse como demandante de empleo y de mantener esa inscripción hasta encontrar un nuevo puesto de trabajo para no tener problemas vinculados al pago del paro o de los subsidios.

No es un asunto baladí: todas las prestaciones por desempleo (el paro, los subsidios, la Renta Activa de Inserción…) obligan al ciudadano a inscribirse como demandante de empleo y a mantener esa inscripción durante todo el tiempo de cobro de las prestaciones. Es lo que se conoce como ‘sellar el paro’, algo que se hace de forma trimestral después de que durante la etapa más dura de la pandemia de coronavirus se realizase de forma automática por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

No renovar la demanda de empleo, por lo tanto, puede tener consecuencias muy negativas para el ciudadano que esté sin trabajo. El SEPE es muy claro al respecto en su página web y afirma que «suspenderá el abono de las prestaciones durante los periodos en los que las personas beneficiarias no figuren inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo y lo reanudará a partir de la fecha en que acrediten la nueva inscripción».

El SEPE también informa en su página web de que «no cumplir, salvo causa justificada, el requisito de mantener la inscripción como demandante de empleo, exigido para continuar percibiendo la prestación» supone una infracción leve recogida en el artículo 17 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que se puede consultar en este enlace del Boletín Oficial del Estado.

Las sanciones por no renovar la demanda de empleo.

Pero, ¿qué pasa si esta no inscripción se mantiene con el paso del tiempo? El SEPE tipifica infracciones de diferente grado que conllevan sanciones como la pérdida del derecho a la prestación. La duración de estas pérdidas depende de la reincidencia del beneficiario de la prestación:

  • Con una infracción se pierde un mes de prestación.
  • Con dos infracciones se pierden tres meses de prestación.
  • Con tres infracciones se pierden seis meses de prestación
  • Con cuatro o más infracciones se pierde definitivamente la prestación.

En este sentido, hay que contar las infracciones dentro de un año natural a contar desde la primera. O lo que es lo mismo: si pasado más de un año desde una infracción, la siguiente que el ciudadano pueda cometer contará como la primera a efectos de imposición de sanciones.

Cómo conseguir la demanda de empleo.

Por lo tanto, para evitarse problemas los ciudadanos deben estar atentos para inscribirse como demandantes de empleo antes de pedir una prestación por desempleo y para renovarla cada tres meses durante el cobro de cualquiera de esas prestaciones.

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Fuente: El Economista

La realización de un buen estudio de mercado te ayudará a minimizar los riesgos para montar una empresa, o para mejorar la que ya tienes en marcha.

Por qué es importante hacerlo.

La falta de presupuesto no debe ser una razón para lanzarte sin realizar un estudio de mercado. Está en juego la supervivencia misma de tu empresa. Los expertos repiten hasta la saciedad que son muchas las veces que ven cerrar un negocio a seis meses de montarlos. Son empresas con una oferta que está fuera del mercado porque se cae en el error de pensar que nuestras ideas son las mismas que las del público. Y no se contrastan. Recuerdan también que sólo salen al mercado un 20% de los productos que se testan así que es fácil imaginar lo que sucede con aquellos que ni siquiera llegan a testarse.

El calentón del emprendedor, que le lleva a creer que su idea es buena sin contrastarla y la creencia de que las investigaciones de mercado son caras están detrás de esta cruda realidad. Y lo cierto es que una investigación para testar una idea, con un equipo de profesionales, puede hacerse con una inversión aproximada de unos 3.000 euros. Pero si no se dispone de recursos suficientes también hay métodos y herramientas para que seas tú mismo quien efectúe el trabajo previo de investigación y obtener resultados fiables.

Tres análisis antes de empezar.

