Las compañías se ven obligadas a formar a sus propios empleados para cubrir la brecha de talento.
La demanda de profesionales seguirá creciendo en los próximos años.
El paro registrado en junio se ha situado en 2.561.067, la cifra más baja desde agosto de 2008 y, en esta ocasión, con récord de empleo. No obstante, el sector de la ciberseguridad no encuentra profesionales. Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) esta área tiene hasta 30.000 vacantes en España sin cubrir y para este año se estimaba que serían necesarios más de 80.000 profesionales en esta área.
El sector de la tecnología de la información (IT) está experimentando un crecimiento significativo, pero enfrenta dificultades para encontrar profesionales calificados. La falta de personal especializado ha llevado a que casi la mitad de las empresas tengan que capacitar a sus propios empleados para cubrir estos puestos de trabajo. Los perfiles más solicitados incluyen cloud computing, análisis de riesgos, inteligencia artificial y gobernanza, aunque también hay oportunidades en campos como la comunicación, el marketing y el derecho TIC. La demanda de profesionales en ciberseguridad está en alza y se espera que siga aumentando. A nivel global, el sector de IT ha experimentado un alto nivel de crecimiento en la última década, pero la escasez de profesionales especializados es uno de los desafíos principales. Muchas empresas están contratando candidatos menos experimentados pero con habilidades transferibles y los capacitan para convertirlos en recursos ideales.
En términos militares, el ciberespacio se considera el «quinto dominio», y hay muchas personas trabajando para crear un ciberespacio más seguro desde diferentes ámbitos, como el técnico, la comunicación y la regulación. La industria del cibercrimen es la tercera más grande a nivel mundial, por lo que se necesita una mayor colaboración entre estados y empresas, ya que las amenazas son globales. Es evidente que existe la necesidad de homogeneizar la legislación en la protección de datos, ya que un usuario europeo no está protegido por la legislación europea al acceder a servicios o contenidos de empresas fuera de la UE.
Fuente: El Economista