El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado una Orden para retrasar hasta el 1 de enero de 2024 la entrada en vigor del nuevo modelo de autoliquidación del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, también conocido como ‘tasa Tobin’.
Se trata de un impuesto que se aplica sobre el 0,2% de las operaciones de adquisición de acciones emitidas en España de empresas cotizadas siempre que su capitalización bursátil sea superior a los 1.000 millones de euros.
El departamento dirigido en funciones por María Jesús Montero alega «circunstancias técnicas sobrevenidas» para justificar el retraso del modelo, que antes estaba previsto para el 1 de septiembre de este año. Además, la prórroga también busca «garantizar la correcta exacción del impuesto por todas las Administraciones implicadas», según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este miércoles.
Con todo ello, el modelo por el que el contribuyente debe tributar sus transacciones financieras entrará en vigor el 1 de enero del año que viene y afectará a aquellas operaciones iniciadas a partir de la misma fecha.
RECAUDA MENOS DE LO PREVISTO
El tributo recaudó 295,7 millones de euros en 2021, apenas un 35% de las previsiones iniciales, que apuntaban a una recaudación de 850 millones en dicho año. En lo que se refiere a 2022, el impuesto recaudó 195,9 millones para las arcas públicas, lo que implica una caída del 33,8% con respecto al año anterior y la mitad de las previsiones del Gobierno.
La tasa ‘Tobin’ fue aprobada en 2020 junto otro tributo sobre Determinados Servicios Digitales, conocido como ‘tasa Google’, y que recaudó en 2022 casi 280 millones de euros, un 23% más de lo esperado en los Presupuestos. Aún así, estas cifras quedan alejadas de los 1.200 millones esperados en el momento de aprobación de los tributos.
El Gobierno explicó que estos impuestos que venían a modernizar el sistema fiscal español para hacerlo «más justo, más progresivo y redistributivo» y tenían por objeto «responder a las nuevas realidades» y los nuevos negocios derivados del mundo digital.
Fuente: IIILA LEY. Consejo General de Economistas.