Investiga con fundamento. Si hablamos de estudio de mercado, significa que nos referimos a seguir una metodología que permita obtener resultados válidos para tomar decisiones. No sirve con pedir opinión a un grupo de amigos y conocidos. Tampoco basta con mirar en Google para hacer una pequeña aproximación a lo que hace la competencia. Hablamos de que realices tu propia investigación siguiendo una metodología lo más cercana posible a la que utilizan los profesionales. Ello te ayudará a minimizar el riesgo en la toma de decisiones. Pero puede que te preguntes ¿por dónde empezar?

1.-Define una meta.

Lo primero es definir el objetivo de la investigación. Saber para qué la vas a realizar, qué quieres averiguar y qué utilidad le vas a dar. Dependiendo de los objetivos, aplicarás una u otra metodología. En cualquier caso, lo primero que debe plantearse el emprendedor es si el producto o servicio es bueno así como el potencial mercado que estaría dispuesto a pagar por él y cómo le gustaría que fuese. Pero primero tienes que saber si la idea va a funcionar o no, cuáles son las cosas buenas y cuáles las malas.

2.-¿Qué tipo de investigación?

En función de tu objetivo, tendrás que escoger entre las herramientas de investigación posibles. Algunas sólo proporcionan datos puros y duros (estudios cuantitativos). Otras, valores de calidad o de intención de compra, de oportunidades y amenazas (cualitativos).

Puede que para arrancar necesites una combinación de los dos. Por ejemplo, para empezar igual lo primero que te interesa es conocer el tamaño del mercado en el que quieres entrar. Su valor en precio o por potenciales clientes. Para eso se utilizan los paneles de consumo o de compra, en los que se pregunta a la gente qué ha consumido o comprado (no se le pregunta sobre intención de compra, que es lo que te dice si tienes una oportunidad).

El panel te ayudará a determinar el tamaño de tu mercado potencial, pero lo tendrás que complementar después con una encuesta de satisfacción que te proporcione pistas sobre las oportunidades y amenazas que existen realmente en ese segmento concreto.

Cada herramienta sirve para un objetivo. Para testar un nuevo producto, siempre haremos un test de producto. Para conocer las motivaciones de compra, lo mejor es una encuesta. Pero si ya estoy en el mercado y quiero detectar por qué se ha producido una caída de ventas, hago un panel de compra y veo qué barreras ha habido. Qué ha podido provocar el no crecimiento, analizo quiénes de mis competidores sí crecen, qué factores han aprovechado…

3.-¿Quién es mi público?

La tercera decisión clave es escoger el universo de personas que van a participar en la investigación. El mínimo posible para obtener resultados fiables. Y dependerá del tipo de negocio que vayas a montar. No es lo mismo un negocio que esté dirigido a un público general y a un mercado nacional o global, que un comercio local para un público muy segmentado.

Así si la intención es, por ejemplo, poner una tienda que se llama Juguetos en un centro comercial, lo primero que debes hacer, aparte de ver el local y analizar si ya tienes competencia en ese lugar, es analizar en distintos momentos del día qué tipo de gente pasa: hombres, mujeres, de qué edad, si tienen hijos… para ver un poco el tránsito. Y luego preguntarles si estarían interesados en este tipo de tienda, qué surtido creen que debe tener, qué servicios…

Por el contrario, si lo que quieres es lanzar un negocio que se dirige a un público mucho más grande, tendrás que ver dónde está ese consumidor y cómo vas a llegar a él de la forma más eficiente y económica. El mínimo de muestra fiable (en este caso, unas 100) y el canal más adecuado para llegar a ellos.

Tres variables que debes testar para saber si te lanzas.

No te obsesiones con medir la intención de compra. En realidad, no va a ser lo que determine tanto el éxito o el fracaso de tu futuro negocio. Lo que debes analizar en tu investigación es si tu negocio es relevante, si es diferente, y si además lo ofreces a un precio competitivo.

La viabilidad depende de tres factores básicos: que sea relevante, que sea diferente y que tenga un precio competitivo. Si reúnes esas tres variables, puede que tengas un producto estrella. ¿Cómo analizas cada una?

