En respuesta al creciente marco regulatorio en materia de sostenibilidad empresarial, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas en España ha emitido un informe que aborda las principales leyes y directivas europeas que tienen un impacto directo en el ámbito corporativo.
De manera casi continua, nuevas leyes y directivas en materia de sostenibilidad siguen llamando a las puertas de las empresas. Una creciente presión regulatoria que viene en la mayoría de los casos desde las instituciones de la Unión Europea.
En el Pacto Mundial de la ONU, conscientes de este “tsunami” sobre sostenibilidad empresarial, hemos desarrollado una herramienta que ayudará a las empresas y organizaciones a “coger la ola” y surfear los cambios necesarios. Accede ahora a nuestro buscador de normativas en materia de sostenibilidad y conoce todas las leyes y directivas que están afectando a tu empresa.
Leyes y directivas en sostenibilidad aprobadas.
1.1. Directiva sobre la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas.
1.2. Ley de cambio climático y transición energética.
1.3. Ley de protección de informadores y lucha contra la corrupción.
1.4. Directiva de equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y a medidas conexas.
Leyes y directivas en sostenibilidad en desarrollo.
2.1. Propuesta de Green Claims Directive.
2.2. Propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.
1. Leyes y directivas en sostenibilidad aprobadas.
1.1. Directiva sobre la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas.
La Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSDR, por su siglas en inglés) es una de las grandes esperadas en la Unión Europea. Una normativa que revoluciona los cánones actuales del reporting y eleva el nivel de la información en sostenibilidad para equipararla a la financiera.
Además, esta nueva directiva establece que las empresas deberán presentar su información en base a unos estándares comunes. Son los llamados ESRS, que comprende 12 estándares en materia ambiental, social y de gobernanza. El grupo de desarrollo de estos estándares (EFRAG) no descarta una aprobación específica para pymes.
La norma española que trasponía a anterior directiva en esta materia, la Ley 11/2018, de 28 de diciembre en materia de información no financiera y diversidad aún está pendiente de actualización, aunque ya se cuenta con el anteproyecto de ley propio.
En el Pacto Mundial de la ONU, conscientes de que el reporte en materia de sostenibilidad empresarial está cambiando de forma acelerada, hemos acelerado la alineación de las normativas con nuestro nuevo Informe de Progreso.
1.2. Ley de cambio climático y transición energética.
La Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética obliga a los organismos a publicar informes sobre riesgos de su actividad, marcar objetivos específicos e inversiones de descarbonización y, de forma optativa, calcular sus emisiones y compensarlas.
Una normativa que está muy pendiente de otras dos aún en proceso de desarrollo. Por un lado, la Ley de movilidad sostenible que buscará crear planes de movilidad al trabajo sostenibles, justos e inclusivos. Por otro lado, el Anteproyecto por el que se crea el registro de la huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, que obligará al cálculo y elaboración de un plan de reducción a determinadas empresas.
1.3. Ley de protección de informadores y lucha contra la corrupción.
La Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción quiere fomentar el buen gobierno. Por ello, obliga a las empresas de más de 50 personas trabajadoras a disponer de un sistema interno de información, un libro-registro de informaciones con denuncias e investigaciones que podrá ser consultado por la autoridad competente.
Además, las personas que denuncien serán protegidas preservándose su identidad y garantizándose la confidencialidad. Sobre las sanciones, se establecen se tienen en cuenta multas de entre 1.000 y un millón de euros, dependiendo del tipo de infracción y de personalidad.
1.4. Directiva de equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y a medidas conexas.
La Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022 relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y a medidas conexas quiere lograr una representación más equilibrada de mujeres y hombre entre los administradores de las sociedades. Y es que, según el Global Gender Gap 2022, sólo una de tres personas de las juntas empresariales son mujeres.
Esta directiva persigue que los puestos de administrador o administradora sean ocupados por el sexo menos representado en un 33% o 40%, y que se fijen objetivos para mejorar el equilibro.
En España, se publicará próximamente el Anteproyecto de Ley Orgánica de Representación Paritaria de Mujeres y Hombres en los Órganos de Decisión.
2.Leyes y directivas en sostenibilidad en desarrollo.
2.1. Propuesta de Green Claims Directive.
La Directiva sobre nuevas normas para fundamentar las alegaciones ecológicas o, en inglés, Green Claims Directive busca establecer criterios contra el blanqueo ecológico o greenwashing, así como declaraciones engañosas con el fin de aplicar un mayor control y transparencia a algunos fabricantes para promocionar productos.
2.2. Propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad.
La propuesta de Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad quiere fomentar un comportamiento con impacto social positivo, sostenible y responsable de las empresas. Esta directiva obligará a las grandes empresas a identificar, prevenir y diseñar medidas contra los efectos negativos en el medioambiente y los derechos humanos. Otras organizaciones, como las pymes colaboradoras o que formen parte de su cadena de suministro, se verán influidas de modo indirecto.
Con esta Directiva, las víctimas pueden emprender acciones legales por daños y perjuicios que se podrían haber evitado con una adecuada diligencia debida. Además, incluye que las personas que ocupen cargos de dirección deberán tener en cuenta en sus decisiones el impacto en derechos humanos, cambio climático y medioambiente.
Tras su presentación, cada estado tiene un plazo de dos años para su transposición. En el caso de España, de hecho, ya contamos con el Anteproyecto de Ley de protección de los derechos humanos, de la sostenibilidad y diligencia debida en las actividades empresariales transnacionales.
Fuente: IIILA LEY. Consejo General de Economistas. REAF Asesores Fiscales.