1.-Grado de relevancia.

Es lo que nos da la pista sobre si vamos a ser capaces de convencer al cliente de que deje a la competencia y se venga con nosotros. Para ello, los expertos aconsejan diseñar un producto o una idea que realmente satisfaga una necesidad mejor o de forma diferente a como lo hacen el resto en la actualidad. Esto es algo que puede consultarse directamente con el potencial consumidor.

2.-Grado de innovación.

La diferenciación es fundamental y la clave para alcanzarla es la innovación. Desde el punto de vista del emprendedor, de lo que se trata es de que no tengas que invertir mucho si la idea no es buena o no funciona. Se debe testar desde lo que es un insight (un deseo del consumidor o del cliente), hasta el producto final. Y en función del grado de desarrollo que tenga, vas viendo si funciona o no, es decir, si merece la pena insistir o deberías incorporar cambios.

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Fuente: Emprendedores

El organismo está obligado a comunicárselo al solicitante.
El interesado puede consultar online el estado de su solicitud.

El Ingreso Mínimo Vital ha cumplido aproximadamente con la mitad de su objetivo cuando se implantó a mediados de 2020, por lo que más de un millón de personas podrían cobrar esta prestación y aún no lo saben. En caso de que algún ciudadano decida pedirlo, debe saber que el proceso desde la apertura del expediente puede tardar cierto tiempo.

La cuestión es importante, dada la naturaleza de la prestación, dirigida a personas que no cuentan con recursos suficientes para el día a día. Pero, aunque la premisa por parte de todos los estamentos gubernamentales encargados es la de agilizar lo máximo posible tanto los procesos como la toma de decisiones de la Administración, se contemplan unos plazos máximos establecidos a modo de norma general.

El plazo máximo que puede tardar la Seguridad Social en otorgar el Ingreso Mínimo Vital a un solicitante es de seis meses. El organismo no solo tiene que tomar la decisión de conceder o denegar la prestación, también debe comunicársela a su solicitante. Esos seis meses empiezan a contar «desde la fecha de entrada en su registro de la solicitud», según recoge la Ley del Ingreso Mínimo Vital disponible en este enlace del Boletín Oficial del Estado.

Si pasado ese plazo de seis meses el solicitante del Ingreso Mínimo Vital no ha recibido comunicación alguna por parte de la Seguridad Social será en la práctica una mala noticia: la ley explica que en esos casos la petición del ciudadano «se considerará desestimada».

Con todo, es probable que en un tiempo le llegue al ciudadano una notificación en la que se le confirme que esa solicitud ha sido denegada. Así lo detalla la Seguridad Social en su página web, en la que informa de que «resolverá expresamente las solicitudes presentadas, incluso si hubieran transcurrido más de seis meses desde su presentación».

Desde qué día se puede cobrar el Ingreso Mínimo Vital.

Aunque el ciudadano pida el cobro del Ingreso Mínimo Vital y la Seguridad Social tarde varios meses en concedérselo, debe saber que durante ese tiempo tendrá derecho a generar diferentes cantidades de la prestación. Es decir, el IMV se abona tras la decisión del organismo y con retroactividad.

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Fuente: El Economista

Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad (BOE 27-07-2022)

 

Obligación de declarar IRPF.

La disposición final primera del Real Decreto-ley 13/2022, modifica el artículo 96.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, para establecer la obligación de declarar para todas aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. Indicamos en la siguiente tabla los cambios realizados:

Art. 96.2 LIRPF hasta 31-12-2022.

Artículo 96. Obligación de declarar.

2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta:

a) Rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anuales.

b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.

Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible.

c) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de esta Ley, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.

En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros

(.…)

Art. 96.2 LIRPF desde 1-1-2023.

Artículo 96. Obligación de declarar.

(…)

2. No obstante, no tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan rentas procedentes exclusivamente de las siguientes fuentes, en tributación individual o conjunta:

a) Rendimientos íntegros del trabajo, con el límite de 22.000 euros anuales.

b) Rendimientos íntegros del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención o ingreso a cuenta, con el límite conjunto de 1.600 euros anuales.

Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación respecto de las ganancias patrimoniales procedentes de transmisiones o reembolsos de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva en las que la base de retención, conforme a lo que se establezca reglamentariamente, no proceda determinarla por la cuantía a integrar en la base imponible.

c) Rentas inmobiliarias imputadas en virtud del artículo 85 de esta Ley, rendimientos íntegros del capital mobiliario no sujetos a retención derivados de letras del Tesoro y subvenciones para la adquisición de viviendas de protección oficial o de precio tasado y demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales.

En ningún caso tendrán que declarar los contribuyentes que obtengan exclusivamente rendimientos íntegros del trabajo, de capital o de actividades económicas, así como ganancias patrimoniales, con el límite conjunto de 1.000 euros anuales y pérdidas patrimoniales de cuantía inferior a 500 euros.

No obstante lo anterior, estarán en cualquier caso obligadas a declarar todas aquellas personas físicas que en cualquier momento del período impositivo hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

(…)

 

Gestión tributaria.

La disposición final segunda del Real Decreto-ley 13/2022, modifica el artículo 117 de la Ley General Tributaria para asegurar un adecuado funcionamiento del sistema de regularización previsto en el artículo 308 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, incluyendo como competencias de los órganos de gestión tributaria la comprobación de los regímenes tributarios especiales de atribución de rentas. Indicamos en la siguiente tabla los cambios realizados:

Art. 117.1.c) LGT hasta 31-12-2022.

Artículo 117. La gestión tributaria.

(…)

1. La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

(…)

c) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento.

(…)

Art. 117.1.c) LGT desde 1-1-2023.

Artículo 117. La gestión tributaria.

(…)

1. La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

(…)

c) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios e incentivos fiscales, así como de los regímenes tributarios especiales, mediante la tramitación del correspondiente procedimiento de gestión tributaria.

(…)

 

Deducción por contribuciones a sistemas de previsión social empresarial.

La disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 13/2022, aclara la aplicación de la deducción por contribuciones a sistemas de previsión social empresarial prevista en la Ley del Impuesto sobre Sociedades a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, estableciendo que los autónomos con personas a su cargo podrán practicar la deducción prevista en el artículo 38 ter de la LIS, en los términos y condiciones previstos en el artículo 68.2 de la LIRPF.

 

 

Fuente: CISS Fiscal

Consulta Vinculante V0983-22, de 4 de Mayo de 2022, de la SG de Tributos Locales.

Una asociación de empresas de promoción inmobiliaria, que adquiere un terreno y sobre el mismo construye uno o varios edificios, bien de uso residencial, comercial u otro, sin identidad entre el inmueble adquirido (parcela de terreno) y los inmuebles transmitidos (viviendas, locales comerciales, etc., constituidos por terreno más construcción), cuestiona cómo debe calcular el incremento del valor.

A la hora de transmitir uno de los inmuebles resultantes de la promoción, por ejemplo una vivienda, habrá de calcular la proporción que represente en la fecha del devengo el valor catastral del terreno respecto del valor catastral total de la vivienda, aplicar esta proporción al valor de transmisión consignado en el título que documente la transmisión y comparar este valor de transmisión del terreno con el valor de adquisición del terreno de la vivienda.

A efectos de determinar el “valor de adquisición del terreno de la vivienda” no hay que aplicar la proporción entre los valores catastrales, ya que lo adquirido en su día solo fue terreno. No se puede tomar el valor de adquisición de la totalidad de la parcela adquirida, sino el porcentaje de ese valor que corresponda a la vivienda que se transmite, aplicando para ello el porcentaje que corresponda a la vivienda en la escritura de división horizontal del inmueble adquirido.

Si en la fecha del devengo del impuesto, es decir, la fecha de la transmisión del inmueble resultante de la división horizontal de la construcción, el inmueble no tiene determinado el valor catastral, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

En los casos de construcción de un edificio, con la consiguiente división en régimen de propiedad horizontal del mismo, y la transmisión de los inmuebles resultantes de dicha división, es bastante habitual que, en el momento de la transmisión, los inmuebles resultantes no tengan determinado un valor catastral lo que se soluciona siendo el Ayuntamiento quien practique la liquidación del impuesto cuando se haya determinado el valor catastral del inmueble, referido a la fecha del devengo. Ahora bien, si el contribuyente considera que no se ha producido un incremento de valor del terreno por comparación entre los valores de transmisión y adquisición, o bien considera que el incremento obtenido puede ser inferior al importe de la base imponible podrá pedir que la Administración practique la correspondiente liquidación cuando se determine el valor catastral del inmueble.

 

 

Fuente: CISS Wolters Kluwer. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.

La ley del Parkinson de la trivialidad sirve para explicar los motivos por los que muchas empresas fracasan debido a que los emprendedores pierden el tiempo en tonterías.

Aprender a distinguir entre lo que es importante y urgente y lo que no es una de las claves para triunfar en los negocios. Sin embargo, también es una de las habilidades que más cuesta conseguir a los emprendedores, algo que afecta a la mayoría de personas y que puede definirse utilizando la ley del Parkinson de la trivialidad.

Aparecida por primera vez en 1957, esta ley debe su nombre al autor Cyril Northcote Parkinson, que acuñó esta expresión para referirse a los emprendedores y trabajadores que fracasan por perder el tiempo en tonterías. Desde entonces, su teoría es una de las más seguidas en el ámbito de la productividad, y conocerla podría darte las claves para mejorar tus habilidades en los negocios.

En esencia, la teoría del Parkinson de la trivialidad afirma que todas las personas tenemos una tendencia casi innata a perder el tiempo en tonterías. En el ámbito de los emprendedores, se trata de un factor que puede determinar el éxito o el fracaso de un negocio, y tiene sus pruebas más evidentes en las reuniones de trabajo o las negociaciones interminables.

El ejemplo que explica cómo afecta a los emprendedores la ley de la trivialidad.

En su obra, Northcote Parkinson explica la ley de la trivialidad con un ejemplo práctico aplicado al ámbito de los emprendedores y el mundo de la empresa. El autor comienza describiendo la reunión de un comité reunido para tratar tres puntos: la construcción de un reactor para una central nuclear; la creación de una habitación para que los trabajadores puedan dejar sus bicicletas al llegar a la oficina; y decidir el presupuesto anual que la empresa destina a comprar café para sus empleados.

En la hipotética reunión que plantea el autor, el tema central de la misma, la construcción del reactor, queda en un segundo plano después de que alguno de los presentes se centre en lanzar un largo discurso sobre las posibilidades de crear una habitación para las bicicletas o sobre la necesidad de mejorar la calidad del café de la oficina.

Se trata de una historia que podría parecer inverosímil para muchos, pero que ilustra a la perfección la realidad de muchos emprendedores. Tal y como concluye el autor en su ley de la trivialidad, las personas solemos dedicar una cantidad de tiempo a un tema de manera inversamente proporcional a su complejidad. Este fenómeno toma mayor importancia cuando se trata en grupo, provocando un efecto de bola de nieve que es un gran lastre para la productividad.

El silencio y la gestión del tiempo, claves para eliminar la ley de la trivialidad.

Conocer la ley de la trivialidad es el primer paso para todos los emprendedores que quieran mejorar su productividad y dejar de centrar su tiempo en tonterías. A partir de aquí, las técnicas para mejorar son variadas. A continuación, te presentamos algunas de las más interesantes.

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Fuente: Emprendedores